Ante los allanamientos que realizó el Ministerio Público (MP), en instalaciones del Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) y el Registro de Ciudadanos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través de un comunicado, expresó su profunda preocupación y ratifica que, como máxima autoridad en materia electoral en la República de Guatemala, cumplió y cumple con todos los procedimientos establecidos en la Constitución Política y en la Ley Electoral y de Partidos Políticos para garantizar la integridad del proceso electoral y la certeza en los resultados; sin embargo, hubo un quebrantamiento de la cadena de custodia de los votos de los ciudadanos.
Redacción Perspectiva
“En esa diligencia de allanamiento, no habla de apertura de cajas, habla de una diligencia de allanamiento y de extracción de algunos archivos electrónicos, evidencia, pero en ningún momento mencionan las cajas”, dijo la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, en rueda de prensa.
Fue grotesco, ver en una superficie las distintas bolsas que contienen los votos. “Esto es sumamente preocupante para la democracia y ahora nosotros no podemos garantizar el contenido de las mismas porque ya fueron violentadas y lo más importante que estaba ahí era el voto de los ciudadanos”, señaló la Magistrada Palencia.
De acuerdo con la magistrada presidenta, una vez oficializados los resultados, finalizaron etapas del proceso, establecidas en el calendario electoral, con relación a los resultados que fueron oficializados, “los ciudadanos deben estar tranquilos, respecto a sus votos. Abrieron 160 cajas y como es algo inédito, golpea el trabajo del TSE, sobre todo porque no está en ley”, dijo Palencia.
SE AMPARAN EN EL ARTÍCULO 243 DE LA LEPP
En el comunicado, señalan que, la voluntad popular expresada en las urnas, de conformidad con el artículo 243 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos ha sido plenamente resguardada y respetada con el actuar de las Juntas Receptoras de Votos, Juntas Electorales Municipales, Juntas Electorales Departamentales, Junta Electoral del Distrito Central y Junta Electoral de Voto en el Extranjero, hasta llegar a la oficialización de resultados, con lo que se dio la validez tanto de las elecciones generales del 25 de junio como de la segunda elección presidencial del 20 de agosto, así como con la entrega de credenciales que finalizan ambas etapas.
Por ello, señalan que, esta acción del MP, vulnera la cadena de custodia del voto luego de las audiencias de revisión de escrutinios efectuadas conforme a la Ley, pone en riesgo el sistema electoral guatemalteco, la democracia y sus procedimientos, violentando los derechos cívicos de los ciudadanos expresados en las urnas.
De acuerdo con el TSE, esta inédita contravención a la Ley Electoral y de Partidos Políticos muestra que la intencionalidad no es garantizar la voluntad popular, sino generar incertidumbre y dudas sobre un proceso que es propiedad de los ciudadanos guatemaltecos. Una vez que la cadena de custodia y el principio de preclusión se han violado, el Tribunal Supremo Electoral no puede garantizar que el contenido de las cajas electorales abiertas sea el mismo con el que se recibieron luego de las elecciones del 25 de junio y 20 de agosto de 2023.
“Invocamos, una vez más, a que los poderes de la República y los organismos de control actúen en el marco del Estado de Derecho y no en función de intereses particulares. Los procedimientos y normas que garantizan la democracia no pueden ser violados sin seguir un debido proceso, y las garantías procesales inherentes”, se lee en el documento.
En este contexto, la magistrada Blanca Alfaro hizo un llamado a la prudencia y cordura a la fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras. “En estos momentos, en ella y en su equipo, descansa la garantía de la verdad y la justicia”, señaló.
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La magistrada hizo un llamado a la clase política, económica y social del país, a un diálogo similar al que se vivió previo a la firma de los Acuerdos de Paz.
Finalmente, el TSE, destacó la participación de millones de guatemaltecos que, con civismo y de manera pacífica, acudieron a las urnas tanto en las elecciones generales como en la segunda elección presidencial. Sus votos fueron celosamente resguardados y contados por más de 125,000 ciudadanos que de manera responsable y comprometida, asumieron funciones de órganos electorales temporales de conformidad con la ley especial de la materia.