La Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, Thelma Esperanza Aldana Hernández, solicitó a esta Comisión realizar un análisis del expediente número MP001/2014/60949 con el fin de determinar la existencia de indicios que indiquen algún retardo en la tramitación de dicho expediente.
La CICIG realizó el análisis para determinar la pertinencia, eficiencia y temporalidad de la investigación criminal en el caso; el trabajo de los fiscales e investigadores y la existencia de órdenes o instrucciones a los mismos en el manejo de las diligencias dentro del expediente.
Al realizar la revisión solicitada se determinó lo siguiente:
En el mes de octubre del año 2014 el Ministerio Público conoció de las actividades de una estructura criminal dedicada al contrabando de productos provenientes de México, la cual evadía controles aduaneros y sanitarios. Esta investigación surgió de otra que se venía desarrollando conocida como caso “agua-miel”, cuya estructura criminal fue desarticulada el 5 de marzo del año 2015.
El Ministerio Público, en esta nueva investigación (MP001/2014/60949), ha venido profundizando en las formas de operar de la estructura. Se pudo determinar que se han realizado diligencias policiales de campo, análisis documental, análisis financiero, requerimiento de informes a la Contraloría General de Cuentas -CGC-; la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, y la Superintendencia de Administración Tributaria, -SAT-.
Los más de 15 expedientes del caso aparecen en orden, con información recientemente obtenida e incorporada.
El Agente Fiscal y el Auxiliar Fiscal de la causa manifestaron nunca haber recibido instrucción alguna de la Fiscal General o de cualquier otra persona para detener el caso que sigue su curso.
Se detectó que uno de los hechos que causó retardo en el ritmo de la investigación fue el cambio del equipo de investigadores policiales de la División Especializada en Investigación Criminal -DEIC-, quienes son reemplazados después de haberse desarticulado la estructura criminal del caso “agua-miel”.
Se pudo verificar que se solicitaron varias auditorías y apoyos a entidades externas (auditoría de la SAT, IVE, auditoría de la CGC, análisis financiero, entre otros), y que cada una de ellas se demoró algunos meses en brindar los resultados. Por ejemplo, el informe solicitado por el Ministerio Público a la SAT sobre una de las empresas involucradas, tardó 8 meses en ser entregado con la información requerida.
Puede afirmarse entonces que la investigación criminal de la causa examinada se ha desarrollado con pertinencia en su planificación; que se ha diligenciado un alto número de actividades policiales, que se han solicitado los informes necesarios a otras dependencias competentes del Estado de Guatemala y que los tiempos utilizados se enmarcan dentro de los parámetros regulares del Ministerio Público de Guatemala.
