Fiscal General es un puesto tan importante que podría alcanzar más poder que el del Presidente, afirma el abogado Rolando Alvarado, quien considera que ante todo, el jefe del Ministerio Público debe ser una persona con honorabilidad a prueba de investigaciones. Entretanto, Adrián Zapata, también abogado, enfatiza en la importancia de que el designado sea independiente.

Roxana Orantes Córdova

El 11 de febrero inició la recepción de expedientes en la Comisión de Postulación que elegirá al Fiscal General. Hoy fue la segunda sesión de la postuladora y al finalizar esa reunión, no se habían recibido expedientes.

Ello, señala Rolando Alvarado, podría obedecer a que los postulantes prefieren entregar su expediente hasta la fecha límite, lo que evita la exposición mediática y además, dificulta la investigación detallada de las tachas que puedan presentarse.

«La ideología debe estar ausente», señala Adrián Zapata

«Es un proceso en que la ideología debe estar ausente, pero sobre todo, es característica esencial en este momento, la independencia de quien sea electo», señala Adrián Zapata.

Según afirma: «considero que Thelma Aldana actuó muy bien, pese a sus antecedentes. Pero cometió el error de vincularse con la política. El MP no debe ser un trampolín político. Es deseable que la inspiración de los postulantes sea cumplir con el servicio público, que no haya agendas paralelas, aunque estas sean legítimas, como postularse para una candidatura, que si bien es un derecho humano, no es apropiado».

Para Zapata: «la independencia total del próximo fiscal incluye las redes político criminales, las mafias, pero también otros grupos de incidencia no necesariamente ilegales, como empresarios, sindicatos, grupos pro derechos humanos e incluso, el apoyo de la comunidad internacional, que no debiera condicionarse, más que al cumplimiento de deberes y compromisus puntuales».

«Pese al contexto mundial, sigo creyendo el la soberanía, pero en Guatemala esta palabra es izada por sectores que no representan el interés público», indica.

Honorabilidad, a prueba de cualquier escrutinio, dice Alvarado

Para Rolando Alvarado, la honorabilidad, la capacidad (entendida como trayectoria penal y académica), y la independencia, son las principales características que debemos esperar del próximo jefe del Ministerio Público.

«En el tema de la honorabilidad, es importante tomar en cuenta que todas las tachas contra un candidato deben ester fundamentadas en hechos reales y objetivos. Que no se vulnere la presunción de inocencia del candidato. Es importante que el elegido no tenga debilidades, para que no un blanco para las extorsiones».

Esto remite necesariamente a la independencia. «Es un cargo de mucha responsabilidad. Quien lo ejerza, debe estar lejos de las presiones nacionales o internacionales».

Según Alvarado, grupos de presión captaron la importancia del cargo, que puede tener incluso más poder que el jefe del Ejecutivo, ya que está facultado para la investigación y la persecución penal (incluso del Presidente).

«Cuando se dan cuenta del poder del Fiscal General, comienza el sesgo y los intereses políticos para manipularlo. Y al no ser elegido el que ciertos grupos quieren, se le retira con un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, como sucedió con el caso de Conrado Reyes», concluye el abogado.

Porras, la fiscal cuestionada y premiada igualmente

Este año se menciona la posible reelección de Consuelo Porras, a quien sus detractores únicamente lograron cuestionar por el presunto plagio en su tesis de doctorado. Aparte de eso, todo lo que hay contra la funcionaria son señalamientos vagos de su alianza con el oficialismo y con esa figura difusa conocida como «Pacto de Corruptos».

De comprobarle cualquier delito, Porras ya hubiera sido destituida, pero permanece en el cargo, pese a que fue sancionada con el retiro de la visa estadounidense. Paradójicamente, el FBI, la DEA y otras agencias de EE.UU. siguen trabajando con la funcionaria y le han otorgado más de un reconocimiento.

Por el momento, ante la entrega oficial de expedientes a la postuladora, el único nombre del que puede especularse se postule, es el de Porras, detractada y premiada por EE.UU.

