El Vaticano declaró ayer que las operaciones de confirmación de género y la gestación subrogada son graves amenazas con la dignidad humana, situándolas al mismo nivel que el aborto y la eutanasia como prácticas que incumplen el plan de Dios para la vida humana.

Redacción Perspectiva
Según documentaron medios internacionales, la oficina de doctrina del Vaticano publicó “Dignidad Infinita”, una declaración de 20 páginas que llevaba cinco años en desarrollo. Tras una revisión considerable en los últimos meses, fue aprobada el 25 de marzo por el papa Francisco, que ordenó su publicación.

En la sección que más interés despertaba, el Vaticano reiteró su rechazo de la “teoría de género”, o la idea de que el género de una persona puede cambiar. Afirmó que Dios creó al hombre y la mujer como seres distintos con diferencias biológicas y dijo que la humanidad no debía interferir con ese plan ni tratar de “convertirse en Dios”.

“Toda operación de cambio de sexo, por regla general, (corre) el riesgo de atentar contra la dignidad única que la persona ha recibido desde el momento de la concepción”, indicó el documento.

La Iglesia distinguió entre las cirugías de transición, que rechazó, y las “anomalías genitales” presentes en el nacimiento o que se desarrollen más tarde. Aceptó “resolver” esas anomalías con ayuda de profesionales médicos.

La existencia del documento, que se rumoreaba desde 2019, fue confirmada en las últimas semanas por el prefecto del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, un cercano colaborador del papa.

El Prefecto de la Doctrina de la Fe presenta el documento #DignitasInfinita, en la Sala de Prensa del #Vaticano . Un documento "fundamental" para recordar que "toda persona tiene su dignidad inalienable".https://t.co/pn03nMcskj

— Vatican News (@vaticannews_es) April 8, 2024

Lo había presentado como un gesto a los conservadores después de firmar un documento más controversial que autorizaba las bendiciones a parejas del mismo sexo, y que provocó críticas de obispos conservadores de todo el mundo, especialmente en África.

Y si bien rechazaba la teoría de género, el documento señalaba a países —varios de ellos en África— que penalizan la homosexualidad. Estaba en línea con las afirmaciones de Francisco en una entrevista con The Associated Press en 2023, en la que dijo que “ser homosexual no es un delito”, y convertía esa afirmación en doctrina católica.

El nuevo documento condena como “contrario a la dignidad humana que en algunos lugares se encarcele, torture e incluso prive del bien de la vida a no pocas personas, únicamente por su orientación sexual”.

En cierto modo, el texto reúne posiciones ya expresadas por el Vaticano. Restablece la doctrina católica ya conocida contra el aborto y la eutanasia y añade a la lista algunas de las principales preocupaciones de Francisco como papa: las amenazas a la dignidad humana que suponen la pobreza, la guerra, el tráfico de personas y la migración forzosa.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México emitió una histórica resolución este miércoles al despenalizar el aborto en todo el país. Esta decisión permite que todas las personas con capacidad de gestar tengan acceso a servicios de interrupción del embarazo en instituciones públicas de salud, sin temor a ser encarceladas por esta decisión.

Redacción Perspectiva

La resolución se logró gracias a un amparo presentado por la organización feminista Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), y fue aprobada por unanimidad por los ministros (jueces) de la SCJN. Esta resolución anula el artículo 329 del Código Penal Federal que criminalizaba el aborto y estipulaba penas de uno a tres años para quienes llevaran a cabo la interrupción del embarazo, sin importar el consentimiento de la persona gestante. Además, los médicos que realizaban abortos podían enfrentar inhabilitaciones de hasta cinco años.

Esta decisión representa un hito importante en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres en México. Hace dos años, la SCJN ya había anulado varios artículos de una ley en el estado de Coahuila que criminalizaba el aborto, lo que marcó un avance en la despenalización en el país.

Sin embargo, la despenalización del aborto en México ha sido un proceso irregular y gradual. Hasta la semana pasada, solo 12 de los 32 estados que conforman el país habían despenalizado el aborto.

GIRE, en un comunicado, celebró la decisión de la SCJN y señaló que ahora se podrá acceder a los servicios de aborto en todos los centros de salud estatales del país, incluyendo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otros. Además, el personal médico que brinde estos servicios no podrá ser criminalizado.

El colectivo también expresó su esperanza de que los estados que aún tienen leyes restrictivas sobre el aborto tomen en cuenta esta decisión y garanticen el derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar en todo el país.

