La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha revelado la lista de nombres que se asignarán a las tormentas tropicales y huracanes durante la temporada de 2023.

Redacción Perspectiva

Esta lista incluye los nombres de los ciclones que se formarán tanto en el Océano Pacífico como en el Océano Atlántico.

En el Pacífico, la temporada de huracanes ya ha comenzado el 15 de mayo, y los primeros nombres que se utilizarán son Adrian, Beatriz y Calvin. Por otro lado, en el Atlántico y el Caribe, donde se espera que la temporada inicie el 1 de junio, los primeros nombres serán Arlene, Bret y Cindy.

El Instituto Nacional de Sismología Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) está monitoreando de cerca la temporada ciclónica y pronostica una temporada relativamente tranquila en el Atlántico y el Caribe, con la formación de 10 a 12 tormentas. Sin embargo, se espera una temporada activa en el Pacífico.

Es importante tener en cuenta que Guatemala no necesita ser afectada por una tormenta tropical, para sufrir inundaciones ya que una baja presión o una depresión también las puede causar en gran parte del país, advirtió César George, jefe de meteorología.

Según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, la temporada en el Pacífico se extenderá desde el 15 de mayo hasta el 30 de noviembre de 2023, y se pronostica la formación de al menos 23 huracanes. En el Atlántico y el Caribe, se esperan 21 huracanes durante la temporada, que comienza el 1 de junio y finaliza a fines de noviembre.

El Insivumeh pronostica que los huracanes en el Atlántico disminuirán su fuerza y se presentarán como tormentas, estimando entre 10 y 12 eventos de este tipo.

Es fundamental estar preparados y seguir las recomendaciones de las autoridades en caso de que se acerque alguna tormenta o huracán. Mantenerse informado sobre los pronósticos y medidas de seguridad es la mejor manera de protegerse y garantizar la seguridad de nuestras comunidades.

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Cuatro días después de las manifestaciones antigubernamentales que se realizaron en la capital y algunas cabeceras departamentales, el panorama es similar al que se presentó luego del evento homólogo del 20S 2017, aunque los elementos que constituyen esta coyuntura en particular se modificaron sustancialmente y por ello, es muy difícil que las autoridades renuncien o que exista alguna presión para defenestrar al gobierno. Por otra parte, quienes protestaron no pidieron diálogo nacional, que para algunos analistas sería la solución a este contexto crítico, mientras otros aseguran que el diálogo deberá ser entre el mandatario guatemalteco y la Organización de Naciones Unidas (ONU), como está establecido.

Roxana Orantes Córdova

Comentado con entusiasmo en algunos medios de comunicación y redes sociales, la manifestación de 20-S no tuvo más trascendencia que evidenciar lo ya conocido: en Guatemala, las opiniones se dividen entre quienes avalan las acciones y permanencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y quienes apoyan al mandatario Jimmy Morales.

La manifestación fue numerosa. Alrededor de 60 mil personas caminaron desde la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), y desde el Parque Morazán, zona 2, hasta la Plaza de la Constitución. Diversidad de grupos y sectores expresaron su rechazo a Morales y a los diputados, exigiendo su renuncia y el regreso de Iván Velásquez.

Fogosos oradores pronunciaron sus discursos en la tarima instalada frente al Palacio Nacional de la Cultura. Incluso, uno de ellos aseguró que el país podría verse involucrado nuevamente en un conflicto armado, debido a la desigualdad y la corrupción.

Sin embargo, a diferencia de otras manifestaciones sociales similares, no hubo articulación entre quienes se pronunciaron. Esto se evidenció en que, además de expresar el rechazo al gobierno, los manifestantes no intentaron presentar oficialmente un pliego de peticiones ni realizaron ningún llamado al diálogo nacional, tal como han propuesto varios analistas.

Ricardo Barreno, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), afirma que el 20-S se produjo “una manifestación pacífica que tuvo dos particularidades. En primer lugar, vale la pena resaltar el liderazgo del sector académico y universitario. La juventud es un sector significativo, que representa alrededor del 40% del padrón electoral.