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Dieter Gudiel, uno de los abogados que interpuso el recurso ante la Corte de Constitucionalidad (CC), explica que gracias al amparo provisional, la Corte Suprema de Justicia deberá reexaminar un recurso de casación. Entretanto, el también abogado y analista Adrián Zapata, considera que se trata de “un nuevo avance en la lucha contra la corrupción y la impunidad que impulsó la CICIG”.

Roxana Orantes Córdova

Dieter Gudiel, uno de los abogados que interpuso el recurso ante la Corte de Constitucionalidad (CC), explica que gracias al amparo provisional, la Corte Suprema de Justicia deberá reexaminar un recurso de casación. Entretanto, el también abogado y analista Adrián Zapata, considera que se trata de “un nuevo avance en la lucha contra la corrupción y la impunidad que impulsó la CICIG”.

Roxana Orantes Córdova

Hace exactamente un mes, el 13 de julio recién pasado, la CC otorgó un amparo provisional a un grupo de nueve personas señaladas en el caso Patrullas 2, de 2019:

1. Oscar Haroldo García Quemé,
2. José Augusto Alonzo Cantoral, Carlos Arnulfo Rodríguez Pérez,
3. Olga Beatriz González Fuentes
4. Byron Abelino Ambrocio Borrayo
5. Francisco Manuel Baldizón Barquín,
6. Sonia Elizabeth Prado Sierra
7. Sandra Isabel Monterroso Herrera
8. Rony Alfredo Monterroso Herrera, y
9. Ricardo Enrique Flores Nájera.

Según el documento de la CC, la resolución fue tomada con base en el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, cuyo artículo 28 indica:

Artículo 28. AMPARO PROVISIONAL DE OFICIO. Deberá decretarse de oficio la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado, entre otros, en los casos siguientes:

c) Cuando la autoridad o entidad contra la que se interponga el amparo esté procediendo con notoria ilegalidad o falta de jurisdicción o competencia.

El amparo provisional señala: “Como consecuencia de la protección interina que se otorga: a) se deja en suspenso temporal la resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, que dictó la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, dentro de los expedientes de casación CC identificados como  1004-2019-2052, 1004- 2019-2073, 1004-2019- 2074 y 1004-2019-2075.

El presidente de la CC, Roberto Molina Barreto, dijo a Perspectiva: “es provisional, mientras se termina el proceso del amparo y se evitan los reenvíos”. Lo anterior, lo indica de la siguiente forma el documento de la CC:

“A efecto de detener interinamente la ejecución de todas las órdenes de reenvío dictadas en el proceso penal subyacente, mientras se resuelve en definitiva la presente acción constitucional”.

Cuando esto sucede, afirma el penalista Rolando Alvarado, se “anulan las actuaciones provisionalmente.  Desde el Tribunal de Sentencia hasta Casación”.

Adrián Zapata, consultado por Perspectiva, señaló: “es un nuevo avance en la reversión de la lucha contra la corrupción y la impunidad que impulsó la CICIG”. Y agregó:

“Teóricamente, casación no es una tercera instancia. Y técnicamente  obligar a conocer un recurso de casación no debería prejuzgar sobre la resolución que eventualmente se dicte. Pero sería muy ingenuo desconocer el contexto político prevaleciente, donde se están revirtiendo los avances logrados por la CICIG en la lucha contra la corrupción y la impunidad. La cooptación del poder judicial por parte de las redes político criminales, como las llamó CICIG, subyace en ese contexto de reversión”.

Por su parte, Dieter Gudiel, uno de los abogados que interpusieron el recurso ante la CC, explicó que:

“El amparo provisional obliga a la CSJ a que conozca el recurso de casación que había sido denegado y todo queda en suspenso hasta que haya una resolución definitiva. Suspende lo actuado por la Sala Segunda de Apelaciones y motiva que la CSJ conozca el recurso detalladamente”.

Aunque esta información tuvo un perfil muy bajo durante todo el mes, la relevancia del dato es que por primera vez, la CC otorga un amparo a un caso judicial investigado por la CICIG-FECI, lo que para algunos es el inicio de la despolitización de la justicia y para otros, el retroceso hacia la impunidad y el reinado de las mafias.

