Bernardo Arévalo, jefe de la bancada Semilla; el analista Christians Castillo y Alfredo García, dignatario de la nación, expresaron a Perspectiva diferentes puntos de vista sobre el nombramiento de los magistrados designados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para la Corte de Constitucionalidad (CC). Junto a esto, varias reacciones de las que resalta un dato curioso: la mayor parte de los cuestionamientos parten de sectores afines a las ONGs y se enfocan en Roberto Molina Barreto, mientras ni una sola voz ha objetado el nombramiento de Jorge Rosales, quien según una fuente vinculada con el Congreso, es muy cercano al diputado Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Roxana Orantes Córdova
Desde funcionarios de EE.UU. a grupos civiles con muy bajo perfil, como la alianza religiosa Centinelas por la protección del Estado, que protestó frente a la CC, las reacciones a la juramentación de Roberto Molina Barreto han sido muy diversas y van desde las que consideran que el jurista tiene la experiencia y capacidad suficientes como para desempeñar el cargo, hasta quienes le cuestionan su candidatura a la vicepresidencia en la última elección, supuestos nexos con la CSJ (que le debería favores), así como un fallo judicial que obligó a repetir el juicio contra Efraín Ríos Montt.
Michael G. Kozak, secretario interino del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, escribió en su cuenta de Twitter:
“Es vital que todos los miembros de la corte cumplan sus responsabilidades constitucionales. La independencia judicial es un requisito no negociable en una democracia”.
Entretanto, varios grupos civiles vinculados a ONGs cuestionaron la designación y algunas opiniones ponen una sombra de duda sobre la juramentación en el Congreso, que señalan fue evidentemente resultado de una concertación.
Molina Barreto es criticado por una izquierda que parece no reparar en su suplente
Uno de los principales señalamientos a Molina Barreto, quien fue magistrado de la CC durante 10 años y la presidió en dos períodos, es su participación política como candidato en la elección recién pasada, si bien finalmente ese binomio no llegó a competir debido al impedimento que pesa sobre Zury Ríos.
Por ejemplo, la ex magistrada Claudia Escobar, aliada de la CICIG, aseguró a los medios que la designación de Molina Barreto es inconstitucional, porque según afirma, “los magistrados a cortes deben presentar constancia de que no tienen filiación política”. Escobar también afirmó que si bien la CC no tiene este requisito explícito, a esta instancia se aplican los mismos criterios que para los otros magistrados.
Tal como Molina Barreto, su suplente, Jorge Rosales, tiene una carrera política. Entre 2000 y 2004 fue diputado por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), y además asesoró a la Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez.
A diferencia de Molina Barreto, quien es un constitucionalista indiscutible, cuya capacidad no es cuestionada ni siquiera por sus oponentes, Rosales es mucho más político que jurista, según su hoja de vida. Actualmente, preside el Comité Ejecutivo de la Federación de Gimnasia y fue miembro de la Junta Directiva del Club de Fútbol de Antigua.
En 2016, el suplente designado por la CSJ intentó ser magistrado de la CC, por el Congreso de la República. Una fuente cercana al Congreso asegura que Rosales es muy afín a la UNE, específicamente a Mario Taracena. La misma fuente menciona que esta afinidad podría implicar alguna cercanía con Orlando Blanco, amigo de magistrados de la CC que se oponen férreamente a Molina Barreto.
Por el momento, las voces más críticas al magistrado titular ya juramentado parten de Alianza por las Reformas, que en su página asegura estar integrada por más de cuarenta organizaciones y a su vez, tiene una alianza estratégica con una página llamada RICIG, donde aparece el logotipo de la alianza mencionada. A la vez, ambas son cercanas a la Fundación Myrna Mack y otras ONGs que coinciden en cuestionar el nombramiento.
El doctor Marco Vinicio Mejía Dávila, quien ha interpuesto varios amparos ante diversas instancias, se apresuró a impugnar el nombramiento. Sin embargo, otros abogados aseguran que la ley vigente establece que la designación de representantes de la CSJ a la CC “no es impugnable”.
“No fue nombrado por una conjugación favorable de los astros”
“Cuando quieren, las cosas caminan y se ponen de acuerdo rápidamente. La juramentación casi inmediata, evidenció que si hubiera voluntad política, ya se hubiera incluido la elección de magistrados a cortes hace rato”, afirmó Christians Castillo.
