Economista con varios años de experiencia en instituciones como el Banco de Guatemala (BANGUAT) y organismos financieros internacionales, Elizabeth Quiroa explica que el presupuesto nacional “debería ser un instrumento de desarrollo” y asegura que, con voluntad política, sería posible enmendar incluso la propuesta actual de ingresos y egresos estatales, si se eliminaran rubros que resultan inconcebibles en un país depauperado y con altos índices de desnutrición aguda y crónica.
Roxana Orantes Córdova
Elizabeth Quiroa Cuéllar es economista, con una maestría en políticas públicas y desarrollo económico social, postgrado en sociología ambiental, comercio internacional y finanzas externas. Laboró en el Banco de Guatemala y en otras instituciones, algunas de carácter internacional e instituciones públicas nacionales.
En la entrevista con Perspectiva, devela aspectos del gasto público que pueden ser reducidos y que llegan a niveles de absurdo. Por ejemplo, en ciertas instituciones existen rubros para compra de obras de arte o animales. Hay funcionarios que además de mandar a hacer sus trajes a costas del presupuesto, tienen servicio de lavandería para mantener esos trajes impecables.
La falta de atención a incipientes políticas públicas y el uso de los recursos estatales en rubros que van desde gasolina a compra de libros y periódicos, inciden en que el presupuesto sea un instrumento de endeudamiento, lejos de ser un instrumento de desarrollo, como plantea Quiroa.
Entre los aspectos técnicos del presupuesto 2021 ¿cuáles son los más cuestionables?
Para el ejercicio fiscal 2021, el congreso, aprobó un presupuesto de Q. 99.4 mil millones, distribuidos de la siguiente manera:
Es decir tiene Q. 3,000 mil millones de deuda en préstamos y Q. 29 mil millones en bonos, por los cuales el país paga altos intereses. De este monto, Q. 63.5 mil millones serán destinados a gastos de funcionamiento y Q. 15.9 mil millones al pago de la deuda. Q 20 mil millones destinados a inversión. Pensemos por ejemplo qué empresa se podría desarrollar con esta estructura. Lo que debieron hacer antes de aprobar el presupuesto, fue analizar si el anteproyecto de presupuesto contribuiría al desarrollo o no.
También debieron considerar si era apropiado endeudar más al país. Pero esto no solo es responsabilidad de quienes lo aprobaron, sino de áreas técnicas que aprueban los niveles de endeudamiento del país. En las recomendaciones que emitieron, o que emiten, siempre dicen que el país, está dentro de los márgenes “adecuados” para contraer nueva deuda.
¿Cree que se abusa o abusará de los préstamos?
Entre lo aprobado por el Congreso, hay dos préstamos, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$594 millones para financiar el presupuesto de 2021, y otro por US$20 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) supuestamente, para la emergencia sanitaria.
Eso quiere decir que se está contratando deuda, posiblemente para pagar gastos de funcionamiento, lo cual es dañino para la economía del país. Por ejemplo, sí una persona se endeuda para gastos de consumo y no de inversión, afecta su presupuesto y luego tiene que hacer más sacrificios para poder paliar su situación.
¿Cómo debería ser un presupuesto idóneo?
Un instrumento de desarrollo. Y debe servir para cubrir las necesidades más urgentes de la población. En el caso de Guatemala está la desnutrición materno infantil; los daños a la infraestructura productiva que ocasiono recientemente los fenómenos naturales como Eta y Iota, así como el gasto social para cubrir las necesidades del Covid.
Se debe mantener también suficiente provisión para el pago de la deuda.
Pero sobre todo debe ser un presupuesto austero, transparente, acorde a los ingresos del país. En el caso del presupuesto 2021, de Q. 99.7 millardos, solo se tienen Ingresos tributarios Q61 mil 426.1 millones y No tributarios y de capital Q3 mil 848.6 millones. Es decir, Q. 65,274.7 millones aproximadamente de ingresos; por lo que preocupa a la población que con cada ejercicio fiscal se incremente la contratación de más deuda y por ende, se destinen más recursos para el[EQ1] pago del servicio de la deuda. En este presupuesto, un 33% está financiado por contratación de nueva deuda.
Recordemos que, por la estructura del presupuesto, hay obligaciones que el Estado no puede dejar de atender y algunas se incrementan a medida que el presupuesto se incrementa, como es el caso de la transferencia que se tiene que hacer para la Universidad de San Carlos y por otra parte, las transferencias a las municipalidades, o a los Consejos de Desarrollo.
¿El Estado está a tiempo de enmendar la plana?
Debido a las voces que ha levantado la aprobación de un presupuesto desfinanciado, sería necesario corregir lo presupuestado. Por ejemplo, se deberían suprimir en todas las instituciones centralizadas y descentralizadas todas las dietas y gastos de representación que se distribuyen en los renglones 061 al 064.