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¿Desarticulación del último baluarte en la lucha contra la corrupción o fin de una etapa considerada oscura para la justicia y marcada por el lawfare? Estas son las posiciones en torno a la segunda acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el acuerdo de la FECI, expresadas por dos de los abogados que interpusieron la acción: Amanda Santizo y José Urrutia, y los analistas Adrián Zapata y Secil de León.

Roxana Orantes Córdova

En poco tiempo fueron presentadas dos acciones de inconstitucionalidad contra el Acuerdo 59-2019, que dio origen a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad. Este segundo acuerdo fue presentado por el abogado José Urrutia, con la procuración de Sara Santizo y Amanda Santizo.

El hecho ha motivado reacciones muy polarizadas y para comprender ambas posiciones, presentamos las declaraciones de Santizo, Urrutia, Zapata y De León, quienes exponen las dos posiciones divergentes en este tema, cubierto con alguna parcialidad por ciertos informativos que buscaron detractar a Santizo por ser parte del equipo de abogados que defienden a Igor e Irina Bitkov.

Cabe mencionar que dichos abogados fueron distinguidos con el premio Magnitsky a los derechos humanos por su labor en este caso y que, recientemente, el representante Chris Williams, de una comisión de Derechos Humanos en el Congreso estadounidense, llamó a que cese por completo la persecución ilegal contra la familia rusa.

José Urrutia: “No existe definición normativa de qué es un CIACS”

Consultado por Perspectiva, Urrutia explicó:

“Al presentar inconstitucionalidad de carácter general contra el Acuerdo 59-2019 de la Fiscal General de la República, lo hicimos desde dos perspectivas, de forma y de fondo.

DE FORMA: porque se trata de un Acuerdo emitido por la jefa del Ministerio Público, que es una institución pública que tiene por objeto velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, es decir, de toda la República de Guatemala. Asimismo porque el Acuerdo crea una fiscalía con competencia territorial en todo el territorio Nacional que puede investigar casos de relevancia y alto impacto social, es decir, su competencia material y territorial permite investigar a cualquier persona que forma parte de la sociedad guatemalteca (pueden ver el Considerando primero y el artículo 1 de dicho Acuerdo); en ese orden de ideas, el Acuerdo impugnado de inconstitucionalidad es de aplicación GENERAL y tiene efectos sobre cualquier persona o habitante de cualquier parte del territorio nacional.

DE FONDO: son dos motivos medulares:

PRIMERO, el Acuerdo regula como competencia material de la Fiscalía de Sección, la investigación y persecución penal de personas que conforman un Cuerpo Ilegal y Aparato Clandestino de Seguridad (CIACS), sin que previamente exista sentencia condenatoria firme que establezca que una persona forma parte de determinado CIACS. Sin contar que en nuestra legislación nacional vigente NO existe definición normativa de qué es un CIACS. Esto último es importante, puesto que si vemos otras fiscalías como: la de Crimen Organizado, contra la Narcoactividad, contra las Extorsiones, por poner apenas 3 ejemplos, dichas fiscalías derivan de una Ley ordinaria, es decir, de un cuerpo normativo emitido por el Congreso de la República y Sancionado por el Organismo Ejecutivo, o sea, existe un antecedente normativo de jerarquía superior que hace referencia al TIPO PENAL (es decir, al DELITO) que se investiga. Las extorsiones y exacciones intimidatorias están reguladas en el Código Penal y en la Ley contra la Delincuencia Organizada; los delitos de Narco actividad en la Ley contra la Narcoactividad; los delitos cometidos por el crimen organizado en la Ley contra la Delincuencia Organizada; y así muchos ejemplos; pero la competencia material de esas fiscalías se enfoca en LOS DELITOS QUE PERSIGUEN y NO EN LAS PERSONAS, es decir, las fiscalías NO PREJUZGAN la culpabilidad de un sindicado, sino solamente la posible existencia de delitos previamente regulados en una ley vigente. Sin embargo, la competencia material de la FECI sí PREJUZGA sobre el hecho que una persona forme parte de un CIACS sin que previamente haya sido citada, oída y vencida en juicio. Es decir, se trata del DERECHO PENAL DEL ENEMIGO, que trata a las personas No como sujetos de Derecho sino como enemigos de la sociedad, lo cual lo prohíbe el sentido garantista de nuestra Carta Magna y sobre todo el derecho humano constitucional de Presunción de Inocencia.