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La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el viernes una ley para salvaguardar el derecho a viajar entre estados para poder acceder a un aborto, después de que varios estados prohibieron el procedimiento a raíz de una sentencia de la Corte Suprema del mes pasado.

Reuters

La Cámara, controlada por los demócratas, votó por 223 votos a favor y 205 en contra, en gran medida alineada por partidos, para evitar que los estados que han limitado el aborto obstruyan la posibilidad de las mujeres de buscar atención en otros lugares

El proyecto de ley tiene muchas probabilidades de prosperar en el Senado, que está dividido en partes iguales y donde los republicanos bloquearon una ley similar el jueves.

Alrededor de una docena de estados liderados por los republicanos han tomado medidas para prohibir casi todos los abortos desde finales de junio, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la sentencia Roe v. Wade, que había legalizado el derecho al aborto en todo el país desde 1973.

Se espera que más estados hagan lo mismo.

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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes que la decisión de la Corte Suprema de anular el derecho federal al aborto fue un práctica «cruda de poder político» y firmó un decreto que busca proteger el acceso a servicios para interrumpir embarazos no deseados.

Reuters

Biden, un demócrata, ha recibido presiones de sus partidarios, en particular de los progresistas, para que actúe tras la histórica decisión, que tumbó 50 años de protección de los derechos reproductivos de las mujeres.

Los poderes del presidente son limitados, ya que los estados del país pueden promulgar leyes que restrinjan el aborto y el acceso a los medicamentos, y se espera que el decreto tenga un impacto restringido.

«Lo que estamos presenciando no fue un fallo constitucional, fue un ejercicio crudo del poder político», dijo Biden a periodistas en la Casa Blanca, después hacer referencia a la opinión pública que en gran medida ha rechazado el dictamen.

«No podemos permitir que una Corte Suprema fuera de control, que trabaja en conjunto con elementos extremistas del Partido Republicano, nos quite las libertades y nuestra autonomía personal», expresó.

Biden cuestiona a Corte Suprema

La Casa Blanca no contempla públicamente la idea de reformar el tribunal en sí o ampliar el panel de nueve miembros, una opción que impulsa la presidenta del bloque progresista del Congreso, la representante Pramila Jayapal.

En el discurso del viernes, Biden expuso cómo los votantes podrían garantizar el derecho al aborto si eligieran más senadores a favor del derecho a decidir, y señaló que la opinión mayoritaria de la Corte Suprema presentaba una disidencia frente al «poder político» de las mujeres.

«No creo que la corte, o los republicanos… tengan idea del poder de las mujeres estadounidenses», dijo, y agregó que creía que las mujeres participarían en números récord en las elecciones de noviembre para restaurar los derechos reproductivos.

El mandatario también citó informes recientes de que una niña de 10 años en Ohio se vio obligada a viajar a Indiana para abortar después de haber sido violada.

«Imagínese ser una niña pequeña. Solo imagínese ser una niña pequeña, 10 años. ¿Alguien puede creerlo?», dijo.

Cuando se le preguntó qué podría cambiar exactamente para las mujeres inmediatamente después de la firma del decreto, Jen Klein, directora del Consejo de Política de Género del presidente en la Casa Blanca, no mencionó ningún detalle específico.

«No se puede resolver mediante una acción ejecutiva lo que ha hecho la Corte Suprema», dijo.

Aún así, los legisladores progresistas y los grupos defensores del derecho al aborto dieron la bienvenida a la orden ejecutiva. La senadora Elizabeth Warren lo llamó «primeros pasos importantes» y pidió a la administración que explore todas las opciones disponibles para proteger el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo indeseado.

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La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos revocó la sentencia de 1973 que avaló por décadas el derecho al aborto en EE.UU., esto como respuesta a un recurso presentado por el estado de Missisipi.

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Este viernes 24 de julio, los jueces de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. pasarán a la historia, al revocar la sentencia conocida como Roe versus Wade dictada en 1973 que garantizaba el derecho al aborto.

La decisión de la corte traslada la decisión de la legalidad del aborto a cada, esto podría significar que los territorios conservadores y religiosos, podrían prohibir la interrupción del embarazo en un plazo más o menos corto.

«La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho», escribió el juez Samuel Alito, en nombre de la mayoría. Roe v. Wade «debe ser anulado».

«Es hora de devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo», a los parlamentos locales, escribió.