En segundo lugar, a esta manifestación se sumaron sectores políticos, representantes de partidos comprometidos con la lucha anticorrupción en 2015. Mal harían las autoridades en no escuchar el clamor popular y reaccionar con prepotencia”.

Adrián Zapata, del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC (IPNUSAC), señala que la manifestación puede calificarse como un éxito, puesto que tanto en la capital como en el interior, particularmente en Quetzaltenango, se manifestó una masiva participación ciudadana. Según dice, no existe contradicción entre el movimiento ciudadano y la posibilidad de diálogo nacional, sino todo lo contrario. “No hay diálogo sin manifestaciones”, afirma.

Contrariamente, Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo (FTC),  expresa: “Nosotros nos oponemos a cualquier diálogo. Ya dialogamos en 1996 y el resultado de ese diálogo fue traicionado por los mismos que hoy están a favor de la intervención extranjera en Guatemala”, y agrega que un diálogo en este momento carecería de toda legitimidad.

Para el abogado Raúl Falla, de la FTC y Guatemala Inmortal, “Se comprobó una vez más que este movimiento no tiene eco. Su objetivo era defenestrar a las autoridades con cientos de miles de indignados en las calles pero pudieron verificar que la mayoría de guatemaltecos trabajamos ese día. Entonces no hubo paro. Este se transformó en marcha y de ahí en una caminata que demandaba el retorno de Iván Velásquez, cuando es un hecho que el Ministerio Público tiene la capacidad para funcionar sin tutela”.

Falla coincide con Méndez Ruiz en que ya se dio una oportunidad para dialogar y sanar las heridas. Sin embargo, este diálogo se desvirtuó gradualmente hasta llegar a la captura del sistema de justicia. El colmo de esta captura, dice Falla, se manifestó cuando Iván Velásquez se atrevió a presentarse ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para inmiscuirse en las elecciones.

Guatemala: falta de liderazgos y Estado fallido

El coronel, escritor y comunicador Mario Mérida, afirma: “estoy convencido de que en Guatemala no hay actores determinantes para mediar en un diálogo. Por otra parte, lo que procede es un diálogo entre el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Presidente de Guatemala”.

Insistir en el retorno de Velásquez demerita al Presidente y atenta contra el artículo 183 de la Constitución Política de la República, señala Mérida, quien añade que la manzana de la discordia es la continuidad de Velásquez, quien podría ser destinado por la ONU a cualquier otro país. Sin embargo, señala, ningún otro país quisiera verse en la misma situación que Guatemala.

Un elemento de la coyuntura actual es la presencia de analistas que siguen agendas políticas, elemento que contribuye a generar confusiones en lugar de esclarecer el panorama, concluye Mérida.

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 La manifestación más multitudinaria desde 2015 se realizó el domingo en la capital guatemalteca. Con la consigna: No al aborto, sí a la vida, aglutinó a centenares de miles de ciudadanos. Las reacciones son encontradas, pero hay un punto en común: los manifestantes ejercieron su derecho soberano a pronunciarse sobre un tema que divide profundamente las opiniones.

Roxana Orantes Córdova

La marcha pro vida realizada el 2 de septiembre es una muestra sin precedentes de cómo el consenso en un tema puede unir a la ciudadanía para expresarse. Guatemaltecos de todos los credos y denominaciones religiosas caminaron desde la Municipalidad hasta la Plaza de la Constitución para pronunciarse contra el aborto.

Algunos medios de comunicación iniciaron sus coberturas restándole importancia al hecho. “Algunas personas” y “decenas de personas” fueron dos de las expresiones publicadas en informativos para informar sobre el tema. Uno de estos medios ubicó la noticia en su sección de “periodismo comunitario” y al mismo tiempo, destinó el titular principal a la cobertura de una acción institucional.

