Dos malas noticias para la ex jefe del Ministerio Público (MP), circularon hoy en medios de comunicación y se viralizan en redes sociales: finalmente, el MP derogó el acuerdo que brindaba seguridad a la ex funcionaria. «Para ajuste de males», se entregó a la justicia el representante legal de Bertram S.A., la empresa que vendió el edificio fantasma al MP durante la administración de Thelma Aldana.
Roxana Orantes Córdova
«A partir de ahora, señora Consuelo Porras, usted asume la responsabilidad por la vida de mis hijos. Ha violado las medidas de seguridad decretadas por la CIDH y resoluciones de la PDH», escribió hoy en su cuenta de Twitter la ex fiscal Thelma Aldana.
El mensaje de Aldana apela a los sentimientos, si bien es poco realista, señaló una abogada en redes sociales. Esta y otras opiniones concuerdan en que cuando la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), otorga medidas cautelares a guatemaltecos, es el Ministerio de Gobernación el encargado de brindar protección. Sumado a esto, las resoluciones de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), no son vinculantes. Por ello, el titular de esa dependencia es conocido como «magistrado de conciencia».
«Ella tiene tres blindadas, más dos convencionales, más gasolina, más viáticos», dijo a los medios Consuelo Porras, la fiscal actual, en julio de 2018. Desde entonces al momento, diversas voces han cuestionado la asignación de esas prebendas, además de 28 guardaespaldas. El monto erogado por el Estado en la seguridad de la ex fiscal durante un año, fue de Q6 millones.
Las mencionadas prebendas fueron obtenidas por Aldana a través de un decreto firmado por ella y que además favorecían a su ex secretaria general Mayra Véliz, implicada por los abogados de la familia Bitkov en el trasiego de documentos irregulares para migrantes, cuando trabajó en la Dirección Nacional de Migración.
Desde que se emitió orden de captura contra Aldana, por una plaza aparentemente irregular otorgada a Gustavo Bonilla en el MP, las prebendas de Aldana pasaron a ser utilizadas por su familia, aunque lo procedente será que la Policía Nacional Civil (PNC), asigne agentes para el resguardo de esta familia, supuestamente víctima de varias amenazas.
Entretanto, Aldana permanece prófuga y a la orden de captura inicial se suma la del edificio fantasma. Hoy, la entrega de Mynor Enrique Lobos (25), representante de la empresa que vendió al Estado un inmueble no funcional por Q35 millones, abre otro frente contra Aldana, quien se mantiene firme asegurando que todo es parte de un montaje en su contra. Este montaje provendría de «los corruptos».
Falta ver si Lobos, tal como tantos otros implicados en diversidad de delitos, se acoge a la figura de «colaborador eficaz». Y seguramente, será muy revelador lo que diga este veinteañero que residía en Villa Nueva cuando realizó el millonario negocio (adjudicado en Guatecompras en unos 20 minutos).
