Virginia Laparra, más que víctima del sistema, sería una víctima propiciatoria para llevar un caso más ante la CIDH, afirma el querellante adhesivo Raúl Falla, al comentar la cantidad de recursos dilatorios interpuestos por la defensa de la abogada. Lesther Castellanos, denunciante, coincide con esta apreciación y afirma que existe “lawfare” en perjuicio de Laparra.
Roxana Orantes Córdova
Virginia Laparra, la ex fiscal de FECI en Quetzaltenango, fue tendencia en redes sociales a partir de la audiencia programada en Xela que finalmente se suspendió por su ausencia, luego de que la abogada solicitara una audiencia virtual ya que, según dijo públicamente, temía por su vida y prefería no ser trasladada.
Tanto Falla como Castellanos coinciden en que la ex fiscal tiene una asesoría legal que lejos de favorecerla, realiza acciones que retrasan el proceso. A estas acciones en detrimento de la acusada, se suma una campaña de apoyo a Laparra, que incluye manifestaciones, cobertura mediática y declaraciones polémicas.
Virginia Laparra: ¿botín de lawfare?
Por otra parte, la ex jefe de FECI cuenta con todo el aval de la UDEFEGUA (dos de sus defensoras son parte de esa ONG), y grupos afines, que emprendieron una campaña para exigir la liberación de la abogada y al mismo tiempo, señalar de criminales a quienes la acusan.
Por ejemplo, el hermano de la ex fiscal y uno de sus tres defensores, Luis Laparra, afirmó que solicitaron la audiencia virtual y no el traslado a Quetzaltenango por temor a lo que pudiera suceder en el camino, por “el tipo de personas que intervienen en el proceso”.
Para Lesther Castellanos, las manifestaciones a favor de un acusado caben en la figura de “apología del delito” y así lo dijo a los medios en la cercanía del juzgado. Ello le valió que la activista de “La Batucada” e integrante de UDEFEGUA, Brenda Hernández, escribiera en sus redes:
“Ahora entienden a qué nos referimos cuando afirmamos en nuestra #Consigna que «Virginia Laparra es INOCENTE, Lesther Castellanos es el DELINCUENTE”.
“Las abogadas Claudia González y Wendy López son de UDEFEGUA, organización que podría tener interés en llevar el caso a la CIDH. Por otra parte, González es mandataria de Juan Francisco Sandoval. Lo que menos le interesa es implicarlo en delitos posiblemente cometidos con Laparra. Si ella aceptara los cargos, esto la favorecería, pero la abogada González no quiere que esto se realice, ya que Sandoval era jefe de Laparra, quien se encuentra en una posición vulnerable. Considero que podría haber patrocinio infiel”, señala Falla, quien agrega:
“¿A quién se sacrifica en una batalla: a un caudillo o a un soldado? La respuesta a esta pregunta explica por qué la defensa de Laparra no acepta ninguna posibilidad de que su cliente sea favorecida e insiste en entorpecer el proceso. Probablemente pretenden que el caso se eternice, para tener otra denuncia ante la CIDH y obtener dinero del Estado”.
“El lawfare no se debe hacer. No es delito, pero en este caso lo están haciendo en perjuicio de ella. Y aunque no es ilegal, perjudica a la aplicación de la justicia”, señala Castellanos.
“Pésima estrategia”, señala el doctor Lesther Castellanos
Wendy López, una de las abogadas, aseguró que la segunda orden de aprehensión contra su defendida es ilegal, y no vaciló en afirmar que los recursos dilatorios como múltiples recusaciones de jueces, son “defensa efectiva”.
Según López, la juez a cargo del caso en Quetzaltenango es amiga de Castellanos, quien menciona que la conoce por haber sido su docente, pero añade que la instancia legal respectiva no encontró motivo para pedir a la juez que se inhibiera.
En primer lugar, Castellanos considera inadecuado que el hermano de Laparra sea uno de sus abogados. “Es como si un doctor tuviera que operar a su familiar. Se ocmplican las cosas”, señala.
Por otra parte, la omnipresente UDEFEGUA puede ser un factor negativo para la acusada, quien podría tener un proceso extendido por la “pésima estrategia” de la defensa, indica.
“Los retardos en las audiencias no fueron obra del Ministerio Público ni de los denunciantes. La defensa hizo todo lo posible para que las audiencias no se realizaran. Presentaron varios memoriales, algunos con argumentos francamente ridículos, como “presentación espontánea”, cuando la acusada ya está detenida, por lo que es imposible que se presente de forma “espontánea”, dice Castellanos, quien añade que la pretensión de un juez ad hoc es totalmente fuera de lugar.
Por otra parte, indica Falla, “las audiencias en videoconferencias suelen solicitarse para quienes se consideran un peligro social. He visto ese interés en el retardo en casos de extradición, para prolongar la estancia del acusado en su país, junto con su familia. Pero es inexplicable este interés en alargar el caso. La nueva audiencia podría programarse incluso para el otro año, y no es lo que los querellantes queremos. Por el contrario, desearíamos un juicio pronto”.
Según Castellanos, la acusación cuenta con todos los indicios suficientes. “En el caso de divulgación de información reservada, está el audio que prueba este delito. Saben que nuestros indicios son contundentes. El asunto está claro”.
Distorsión y apología del delito
Según la versión que circula en medios afines a UDEFEGUA, el caso inició con una denuncia de la ex fiscal contra Lesther Castellanos, quien habría “filtrado información reservada a un amigo”.
Laparra denunció en siete ocasiones a Castellanos, pero entre otros errores, no denunció a título personal sino como fiscal de la FECI, lo que está prohibido, menciona el ex juez y actual comisionado contra la Tortura, quien realizó su denuncia contra Laparra a título personal.
Otro grave error o “metida de pata” fue denunciar a Castellanos por “filtrar información a Omar Barrios”. Barrios, otro de los denunciantes, es docente de Derecho y entre los muchos casos que usa para ilustrar los contenidos a sus estudiantes, publicó una recusación de Castellanos en Facebook. De más está decir que dicha recusación era un documento público, pero vale la pena acotarlo, ya que esta fue la base para acusar a Castellanos de filtrar información.
El caso en mención implicaba al ex futbolista quetzalteco René Villavicencio, quien ya cumplió condena, y al ex alcalde “Mito” Barrientos, investigado por Laparra pese a tener derecho de antejuicio, explicó Castellanos.
Al respecto de Omar Barrios, cabe mencionar que fue el primer abogado en ganar más de un caso a la CICIG y probablemente, ello lo mantenía en la “mira” de la dupla FECI-CICIG.
En cuanto a la apología del delito, mencionada por Castellanos y que provocó la indignación de los activistas, “es un delito tipificado en el artículo 395 del Código Penal”, señala Castellanos, y agrega que es cometido por “quien públicamente hiciera apología de un delito o de persona condenada por un delito”.
Apología, indica: es “la alabanza, elogio, intento de justificar una conducta, persona o funcionario”.
Por ello, Castellanos afirmó y sostiene, las manifestaciones por Laparra pueden calificarse como “apología del delito”.
