Virginia Laparra, ex fiscal de la FECI en Quetzaltenango, no obtuvo medida sustitutiva y los jueces del Tribunal Octavo de Sentencia Penal se excusaron de conocer el caso. Laparra es presentada como una «opositora al régimen de Giammattei». Sin embargo, su acusador Lesther Castellanos, sostiene que la ex fiscal cometió varios delitos.
Redacción Perspectiva
Virginia Laparra es uno de los personajes en la campaña mediática que presenta como perseguidos políticos a varios sujetos que actualmente son prófugos o enfrentan procesos penales.
Entre ellos, el juez Miguel Ángel Gálvez, a quien una sala le retiró la inmunidad y podría ser investigado; la ex magistrada Gloria Porras y Juan Francisco Sandoval, quienes eligieron escapar en lugar de presentarse a tribunales y la mencionada Laparra.
«No fue por denuncias administrativas», dice Castellanos
Lesther Castellanos, actualmente Comisionado Contra la Tortura para la Región de Occidente, fue juez Primero de Alto Riesgo en un tribunal de Quetzaltenango. Como juez de Alto Riesgo, le tocaba trabajar directamente con la CICIG-FECI y en ese contexto, objetó una investigación que consideró deficiente, basada en declaraciones de un «colaborador eficaz».
Esto bastó para que se iniciara una guerra mediática y jurídica contra Castellanos, quien enfrentó por lo menos cuatro antejuicios y logró demostrar su inocencia en cada uno. Esto no se menciona en los informativos, donde se llega a mencionar que Castellanos fue «premiado» con el puesto de Comisionado por denunciar a Laparra.
Para colmo, se expone que dicha denuncia fue «administrativa», para restar gravedad a los presuntos delitos de la ex fiscal, quien intentó «quitar del camino» a un juez que era incómodo para la CICIG.
Castellanos negó enfáticamente que la denuncia fuera administrativa, más de una vez, y hoy reiteró esto en su cuenta de Twitter, con las siguientes palabras:
«Puedo asegurar que no fue por denuncias administrativas, sino por abusar de su cargo. Ya que todas las acciones que realizó en mi contra, no solo fueron sin fundamento y basada en mentiras, sino que no tenía facultades para realizarlas como fiscal.
La diferencia radica que ella en base a mentiras y abusando de su cargo, utilizando el prestigio, sellos, insignias, incluso hasta se presentaba con su nombramiento de la institución en que laboraba, utilizó la misma para fines personales, sin tener autorización para hacerlo».
Sumado a lo anterior, el propio ex PDH Jordán Rodas, reconoció públicamente que no se violó el debido proceso contra Laparra en las audiencias. Esto debería bastar para dar crédito a que en este caso, la justicia se realiza de forma cumplida.
Laparra no tiene ninguna denuncia administrativa, sino es acusada por presunto abuso de autoridad y otros posibles delitos, como indicó Castellanos.
