Por tercera vez, el Procurador de los Derechos Humanos demanda que se mantenga el presupuesto de la institución que dirige, la cual es una dependencia del Congreso de la República. El tema ha motivado críticas contra Jordán Rodas, quien además es señalado por el abogado Raúl Falla de atacar su libertad de expresión, debido a una carta recibida por el magistrado de conciencia en la cual un grupo de académicos estadounidenses señalan a Falla de “amenazas” contra los jueces afines a la CICIG por emitir su opinión en una columna de Siglo Veintiuno.
Roxana Orantes Córdova
En 2017, durante los primeros 50 días de su gestión, Jordán Rodas interpuso tres recursos de amparo y realizó un viaje al interior y otro fuera de Guatemala. Esta ha sido la tónica de su mandato, afirman sus detractores, quienes más de una vez han dado a conocer el excesivo gasto de viáticos de Rodas, en viajes a Quetzaltenango, de donde es originario, y fuera del país.
Según datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en agosto de 2017, Iván de León Duque, entonces titular de la PDH, devengaba Q31,120, menos descuentos de ley, más gastos de representación que casi volvían a alcanzar el ingreso líquido del PDH, donde poco más de 700 personas estaban contratadas en renglón 011, con sueldos que oscilaban entre poco más de dos mil quetzales y poco menos de veinte mil.
Un año después, con Rodas como titular, el PDH recibe mensualmente Q50,775, menos los descuentos y más gastos de representación, que en agosto recién pasado sumaron Q6,000. La nómina es similar en número, pero se incrementó la cifra de los contratados en 029 (por servicios profesionales, con sueldos más altos pero sin prestaciones). Actualmente, los sueldos oscilan entre los Q4,000 y los Q40,000, como puede verse en la página de la institución.
La PDH es una dependencia financiada con el presupuesto del Congreso de la República que para 2019 tiene presupuestados Q907.436,000.00, de los cuales Q100,000.000.00 derivarán hacia la PDH, Q13,000.000 al Parlacen y Q2,400.000.000 a la Corte Centroamericana de Justicia.
En 2018, el Congreso retiró Q30 millones que el PDH reclamaba para su presupuesto de este año (inicialmente había solicitado Q45 millones más). Y estos Q30 millones, son el motivo de la discordia que llevó a Rodas a interponer un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que admitió para su trámite el amparo, a fin de que el Ministro y el Director Técnico del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas desembolsen los Q30 millones para la PDH.
A lo anterior, el Ministerio de Finanzas dio a conocer que en 2018, la PDH “abrió su presupuesto en el Sistema de Contabilidad Integrada por Q100 millones”. Además, indica esa institución: “El Ministerio de Finanzas Públicas no es la vía legal ni técnica prevista en la ley para autorizar la modificación presupuestaria de la PDH debido a que no ostenta la calidad de ser su máxima autoridad institucional”, la cual es el Congreso de la República.
El presupuesto de la PDH motiva diferentes opiniones y reacciones. Por ejemplo, Política Más una Docena… presentó una carta cuestionando “los constantes viajes a Quetzaltenango” , donde exigen la renuncia de Rodas.
Desde que Jordán Rodas asumió al frente de esa institución, cada año el presupuesto ha sido un motivo de debate. En 2017 afirmó que lo estarían coartando debido a su posicionamiento en la lucha contra la corrupción. Similar argumento expuso en 2018 y recientemente, aseguró que la PDH no puede funcionar sin los Q.130 millones.
La libre expresión atacada por académicos del país con mayor libertad de expresión en el mundo
La anterior afirmación parecería un absurdo pero es realidad. Un grupo de docentes de la Universidad de Oregon, EE.UU., envió una carta a Jordán Rodas, fechada el 27 de septiembre y que afirma:
“Estas amenazas se manifiestan en la forma de llamadas telefónicas, presión política, reducciones de personal y artículos de opinión. Como ejemplo podemos referirle un artículo (https://elsiglo.com.gt/2019/08/26/luego-de-cicig/) publicado el 26 de agosto en El Siglo que propone el enjuiciamiento de siete funcionarios judiciales por procesar casos en los cuales colaboró la CICIG”.
El texto al que aluden los estadounidenses está firmado por Raúl Falla, el abogado que ha llevado ante el Ministerio Público (MP), las dos denuncias contra Thelma Aldana, que suman dos órdenes de captura. Falla dijo a Perspectiva:
“Me atrevo a considerar que esta carta fue solicitada por Rodas a este grupo de catedráticos estadounidenses, incluso lo creo capaz de haberla llevado lista para su firma. Es inconcebible e inaudito que un grupo de académicos extranjeros se atrevan a señalarme por el simple hecho de emitir mi opinión al respecto de un grupo de jueces que más de una vez se han apartado de la ley”.
“Está claro que Yassmín Barrios es un personaje que goza del aval de los demócratas estadounidenses y la carta pareciera una táctica que busca mostrar el apoyo estadounidense a las diferentes prácticas de estos jueces. Pero no tienen ningún derecho a violar nuestras leyes, inmiscuyéndose en un tema tan claro como el derecho a la libertad de expresión”, comentó.
Sobre Rodas dijo: “es molesto que una persona designada por el Congreso pretenda acallarme. De mi parte, me reservo las acciones jurídicas que entablaré contra el PDH. Se me está intentando acusar de amenazas con base en una columna de opinión. Las otras amenazas que menciona la carta supuestamente redactada por los catedráticos, deben ser inmediatamente presentadas como denuncias al MP. Por ejemplo las llamadas telefónicas, son relativamente fáciles de rastrear y es urgente que las autoridades localicen a quienes estarían amedrentando a Barrios y otros jueces”, concluye.