Una formulación muy parecida al anteproyecto de sentencia que había sido filtrado a principios de mayo, provocando importantes manifestaciones en todo el país y una ola de indignación en la izquierda.

La sentencia señala que “es hora de hacer caso a la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo” ya que el fallo Roe vs Wade “era escandalosamente incorrecta y contraria con la Constitución desde el día que se decidió”, añade.

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De acuerdo con un borrador de la opinión mayoritaria de la Corte Suprema de Estados Unidos, firmada por el juez conservador Samuel Alito, podría anularse definitivamente la sentencia Roe contra Wade, lo que podría ilegalizar el aborto, según una filtración del sitio web Político.

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De acuerdo con el documento filtrado, la máxima corte de EE.UU. podría estar a punto de ilegalizar el aborto. La información fue dada a conocer por la web Político.

El documento parece ser el borrador de una opinión mayoritaria de la Corte Suprema de Estados Unidos, la cual fue firmada por el juez conservador Samuel Alito.

En el borrador se explica que la sentencia Roe contra Wade «fue atrozmente errónea desde el primer momento». Se trata de una sentencia histórica dada en 1973, que permite el acceso al aborto es un derecho constitucional de la mujer.

Según, esta nueva opinión, el Tribunal Supremo refrendará con una mayoría conservadora de 5 jueces frente a tres, «el derecho al aborto” por considerar que “no está profundamente arraigado en la historia y las tradiciones de la nación».

¿Qué es la sentencia Roe vs Wade?

Se trata de un caso de 1970, en el que Jane Roe (Norma McCorvey), madre soltera de Dallas (Texas), demandó al fiscal de esta ciudad, Henry Wade, porque las leyes del estado no le permitían abortar.

El caso fue llevado a la Corte Suprema de Estados Unidos, y la sentencia estableció que «el derecho al respeto de la vida privada», presente en la 14ª enmienda de la Constitución era «lo suficientemente amplio para aplicarse a la decisión de una mujer de poner fin o no a su embarazo».

Gallup), lo que da una idea de hasta qué punto el aborto continúa siendo un tema polarizador en la sociedad americana. Lo que sí ha evolucionado desde entonces es la seguridad de las mujeres que quieren abortar. Según datos de la ong Planned Parenthood, en 1965 el aborto en EEUU era tan inseguro que el 17% de las muertes relacionadas con el embarazo eran debidas a un aborto ilegal. En la actualidad, la interrupción de un embarazo es uno de los procedimientos clínicos más habituales y sólo un 0,3% de las mujeres sufre una complicación seria durante un aborto.

De ser cierta la información filtrada, hasta 24 estados podrían ilegalizar el aborto, entre los que se encuentran Mississippi, Arizona, Texas o Alabama. Además, el Instituto Guttmacher, serían 26 estados los que limitarían radicalmente el aborto.

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#5272 es el número de la Ley que divide intensamente las opiniones de la ciudadanía. Los abogados Amanda Santizo y Giovanni Fratti exponen dos criterios contrapuestos sobre la normativa, que para la Asociación la Familia Importa, «en vez de salvaguardar la vida y la familia de los guatemaltecos, las perjudican».

Roxana Orantes Córdova

Coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Congreso dio a la ciudadanía una sorpresa que, lejos de constituirse en motivo de alegría, crea polémica y división, no solo entre izquierdas-derechas o globalistas-nacionalistas, sino en casi todos los ámbitos de la sociedad.

Entre los cuestionamientos, está que la propuesta redunda al reiterar o modificar con matices leyes ya escritas hace décadas, promoviendo endurecer la penalización contra el aborto intencional.

Como era de esperarse, los grupos feministas y favorables a la agenda LGBTIQ, reaccionaron inmediatamente con indignación. Lo que resulta inesperado, es que más de un conservador y pro vida, también cuestionan el proyecto de ley.

Incluso AFI, pionera y «punta de lanza» de la cruzada pro vida en Guatemala, reaccionó con molestia y pidió a Alejandro Giammattei vetar la normativa, a través de un comunicado.

¿Una ley para complacer intereses políticos?

Abogados que prefieren no ser mencionados coinciden en que la polémica propuesta no será viable y terminará engavetada como otras miles leyes que fueron abortadas en el camino.

