En la semana que concluye, se realizaron dos foros que plantean diversos aspectos del próximo proceso electoral: las restricciones a las libertades de expresión y empresa, abordadas por la Cámara Guatemalteca de Periodismo y la captura de las elecciones por el convenio entre el TSE y la Cicig, que los participantes en el foro de Guatemala Inmortal calificaron como un hecho inédito que puede dañar irreversiblemente el sistema democrático y republicano del país.
Roxana Orantes Córdova
Connotados profesionales del derecho, analistas políticos y periodistas que emitieron su opinión en dos eventos de debate político coinciden en que el proceso electoral se encuentra en riesgo ante la apatía de la sociedad.
En el primero de estos, organizado por la Sociedad de Amigos del País y la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CPG), se presentaron argumentos sobre las restricciones que imponen a varios derechos las reformas a la LEPP que, pese a haber sido denunciadas como inconstitucionales, no han sido resuelta por la CC.
El segundo foro fue organizado por Guatemala Inmortal y giró en torno a la ilegalidad de la carta de entendimiento entre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que para los juristas presentes en la actividad, es un acto espurio que resta legitimidad a las próximas elecciones.
La CC evita resolver sobre las amenazas a la libertad de expresión
La CGP y Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), reaccionaron hace meses ante la censura impuesta por las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), donde se ponen cortapisas a las apariciones públicas de casi cualquier personaje.
Entre abril y agosto de este año, la Cámara de Medios de Comunicación (CMC), la CGP, la APG y el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales, Agrícolas y Financieras (Cacif), interpusieron acciones de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC), contra artículos de la LEPP que se consideran confusos y represivos.
A finales de octubre, el presidente de la CPG Mario Fuentes Destarac y Julio García, presidente de la APG, presentaron una acción de inconstitucionalidad contra las reformas que, según señalaron, violan principios y derechos como seguridad jurídica, libertad de acción, libre emisión del pensamiento, y derechos políticos.
Según especialistas, las reformas motivarán una elección en la que privará la falta de información, por las limitaciones a las coberturas mediáticas. Además, se pondrán cortapisas a los contratos libres entre medios y organizaciones políticas. Será el TSE el encargado de las pautas. Este experimento de encargar al Estado la administración de los fondos para la propaganda electoral se realizó en México, donde resultó fallido.
La idea es que cada organización tenga el mismo tiempo y espacio, pero tal como coincidieron los expertos en el foro de la CGC y la Sociedad de Amigos del País, termina por constituirse en una restricción que según el Cacif, atenta contra la libertad de acción y faculta al TSE para ejercer el control absoluto sobre publicidades y medios de comunicación.
¿Elección o cacería de brujas?
En el foro de la CPG y la Asociación de Amigos del País, las palabras introductorias estuvieron a cargo de Juan Manuel Rodríguez, de la Comisión de Libertad de Expresión de la CPG y el directivo más joven de esa Cámara.
Víctor Juárez, de la Asociación de Amigos del País (que tiene 200 años de existencia), expresó que la democracia se encuentra en una coyuntura delicada, en la que se ha retrasado el proceso de consolidación democrática con aplicación de la justicia tardía, intentos de golpes de Estado blandos y una reforma engañosa a la LEPP que afectarán los 32 años de elecciones limpias y ejemplares de Guatemala.
La vicepresidenta de la CPG, Sylvia Gereda, afirmó que el proceso electoral puede convertirse en un suceso censurado por leyes perversas. Se han presentado amparos ante la CC pero ninguno de estos ha sido resuelto, señaló.
El constitucionalista Gabriel Orellana enfatizó en que las modificaciones a la normativa citada violan la libertad de expresión, puesto que prácticamente nadie podrá participar en conferencias, foros, entrevistas o debates donde se aborde la política y luego postularse como candidato, porque cualquier aparición mediática puede ser considerada propaganda anticipada.
Otro de los participantes, el decano de la Universidad Panamericana y columnista Alfred Kaltshmitt, afirmó que existe temor generalizado en la sociedad y al mismo tiempo, un debate político silenciado, por el temor ante las prohibiciones discrecionales del TSE para inscribir candidatos.
El clima es similar al de la época inquisitorial, debido al temor de expresarse. Con este silencio, será casi imposible que los electores conozcan las propuestas de los candidatos. Además, se amplió el plazo en que no se pueden publicar encuestas, lo que también amenaza con convertir el proceso en un ejercicio silencioso y antidemocrático.
