El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, considera que una denuncia anónima donde se menciona a varios visitantes de Gustavo Alejos es apócrifa. El juez Lesther Castellanos, mencionado erróneamente en el informe que el Ministerio Público (MP) mandó al Congreso, expresa que más de un elemento apunta a cierta selectividad en este caso y Estuardo Castellanos, magistrado de Apelaciones, señala que más de un grupo intenta cooptar las cortes.

Roxana Orantes Córdova

El 23 de febrero, en grupos de Whatsapp y redes sociales circuló una denuncia anónima de un supuesto fiscal de la FECI quien expresa su descontento por varias irregularidades que atribuye a esa fiscalía, especialmente «lo que sucede alrededor de la elección de cortes».

El denunciante afirma que prefiere el anonimato porque «conozco de primera mano lo que me pasaría si lo hago» (revelar su identidad). Luego de esa introducción, realiza una síntesis sobre los nexos de la magistrada Gloria Porras con el ex embajador Todd Robinson, el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y varios operadores políticos.

Además, presenta una serie de fotografías identificadas con nombre, de varios visitantes al sanatorio donde Gustavo Alejos estuvo recluido. Como antecedente, debe recordarse el caso «Comisiones Paralelas» iniciado por la CICIG y basado en un informe que el MP mandó al Congreso (con más de una imprecisión).

Esto, porque Comisiones Paralelas tiene como base de señalamiento y criminalización las visitas o cualquier contacto: telefónico, por correo o mensaje, con Gustavo Alejos.

Sin embargo, ninguno de los que aparecen en las fotos de la denuncia anónima fue mencionado en dicho informe. A lo anterior, el jefe de la FECI dijo a Perspectiva que se trata de un informe apócrifo.

«Las imágenes podrían corresponder a las cámaras del sanatorio», dice Sandoval

Hace unos días, Gustavo Alejos habría sido acusado por evasión, y sus abogados pidieron las grabaciones del sanatorio, expresa Juan Francisco Sandoval, quien afirma que seguramente la denuncia es apócrifa y descarta que un miembro de su equipo haya realizado una acción de esa naturaleza.

Según dijo a Perspectiva:

«Las imágenes podrían corresponder a los videos de las cámaras de seguridad del sanatorio que fueron entregadas a los abogados de Gustavo Alejos en la acusación por evasión. Ellos deberán responder por el uso que le estén dando».

Consultado sobre la posibilidad de que el ex rector Estuardo Gálvez sea implicado en «Comisiones Paralelas», el fiscal dijo: «no puedo decir sobre quién ni qué más hallamos, porque ese caso está en reserva en el juzgado desde junio de 2020».

¿»Corruptos buenos» que visitan a un operador del mal?

Hasta el momento, el informe anónimo ha circulado sin hacer mucha bulla en los medios corporativos. Probablemente porque aborda un tema tabú: al parecer, también existen los «corruptos buenos» y en el bando que asegura ser puntal de la «lucha contra la corrupción y la impunidad», también existen colusiones, componendas y malos manejos que señalan a quien no cumple su agenda con absoluta obsecuencia.

Es curioso que acciones (no necesariamente delictivas), como visitar a Alejos en un sanatorio, sean prueba contundente de la calidad mafiosa del visitante, mientras otros muchos amigos y conocidos del acusado, acudieron al sanatorio y aparecen en el video, pero pasaron totalmente desapercibidos para el MP, que al enviar el informe no se habría percatado de esas fotos y videos, o sencillamente omitió mencionar a estos visitantes, entre quienes se encuentran el ya mencionado Gálvez, el ex presidente Álvaro Colom y muchos más, conocidos por su afinidad con los adalides de la «lucha contra la corrupción».

Uno de los personajes que visitó a Alejos, según las fotos que podrían corresponder a los videos del hospital, es el doctor Fernando Torres, a quien el autor del informe señala como «delegado» del rector Murphy Paiz para hablar con Alejos.

Según esta versión, luego de las instrucciones de Alejos inició «el tráfico de influencias requerido por Gloria Porras» y Torres habría sido recompensado con un vehículo propiedad de la USAC.

Asimismo, se menciona la visita de Edgar Estuardo Melchor, a quien se califica como «brazo oscuro de Thelma Aldana». El hecho es que Melchor fue subsecretario de política criminal en el MP, cuando Francisco Rivas (aspirante a la CC igual que Gálvez y Porras), era secretario general de esa institución.

Saúl Zenteno, de quien el informe destaca su militancia política izquierdista en el partido Encuentro por Guatemala, también visitó a Alejos y también aspira a ser magistrado de la CC, donde compite por ser suplente de Gálvez.

Los indicios de componenda se incrementan cuando el informe señala al jefe de la FECI de ser afín al grupo gremial que postula a Zenteno y al ex rector, pero más grave aún puede ser que la señora  Jennifer Candelaria Dell’qua Lima, quien fue electa para integrar como comisionada la postuladora para magistrados de salas, lo que cerraría un círculo perverso para elegir magistrados «a la medida» del grupo Unidos por Derecho, que postula a su esposo y del que Sandoval sería afín.