La peculiaridad de esta, es que fue presentada hace cinco años y se retomó oportunamente, horas antes de que Guatemala fuera declarada «Capital pro vida de Latinoamérica y luz contra el aborto», por grupos evangélicos que se reunieron en México.

La obsecuencia complaciente ante los vaivenes del mandatario sería el motivo de apresurar una normativa que además de redundante, transgrede varios derechos constitucionales e incluso, la política pública pro vida del Estado, señala esta opinión.

Otro de los fuertes cuestionamientos es que una democracia republicana en ningún caso debiera legislar basada en los preceptos religiosos de ninguna denominación. El Estado es laico y debiera garantizar los derechos de todos los ciudadanos: hetero y homosexuales, entre otros.

Si el país mantiene esa tendencia a legislar con base en lo que grupos religiosos pretendan, estaremos en riesgo de caer en el oscurantismo más cerril, señala esta opinión.

Fratti: «¿qué es lo terrible de esta ley?

Para Giovanni Fratti, la normativa no debiera motivar el rechazo que está generando. Según dijo a Perspectiva:

«Aumenta las penas para el aborto hasta 12 años de cárcel. Permite el aborto profiláctico, cuando la vida de la madre está en riesgo, con la consulta a otros dos médicos.

Prohíbe insultar o denigrar o denostar a la comunidad LGTBI y también prohíbe obligar a que los hijos de un heterosexual sean educados en la ideología de género y prohíbe que se realice un aborto en cualquiera de las semanas del embarazo.

No es una ley que crea burocracia, no es una ley terrible, como está diciendo el Foro de Sao Paulo y el lobby de Soros en Guatemala.

No entiendo cuál es el escándalo, si es una normativa que solo repite las garantías constitucionales, ¿qué es lo terrible que tiene?

Como abogado que ha revisado el texto de la ley no encuentro ningún ataque, ninguna violación a los derechos de la comunidad LGBTI, al prohibir los ataques e insultos por la mera condición homosexual.

Y también defiende la libertad de conciencia y la libertad individual del heterosexual, que no quiere ser indoctrinado en esa ideología. ¿Qué es lo terrible de esa ley? Si alguien lo sabe, por favor que me lo explique».

Santizo: «presentaré inconstitucionalidad»

Para Amanda Santizo, la ley propuesta no solo es frívola, sino redundante e inconstitucional. Según afirma, pareciera que se hizo para perjudicar a los homosexuales, no para defender la vida, derecho que por otra parte, está plenamente garantizado desde su concepción en la Constitución Política de la República y otras leyes.

Santizo considera que la ley propuesta por religiosos fundamentalistas concede al Estado la potestad de legislar sobre el concepto de normalidad. El artículo 18 es bastante ambiguo en cuanto a que exonera a quien «no considere normal la homosexualidad».

Esto, señala la abogada, es un despropósito, puesto que están legislando sobre algo subjetivo al tiempo que dejan entrever que es aceptable considerar anormales a los homosexuales, cuando a estas alturas de la civilización occidental, está comprobado que la homosexualidad es una preferencia.

Sumado a lo anterior, la ley citada crea confusión al definir el aborto y abre la puerta a que mujeres que sufrieron un aborto espontáneo puedan ser penalizadas, indica.

Además, menciona que existe una clara diferencia entre «agenda de género» y homosexualidad, la cual explicó claramente Agustín Laje a los diputados, cuando se discutió la política pública pro vida, que no aparece en ningún momento en dicha normativa.

No solo Santizo anunció que interpondrá inconstitucionalidad por los despropósitos de la propuesta. También el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, dijo que presentará este recurso contra una normativa que, para muchos, parece fraguada en la época más oscurantista de la historia humana.

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El martes 1 de febrero, el pleno del Congreso conoció la iniciativa de ley para aprobar el Día por la Vida y la Familia.

Redacción Perspectiva

La iniciativa de ley para aprobar el Día por la Vida y la Familia fue presentada por el diputado Aníbal Rojas.

De acuerdo con Rojas, la propuesta busca conmemorar cada 9 de marzo, como el día de la familia y promover a los organismos del Estado a realizar actos conmemorativos y a que «resalten la importancia al respeto a la vida.»

Asimismo, la propuesta busca desarrollar programas que rechacen el aborto. Al respecto, el diputado Julio Lainfiesta, de la Unión del Cambio Nacional (UCN) manifestó: «Hay oscurantismo, pero de entidades extranjeras que no respetan la vida, que son pro aborto… cuando todos los demás diputados queremos proteger la vida desde la concepción».

