Sobrina nieta del ex presidente Jorge Ubico, Marta Altolaguirre es una mujer que ha sido partícipe y protagonista en muchos de los principales hechos de la historia reciente. Según cuenta, fue hija única y creció acompañada por adultos que constantemente discutían sobre la situación política y la historia del país. Lectora incansable, narra que siempre deseó escribir y siendo muy joven su padre la llevó a La Hora, donde Clemente Marroquín Rojas le abrió un espacio como columnista. Posteriormente, publicó en Prensa Libre, Siglo Veintiuno y El Periódico.
Actualmente, integra la comisión de Libertad de Expresión en la Cámara Guatemalteca de Periodismo y es docente en la Escuela de Gobierno. Estudió derecho en la Universidad Francisco Marroquín, donde era un requisito sacar cursos de economía. “Pensé que no era lo mío pero terminé sacando siete cursos”.
Al graduarse instaló un bufete, junto con una de sus compañeras de estudios. Y en 1993, fue convocada por el Congreso de la República para integrar el primer Consejo del Ministerio Público. Poco después, el ex mandatario Álvaro Arzú la nombró presidente de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos (COPREDEH), donde conoció los testimonios de “víctimas de ambos lados” y sugirió la disolución de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).
Durante cuatro años fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se desempeñó como Relatora Especial para los Derechos de la Mujer. Entre 2004 y 2008 estuvo al frente del viceministerio de Relaciones Exteriores, donde destacó su labor con la comunidad de migrantes.
Roxana Orantes Córdova
¿Cómo ha incidido la CICIG en la situación actual de Guatemala?
Conocí el proyecto llamado CICIACS. Me pidieron que hiciera una primera revisión en la cual se detectaron inconstitucionalidades que señalé y luego me retiré, porque estaba en Relaciones Exteriores. Me extrañó que se impulsara y se promoviera una organización. No entendía por qué se estaba pidiendo la participación extranjera en el tema de seguridad.
El entonces vicepresidente, Eduardo Stein, me hizo algunos comentarios sobre por qué creían que debía regularizarse la creación, no de una CICIACS, pero de una CICIG. Reconocí que había corrupción y personajes que ejercían funciones hasta de seguridad. Conocí a los tres comisionados, tuve algunas reuniones con ellos. Castresana me pareció un hombre que se miraba capaz para establecer la organización que se quería en Guatemala, para tener personas que, gozando de seguridad personal, hicieran las investigaciones que hicieran falta para corregir y limpiar el servicio del Estado.
Con el doctor Iván Velásquez coincidimos en varios eventos. Mi comunicación con él siempre fue amistosa y agradable, pero no concuerdo en varios cambios que la CICIG ha introducido y siendo abogada, creo absolutamente en el respeto a la normativa constitucional y veo que se ha violentado desde hace algún tiempo, específicamente, a partir de 2015.
Todos los abogados y personas que trabajan con la justicia tienen simpatías políticas, por supuesto. Pero las simpatías personales tienen que dejarse de lado cuando se ejerce un cargo, especialmente en el tema de justicia. Debe estar apegado a las líneas de ética, objetividad, imparcialidad. Y la guía es la Constitución Política de la República, que garantiza certeza y protección de los derechos humanos fundamentales a todos los ciudadanos.
He visto que se ha violentado la Constitución. Lamento mucho que la Corte de Constitucionalidad haya rebasado la función que le compete, he estado de acuerdo con varias inconstitucionalidades presentadas, como la última que se presentó, relacionada con la libertad de expresión, porque ya no tenemos el respeto ni la certeza. Rescatar el Estado de Derecho debe ser una prioridad.
La Constitución no debe ser manejable ni violentable. Lo que sucede está destruyendo a Guatemala, y afecta a las personas que necesitan oportunidades de trabajo. Esto provoca también incremento en el flujo de migrantes. No me refiero a este último, que es otra historia.
¿Cómo es la coyuntura actual?
Estamos mal y la única forma en la que puede recuperarse Guatemala es la certeza jurídica. Simplemente atenerse a lo que dice la Constitución. Y si esto se da, va a haber más inversiones y generación de empleo.
Hemos tenido un deterioro gradual. Primero se ha perdido la independencia entre los poderes del Estado y el respeto a cada uno de esos poderes. El respeto, primero tiene que apegarse a la Constitución, donde se establece que el Presidente tiene ciertas facultades. Y ni siquiera eso se ha querido respetar.
