El sector empresarial organizado de Guatemala emitió un pronunciamiento dirigido al Congreso de la República, calificando como una medida indispensable e impostergable la aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo. El sector privado organizado advierte que retrasar esta decisión expone al país a sanciones drásticas y al riesgo inminente de ingresar a la «Lista Gris» del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Los representantes del sector productivo enfatizaron que la actualización de la normativa no es una opción, sino un paso técnico y estratégico para adecuar el sistema financiero nacional a los estándares internacionales de transparencia, resguardando la competitividad y la reputación de la economía local.
Un freno al crimen organizado y la competencia desleal
Para el empresariado guatemalteco, la prevención del lavado de activos representa un compromiso ético y social, ya que los capitales ilícitos destruyen la libre competencia, distorsionan la certeza jurídica y erosionan las bases del Estado de Derecho.
“El dinero proveniente del crimen no genera desarrollo: corrompe, intimida y captura espacios que pertenecen a los ciudadanos honestos. Frenar el flujo de recursos ilícitos significa proteger la seguridad ciudadana, la paz social y el futuro de miles de familias”, destaca el comunicado.
El sector privado puntualizó que tras meses de participar en mesas técnicas, construir consensos sectoriales y presentar observaciones ante el Legislativo, el proyecto se encuentra lo suficientemente discutido, por lo que no existen excusas válidas para continuar postergando su aprobación en el pleno.
El sector empresarial organizado hace un llamado urgente https://t.co/q0DpGuyzRz
— CACIF (@CACIFGuatemala) May 25, 2026
Graves repercusiones económicas para la población
El pronunciamiento técnico detalla que las consecuencias de caer en la «Lista Gris» de GAFILAT golpearían directamente las finanzas de millones de hogares. Entre los efectos más severos se encuentra la pérdida de corresponsalías bancarias internacionales, el encarecimiento y retraso en el envío de remesas familiares, y la imposición de trabas burocráticas para el comercio exterior, lo que ahuyentaría la inversión extranjera directa durante los próximos años.
Finalmente, el bloque empresarial hizo un llamado directo a los diputados, señalando que la ciudadanía y el sector productivo estarán fiscalizando su actuación, instándolos a no ceder ante intereses particulares u opacos que buscan debilitar los controles financieros del país.
Estado actual de la iniciativa en el pleno legislativo
Actualmente, el proyecto —registrado como la Iniciativa 6593— ya superó con éxito sus tres debates correspondientes en el hemiciclo parlamentario tras la unificación y dictamen de la Comisión de Economía y Comercio Exterior. La propuesta consta de 126 artículos dirigidos a unificar los marcos preventivos del país. De acuerdo con lo ratificado por la Junta Directiva del Congreso presidida por Luis Contreras, la normativa se encuentra en su fase final, pendiente únicamente de la discusión por artículos y redacción final; agenda que se tiene contemplado conocer y agendar formalmente durante la primera Sesión Extraordinaria prevista para este martes 26 de mayo de 2026.