«No entiendo cómo es que se venga a contradecir la familia», señaló el diputado Rudy González, de Visión con Valores.

Oposición a iniciativa

Walter Félix, diputado de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), protesto por incluir en el orden del día, esta iniciativa. Félix asegura que «el ponente de la iniciativa solo llegó a pedir firmas, no hubo discusión… Es un tema muy importante y el tema de la familia y la vida, necesita que se aborde sin sesgos ni intereses mezquinos de ninguna secta».

Asimismo, el diputado de Winaq, Edgar Batres, consideró que la iniciativa busca «retroceder en la forma de legislar, quieren que volvamos al oscurantismo. Hablan de soberanía y de injerencia, pero la verdadera razón de esta propuesta es que una organización internacional hará un evento y para congraciarse con ellos, quieren aprobar esta propuesta. Yo les recuerdo que el Día de la Familia ya lo celebramos».

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Desde el viernes, la propuesta de reformas al Código Penal ha motivado polémica. Hoy, la discrepancia se produjo entre el diputado Álvaro Arzú Escobar y Osmundo Ponce, de URNG, quienes se desmintieron mutuamente.

Redacción Perspectiva

La iniciativa 5494 propone crear un nuevo Código Penal, en el que sustituyen el término aborto, tipificado como delito en la normativa vigente. Por el eufemismo “interrupción del embarazo”, usado por quienes sustentan la ideología de género.

Según denunció el grupo La Familia Importa (AFI), dicho proyecto también pretende penalizar cualquier crítica contra esta ideología cuya aplicación ha tenido consecuencias desastrosas en varios países.

Asimismo, la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), se pronunció contra el cambio legislativo propuesto por diputados de izquierda.

Ponce y Arzú discrepan en redes

El diputado de URNG Osmundo Ponce, quien preside la comisión que dictaminó favorablemente al cambio del Código Penal, aseguró en su cuenta de Twitter que “net center y cuentas sin nombre” distorsionan la realidad y que la modificación al Código Penal se basa en la propuesta de Cornelio García (TODOS), quien la presentó en 2018.

Esta declaración fue replicada por medios y cuentas afines a la izquierda. Y poco después, desmentida por Álvaro Arzú Escobar (PU), quien también se expresó en su cuenta, señalando:

“La iniciativa del Diputado Cornelio García es muy diferente al dictamen modificado que pretenden firmar las bancadas de izquierda en la Comisión de Reformas al Sector Justicia”.

Entretanto, Ponce anunció una conferencia de prensa sobre el tema.

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El Tribunal Supremo de EE.UU. decidió dejar vigente la ley del aborto de Texas, al menos hasta el próximo primero de noviembre, cuando las autoridades estatales y del Gobierno, intenten tumbarla.

Por DPA

La decisión del Supremo nace de una petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que calificó la legislación de «inconstitucional». Después de que un tribunal de apelaciones permitiera que la normativa siguiera en vigor, en un primer momento hasta diciembre, cuando estaba prevista la audiencia.

Sin embargo, ahora, al aceptar escuchar los argumentos legales del caso en un plazo tan corto. El Supremo explica que estudiará la forma en la que ha sido redactada dicha norma.

Ley del aborto no puede aplicarse

Por ahora los funcionarios del estado no pueden hacer cumplir la ley, a diferencia de cualquier ciudadano de a pie del país, que puede presentar una demanda civil contra aquella persona que ayude a una mujer a abortar.

En un breve fallo, el tribunal ha añadido que también analizará si el Departamento de Justicia cuenta con la autoridad de impugnar dicha ley.

La magistrada del Tribunal Supremo Sonia Sotomayor ha criticado al resto de jueces por permitir una vez más que dejaran vigente la ley, a pesar de haber acelerado la fecha para presentar los argumentos, un «frío consuelo», ha dicho.

Resolución prohíbe el aborto

La ley de Texas es una de las más estrictas de Estados Unidos y prohíbe el aborto antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Según la norma, el aborto está prohibido cuando se detecta un latido fetal, que a menudo es antes de que la mujer sepa que está embarazada, en torno a las seis semanas de gestación. No hay excepciones para supuestos como la violación o el incesto, aunque existe una excepción por «emergencias médicas».

También premia la delación con hasta 10.000 dólares (8.500 euros), facultando a los ciudadanos para presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una mujer embarazada a abortar.

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