Se trata de César Emilio Fajardo Morales, Manuel Marcelino García Chutá, Juan David Alfredo Alcázar Solís, Selvin Boanerges García Velásquez y Amílcar Aleksander Castillo Roca, exdiputados que integraron las Juntas Directivas del Organismo Legislativo durante los períodos 2014-2015 y 2015-2016.
El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, presentaron la acusación formal por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, requiriendo que los cinco exdiputados enfrenten juicio por las actividades ilícitas en el manejo de recurso humano durante su gestión en la Junta Directiva.
A los exfuncionarios se les vincula con la contratación irregular de personal y creación de plazas fantasma en el Congreso, lo cual habría facilitado la sustracción de fondos públicos en perjuicio del patrimonio de ese organismo de Estado.
Se determinaron dos modalidades de contratación: la primera a través de nombramientos de personal bajo el reglón presupuestario 022, que no reunía los requisitos para cumplir con el perfil del puesto y sin justificar una estricta necesidad para nombrarlos, al margen de cualquier verificación de capacidad presupuestaria o de otra índole. Además, se evidenció que los integrantes de dichas juntas directivas pactaron distribuir entre sus miembros un alto número de plazas para contratar personal con el presupuesto del Legislativo.
La segunda modalidad se realizó a través de la creación de plazas fantasma, en la cual se determinó que varias de las personas asignadas a cada diputado no se presentaban a laborar a la sede del Legislativo, ya que realmente prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o a empresas propiedad de los diputados.
Fuente: MP