Y SEGUNDO, consideramos que el Acuerdo es inconstitucional porque la Fiscal General dentro de ese Acuerdo reguló la definición de CIACS y la definición de IMPUNIDAD. Y la Fiscal General NO puede regular definiciones del ámbito penal, puesto que ello vulnera el principio de legalidad que asiste a la ley penal, que informa que cualquier conducta prohibida y cualquier circunstancia conexa a dicha conducta, debe estar contenida EN UNA LEY ORDINARIA VIGENTE emanada del Congreso de la República y sancionada por el Organismo Ejecutivo. De lo contrario se vulnera la potestad legislativa regulada en la Constitución y la Seguridad Jurídica también contenida en la Constitución.

Y esto no es cualquier cosa, para quienes hemos estudiado y practicado el Derecho Penal, sabemos, como saber las vocales que, toda norma prohibitiva expresa o que implique algún grado de responsabilidad penal o señale a una persona como parte de una estructura criminal o que defina qué debe entenderse por impunidad (esto es, el resultado que busca un CIACS), debe emanar del Congreso de la República mediante el Proceso Legislativo, mas NUNCA pueden realizarse tales definiciones en un Acuerdo del Fiscal General, cuyos únicos alcances pueden y deben ser para fines ORGÁNICOS institucionales, más No así para definir qué es un CIACS o qué debemos entender por impunidad. Tales definiciones de relevancia Penal atañen únicamente a la potestad legislativa del Congreso de la República y/o a las personas con INICIATIVA DE LEY”.

“Buscar desaparecer a la FECI es querer garantizar la impunidad”: Secil de León

Para el analista Secil de León, la existencia de la FECI garantiza la lucha contra la impunidad. En esta línea, dijo a Perspectiva:

“Es una respuesta natural de aquellas personas afectadas por el trabajo que la FECI hace. Buscar desaparecerla es querer asegurar la impunidad de parte de aquellos y aquellas que han aprovechado tal circunstancia para enriquecerse y cometer todo tipo de acciones criminales en su provecho de su círculo más cercano de familiares y amigos y sobre todo a favor de sus financistas.

Pretenden ayudar a la actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público en su lucha por defenestrar la institucionalidad creada y que da resultados concretos en el cumplimiento de su misión.

No les perdonan a estos funcionarios probos que desenmascaren frente a la población y al mundo la hipocresía de una élite que pretende continuar controlando la justicia, la política, la economía, la seguridad y defensa porque se trata de redes civiles y militares. Con estas infructuosas acciones abonan a su propia destrucción como grupo de delincuentes”.

Santizo responde a sus detractores

“El acuerdo de FECI viola varios artículos constitucionales, entre estos la presunción de inocencia. En la cobertura a la inconstitucionalidad, se cuestionó que tardamos mucho tiempo en presentar la acción. Sin embargo, es importante mencionar que para presentar un recurso de esta naturaleza se necesita tiempo. Hay que detectar errores y lograr acuerdos en el equipo que realiza el análisis. No es de un día para otro.

He sido cuestionada en medios y redes, incluso con insultos, por ser abogada de Igor. A esto quiero comentar que ejercer la defensa no es ningún delito y que existe mucho resentimiento porque

la presencia de miembros del equipo que defiende a la familia en la Comisión Helsinki sustentó que el Congreso estadounidense tomara la decisión de retirar los fondos a la CICIG. Y EE.UU. era el donante más fuerte de esa comisión”.

Por lo anterior, señaló Santizo, rechaza estos intentos de deslegitimar la acción con base en su trabajo profesional. En relación al acuerdo, la abogada explica que transgrede por lo menos dos principios constitucionales: la presunción de inocencia y el principio constitucional de legalidad.

Adrián Zapata: “Las mafias no quieren dejar piedra sobre piedra”

“Hay dos maneras de interpretar la acción de amparo: la técnico jurídica, que implica un análisis de doctrina, y la interpretación de la intencionalidad política, que abordaré. Se ha cerrado el cerco de cooptación del Estado por las mafias político criminales.

Lo único que ha quedado de la institucionalidad y organizaciones que combatieron la impunidad y corrupción, es la FECI.