Según el analista, “propiamente en cuanto a la elección, el titular tiene mucha experiencia. Llega por tercera vez a la CC. El sector conservador no podía jugársela con cualquier Perico de los palotes. Molina Barreto tiene mucha trayectoria y mucha experiencia. Veremos cómo opera esta corte. Además, queda pendiente el nombramiento del titular que representaría al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), salvando la distancia de que el colegio tiene que convocar y realizar un proceso más largo”.
Castillo menciona que Molina Barreto se postuló para un puesto de elección popular, lo que podría ser signo de vínculos políticos que pueden seguir pesando para una posible reelección en abril. “No creo que se hubiera arriesgado a aceptar la magistratura para unos pocos meses”, dijo.
Para Castillo, el panorama de la justicia está trastocado debido a que no han sido electos los magistrados de las cortes. Esto es lamentable, señala y “evidencia el cinismo del sistema, que cuando quiere algo lo agiliza y detiene lo que no le interesa”.
“Molina Barreto no fue nombrado por una conjugación favorable de los astros y no sabemos qué intereses y negociaciones representa. Hubo muy buena voluntad del Congreso. Ojalá no sea reelecto en abril de 2021”.
Según afirmó, parece que hubiera un acuerdo multipartidario para no elegir a los magistrados. “Dejan el tema como último en la agenda y en ocasiones rompen el quorum”; concluyó.
Lo que sucede actualmente es consecuencia del “nuevo constitucionalismo”
“La CC actual es una creación de aquellos que creen en el nuevo constitucionalismo. Creen que la Constitución se puede modificar según sus deseos, sin tomar en cuenta la letra y espíritu que tiene el poder constitucional legítimo”, afirma García, constituyente en 1985.
“La CC trató de modificar la Constitución a través de sus decisiones y lo que sucede actualmente es consecuencia de esto. Se negaron a aceptar a Conrado Reyes como magistrado titular e impidieron con varios recursos la elección de magistrados a las cortes”, expresó.
Según esta opinión, la presencia de Molina Barreto vendrá a frenar un poco las controversiales decisiones de la CC y equilibrará la balanza de esa institución. “Es un señor de la vieja escuela y con los nombramientos de los representantes de la CSJ, se reintegra la CC. Falta el representante del CANG, pero este debe realizar un acto masivo”.
Quienes intentaron penetrar el sistema de justicia, no calcularon que dos magistrados de la CC iban a fallecer y que la elección de cortes podría prorrogarse tanto tiempo. “Encima, grupos de izquierda se comienzan a desgranar, como el caso de Aldo Dávila, quien ya no podrá presidir comisiones de trabajo y no tiene voto en la Comisión de Derechos Humanos”, señaló.
“Metieron varios amparos para impedir las elecciones de magistrados y ahora cambió el panorama. Pudieron meter tres o cuatro en la CSJ, pero ahora cambió el orden. La juramentación de la CC tuvo 112 votos a favor. Esto es un claro consenso y probablemente, esta CSJ se prolongará hasta abril, por lo que Gloria Porras no sería reelecta”.
“Hemos llamado al Congreso para que dejen la pantomima”
La forma en que se organizó la juramentación contrasta con la falta de voluntad de la Junta Directiva para elegir magistrados a las cortes, aseguró Bernardo Arévalo, quien dijo:
“Nosotros hemos llamado al Congreso para que dejen la pantomima. No hay voluntad. Hacemos un llamado al diálogo para promover que las bancadas cumplan la sentencia de la CC y elijan magistrados a las cortes. Pero es muy difícil. Mantienen la actitud de desobediencia a la sentencia de la CC. Y la premura en la juramentación reciente, evidencia la total falta de interés en cumplir esa sentencia”.
Arévalo considera que prolongar esta elección “es un proceso de clara erosión para la justicia. Una desobediencia clara al máximo órgano constitucional y tiene un efecto terrible para la certeza jurídica”.
“Como una bancada en el marco de la oposición, hemos exigido que se comience el proceso de las cortes. Hemos divulgado cartas públicas dirigidas a la Junta Directiva, mociones, presentaciones en la instancia de jefes de bloque y otras. Pero no hay voluntad. Es necesario lograr un acuerdo, si bien estamos en posición minoritaria y el oficialismo cuenta con una aplanadora”.