Sin embargo, el poder de las redes sociales es innegable. Además de canales televisivos y medios religiosos (como la TV Interdiocesana), el hecho fue cubierto con filmaciones aéreas y estas impresionantes tomas fueron divulgadas en las redes sociales. Un dato que vale la pena consignar es que pese a la enorme cantidad de personas que participaron, no se registró ningún incidente o hecho de violencia.

Probablemente la minimización de la cobertura mediática se origina en la posición que pretende vincular a la marcha por la vida y la familia con el llamado “pacto de corruptos”. El contexto de la actividad, dos días después de que el presidente Jimmy Morales anunciara que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y la presencia de algunos diputados y dirigentes políticos opuestos al mandato de este ente, bastante cuestionado en los últimos meses, contribuyeron a crear la imagen falsa de que la marcha estuvo relacionada con intereses políticos.

“La marcha del domingo es un derecho de los ciudadanos y ciudadanas que asistieron. Considero que no los movieron intereses políticos, sino el miedo a lo que ni siquiera se estaba discutiendo en el Congreso, puesto que no existe ninguna propuesta que pueda denominarse ley pro aborto. La alianza entre las iglesias católica y evangélica se da ante un enemigo común, que es el miedo a la que llaman ideología de género. Suman fuerzas para luchar contra esta mal llamada ideología y aunque afirman que no aceptan intromisiones extranjeras, están replicando acciones que se iniciaron en España y se han repetido en otros países, para oponerse al género”.

Un segundo elemento comentado por la diputada es que la marcha puede ser capitalizada por partidos como Visión con Valores (VIVA); Partido de Avanzada Nacional (PAN); una organización llamada VAMOS y probablemente, el Partido Unionista (PU), los cuales según afirma, coinciden con el Presidente de la República y el “pacto de corruptos”.

Como tercer punto, Morán aclara que la ley motivadora de esta marcha tiene como finalidad la “reparación transformadora” para las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y el artículo 7, que pudo motivar polémica, había sido retirado de la discusión el 23 de agosto. En este artículo se contempla la “interrupción del embarazo” para las víctimas de violación.

Al mismo tiempo, señala, existe una “contra ley”, la iniciativa 5272, que está por pasar a tercera lectura. En esta se castiga el aborto con penas de cárcel y se prohíbe el matrimonio igualitario, concluye.

Por otra parte, el analista del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC (IPNUSAC), Adrián Zapata, afirma: “Pienso que la motivación de la marcha no está relacionada con la polarización del tema CICIG. No fue una expresión a favor ni en contra de la CICIG, sino sencillamente, coincidió temporalmente con la decisión del Presidente sobre esa entidad”.

Como un elemento negativo, Zapata menciona la “participación oportunista de v arios actores políticos, lo que puede hacer que se malinterprete la marcha”. Además, considera desafortunada la actitud de la izquierda, tanto en las reacciones a la marcha, como en el planteamiento de un proyecto de ley que, a su criterio, “no corresponde al conservadurismo predominante en la sociedad guatemalteca”.

“Es un momento bastante inoportuno para que la izquierda intente levantar estas banderas, puesto que los ubica como un sector que promueve la polarización. Fue una acción ideológica, sin criterio político”, señala.

Entre quienes se congratulan por el éxito de la marcha, que cabe calificar como histórica, está la Igumeni Inés Ayau García, de la Iglesia Ortodoxa de Guatemala. Ella dice: “Me da gran felicidad ver que somos mayoría quienes escogemos la vida y la familia contra unos pocos que no ven su importancia. Esta manifestación multitudinaria es la muestra palpable de la voluntad y libertad de los guatemaltecos que votamos por lo que creemos, por la vida y la familia. Sabemos lo que queremos y lo que no. Esperamos que nuestro Congreso electo tenga los mismos valores y no se deje amedrentar ni comprar por tiranos”.

