Esta semana, los esposos Bitkov denunciaron a jueces de mayor riesgo y sus suplentes, a quienes señalan de encubrir a una firma de abogados que les proveyó documentos a ellos y a centenares de migrantes en varios países. Al mismo tiempo, un juzgado ordenó investigar la denuncia contra Cutino International, una poderosa firma de abogados que en Guatemala ha contado con la colaboración de funcionarios de varios niveles.
Roxana Orantes Córdova
“Por fin hoy un juzgado Penal respetó la ley y ordenó que se inicie la investigación de nuestra denuncia contra Cutino. En esta denuncia también está Mayra Véliz”, afirma Irina Bitkova, quien añade que ninguno de los jueces ni tribunales de mayor riesgo ordenó iniciar esta investigación y, por el contrario, encubrieron a una de las mayores estructuras criminales que ha operado durante años entre Guatemala y otros países.
“Esta estructura vincula a personajes del Estado, empresarios del sector financiero y abogados. Por ejemplo, uno de los casos declarados ante el tribunal por Edgar Búcaro, quien trabajó para Cutino, involucra a un general ruso retirado quien necesitaba obtener pasaportes para que varios ciudadanos rusos crearan entidades financieras a fin de lavar US$3 mil millones”, narra el abogado Rolando Alvarado.
Las pruebas contra Cutino International y la estructura criminal que operó desde varias instancias del estado guatemalteco (Relaciones Exteriores, Migración, alcaldías y Registro Nacional de las Personas), son muchas y detalladas.
Casi todas las pruebas fueron recolectadas por los esposos Irina e Igor Bitkov y sus abogados. Sin embargo, tanto la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y los jueces de alto riesgo, insistieron en negar su existencia.
“Erika Aifán, Yassmin Barrios, Sara Yoc y otros encubrieron a una estructura criminal”
Según afirma Bitkova, “presentamos la denuncia al Ministerio Público (MP), contra Erika Aifán, Yassmín Barrios, Sara Yoc y Pablo Xitumul, además de algunos de sus suplentes, por encubrimiento de la estructura criminal que emitía documentos en forma anómala”.
Además, el 6 de febrero un juzgado ordenó que se inicie la investigación de la denuncia contra Cutino y Mayra Véliz, quien había impedido investigar a esa estructura, expresa.
“Estás jueces tenían acceso y conocimiento a los documentos emitidos por funcionarios públicos de alto nivel. Por ejemplo, nuestras cédulas fueron firmadas por alcaldes y sus secretarios y formaban parte de expediente. Sin embargo, Erika Aifan y Yassmin Barrios nunca mandaron a investigarlos”.
Bitkova señala: “el cambio de nombre de Igor fue aprobado por el subdirector de Extranjería de Dirección de Migración Wolfgan Janeiro Barrera Bravo. Este dato tampoco fue investigado por los jueces denunciados. Denunciamos a Cutino International como traficante de personas, porque facilitaba ingreso, permanencia y salida de territorio guatemalteco”.
“Sara Yoc resolvió investigar a los funcionarios públicos, pero no a Cutino. Igual sucedió con Erika Aifán y Barrios, quien sentenció a Igor por delitos que corresponden a funcionarios públicos, antes de que terminara la investigación de esos funcionarios. Mandó a investigarlos y antes de tener los resultados culpó a Igor”.
Entre las pruebas contra Cutino propuestas por los Bitkov están: datos de identificación, dirección de su oficina, patentes comerciales, página web, banco y denuncias de otras víctimas. Todas las pruebas fueron rechazadas, y estos jueces, escucharon en audiencias la descripción de cómo funcionaba esta estructura y quiénes son sus miembros. Sin embargo, nunca reaccionaron”, indica.
Por ejemplo, recuerda que José Samayoa, director de la empresa La Luz, que prestaba servicios técnicos para emitir pasaportes, declaró que miles de extranjeros cambiaron nombres. Todos los casos pasaron al MP y a todos se les otorgó criterio de oportunidad.
Según dice: “Somos los únicos migrantes que estábamos sentenciados en debate por 19 y 14 años de prisión por los delitos de otros. Pero lo interesante es que nunca se investigó a quienes autorizaban los cambios de nombre ni hicieron ninguna pregunta a CICIG o FECI sobre esto”.