Aunque el informe anónimo fuera «apócrifo» como señala el fiscal, y probablemente creado para perjudicar a los «corruptos buenos» que visitaron a Alejos en el sanatorio, es imperativo que el MP realice una investigación exhaustiva del tema, dando a conocer los nexos entre los señalados por la cámara y el «operador» Gustavo Alejos.

Un sistema que coarta la participación política de los jóvenes jueces y magistrados

«No conozco a Alejos ni sé en qué hospital estuvo», expresa el juez Lesther Castellanos, mencionado erróneamente en el informe que el MP entregó al Congreso de la República, llamado «Comisiones Paralelas».

Según narra Castellanos, hubo una solicitud de antejuicio (rechazada in limine), en su contra. En dicho informe aparece su nombre citado dos veces, por un lamentable error que fue enmendado por Juan Francisco Sandoval, «le agradezco por mandar la nota aclaratoria», comenta el juez.

Sin embargo, aunque su nombre fue sacado de ese caso, el daño a la imagen pública persiste y últimamente, con bases igualmente débiles, ha sido objeto de acusaciones infundadas que el medio de comunicación ofensor se negó a aclarar, aunque el Movimiento Cívico Nacional (MCN), citado como fuente por dicho medio, ya aclaró públicamente que ellos no habían señalado a Castellanos.

Esta situación, menciona el juez, provoca que quienes se esforzaron para lograr una carrera judicial prestigiosa y marcada por un alto estándar académico, elijan alejarse de la participación política.

Incluso, agrega Estuardo Castellanos, magistrado que preside el Instituto de Magistrados de las Salas de Apelaciones del Organismo Judicial, este tipo de acosos, ataques contra la honra y señalamientos, logran que muchos abogados eviten exponer sus ideas públicamente.

«No conozco la denuncia anónima ni sé a quienes menciona, pero en el informe oficial que el MP envió al Congreso fue clara la intención de desacreditar a muchos de los mencionados. Si ahora se descubre que llegaron otros a visitar a Alejos y estos no fueron mencionados, se evidenciaría el interés político», indica el magistrado Estuardo Castellanos, quien agrega:

«No podemos cerrar los ojos ante la realidad de que existe injerencia de parte de Helen Mack, quien tiene como operadora fiel a la juez Erica Aifán, que por este nexo mete todos sus casos en la misma causa, por ejemplo. Y este círculo se cierra, cuando se interpone una denuncia por esta ilegalidad de Aifán y recibe un amparo que le permite seguir con sus ilegalidades».

«Además de los grupos que pretenden cooptar las cortes y son señalados por los luchadores contra la corrupción, existen otros grupos que no se mencionan y están encabezados por Mack y varias ONG´s. Durante décadas han realizado un trabajo de cooptación, que incluye varias reuniones como las que señalan, pero disfrazadas de cursos, capacitaciones y otras actividades. Esta cooptación de la justicia incluye cursos y capacitaciones a la prensa, que muchas veces termina respondiendo a sus intereses. Han invertido mucho dinero y han logrado mucho poder», concluye.

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El 6 de octubre, Thelma Aldana visitó la sede de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). La reunión entre Aldana, los miembros de la ex guerrilla y el diputado de esa organización motivó diferentes comentarios críticos en las redes, en tanto la ex funcionaria escribió en sus redes que el acercamiento es un hecho inédito en el país:

“Tras reuniones con empresarios, líderes sociales, y las organizaciones políticas de ideologías tan distintas como el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y URNG, por primera vez veo la posibilidad de una verdadera conciliación basada en el respeto y el compromiso con Guatemala”.

Carlos Mejía, Secretario departamental de la URNG en San Marcos, afirma: “La ex fiscal visitó la sede de URNG. Ella contribuye con la plataforma ciudadana llamada Frente Nacional Progresista, donde confluyen organizaciones sociales y partidos políticos como Semilla, Encuentro por Guatemala, URNG y otros. El objetivo de este proyecto político es “resolver los problemas de la colectividad”.

Roxana Orantes Córdova

Dos interpretaciones antagónicas

Entre quienes comentan la pretensión de conformar una plataforma política liderada por Aldana, hay posiciones encontradas, como la del vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos y la de Mauro Vay, coordinador del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), que está por constituir su partido político, denominado Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).

Alejos señala: “ella tiene responsabilidad por estar a cargo de la compra del edificio fantasma. Fungió como funcionaria pública y por ello, tiene responsabilidad durante 20 años para comparecer por los hechos anómalos que cometió. Si no tuviera nada que esconder, el caso no estaría bajo reserva para impedir que todo salga a la luz. Fue nombrada juez de la impunidad por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y considero que sostiene nexos fuertes con el crimen organizado y el narcotráfico”.

