“Insólito, terrible y vergonzoso” son tres de los adjetivos que más se repiten cuando se mencionan las innumerables irregularidades en la elección recién pasada. Mañana a las dos de la tarde, grupos de ciudadanos y partidos políticos acudirán al Tribunal Supremo Electoral (TSE), para pronunciarse contra las diferentes anomalías encontradas. Entretanto, la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), presentó una denuncia penal contra los grandes ausentes de la elección: el Fiscal de Delitos Electorales, Oscar Schaad, y el Registrador de Ciudadanos, Leopoldo Guerra.
Roxana Orantes Córdova
“No fueron los fiscales de mesa. Fuimos los miembros de las Juntas Receptoras de Votos de muchas mesas los que nos dimos cuenta y denunciamos. Los fiscales de mesa estaban calladitos. Compadre hablado pareciera”, expresa un usuario de las redes sociales.
La incomodidad es patente y en el país jamás se habían producido señalamientos tan graves como los actuales. Por ejemplo, la identificación errónea de los acrónimos y siglas en las papeletas.
Un caso fue el del partido Compromiso Renovación y Orden (Creo), que según miembros de esa organización, apareció en algunas actas como CRN. Mucho más que un error humano, esto constituye una grave falta a la exactitud que merece el evento donde los guatemaltecos eligen a sus mandatarios.
Entretanto, se conoció la renuncia de por lo menos tres subdelegados del Registro de Ciudadanos del TSE en municipios de Chimaltenango, San Marcos y El Progreso. El vocero del TSE, Luis Ramírez, dijo a los medios que desconoce los motivos de estas renuncias.
Otro hecho inédito y no menos preocupante es que antes de conocerse el recuento oficial de votos, el sistema electrónico del TSE fue “puesto en cero”. Es decir, a diferencia de las elecciones anteriores, hubo un momento en el cual los ciudadanos no tuvieron acceso a los datos en la página del TSE, cuyo director de Informática dijo a los medios de comunicación que desconocía el origen del error.
Cinco días después de las votaciones, el acceso a la página institucional del TSE está vedado y el sistema aparentemente “caído”, lo que también resulta inaudito luego de varios procesos electorales donde los resultados podían ser consultados en línea casi simultáneamente. El amparo por las adjudicaciones a la empresa responsable no ha sido resuelto por la Corte de Constitucionalidad (CC).
Los indicios y las opacidades son tantos que es casi imposible enumerarlos. Esto ha motivado reacciones de diferentes grupos civiles. Raúl Falla, abogado de Guatemala Inmortal, presentó ayer una denuncia contra los magistrados del TSE. Además, exige la designación de peritos forenses que revisen el sistema de cómputo y toda la documentación electoral.
El TSE anunció que revisarán los datos a partir del lunes y este es otro de los factores que generan desconfianza en la ciudadanía. Voces en las redes sociales comienzan a preguntarse si viernes y sábado no son días laborables para el TSE y si no serán cuatro días “el tiempo suficiente que necesitan para borrar y fabricar evidencia”.
Descontento y pérdida de confianza trascienden en este y otros pronunciamientos de ciudadanos, mientras se siguen sumando comunicados institucionales, entre estos de la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) y la Asociación de Amigos del País. La demanda se sintetiza en lo expresado por el fiscal del partido Valor:
“Hemos encontrando discrepancia entre los datos encontrados en las actas y los datos digitalizados, por dicha razón hemos solicitado evaluación y auditoría forense del software y del proceso realizado”
Por el momento, el MP, cuyo Fiscal de Delitos Electorales abandonó el país argumentando amenazas de muerte, ha recibido 1,450 denuncias.
Empero, la Organización de Estados Americanos (OEA), “aplaudió” el trabajo del TSE y aseguró que sus decisiones estuvieron encaminadas a la transparencia y certeza en el proceso. Con esta posición concuerda la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que según el cómputo no revisado encabeza las votaciones.
El penalista Omar Barrios expuso sus argumentos en su blog. Según dice:
“Los magistrados del TSE quedaron muy mal con la ciudadanía, no creo reelección ni posibilidad en otros tribunales, pero justo es decir que las lamentables incidencias argumentadas por diversas personas y sectores NO DENOTAN NI APORTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FRAUDE ELECTORAL y en eso si mi respaldo para el pleno (las amenazas de destitución son improcedentes)”.
Barrios expresa que es crítico y conoce el procedimiento, por lo que asegura: “puedo sumarme a trasladar tranquilidad a los ciudadanos en los resultados presidencial y diputados aunque no nos agraden los que pasan a segunda vuelta”.
Y concluye: “Ahora a prepararse a lo que viene y no será nada fácil. La «estafa electoral» al pueblo guatemalteco fue en mayo 2016 (las reformas)”.
“Que se retiren los magistrados titulares y entren los suplentes”
Ana Cristina Guerrero participó como candidata a una diputación, pero anteriormente ha sido una ciudadana activa en apoyar otros procesos electorales. Según afirma, existen varios casos de actas que no se cuadraron de forma correcta.
El partido con el que ella participó revisó 600 actas y encontró 208 con irregularidades, lo cual es mucho según comenta. “No solo es importante que se revisen los datos digitales, sino también se realice un escrutinio cuidadoso. Esto jamás había sucedido. El ex candidato Isaac Farchi pidió que se retiren los magistrados y su lugar sea tomado por los suplentes. Es imperativa una auditoría externa. El TSE no puede seguir digitalizando los datos”.
Ricardo Flores Asturias, vicepresidenciable de Viva, reiteró las declaraciones de Farchi y agregó:
“a los magistrados titulares les quedó grande el saco. Se detectaron diferentes anomalías, incluyendo las contrataciones de la empresa informática, que fue contactada 10 días antes de la elección y se le adjudicó la oferta de una forma opaca y oscura”.
Según indica, la patente de dicha empresa tiene una dirección que corresponde a un lote baldío desde hace 25 años, en la zona 10. Guatemala no se merece esta falta de transparencia que afecta al proceso electoral. Es necesario revisar cada papeleta. No estamos a favor de gritar consignas alarmistas, pero es necesario disipar todas esas opacidades”.
Ricardo Méndez Ruiz comenta que hoy pusieron una denuncia penal contra Oscar Schaad y Leopoldo Guerra Roldán, a quienes la FCT señala de abandono del puesto, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
“Cada uno de ellos tenía obligación de velar, desde su puesto, porque el proceso se realizara de forma satisfactoria. Sin embargo, increíblemente, ambos se ausentaron. Schaad salió de Guatemala presuntamente por amenazas, pese a que el Ministerio Público demostró capacidad para proteger a sus agentes, con la asignación de 28 agentes y cinco vehículos, tres de ellos blindados, a la ex fiscal prófuga Thelma Aldana. Entre las capacidades que requiere ser fiscal está tener cierta dosis de valor y si Schaad no lo tenía, no debió ejercer el cargo”, comenta.
En cuanto al jefe del Registro de Ciudadanos, señala que abandonó el cargo en un momento crucial en el que su presencia era indispensable. “La ciudadanía merece una explicación detallada de todas estas anomalías. La FCT solicita una auditoría forense en la que participen el TSE, el MP y un juez competente. Todo esto inició ni más ni menos que con la intervención de Iván Velásquez en el TSE”, concluye.