Suprimir el pago de teléfono celular en igual forma en todas las instituciones y dependencias, centralizadas y descentralizadas, y que se pague únicamente el gasto institucional. Esto está en el renglón 113. En igual forma, proceder con los servicios de lavandería, renglón 116. Que ninguna institución haga publicaciones o publicite “sus logros”, y para ello reducir los renglones 121 y 122. Eliminar todo lo referente a viáticos y gastos conexos, que se registran en los renglones del 131 al 135. El transporte para personas, renglón 141. Los arrendamientos, renglón 151. El renglón 185, que se refiere a las capacitaciones. Revisar bien los renglones referentes a las reparaciones. Eliminar en todas las instituciones descentralizadas o centralizadas lo referente a gastos de atención y protocolo, renglón 196 y otros Servicios no personales, renglón 199.
En el grupo 2, lo referente a alimentos para personas, esto debe ser en todas las instituciones y dependencias. Así como lo referente a textiles y vestuario, de los renglones 231 al 239. A excepción de aquellas, que por fuerza deben cubrirlo, como los hospitales, o dependencias donde es estricto el uso de uniformes, pero no para que adquieran trajes para los funcionarios, o se los envíen a la lavandería, con cargo al presupuesto institucional.
Sucede que cuando los financieros formulan los presupuestos, lo que hacen es utilizar el mayor número de renglones posibles, para que puedan disponer de algunos recursos para trasladar y cubrir eventualidades, pero esto no debe permitirse, porque distorsionan las necesidades reales.
Un ejemplo de ellos son los renglones del 251 al 254 productos de cuero y caucho. Es necesario reducir al máximo, los montos destinados en a cubrir el renglón 262, combustibles y lubricantes. Hay dependencias que gastan millones en combustible, cuando no son empresas de transporte.
En ese sentido, los funcionarios deben cubrir su gasto de combustible, y de asignárseles una pequeña cuota, esta debe ser institucional, no para su uso personal y menos familiar. Se ha sabido que hay una institución, que el consumo de su funcionario es muy fuerte, porque al parecer tiene familiares en el interior del país. No se debe de permitir que estén comprando vehículos, o arrendando vehículos, porque el Estado eroga fuertes cantidades en estos renglones y el uso de vehículos debe ser “Oficial” pero se estila que las placas sean particulares y ello permite que puedan usar los vehículos de forma poco controlada.
Como es contención del gasto, se debe evitar comprar y otros elementos coleccionables, obras de arte, animales y podría seguir mencionando muchos más renglones, pero debería ser cada dependencia la que revise su presupuesto, y que incluya en este solo lo esencial para cumplir con su trabajo sustantivo.
Hay otro rubro que es importante. Son las transferencias a instituciones sin fines de lucro y ONG´s, muchas de ellas patrocinadas por diputados y funcionarios. O incluso ellos tienen interés directo. Y los seguros médicos. En algunos casos son tan completos que les cubren gastos extraordinarios que llegan incluso a la compra de cosméticos. Tal es el caso de la Corte de Constitucionalidad y Congreso, entre otros.
Considero que se podría lograr una reducción significativa y disminuir lo solicitado. Por ejemplo, el Congreso podría utilizar los recursos que tiene ahorrados para la adquisición de su edificio o reparación del mismo. Asimismo, deben informar a la población a cuánto ascienden sus ahorros y como los va a utilizar.
Así también, hay otras dependencias que tienen ingresos propios o fondos privativos, los cuales podrían ser usados para cubrir sus gastos y no destinarlos para otros usos. También podría analizarse a cuánto ascienden los compromisos por los pactos colectivos y adicionalmente, sería importante conocer cuánto de los recursos fueron dejados de utilizar en este ejercicio. Por ejemplo, el MINEDUC, es posible que haya tenido algunos ahorros este año, porque la mayoría de establecimientos estuvieron cerrados. Puede, entonces el ente rector trasladarlos para el próximo año. Ya que se necesitarán recursos por ejemplo para fumigar las áreas que se inundaron y evitar que se reproduzcan zancudos que puedan provocar enfermedades como dengue, paludismo, malaria.
Se deben destinar recursos para dotar a las madres lactantes y en proceso de gestación de nutrientes, en igual forma para los niños de “0 a 5 años”. Y para los ancianos.
También para dotar de insumos, créditos, capital de trabajo a los campesinos que han sido afectados por los fenómenos climáticos. En igual forma para la pequeña y mediana empresa y fortalecer paulatinamente la economía.
El país está afectado, nuestras exportaciones se han resentido, tendremos menor ingreso de divisas y no puede ser posible que uno de los principales pilares para sostener la economía, sea la sangre, sudor, lágrimas y sacrificio que hacen nuestros connacionales al migrar y que ellos sean quienes estén ayudando a reactivar o a sostener la economía e inclusive dando respuestas que la población no obtiene por medio de la inversión que se debería de realizar por parte del Estado.
Si se quiere se puede, tenemos la oportunidad como país de cambiar paulatinamente las cosas, en lo que se logran consensos o cambios en la actual estructura presupuestaria, que es injusta. Inequitativa y que no le apuesta al desarrollo de la población más vulnerable…