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Es un secreto a voces que Thelma Aldana podría postularse como candidata presidencial. La pregunta obligada es qué partido apostará por ella y las implicaciones que su candidatura puedan tener para el panorama político. A este escenario, Mario Mérida agrega una variable que es importante considerar: el proceso electoral podría interrumpirse por la ruptura del orden constitucional.

Roxana Orantes Córdova

Aunque por el momento se trata de una especulación, hace meses se menciona la posible candidatura a la Presidencia de la ex Fiscal General, quien tiene como factores positivos, su desempeño en la cruzada contra la corrupción que emprendiera como colaboradora de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); su conocimiento de la realidad nacional y su imagen pública, altamente promociondada durante su gestión al frente del Ministerio Público (MP), en los “jueves de CICIG”.

Entre los factores adversos que pueden voltearse contra Aldana, están las críticas por su historial como operadora de la “vieja política”, documentado por la CICIG antes de que fuera Fiscal. Además de ello, se le cuestiona la “justicia selectiva”, evidente en que no se realizó siquiera un intento de investigar a la Secretaria del MP, Mayra Véliz, aparentemente vinculada a una red que extendió documentos a migrantes sirios.

Y finalmente, dos hechos recientes que pueden salpicar su imagen de luchadora por la transparencia: la compra del “edificio fantasma”, que costó Q35 millones al MP y a la fecha no tiene ningún uso, y la asignación a su persona y a Véliz de prebendas que exceden lo que normalmente goza un funcionario: vehículos blindados y “normales” para su uso personal, con gasolina y mantenimiento, además de los agentes para su protección, todo esto establecido en un decreto que ella misma firmó, lo que implicaría que en la campaña electoral, su seguridad y transporte serán costeados por el MP.

Para conocer lo que piensan sobre la posible postulación presidencial de la ex fiscal, Perspectiva consultó a varios analistas, dirigentes políticos y líderes sociales. Cada uno de ellos planteó su interpretación sobre la probabilidad de esta candidatura.

Los partidos políticos son como carros a los que se suben los candidatos. Más que organizaciones ideológico políticas, son vehículos electorales. Está por verse a cuál de ellos se subirá la ex fiscal.

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, afirma “hay que ver la posible candidatura de Aldana desde dos perspectivas: en primer lugar, es alguien que tiene un alto conocimiento de la población, de acuerdo con sondeos existentes. Por otra parte, hay que considerar que una cosa es ser un funcionario público y otra, entrar en la arena política. Tendrá que hacer varias tareas: con quién va a participar, quién participará con ella como vice presidenciable”.

Otro factor que debe considerarse, según Zepeda, es que la campaña que se avecina será de poca presencia partidaria en los medios y mucha tarima. No puede darse por automático que su nivel de aceptación le otorgue la misma presencia en las tarimas de la campaña, concluye.

Por otra parte, Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, que durante varios años ha coordinado el Mirador Electoral, señala: “creo que hay altas posibilidades. Ella misma lo ha mencionado. Puede plantearse como una candidatura fuerte, considerando que genera mucho apoyo en un sector. Obviamente tiene sus detractores, pero sería una candidata a vencer”.

Marroquín agrega: “El país necesita nuevas opciones. Estamos viviendo bajo el viejo modelo político y bajo este, es imposible que se avance. Se necesitan otras nuevas propuestas, más frescas. Gente con trayectoria y reputación. Lo que hemos visto hasta ahora son candidatos constituidos a base de inversión monetaria”.

El ex Subsecretario de la SAE, Otto Zeissig, considera: “La plataforma que ella encabece va a despalzar a varios partidos que sobrevive de la vieja política, puede ser el fin del pacto de corruptos. No porque no tengan cabida personajes como Dionisio Gutiérrez, quien parece que está y estará, sino porque pueden estar, pero entendiendo y aceptando otras reglas de juego”.

