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S&P Global Ratings mejora calificación crediticia de Guatemala

Junta Monetaria mantiene tasa líder

La agencia calificadora de riesgo S&P Global Ratings mejoró la calificación de riesgo crediticio de Guatemala de BB- (con perspectiva positiva) a BB (con perspectiva estable), basando en la estabilidad macroeconómica de larga data de la economía guatemalteca.

Redacción Perspectiva

En su último informe, publicado el martes 11 de abril, S&P Global Ratings mejoró la calificación de riesgo crediticio de Guatemala de BB- (con perspectiva positiva) a BB (con perspectiva estable).

Además, resaltó que tomó en cuenta la sólida posición externa, el nivel moderado de la deuda pública respecto del PIB y una política monetaria prudente. La perspectiva ‘estable’ refleja la expectativa de que el manejo macroeconómico cauteloso continuará prevaleciendo en el corto y mediano plazos, a pesar de las condiciones externas poco favorables y de las elecciones generales programadas para junio del presente año.

Asimismo, la agencia señala que la recaudación tributaria se ha fortalecido durante los últimos dos años, incrementando la carga tributaria (respecto del PIB) de 10.7% en 2019 a 12.1% en 2022, debido, fundamentalmente, a mejoras observadas en la administración tributaria.

También indica que la política monetaria de Guatemala continúa reflejando el mandato del Banco Central enfocado en el control de la inflación, así como su independencia operacional, lo cual se ha materializado en un aumento de 300 puntos básicos en la tasa de interés de política monetaria, desde mayo de 2022, y permite esperar que la tasa de inflación interanual converja al punto central de su meta a finales de 2024.

En el informe, la agencia indica en el informe que la calificación crediticia del país podría mejorar en el corto o mediano plazo si el entorno político y la implementación de políticas económicas favorables elevan la confianza de los inversionistas, induciendo un crecimiento económico mayor al esperado, aunado a un avance gradual en el fortalecimiento del marco regulatorio y legal del país, para reducir la incertidumbre y fortalecer el estado de derecho.

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