El pasado martes la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) realizó una una serie de allanamientos en busca de información contable y otros indicios relacionados con una segunda fase de investigación del caso llamado Construcción y Corrupción.  La investigación incluyó las oficinas de Sigma Constructores, S.A., uno de los grandes contratistas para la ejecución de obra pública durante el gobierno del Partido Patriota (PP).

Sigma registra adjudicaciones por Q4 millardos, hasta el 2015, de acuerdo con el portal de compras y contrataciones públicas, Guatecompras.

Uno de los representantes legales de Sigma, Boris Navas Aguilar, es uno de los imputados por financiamiento electoral ilícito en el caso Cooptación del Estado, lo que expone como varias compañías aportaron financiamiento electoral ilícito al PP a cambio de obtener proyectos cuando Otto Pérez y Roxana Baldetti llegaran al poder.

La FECI señala a un grupo de empresarios de la construcción, en el caso Construcción y Corrupción,  por el pago de sobornos al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, a cambio de la adjudicación de proyectos o para que la cartera agilizara el pago de deuda de arrastre.

Las sociedades anónimas bajo escrutinio son: Constructora Codico; HW Contractors; Preesforzados y Construcciones; y Compañía General de Urbanizaciones.  Esta última compañía, también de nombre comercial Super Servicio Shell Atlántida.

Max Roberto Burgos Faillace es uno de los representantes legales de HW Contractors, es también uno de los procesados por financiamiento electoral ilícito en el expediente Cooptación del Estado.

Fuente Fotográfica: elPeriódico 

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Con base a la investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos y la coordinación en materia tributaria de la Superintendencia de Administración Tributaria, se oficializó la recuperación a favor del Estado de Guatemala, de la cantidad de Q.370 millones 358 mil 953.57, lo que incluye el monto defraudado más la multa e intereses resarcitorios, vinculados a la defraudación de la entidad Agropecuaria Bellamar Tiquisate, S.A.

Según los fiscales, este día se suspendió condicionalmente de la persecución penal por el periodo de dos años al representante de la entidad Agropecuaria Bellamar Tiquisate, S.A, Manuel de Jesús Elías Higueros, derivado de la cancelación del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto Sobre la Renta y la multa e intereses resarcitorios, lo que sumó los Q.370 millones 358 mil 953.57.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado Tercero de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la ciudad de Guatemala.  En la resolución se le impone al representante legal que reciba dos cursos de cultura tributaria en el Centro de Capacitación Tributaria y Aduanero.

Antecedentes

El 20 julio del año en curso,  el MP por medio de investigaciones realizadas por la Fiscalía de Delitos Económicos, en coordinación con la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- logró que el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, otorgara una medida precautoria con carácter de intervención en contra de la empresa Bellamar Tiquisate, S. A. cuya actividad principal consiste en el procesamiento y venta de banano en mercados tanto locales como comerciales.

La entidad está sindicada de cometer los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria por un monto defraudado de Q.140 millones 796,138.77.  La solicitud fue requerida tras una serie de inconsistencias detectadas durante una auditoría realizada por la SAT a la referida empresa, durante el período comprendido entre el 01 de enero del 2011 y el 31 de diciembre de ese mismo año.

Derivado de esta auditoría se estableció que la entidad simulaba transferencias de supuestos pagos en exceso con el fin de evitar pago de impuestos, por medio de otras entidades. Así como reiteración de embargo de cuentas en los bancos del sistema registradas a nombre de la entidad contribuyente denunciada y embargo con carácter de intervención del establecimiento de a nombre comercial Agrobelsa, propiedad de la empresa intervenida.

Fuente: MP

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