Con esta acción de inconstitucionalidad se busca terminar con las instituciones y organizaciones relacionadas con la CICIG, en su última etapa: Ministerio Público, Superintendencia de Administración Tributaria, el sector justicia. Pretenden no dejar piedra sobre piedra y será casi imposible volver a construir, reparar ese desmontaje.

Si comparamos la situación actual con la de hace unos años, puede afirmarse que está peor. Se revirtió lo avanzado y se volvió a situaciones peores.

Ante las presiones de Estados Unidos, las mafias se han atrincherado en resistencia. No puede negarse que dichas presiones responden a las necesidades de seguridad de EE.UU., mucho más que a nuestra coyuntura, pero las mafias están fortaleciendo sus trincheras para resistir esa estrategia y eliminar lo que queda.

«Es necesario valorar el papel de Juan Francisco Sandoval, cuya valentía causa admiración”.

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Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), tomaron posesión esta tarde, en medio de opiniones divergentes y pequeñas trifulcas protagonizadas por cuatro manifestantes que se encadenaron en la puerta de la institución citada. Para Adrián Zapata, el panorama indica que en Guatemala se está consumando la cooptación del Estado, mientras Raúl Falla señala que “los grupos desestabilizadores que se amparan en el G13 y otros financistas extranjeros, ya no la tendrán fácil”.

Roxana Orantes Córdova

La ex presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gloria Porras, se encuentra ante un panorama incierto, con varios desenlaces que podrían ser negativos para ella, quien perdió la inmunidad este 14 de abril.

Una versión que circula en grupos de Whatsapp indica que Porras habría salido rumbo a El Salvador, donde un allegado a la ex magistrada tiene una propiedad que colinda con Guatemala.

Más allá de los rumores, Porras no ha tenido otra aparición pública luego de sus declaraciones ayer en el Congreso, donde dijo a periodistas que se agruparon a su alrededor que no pudo asumir porque hubo un complot en su contra, “todo esto se sabía, pero soy una señora”, afirmó y agregó que se siente muy orgullosa de cada una de sus acciones en la CC.

Entretanto, el presidente del Congreso Allan Rodríguez, pronunció un discurso en el cual aseguró que lo sucedido ayer “marca un antes y un después. Es el principio de la restauración de la República, la dignidad y el orden institucional”.

Rodríguez mencionó que existen grupos “pequeños y ruidosos” pero que logran alguna resonancia porque están muy bien financiados por grupos oscuros, sin embargo, la nueva conformación de la CC retomará el camino de la defensa del orden constitucional

En el ámbito internacional, la prófuga ex fiscal Thelma Aldana invitó a Porras a “tomar un café con ella” en Washington, aunque fue muy divulgado un fragmento de una entrevista en la que Aldana asegura que “es lo mismo Gloria Porras que Sandra Torres. Ambas son impunidad”.

La declaración de la ex fiscal compromete seriamente a Porras, al sugerir que ella podría huir del país antes que presentarse ante la justicia, ahora que perdió la inmunidad que le otorgaba el cargo.

“Necesitamos tomar en cuenta los aparentes esfuerzos de la administración Biden”

“Hay dos perspectivas de análisis en este caso: jurídico y político. Soy abogado, pero considero que el análisis jurídico corresponde a un constitucionalista. En lo político, me preocupa la situación institucional, ante lo que se vislumbra como un proceso de cooptación del Estado, que tanto se ha criticado en otros países y en Guatemala se está dando”, afirma Adrián Zapata.

Según este análisis, el Estado requiere de pesos y contrapesos, que se pierden cuando una sola opción ideológica centraliza el poder. “Existe una alianza de impunidad explícita entre mafias, políticos, criminales y un sector del empresariado”.

Para Zapata, la democracia se debilita cuando una sola corriente de pensamiento se expresa en el poder, “máxime si se da en el contexto de pobreza y desigualdad profunda. Si a esto se suma la cooptación del Estado, se genera más inconformidad por las desigualdades, creando condiciones para una explosión social”.

Las diversas expresiones ideológicas son necesarias “sin ideologías no hay Estado”, dice y agrega que es necesaria la convergencia entre actores sociales y políticos para evitar que la cooptación llegue a las últimas consecuencias.

