Roberto Molina Barreto, ex presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), y Estuardo Castellanos, presidente del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial (IMCAOJ), exponen sus puntos de vista sobre los más de cien antejuicios solicitados por el Ministerio Público (MP).
Roxana Orantes Córdova
En Guatemala, cualquier ciudadano puede acudir ante el Ministerio Público (MP), para solicitar un antejuicio contra cualquier funcionario. El MP traslada la solicitud a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y esta inicia el proceso si encuentra indicios que sustenten la solicitud.
Si el acusado es un magistrado o funcionario del Ejecutivo, el encargado de conocer el antejuicio es el Pleno del Congreso. Si el caso es contra un diputado, magistrado de salas, Contralor General de Cuentas o candidatos a la presidencia, la CSJ conoce el antejuicio. Y si el acusado fuera alcalde, gobernador (o candidato a alcalde o gobernador) o director de la PNC, el caso llega a una sala de apelaciones.
Actualmente, en Corte Suprema de Justicia (CSJ), hay 430 solicitudes de antejuicio, la Corte de Apelaciones tiene 560 y el Congreso de la República, 12. El antejuicio es un proceso que puede extenderse durante largo tiempo. Algunos de estos, indica la página Antejuicio Visible, llevan más de mil días en el órgano que debe resolver.
Entre los funcionarios que más antejuicios han acumulado, está la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gloria Porras, contra quien hay 18 solicitudes de antejuicio, de las 39 que acumula la CC, informa la página Antejuicio Visible (de Guatemala Visible). De estas 18 solicitudes, varias fueron desestimadas y hay cuatro vigentes: tres en fase de “asignación de organismo” y una en fase de “conocimiento”.
Pero aunque el antejuicio es un recurso bastante utilizado, el viernes la Fiscal General Consuelo Porras “dio mucho de qué hablar” cuando anunció una masiva solicitud de antejuicio que incluye a seis magistrados de la CC; 13 magistrados de Salas de Apelaciones; la Comisión Permanente del Congreso, integrada por siete diputados y otros 92 diputados.
Según Roberto Molina Barreto, la Fiscal General se limitó a cumplir su deber legal. Entretanto, Castellanos considera que la decisión libra de responsabilidad al MP, que resolvió la presión de varios frentes impulsando una “denuncia contra todos».
Molina Barreto: “Por supuesto que hay una crisis, pero veamos quién la provocó”
“Lo que hizo el MP es lo que le correspondía. No es extraordinario, sino el simple cumplimiento de la ley por parte de la Fiscal General Consuelo Porras”, afirma Molina Barreto.
La acción de Porras está enmarcada en la Ley Orgánica del MP y en la Constitución Política de la República, dice el jurista, quien agrega que el procedimiento establece que el MP debe mandar estas solicitudes a la CSJ para que esta detecte si hay motivos para la formación de causa.
“Pero la Fiscal no está pidiendo la formación de causa, sino cumpliendo el trámite establecido. No debe ser motivo de extrañeza que Porras cumpla lo que la ley le ordena”.
Sin embargo, añade, es importante que en un momento confuso no se pierda de vista el hecho que originó esta situación: la sentencia que suspendió la elección de magistrados a las cortes en el Congreso.
Según Molina Barreto, “por supuesto que tenemos una crisis, pero debemos ver quién la provocó”. Algunos magistrados de la CC emitieron varios amparos que entorpecieron y finalmente dejaron en suspenso el proceso de comisiones postuladoras, explica el jurista, y agrega que la propia Fiscal interpuso un amparo solicitando que se realizara la elección.
La sentencia de la CC reconoce que el proceso es viciado, pero mantiene vigentes algunos aspectos de esta, indica el ex presidente de la CC:
“Dejaron las nóminas exceptuando los nombres de quienes tuvieron alguna relación con Gustavo Alejos. Esto origina una complicación constitucional, porque según la ley vigente, el Congreso debe elegir a 13 de 26 postulantes, para la CSJ”.
La CSJ hizo lo que debía hacer, mientras este grupo de magistrados de la CC se autoampararon y esto sí es un tema grave. Mucho más allá que una “lawfare” o “guerra jurídica”, se trata de que este grupo de magistrados pretenden convertirse en juez y parte, avalados por algunos grupos sociales, dice Molina Barreto.
Finalmente, señala: “ahora veamos qué hará la CSJ. Según la ley, los antejuicios de magistrados de la CC y salas, irán al Congreso, mientras los de diputados serían analizados por la CSJ.
“Todas estas acciones de estos magistrados de la CC afectan bastante al ciudadano común. Por ejemplo, sus fallos han impedido regularizar el trabajo a tiempo parcial y han cerrado empresas largo tiempo, provocando desempleo. Deben solventar su situación”.
“La CC se convirtió en un organismo político”, dice Castellanos
Estuardo Castellanos, quien preside el IMCAOJ, es uno de los seis magistrados cuyas solicitudes de antejuicio fueron tramitadas hoy por la CSJ. Según afirma:
“Hay una gran división entre dos grupos políticos, que podemos simplificar diciendo que son izquierda y derecha. Ambos tratan de incidir en asuntos jurídicos para lograr sus objetivos políticos. La CC dejó de cumplir su función de tribunal constitucional para convertirse en un organismo político, apartándose de la Constitución”.
“Entre los que podrían enfrentar el antejuicio, está prácticamente todo el Congreso, algunos magistrados de la CC y otros de la CSJ. Cada acción de uno de los grupos en pugna generó la reacción de otro y este es el resultado”.
Según Castellanos, cuando se promueve un antejuicio, la CSJ no tiene potestad para rechazarlo ni aceptarlo, sino debe enviarlo a un juez pesquisidor. La CC habría tergiversado la ley para que sea la CSJ la que realice la precalificación de los antejuicios y permitiría que los antejuicios no gratos a la CC sean frenados a través de recursos de amparo, otorgados por esa instancia.
“Esta tergiversación permite que la CC controle cuáles antejuicios avanzan y cuáles no”, dice Castellanos. En cuanto al MP, habría cedido a la presión de ambos grupos. “Para liberarse de responsabilidad, resolvió denunciando a todos. Pero no todas estas denuncias tienen sustento. Ante un tema tan polarizado, el MP tomó una decisión salomónica con la que se evita decir que hay magistrados de la CC transgrediendo la ley”.
Esta situación tiene graves efectos en el ámbito de las leyes, pero también en toda la sociedad, señala Castellanos, quien indica que las resoluciones judiciales con base en criterios políticos provocan un tremendo desgaste a la institucionalidad.