El presidente de la CGP, Mario Fuentes Destarac, recordó que pese a que se han realizado más de 19 impugnaciones a las reformas a la LEPP; no existe certeza puesto que la CC no ha resuelto. Los participantes, entre quienes se encontraba Erick Castillo, ex secretario de la CC, coincidieron en que las impugnaciones a las inconstitucionalidades de la LEPP deberían resolverse antes de la convocatoria a elecciones, para garantizar la transparencia del proceso.
“No podemos iniciar el proceso con esta incertidumbre”, concluyó.
El TSE: ¿ente que dejó de ser supremo y reconoce su incapacidad para organizar un proceso electoral?
La carta de entendimiento firmada entre el TSE y la Cicig ha sido motivo de diversos cuestionamientos para sectores que pretenden garantizar la transparencia del proceso electoral. Los participantes en el segundo foro coincidieron en que el hecho muestra que los magistrados del TSE no se consideran capacitados para garantizar la transparencia de la elección y organizar el proceso, pese a que cuentan con cerca de Q500 millones para ello, además de un remanente de unos Q200 millones. Esto, además de su presupuesto ordinario.
Entre las mayores inconformidades, se encuentra el que durante varias décadas, el TSE fue una de las instituciones guatemaltecas de incuestionable transparencia. En el encuentro organizado por Guatemala Inmortal participaron los abogados Giovanni Fratti, Danilo Roca, Jorge Herrera y Raúl Falla, quienes coincidieron en llamar a la ciudadanía para impedir que el proceso termine de pervertirse, debido a la subordinación del principal ente electoral a una comisión internacional cuya función original era la investigación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, pero que en el contexto de la cuestionada carta de entendimiento, será la encargada de asesorar a los profesionales del TSE en materia electoral.
Esto parece una paradoja, pero cobra sentido cuando se comprueba que uno de los aspectos en que la Cicig asesorará al TSE es una unidad especializada en medios de comunicación, de la que, según se mencionó en el evento, cabría esperar que ejerzan la censura de forma discrecional.
Falla expuso que la elección general se encuentra en grave riesgo. Según los indicios, afirmó, “existe una clara intención de planear un fraude electoral”.
Según Danilo Roca, el convenio entre el TSE y la Cicig tiene un origen espurio. “No tiene ninguna validez. Es un absurdo y un atentado contra la soberanía”, señaló.
Las cartas de entendimiento suelen ser cartas fundacionales, explicó Roca, quien añadió que en este caso, es un “absurdo abusivo” que el Registro electoral firme un convenio con la Cicig, entidad que no tiene absolutamente ninguna relación con la regulación de las actividades del proceso electoral.
Giovanni Fratti recordó que en 11 años de existencia, la Cicig ha erogado casi US$ 11 millones sin que los resultados de su actividad sean patentes. “Iván Velásquez mantiene una actitud abusiva e incluso se ha atrevido a indicarle al presidente electo qué es lo que le conviene a Guatemala, en un canal de televisión alemana”.
La política guatemalteca no es asunto de una comisión extranjera, dijo Fratti, quien añadió: “debemos recordarle que aquí mandamos los guatemaltecos”. Para el abogado y columnista, es un hecho extraño que la prensa nacional no se haya indignado ante la creación de una unidad especializada en fiscalizar a los medios.
Jorge Luis Herrera cerró las exposiciones, explicando que es necesario buscar una estrategia que nos permita el triunfo sobre este acuerdo ilegal entre el “tribunal ex supremo y la Cicig”.
El convenio es un regalo del TSE para que la Cicig tenga el control absoluto de un momento tan complicado como el proceso electoral. El panorama es incierto y existe el peligro de que “nos tiendan una trampa”, dijo Herrera.
“La Cicig se vendió como descubridora del agua azucarada y jamás intentó comenzar su trabajo por donde debió hacerlo: limpiando el Ministerio Público y el Organismo Judicial de las mafias incrustadas en esas dos entidades. Por el contrario, en ambas dependencias encontró personajes que le iban a ser útiles y se alió con ellos a través del chantaje: “si no hace lo que le digo, se va con Pancho”, expresó el jurista, quien señala que el objetivo final es lograr que la segunda vuelta se dirima entre Sandra Torres y Thelma Aldana.