Todo esto nos ha llevado a un debilitamiento institucional y de los derechos fundamentales de todos los habitantes. Guatemala puede mejorar mucho sus ingresos, por ejemplo en turismo. Para esto necesitamos más seguridad, ampliar el sistema de justicia. Hay varias cosas. Por supuesto, se ha caído mucho en temas como el mantenimiento de las carreteras, pero antes que nada, la certeza. ¿Cómo puede ser que el Estado haya dado permiso de operar a la minera San Rafael y que por las protestas de un grupo de personas se frenen las operaciones? Y esto, con una Corte de Constitucionalidad que tiene más de un año sin resolver el tema.
Así ¿quién va a querer invertir en Guatemala? Están destruyendo las posibilidades del país. Lo que hace superar la pobreza son los regímenes capitalistas que atraen la inversión. Miremos los sistemas socialistas, ¿será que Cuba creó más ricos con su revolución y mejoró la pobreza? ¿O se trata de volver pobres a todos? Miremos Venezuela, que era un país fabuloso, con excelentes posibilidades. Miren como está ahora.
Para sacar a los pobres de la miseria no hay que reducir a los ricos, sino dar certeza de inversión para que exista empleo. Es un poco frustrante ver que crecen tendencias absurdas. No soy extremista, pero veo la realidad. Tengo muy claro que el costo beneficio de las cosas es importante.
Para un país, el costo de empobrecer a los que tienen capital es desastroso. El populismo hace mucho daño, reproduce ideas equivocadas que no sacarán de la miseria a los más pobres. Tenemos que hacer una batalla racional para entender que a todos nos interesa eliminar la extrema pobreza, no la extrema riqueza.
¿Contra qué artículos de la ley electoral accionó la Cámara Guatemalteca de Periodismo?
Las reformas a la LEPP, como la del 94 bis, prohíbe a los ciudadanos promocionar o publicitar su imagen antes de la campaña. Cualquier persona que haya aparecido en una entrevista, en cualquier medio de comunicación, tendría vedada la participación como candidato a puestos de elección popular. Esto va contra los derechos constitucionales. Lo mismo dice la reforma al reglamento. Impiden publicitar imagen o promover figuras en época no electoral.
Pareciera como si hubiera un grupo que pretende deshacerse de cualquier competencia que pueda reducirles la posibilidad de llegar al poder a sus favoritos. La acción fue presentada por el presidente, Mario Fuentes Destarac, y su vicepresidente, Silvia Gereda.
¿Qué comentario tiene sobre el intento de destituir a la canciller Sandra Jovel?
La Corte de Constitucionalidad me tiene muy incómoda hace rato. Definen situaciones que no les competen. Si la propia CC voltea a ver hacia otro lado que no es el establecido constitucionalmente.
Por supuesto que la ministra tiene todas las atribuciones para actuar como lo ha hecho y el presidente de la República, con mayor razón. Sus facultades están claramente establecidas. Es la CC contra la Constitución, copada por corrientes políticas que lamentablemente han recibido apoyo internacional. Tenemos que rescatar a Guatemala, recuperar nuestra independencia.
Y el colmo es que se señale de corruptos a quienes hacemos notar estas situaciones, quienes tenemos la certeza de poder demostrar que nunca hemos sido corruptos, lejos de ello, si pasamos por cargos públicos salimos de ellos con menos dinero del que teníamos cuando entramos…creo que ahí estamos muy mal.
¿Qué comentario tiene sobre la caravana de migrantes?
Trabajé el tema de migrantes de manera muy cercana, conociendo muy bien a nuestra gente que en algunas ocasiones sale en grupo de entre 20 y 30 personas, no sé si ahora salen en grupos más grandes, de cien o cincuenta. Pero nunca miles.
Esta caravana impulsada desde Honduras es perversa, le ha hecho mucho daño a la gente que creyó lo que le ofrecían, sin considerar que los países tienen derecho a resguardar sus fronteras y controlar las entradas. Aunque Centroamérica tiene el acuerdo que facilita el tránsito por la región, México y EEUU tienen otras reglas.
Dirigirse a EEUU en momentos en que claramente no quieren que entre más gente, es provocar un riesgo a nuestros compatriotas y a la gente que se metió en esta caravana. Habría que hacerles conciencia del costo-beneficio, que es desproporcionado. Y por otro lado, también hacer conciencia de la crueldad que se comete con los bebés.
