Marvin Orellana, tercer vicepresidente del Congreso de la República, propuso una iniciativa de ley que busca que los privados de libertad que cumplen condenas de 1 a 5 años, trabajen en la reparación de las carreteras y hagan trabajos de limpieza en la red vial, con el objeto de devolver parte de los Q460 millones que los guatemaltecos pagan para su manutención.
Orellana explicó que la ley no aplicaría a todos, los presos que cumplen condenas mayores y considerados de alta peligrosidad no saldrían a la calle para evitar el peligro de fuga.
Agregó que el Ejército y el Sistema Penitenciario cubrirían a los presos que no son reos de alta peligrosidad para garantizar que no se escapen y que podrían utilizar el nuevo sistema del brazalete. Además que por cada tres días laborados, reducirían un día de su condena.