El abogado Marco Vinicio Mejía, fundador del doctorado en Seguridad Estratégica, señala: “Aldana parece tener más respaldo en sectores urbanos, con instrucción y que se oponen a las perversiones de este sistema en el que han arraigado las corrupciones”, a lo que el fundador del IPNUSAC y analista de ese instituto,  Adrián Zapata, agrega:

“La lucha contra la corrupción genera altos niveles de simpatía y capacidad de movilización masiva.  Se produce la impresión que la corrupción es la culpable de todos los males, por consiguiente la lucha contra ella genera la reacción referida. Esto puede plantear la posibilidad de que a partir de allì se forme una plataforma política que tiene altas posibilidades electorales. El reciente caso mexicano, con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, es, en parte, expresión de este fenómeno.

Por lo anterior, me parece que la ex Fiscal General Aldana tiene altas probabilidades de contar con el voto a su favor si participara en la próxima contienda electoral. Mucho dependerá de con quiènes aparezca públicamente en este intento”.

Zapata añade a su interpretación un elemento que puede ir contra Aldana: “Ahora bien, la lucha contra la corrupción es insuficiente para gobernar un país. En el caso de Guatemala subsisten graves, complejos y profundos problemas estructurales, tales como la desigualdad, la pobreza, la exclusión, etc., que requieren ser atendidos. El reto de la ex Fiscal sería asumir una plataforma programática integral, que vaya más allí de la lucha contra la corrupción, una agenda mínima alrededor de la cual se concertara un acuerdo nacional”.

“Definitivamente, no”

Entre los diputados y dirigentes de organizaciones políticas consultados sobre la posible postulación de Aldana, Samuel López, de Semilla  (actualmente, comité pro formación), se abstuvo de responder, al igual que la diputada Sandra Morán de Convergencia. Otros negaron la posibilidad.

Mauro Vay, quien dirige el Movimiento por la Liberación de los Pueblos, un comité que ya comenzó el proceso para inscribirse, afirma: “Totalmente no. Somos un movimiento que creó un isntrumento político para alcanzar las demandas de los guatemaltecos. Todos deben sumar a la lucha para convertir esto en realidad. Todos son bienvenidos, siempre y cuando no vengan a poner condiciones”.

Felipe Alejos, vicepresidente del Congreso y diputado por TODOS, comenta: “Totalmente no. No compartimos y de hecho rechazamos su actuar desde el MP. Durante su gestión se dedicó a politizar la justicia, engañando a la población que sus investigaciones eran producto de su compromiso con un trabajo objetivo. Pero antepuso su ambición política y usó los casos para hacerse imagen, prevaleciendo violaciones a la ley, y a los derechos humanos de incontables acusados.

Fue electa por la vieja política y nombrada jueza de la impunidad por la CICIG, En su paso por la fiscalía se dedicó a politizar la justicia y mediatizar los casos por intereses particulares. Se dedicó a violar el Estado de Derecho, la constitución y la presunción de inocencia. Está vinculada con el edificio de la corrupción que adquirieron en su administración, sobrevalorado en más de un cuarenta por ciento, robándoles a los guatemaltecos a plena luz del día.

También ayudó a procurar impunidad a Roxana Baldetti y Juan Carlos Monzón en el caso El Bodegón. Trafico influencias y ha sido denunciada por miembros de la comisión de postulación. Se dedicó a presionar a fiscales y jueces para entregar y aceptar pruebas falsas. Su brazo derecho, Mayra Véliz, ex secretaria general del MP forma parte de una red que otorgó varios pasaportes falsos y fue encubierta por ella durante toda su administración. Se tiene conocimiento público que su nombramiento como fiscal se realizó en el último nivel de un hotel. Todos los que asistieron eran del crimen organizado e Iván Velásquez conoce ese video”.

Similar posición manifiesta el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, quien dice: “Es un hecho anunciado aunque ella lo negó repetidas veces, lo cual es comprensible debido a las sanciones que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), impone por campaña anticipada.

