Este jueves, Juan Gerardo Guerrero, secretario general de la Presidencia, se presentó en la Contraloría General de Cuentas (CGC), para interponer una denuncia contra Ángel Pineda, secretario del Ministerio Público (MP), esto por el posible “uso de recursos públicos para la persecución legal contra guatemaltecos exiliados”, según explicó a los medios de comunicación.
Redacción Perspectiva
“Por instrucciones del Presidente Bernardo Arévalo, vengo a denunciar ante la población y ante la CGC el posible uso de fondos públicos para la persecución política de ciudadanos guatemaltecos en el extranjero”, dijo Guerrero.
Añadió que, dichas acciones fueron realizadas durante los años 2021-2022, obedeciendo a una solicitud de Pineda al Ejecutivo. Según describió, en noviembre del 2021, Pineda dirigió un oficio al entonces Presidente de la República Alejandro Giammattei, por medio del cual requirió el pago para un bufete de abogados en Estados Unidos para actuar en contra de personas guatemaltecas que se encuentran “exiliadas”, argumentando la defensa de los intereses del Estado.
#EnDirecto | Denuncia en contra del secretario general del @MPguatemala, Ángel Pineda. https://t.co/tSLduZmDZ8
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) March 7, 2024
Añadió que, adjuntas al oficio se encontraban publicaciones en redes sociales, la entonces secretaria general de Presidencia, por instrucciones de Giammattei, ordenó al Procurador General de la Nación (de esa fecha), iniciar las gestiones necesarias para emprender una supuesta persecución política contra dos personas, de las cuales no se informaron los nombres.
Guerrero detalló que se determinó que se realizaron las acciones para autorizar fondos por Q461,600.00 mensuales para el pago de dichos abogados, de quienes tienen la información, pero de momento no lo hará público.
“Acudo en estos momentos ante la Contraloría General de Cuentas a solicitar auditoría al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Finanzas Públicas en relación con los actos descritos, ocurridos durante los años 2021 y 2022”, precisó el abogado.
Señaló que desde el Gobierno se encuentran revocando todas las instrucciones relativas a la persecución política de personas exiliadas y medios de comunicación, por venganzas personales de funcionarios públicos, por lo que buscan el esclarecimiento de la utilización de recursos del Estado y que derivado de esto se puedan emprender otras acciones al respecto.
MP SIN RESPUESTA
Derivado de las acciones presentadas por Presidencia, Perspectiva consultó si habrá algún pronunciamiento del MP al respecto; sin embargo, al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta, de tener pronunciamiento por parte del ente investigador se consignará en este espacio.
