Veteranos militares emprendieron nuevamente acciones de hecho para exigir una indemnización que, además de inviable económicamente, es un acto que abona a la persecución de los veteranos encarcelados por presuntos delitos derivados del enfrentamiento armado, señala Ricardo Mëndez Ruiz. Giovanni Fratti, Eddy Morales y Edgar Ortiz también exponen sus argumentos sobre la pretendida indemnización, que probablemente tiene un trasfondo político electoral.
Roxana Orantes Córdova
Veteranos militares iniciaron varias acciones de presión esta semana. Además de bloquear algunas carreteras, rodearon el Congreso para exigir que se les paguen unos Q130 mil a cada uno. Hace un par de años eran 30 mil veteranos, ahora son cerca de 100 mil, indica Méndez Ruiz.
Este año la manifestación frente al Congreso fue pacífica y poco concurrida. Todas las calles aledañas al mitin estaban vacías, exceptuando el espacio donde se reunieron unas 200 personas cuestionando la iniciativa de ley 6073, que propone entregar Q36 mil a cada uno, en pagos de Q1 mil mensuales.
Cabe recordar que hace un año, el vandalismo se apoderó del grupo denominado de veteranos quienes quemaron instalaciones del Congreso y vehículos de diputados. Juan Parachico y Ernesto Martínez fueron acusados por el Ministerio Público de vandalismo y ataques a la policía en esa ocasión.
«La FCT no puede legitimar los miles de millones que el Estado erogó en resarcimiento para ex guerrilleros», señala Méndez Ruiz
El presidente de la FCT expresa:
«Siempre he sostenido que los veteranos merecen absoluto respeto y no esos ciento treinta mil quetzales, sino mucho más. Sin embargo, el artículo 135 de la Constitución Política de la República prohíbe taxativamente que a los involucrados en el enfrentamiento armado se les indemnice. Es ilegal».
Además, indica: «aceptar este pago legitimaría los cerca de tres mil millones que ya les fueron pagados a supuestos guerrilleros o sus familiares muertos en el enfrentamiento armado. Reconocer ese pago dejaría ad aeternum la cacería legal contra nuestros veteranos».
«Por otra parte, es imposible pagar esa cantidad a cada uno de los que se identifican como veteranos. Hace un par de años eran 30 mil, ahora ya suman 100 mil. hay alguien jugando con la precariedad y la inocencia de esta gente. Muchos de ellos no han visto Q10 mil juntos y cada cuatro años, antes de las elecciones, aparecen. Pareciera que hay fines electorales en esto».
«Por otro lado, desde la FCT criticamos los bloqueos impulsados por el CUC, CODECA y otros grupos. No podemos consentir que veteranos hagan lo mismo. Es necesario que se respete el derecho a la libre locomoción».
«Existen razones políticas», afirma Eddy Morales
Morales es sociólogo criminalista y docente universitario, pero también es un capitán del Ejército retirado en 1991, quien participó en el enfrentamiento armado, desde la línea de fuego.
Morales afirma que situaciones como esta son producto de que los Acuerdos de Paz no fueron asumidos como instrumentos para implementar políticas de Estado, además de que los beneficios de la paz no fueron equitativos.
«Hay intereses políticos de partidos que hábilmente se aprovechan y ofrecen estas indemnizaciones, siempre y cuando esta gente vote a su favor. El caso de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) es un ejemplo de esto».
«Esta manipulación politiquera ha afectado seriamente al país, y es un hecho que se trata de ofrecimientos que raramente se cumplen. Son grupos de choque guidados por políticos oportunistas que además cumplen el objetivo de atemorizar a otros grupos sociales que también realizan protestas y tienen demandas».
Promesa difícil de cumplir
El constitucionalista Edgar Ortiz considera que «desde el punto de vista político, el ofrecimiento de indemnización es muy delicado. Es imposible que con financiamiento público se pueda dar Q136 mil por persona a un grupo del que no hay certeza de cuántos son, ni sabemos cuántos de ellos calificarían como veteranos, pero que podrían representar unos Q5 mil millones de desembolso para el Estado».
Esto, indica, en un momento de fuerte endeudamiento público, iniciado en 2020, además de que por primera vez desde 1993 se permitió la emisión monetaria, lo que era un «candado de oro» que se rompió.
«Hay serias dudas sobre la prohibición constitucional, ya que en la Constitución se indica que no se puede indemnizar y en este caso, se podría manejar como un estipendio no reconocido, honorarios o cualquier otro término, como compensación económica por prestación de servicios».
«Denigran el honor del Ejército», afirma Fratti
Para el abogado Giovanni Fratti, de Guatemala Inmortal, este grupo «no merece llevar el nombre de veteranos. Además, el peor de todos los gobernantes, Alejandro Giammattei, les ofreció dinero a cambio de votos».
Fratti también menciona que la Carta Magna prohíbe los pagos de reparación y resarcimiento por el enfrentamiento armado. «No es legal. Además de que los bloqueos son inaceptables, hay honorables veteranos presos por la persecución iniciada desde que Claudia Paz y Paz tomó la Fiscalía de Derechos Humanos».