Debido a las relaciones políticas que, a pesar de no ser oficiales sí son un hecho notorio, Aldana participaría por el partido Encuentro por Guatemala, que contaría con el financiamiento de Dionisio Gutiérrez. La participación de la ex Fiscal proporcionaría un termómetro muy preciso sobre la apreciación que la población tiene sobre su desempeño en el MP. En aras de un proceso electoral libre, es indispensable que al oficializarse su candidatura ya no esté Iván Velásquez, aunque su poder ha mermado ostensiblemente todavía podría ejercerlo a favor de Aldana, descalificando a sus potenciales adversarios en la justa electoral”.

El contexto de una candidatura anunciada

Aunque es reiterativo decirlo, la ley electoral vigente sanciona la promoción anticipada. Sin embargo, en el caso de Aldana, cuando todavía era Fiscal General, aceptó en público que está interesada en participar como presidenciable, en más de una ocasión, entre estas, en febrero, durante la presentación del Frente Ciudadano Contra la Corrupción, liderado por Dionisio Gutiérrez.

El abogado y político Danilo Roca, considera: “La especulación en torno a su candidatura es parte de un proceso de posicionamiento anticipado de imagen pública y de hecho, un proceso de precampaña que en otras circunstancias, dadas las limitaciones legales, no se podría hacer. Es una estrategia usada muchas veces para fijar en la mente de los electores la relación de una persona con un cargo de elección popular”. Y agrega:

“No dudo que las encuestas que a diario inundan la red parten de una iniciativa programada en ese sentido por quienes promueven su candidatura. La figura de la señora Aldana es polémica y una pretensión de ese nivel reclama una preparación previa que prepare y al mismo tiempo defina a sus eventuales partidarios y opositores. Una técnica vieja, usada como nueva, en medio de una gran confusión y confrontación política”.

Finalmente, el coronel y columnista Mario Mérida, señala: “En primer lugar, la candidatura de Aldana confirmaría rumores que iniciaron desde finales del año pasado. El hecho iría en desmedro de toda su actividad para crear una política fiscal y perjudicaría cualquier discurso que ella usara para dirigirse a los guatemaltecos como candidata.

No tiene tantas ventajas como se hace ver. Es seguida por un círculo cerrado, de nivel mediático y reducido a las áreas urbanas.

En cuanto a su imagen como “punta de lanza” en la lucha contra la corrupción, también es discutible, porque para muchos, es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la que tiene el mérito.

Otro aspecto que va en detrimento de las posibilidades que pueda tener, es su falta de experiencia en la contienda electoral y en el quehacer político. Habrá que verla en un debate con otras potenciales candidatos que sí están fogueados, como Alejandro Giammattei, Sandra Torres o Zury Ríos, quien podría convertirse en su némesis, puesto que cuenta con experiencia en el Congreso y ha sido candidata a la Presidencia.

Para quienes acarician esa idea, es bueno mencionar que Thelma Aldana no va a ser AMLO, quien además de estar sumamente fogueado contó con un excelente equipo. No puede decirse que ella cuente con esos valores agregados que se necesitan.

En cuanto al vehículo electoral al que se subiría la ex fiscal, Gonzalo Asturias mencionó una encuesta de CID-Gallup que la ubica como posible candidata de Encuentro por Guatemala y le otorga un 40 por ciento de simpatías. Sin embargo, este tipo de especulaciones se saltan lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Una variable puede afectar a todo el proceso electoral. Se está construyendo la deslegitimación del Presidente con señalamientos estilo los que se realizaron contra Bill Clinton.

Si Edgar Gutiérrez tiene pruebas, debió presentarlas formalmente, como cualquier ciudadano. Sin embargo, no fue apropiado que la Fiscal Consuelo Porras lo recibiera y le diera ese espacio. Ese es un elemento grave y se suma a que el Presidente carece de un equipo que pueda conformar un comité de crisis.

Gutiérrez pudo presentar las pruebas y constituirse en un testigo protegido. Que no lo haya hecho, pareciera evidenciar que los señalamientos son parte de una confabulación que busca defenestrar a Morales”, concluye Mérida.

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