Miembros de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), realizan un bloqueo en la calzada Aguilar Batres justo debajo del puente de Periférico.

Redacción Perspectiva

Un grupo estudiantes bloquean el paso en la calzada Aguilar Batres desde las 6 de la mañana de este lunes 9 de agosto.

El bloqueo complica el tráfico en una de las arterias principales de la ciudad que ingresan de Villa Nueva y zonas cercanas.

Las autoridades del Transmetro informan que debido a los bloqueos  recortaran el servicio de la Línea 12. Por el momento solo estarán habilitadas las estaciones de Plaza  Barrios al Trébol.

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El procurador de los Derechos Humanos (PDH) Jordán Rodas y la Asociación de Estudiantes Universitario (AEU) presentaron este miércoles 3 de marzo una acción de inconstitucionalidad en contra de la normativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) por restringir el proceso electoral a las sedes de la casa de estudios superiores.

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Rodas y Laura Aguilar, secretaria general de la AEU presentaron una acción de inconstitucionalidad general parcial ante la Corte de Constitucionalidad, en contra de la normativa de la USAC que veda el derecho de elegir y ser electo a  catedráticos y estudiantes de sedes en todo el país.

Aguilar señaló que es la segunda acción legal que presentan para modificar la ley de la USAC que excluye a catedráticos y alumnos de elegir a las autoridades. “Solo votan las facultades y en si la unidad central de la USAC”, agregó la representante estudiantil.

Según la secretaria general de la AEU, únicamente tienen derecho a participar en el proceso de elección del rector y decanos las facultades que se encuentran en la sede central, lo que excluye a 9 escuelas facultativas y 43 centros regionales.

La acción legal busca modificar el articulo 16 de la Ley Orgánica de la USAC creada en 1947 y que omite mencionar a las escuelas facultativas y sedes regionales como integrantes del cuerpo electoral, lo que hasta la fecha impide que participen en el proceso.   

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En su afán por sacar de la contienda a candidatos que no llenan sus expectativas ideológicas, la AEU y la Fundación Myrna Mack interpusieron tachas mal planteadas contra dos magistrados de la CC que están en proceso para reelegirse.

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Según la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), el magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto no es «honorable ni idóneo» para postularse a su reelección.

El señalamiento de la AEU se basó en que Molina Barreto habría sido abogado de una de las empresas usadas para defraudar al IGSS en 2003, lo que comprobaría su nexo con Gustavo Alejos.

La acusación fue desestimada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debido a que el señalamiento de la AEU consignaba erróneamente un número de proceso judicial que no incluía a Molina Barreto.

De forma similar, la Fundación Myrna Mack aseguró que Dina Ochoa no es idónea ni honorable, por «provocar que no se conociera la suspensión de Neftalí Aldana». Sin embargo, la ausencia de Ochoa no tuvo incidencia, puesto que dicha sesión podía realizarse con la presencia de los suplentes.

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La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), de la USAC presentó una acción legal para detener el acuerdo de la CSJ que establece la creación de un nuevo juzgado que atendería todos los casos de corrupción.

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Representantes de la AEU de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) presentaron un amparo en la Corte de Constitucionalidad para que se rechace el Acuerdo 22-2020 del Organismo Judicial  (OJ) que autoriza la creación de un juzgado que centralizaría de forma exclusiva todos los casos de los funcionarios y empleados públicos.

El acuerdo creado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pasado 25 de junio, establece al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal, el único juzgado que atienda todos los casos relacionados a actos de corrupción cometidos por funcionarios y empleados públicos.

Según la agrupación estudiantil, el Acuerdo 22-2020, transgrede la actual legislación de Guatemala. Además, consideran que centralizar los casos de corrupción en un único juzgado es una medida que dificulta los procesos y pone en riesgo el fortalecimiento del sistema de justicia de nuestro país.

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