“Aifán dijo que Cutino no tenía relación con el caso. Que no existía y si existía no era criminal. Y si era criminal, no era trannacional. Barrios interrumpía nuestras declaraciones cuando mencionábamos a esa estructura. Nunca dejó a Igor mencionar el tema”.
“Sacrificaron a los más pobres”
Los Bitkov han denunciado reiteradamente que su caso fue una venganza del Kremlin. El 7, Igor Bitkov denunció en su cuenta de Twitter que autoridades rusas allanaron la vivienda de sus familiares, como hacen siempre que alguno de ellos cumple años, y les anunciaron que pronto serán deportados.
Sin embargo, los otros acusados por el caso llamado Migración y Corrupción son empleados de bajo rango en el RENAP y Migración. Por ejemplo, Mauricio Chacón, quien hacia limpieza y archivo de documentos.
“No tenía código de acceso a la computadora y sin embargo fue sentenciado a dos condenas de ocho años cada una. Las condenas son por cada partida emitida desde un código que él no conocía y realizadas en horas de la madrugada, seguramente hechas desde afuera”, dice Alvarado.
Bitkova agrega: “Otro de los sentenciados es un piloto hindú que llevaba a otros de sus compatriotas en carro desde el aeropuerto a sus casas. Este hindú fue condenado como una figura principal en tráfico de personas. Pero ni siquiera aceptaron la existencia de Cutino. Obviamente, este piloto no tenía capacidad de manejar un negocio internacional que trajo miles y miles de extranjeros. Tampoco tenía asociación ilícita con funcionarios de alto nivel”.
En la página de Igor Bitkov se lee:
“De 44 procesados, cinco fueron absueltos y sobreseídos. Entre los demás, había un notario, un sindicalista, seis trabajadores de la sede de pasaportes son salarios entre Q2 mil y Q5 mil. Dos trabajadores de la empresa La Luz, que tenía contrato con el gobierno para emitir pasaportes. Once trabajadores de la sede de Migración en el Aeropuerto La Aurora, Once trabajadores de bajo rango del RENAP (sueldos entre Q2 mil y Q4 mil), cuatro calificados como coyotes que no tenían relación con los trámites de documentos. Los únicos migrantes condenados fuimos tres miembros de mi familia”.
Suficientes pruebas, nula voluntad de investigar
Por lo menos 74 documentos falsos de residencia fueron firmados por Mayra Véliz. La firma de la ex Secretaria del MP aparece en esos documentos. Entre estos, una cédula de vecindad a nombre de Anastasia Bitkova, que misteriosamente ha sido “traspapelada” pese a que es una de las pruebas más importantes en esta denuncia, indica Alvarado.
La investigación fue suspendida en el MP a finales del 2016 y la fiscal Heidy Tamara de León fue despedida, perseguida y amenazada por Véliz. También fueron despedidos los investigadores del RENAP.
“Denunciamos a estos jueces por encubrimiento porque tuvieron las pruebas a la vista y no las tomaron en cuenta. Por ejemplo, no ordenaron un peritaje con la cédula que es una prueba clave y está extraviada en el MP, que apoyó el encubrimiento. La CICIG incluso dijo que no existían pruebas sobre la existencia de Cutino”, comenta el abogado.
Esto, aunque los abogados de los Bitkov tenían pruebas de que, en 2014, una empresa estadounidense ya había denunciado a Cutino por estafa.
A través del Banco de Crédito y el Banco de Ecuador, Cutino ofrecía inversiones a sus clientes. Emitían tarjetas de crédito y estas tarjetas, con el nombre de Cutino, fueron confiscadas por la CICIG-FECI durante el allanamiento a la casa de los Bitkov. Estas tarjetas son otra de las pruebas, expresa Alvarado.
“Hay pruebas de sobra. Marcos Cutino y su socio tenían DPIS emitidos en Santa Rosa. Con seguir el dinero e investigar las cuentas en los bancos mencionados sería suficiente. Lo que no ha habido es voluntad”, concluye.
