Juan Francisco Sandoval niega la existencia de un “acuerdo oscuro” entre el Ministerio Público (MP) y el “colaborador” en el caso Oderbrecht, del que resalta una verdad innegable y evidente: Guatemala deberá pagar US$384 millones a los bancos que dieron el préstamo para una obra que jamás fue terminada.
Roxana Orantes Córdova
Pese a las reiteradas negativas del ex fiscal, el acuerdo de colaborador eficaz existe y fue firmado por él en Brasil el 6 de septiembre de 2017, en la oficina número 120, nivel 15, del edificio ubicado en la Rua Lemos Monteiro de Butanta, Sao Paulo, sede de la firma Oderbrecht.
Abreviado, la negociación la hizo un fiscal que viajaba con visa de turista en la «mismísima casa del delincuente», señala Raúl Falla, abogado de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), quien narra que a la sede de dicha fundación llegó el documento donde constan los convenios de colaboración eficaz que tanto perjuicio económico ocasionaron (y seguirán ocasionando) a Guatemala.
«La fundación recibe muchas denuncias anónimas y este documento llegó en un sobre. Inmediatamente lo llevamos a la Fiscalía de Asuntos Internos del MP, donde el caso pasó algún tiempo estancado, pese a que se trata de la mayor estafa contra Guatemala en toda la historia de la corrupción. Ni siquiera lo defraudado por todos los acusados por corrupción que se encuentran en la cárcel llega al monto de esta tremenda estafa«, señala Falla.
Según el abogado, dichos convenios son auténticos, mas no legítimos. Auténticos, porque fueron aceptados por el MP y la FCT espera que pronto se reanude la investigación. Ilegítimos, porque como se ha mencionado abundantemente desde hace por lo menos tres años, Sandoval acudió a Brasil sin ningún aval oficial.
El ex fiscal realizó una negociación que correspondía a la Procuraduría General de la Nación (PGN), cuyo representante legal Eliseo Alberto Solís Muñoz acudió más de una vez ante el juzgado D de Mayor Riesgo, a cargo de Erika Aifán, quien resolvió sin lugar una «actividad procesal defectuosa» planteada por la PGN que después de eso interpuso un recurso de reposición y un recurso de amparo.
«El error no es fuente de Derecho, y la juez tuvo que percatarse de los múltiples errores del convenio espurio», señala Falla, quien agrega: «el documento consta de tres convenios con ex empleados de Oderbrecht. En ningún lugar se aprecian los sellos del Ministerio de Relaciones Exteriores ni la presencia de la PGN. Sencillamente, Sandoval como ciudadano con visa de turista, acompañado por un abogado que fuera del país tampoco tenía potestad de ejercer, se abrogaron la potestad de actuar como representantes del Estado guatemalteco. Más de una vez he dicho que ese famoso convenio llegó a Guatemala en la maleta del fiscal, entre el bloqueador solar y la tanga».
Implicados y costos de la mayor estafa en la historia de Guatemala
Por ello, Aifán es una de las señaladas por la FCT en este caso, que dejó a Guatemala endeudada por US$384.3 millones, los que deberá cancelar a los bancos prestamistas Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Cabe recordar que dichos préstamos fueron aprobados de urgencia nacional por el Congreso y que en su momento, circularon rumores sobre coimas para agilizar la aprobación.
Esta era la forma de operar de Oderbrecht, cuyas acciones se develaron durante el escándalo y proceso conocido como Lava Jato, que llevó a la cárcel al ex presidente Lula da Silva. El caso Oderbrecht involucró a casi 20 países latinoamericanos.
Estos delincuentes de alto nivel ofrecían gestionar préstamos a gobiernos latinoamericanos para construcción de obras públicas. Además, diputados y funcionarios de obras públicas eran sobornados, tal como sucedió en Guatemala con Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi. La condición era que dichas obras se adjudicaran a la firma Oderbrecht, descubierta durante Lava Jato y que debió devolver el dinero de los sobornos a cada país.
Según el convenio firmado en Brasil, Oderbrecht cancelara al país una multa de Q.500 mil por el delito de cohecho activo y US$17.9 millones, supuestamente el monto de los sobornos a políticos y funcionarios. «Hasta ahora no hay un recibo de la Tesorería o una Fianza que acredite el ingreso de ese dinero al Estado, lo que podría motivar suspicacias», comenta el abogado de la FCT.
Sin embargo, en 2018 un medio de comunicación dio a conocer que Guatemala no había recibido lo acordado debido a que la PGN objetaba el acuerdo de colaboración.
Entretanto, dice Falla, «con el dinero de los contribuyentes se cancelará a los bancos la deuda de más de trescientos millones de dólares a los bancos prestamistas, pero además, como los tramos carreteros quedaron inconclusos, seguramente el estado deberá contratar nuevos préstamos».
Según afirma Falla, uno de los artífices del espurio convenio firmado fue el ex comisionado Iván Velásquez. En 2018, un medio de comunicación informaba:
«MP y Cicig revelaron un acuerdo asumido por la constructora brasileña donde se compromete a pagar por los daños causados al sobornar a Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón para conseguir el contrato para la ampliación de la carretera de la Costa Sur».
Además de Velásquez, los superiores de Sandoval: Thelma Aldana y Mayra Véliz, quien como Fiscal General y Secretaria del MP, organizaron y autorizaron el viaje de Sandoval y de la fiscal Eva Sosa. Asimismo existe responsabilidad de la juez Erika Aifán, quien de forma inexplicable no logró notar que el convenio no tenía ninguna validez oficial, al no ser avalado institucionalmente.
Por ello, Falla asegura que falta poco tiempo para que el MP concluya la investigación postergada tanto tiempo y un juez competente deduzca las responsabilidades de forma pertinente.