En relación a Gloria Porras, Zapata considera que existen muchas críticas en su contra, las cuales deben ser esclarecidas. Sin embargo, agrega, la CC que terminó su período ayer fue un baluarte en la lucha contra la cooptación del Estado.

En este contexto gravita la presencia de Estados Unidos, con su intención de modificar políticas y condiciones en Guatemala, El Salvador y Honduras. Al respecto, Zapata dice:

“Es necesario abordar las causas de esta situación. EE.UU. ha sido desastroso para Guatemala, pero necesitamos encontrar coincidencias, tomar en cuenta los aparentes esfuerzos de la administración de Joe Biden en la lucha contra la corrupción y la impunidad”.

“Porras no fue juramentada por un error del CSU”

En cualquier caso, Gloria Porras se encuentra ante una encrucijada muy compleja, expone Raúl Falla, quien agrega que la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), ya solicitó arraigo para Porras y Mynor Par Usen, además de presentar hoy una denuncia contra ambos, debido a los auto amparos que resolvieron para garantizarse la inmunidad y no ser investigados.

Según afirma Falla, los ciudadanos que comentan estas situaciones pueden caer en algún tipo de confusión, por ejemplo, atribuir a la Junta Directiva del Congreso la responsabilidad de no juramentar a la magistrada, cuando el hecho se originó en que el CSU, luego de elegirla con varias irregularidades, omitió notificar formalmente a los participantes que Porras era la electa.

Para este tipo de situación, no basta con divulgar la noticia en televisión o redes, señala Falla. Es indispensable que se notifique a los participantes por escrito. “Uno de los candidatos presentó un recurso y se fue por la vía del amparo. El Congreso se limitó a cumplir con el debido proceso”, dice.

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Nicholas Virzi, internacionalista y director del CEES de la UFM; Adrián Zapata, ex Comisionado Presidencial para el Desarrollo Rural Integral y Mario Mérida, analista de medios y consultor en temas de seguridad y defensa, exponen sus puntos de vista sobre las caravanas migrantes y la denuncia realizada por demócratas estadounidenses en torno a supuesta desviación de recursos estadounidenses en Guatemala.

Roxana Orantes Córdova

Los primeros días de octubre, una nueva caravana de migrantes conocida como “la primera en tiempo de coronavirus”, motivó alguna tensión entre Honduras y Guatemala, expresada en:

1. Discrepancia entre las autoridades de ambos países. Alejandro Giammattei mencionó que el éxodo era un factor para propagar el COVID-19 y afirmó que había repatriado a 3,384 hondureños, lo cual fue negado por la vicecanciller hondureña Nelly Jerez, quien aseguró que la cifra eran 1,250.

2. Expresiones xenófobas y denuncias contra migrantes. La conductora del canal UNE TV HN Silvia Sosa, defensora del medio ambiente y derechos humanos, señaló a Guatemala por la basura proveniente del Motagua que contamina su país y comparó a los guatemaltecos con estos desechos. Al mismo tiempo, el presidente de la gremial de pilotos guatemalteco, Rony Mendoza, denunció que hondureños amenazaron a pilotos de transporte pesado si estos no los llevaban. Además, otros ofrecieron Q100 por persona. Todos subían a los furgones sin ningún tipo de protección.

El tema dejó de ser noticioso pocos días después. Sin embargo, el 13 volvió a cobrar relevancia, cuando senadores demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU., que lidera Bob Menéndez, denunciaron que miembros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), habrían malversado fondos del Departamento de Estado para realizar un traslado ilegal de migrantes hondureños desde Guatemala a la frontera con Honduras, lo cual fue calificado como una “operación no autorizada”.

La denuncia de Menéndez, expuesta en una carta oficial, y el informe que la acompaña (un documento de 12 páginas), menciona que los agentes de EE.UU. habrían rentado tres microbuses con capacidad para 12 personas cada uno.

En estos vehículos habrían trasladado agentes estadounidenses “y luego se utilizaron para transportar a los migrantes hondureños de regreso”, indica el reporte.

Al respecto, Nicholas Virzi comenta:

“una operación de deportación no se realiza con tres microbuses transportando agentes y sus equipos. No hay duda de que haya agentes estadounidenses en las fronteras de la región, lo que no es ilegal”.

