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Representantes de finca La Perla piden continuar las investigaciones tras hechos ocurridos el 31 de octubre

El pasado 31 de octubre, en donde se registró el asesinato de un colaborador identificado como Juan Lucas Pérez Carrillo y el secuestro de empresarios. (Crédito. Cortesía).

A través de un comunicado, propietarios de Finca la Perla, ubicada en Chajul, Quiché  se pronunciaron ante los hechos ocurridos el pasado 31 de octubre, en donde se registró el asesinato de un colaborador identificado como Juan Lucas Pérez Carrillo y el secuestro de Ricardo Arenas Menes, Enrique Arenas Echeverría, Edgar Santiago, Gerardo Herrarte Abascal y Cornelio Benjamín Santiago.

Redacción Perspectiva

Como propietarios de la Finca La Perla, manifestan: 

En los últimos cinco años, hemos lotificado y otorgado títulos de propiedad con facilidades de pago a cientos de familias en esta zona que se encuentra dentro de nuestra propiedad. Por esta razón, reforzamos la seguridad para prevenir cualquier intento de usurpación, un acto que no solo es ilegal, sino que constituye una grave injusticia hacia los propietarios legítimos.

Al bajar de los vehículos, se encontraron con un grupo de aproximadamente 35 personas, lideradas por cinco integrantes del grupo invasor, quienes inmediatamente comenzaron a lanzar amenazas verbales y a incitar la violencia, incluyendo amenazas de amarrarlos, quemarlos y asesinarlos. En medio de esta agresión, los invasores dispararon, lo que llevó a la seguridad de la finca a responder con disparos disuasivos, siguiendo la directriz de no emplear fuego letal. A pesar de ello, Juan Lucas Pérez Carrillo, un guardia de seguridad desarmado de la finca, fue asesinado a sangre fría por los invasores.

 

 

En este contexto, manifiestan: 

 

Además, agregan que, no descansarán hasta que los responsables sean puestos a disposición de la justicia y paguen por el asesinato de Juan Lucas Pérez Carrillo, el secuestro de Ricardo Arenas Menes, Enrique Arenas Echeverría, Edgar Santiago, Gerardo Herrarte Abascal y Cornelio Benjamín Santiago, las lesiones causadas a los trabajadores de la finca, y la usurpación agravada. La severidad de los actos criminales de los responsables exige que se les aplique todo el peso de la ley, sin excepción.

«Llevamos 83 años generando oportunidades y empleo, y defendiendo la vida, la libertad y la propiedad en la zona más complicada del país. Lo seguiremos haciendo, por 83 años, y más», finaliza el documento.

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