El internacionalista también mencionó que el documento de Menéndez

“no es un informe de inteligencia. Es un reporte de un político en plena campaña electoral”.

“No se puede interpretar al margen del proceso electoral”: Adrián Zapata

En 2015, Adrián Zapata viajó a EE.UU. para discutir el Plan de la Alianza Para la Prosperidad del Triángulo Norte, como Secretario del Gabinete de Desarrollo Agrario. “Me pareció una propuesta bien equilibrada. Un artículo de Joe Biden en The New York Times señalaba que dicho plan buscaba abordar las causas de las migraciones ilegales, más que sus efectos”.

Biden fue el principal impulsor de dicho proyecto, que resultó relegado con el ascenso de Donald Trump a la presidencia. Esto, señala Zapata, marcó el regreso a un abordaje de las migraciones que se enfoca más en la seguridad que en otros aspectos.

El próximo cambio de gobierno en EE.UU. podría hacer que se replantee la política migratoria y posiblemente, una reedición del Plan Alianza Para la Prosperidad, con la llegada de Biden-Harris, o bien el acuerdo Tercer País Seguro, si se reelige Trump, considera Zapata.

Según comenta, los elementos del contexto en el señalamiento de mala utilización de recursos gubernamentales estadounidenses, son:

1. Necesidad de migrar de quienes no encuentran oportunidades en sus países. Migrar debería ser un derecho legítimo, y es “casual” que la caravana coincida con las próximas elecciones. Desde la perspectiva de Zapata, esto plantea condiciones para que Trump replantee su discurso radical sobre los migrantes.

2. Una vez más, lo que sucede en nuestro país está relacionado con hechos que suceden y afectan a EE.UU. “Subrayo que esta situación dramática muestra cómo influyen los sucesos en EE.UU. en nuestra realidad, aunque estos hechos no respondan a nuestras realidades ni perspectivas sino las de ellos”.

3. El nuevo embajador estadounidense, William Popp, ratificó el apoyo de su país a la lucha contra la corrupción e impunidad. Además, el Subsecretario de Estado Interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michel Kozak, escribió un mensaje dirigido a la Fiscal General Consuelo Porras.

Sobre este último punto, Zapata comenta:

“Es indignante que quienes levantan la bandera de la soberanía no estén defendiendo intereses legítimos, sino los intereses de la corrupción y la impunidad”.

Además, considera que “EE.UU. siempre ha atentado contra la soberanía de Guatemala y no es posible desconocer este poder hegemónico, aunque es posible plantear una relación de respeto y búsqueda de coincidencias, por ejemplo en temas como la lucha contra la corrupción”.

“El tema no ha sido abordado por los países del Triángulo Norte”, dice Mérida

“Los efectos para Guatemala podrían ser marginales, aunque seguramente tendrán alguna relevancia en la campaña electoral estadounidense, debido a que en aquel país son muy cuidadosos con el manejo de fondos y tiende a restarle credibilidad al presidente Donald Trump”, expresa Mario Mérida, quien considera que “nos alcanza por la posición que tenemos frente a EE.UU.”

Según menciona, “el presidente Giammattei debiera dejar el asunto en manos del Ministerio Público (MP), que debería investigar el caso, toda vez que este año y el próximo continuarán las caravanas”.

El hecho no afectaría directamente a la administración de Giammattei, puesto que el incidente mencionado en el reporte de Menéndez habría sucedido un día después de la toma de posesión de Giammattei, aunque independientemente de esto, el Estado debe asumir su posición y el MP tiene que hacer su tarea, aunque

“actualmente hay una desmedida presión hacia la doctora Porras con respecto a determinados temas. Incluso se pretende dudar de su imparcialidad con versiones que desinforman y condenan a actores sin tener los datos precisos sobre lo que se discute”.

“Otra variable que es necesario analizar es cómo estas caravanas comprometen los esfuerzos de seguridad sanitaria en los países donde van a transitar”, dice Mérida, quien finaliza comentando que el tema no ha sido abordado en conjunto por los países del Triángulo Norte, ni en organismos de integración como la SICA, ni en el Trifinio».

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