El legislador agrega que Aldana está “involucrada en los casos Comisiones de postulación, donde se dio tráfico de influencias y el Bodegón, en el cual alertó a Juan Carlos Monzón de la investigación. Encubrió a Mayra Véliz por la venta de pasaportes falsos que terminaron en manos de presuntos terroristas de ISIS quienes se cree están en territorio estadounidense”.

Actualmente, señala Alejos, Aldana “se esconde de un robo multimillonario y ya tiene conocimiento de que el avalúo del edificio realizado por una firma independiente confirma el saqueo del dinero de los guatemaltecos. Lo sabe bien, ella fue la directora de orquesta para la compra, eso se conoce como asociación ilícita. Ahora la vemos de la mano de URNG-Semilla-Libre, un partido subsidiado por Maduro, el dictador de Venezuela”.

Según afirma Alejos, estos grupos “impulsan una agenda en contra de la familia y de la vida. La izquierda y la guerrilla históricamente nunca han pasado del 3 por ciento y con Thelma Aldana tampoco será diferente el caso. Lo más probable es que si corre de candidata a la presidencia no alcance ni el décimo lugar y si va como diputada ni siquiera la curul”

En el otro extremo, pero con la misma desconfianza, Mauro Vay descarta absolutamente la posibilidad de aliarse con la nueva agrupación. “Es totalmente falso. No vamos a hacer alianza con ninguna de esa gente que tiene la cola machucada. No nos conviene estar aliados con partidos corruptos que tienen más de algún representante entre los 158 diputados de quienes exigimos la renuncia”.

“Somos un grupo que respeta la libertad pero tenemos principios. No podemos aliarnos con esa mafia que ha hecho tanto daño al país. Hablan de que son una opción de nueva política. Por el contrario, se trata de un grupo integrado por políticos tradicionales. Ni CODECA ni el MLP se prestan a juegos de Organizaciones no Gubernamentales y partidos políticos”.

¿Nueva política o políticos reciclados?

Uno de los argumentos insistentes sobre esta posible plataforma electoral que inició en una reunión en El Salvador, es que se trata de “la nueva política”. Sin embargo, exceptuando a algunos veinteañeros de Semilla, como el secretario general de esa agrupación, Samuel Pérez, la mayor parte de quienes proyectan acompañar a Aldana en su aventura electoral son políticos fogueados que han participado en más de un partido.

Varios integrantes del proyecto son ex funcionarios públicos, incluyendo algunos del gobierno actual, como Víctor Hugo Godoy, ex titular de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH); Francisco Rivas, ex ministro de Gobernación que actúa como jefe de campaña, y Lucrecia Hernández Mack, ex titular de Salud.

Además de los citados, cabe mencionar a Edgar Balsells, quien fue ministro de Finanzas durante el gobierno de Álvaro Colom; Ana Patricia Orantes Thomas, titular de la Secretaría General de Planificación (SEGEPLAN), también con Colom. Otro ex funcionario de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), es el asesor de Aldana, José Carlos Marroquín, quien coordinó la estrategia de ese partido y fue vocero de Álvaro Colom. De la administración de Otto Pérez Molina, puede citarse a Miguel Ángel  Balcárcel, responsable del Sistema Nacional de Diálogo.

Muchos más ex funcionarios de diversas administraciones todas señaladas por corrupción y que ejemplifican la “vieja política”, se han adherido al esfuerzo de Aldana por integrar una forma novedosa de ejercer la política y según pretenden, también la gestión del Estado.

Junto a quienes ya aportaron sus capacidades a la administración pública, varios políticos fogueados en diferentes organizaciones se sumaron a la propuesta unitaria de la ex fiscal. Entre estos, Oscar Clemente Marroquín, padre de José Carlos y propietario del vespertino La Hora, de quien se dice que podría ser el compañero de fórmula de Aldana.

Marroquín ha competido en más de un proceso electoral, apoyando opciones socialdemócratas. Entre estas, fue candidato a la alcaldía metropolitana. Probablemente, la política más fogueada del grupo sea la diputada Nineth Montenegro, quien más de una vez ha rechazado los señalamientos de financiamiento ilícito en su contra y que lleva 22 años ocupando una curul bajo diferentes denominaciones partidarias: Frente Democrático Nueva Guatemala, Alianza Nueva Nación y Encuentro por Guatemala.

Similar es la experiencia parlamentaria de Carlos Mejía, quien también fue diputado por el FDNG y posteriormente por la URNG, de la cual es asesor y secretario departamental de San Marcos.

Académicos, grupos campesinos y algunos descendientes del extinto MLN, encabezados por Mario Sandoval hijo, completan la representación de una plataforma que pretende renovar el quehacer político a partir de la experiencia de políticos experimentados.

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El vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, y la secretaria de Winaq, Sonia Gutiérrez, exponen sus puntos de vista sobre la crisis que afecta a Nicaragua. Aunque ambos coinciden en que la protesta ciudadana es un derecho legítimo, y los dos condenan la violencia actual que desangra al pueblo de Nicaragua, sus visiones son desde dos perspectivas muy diferentes.

Mientras Alejos señala que el binomio presidencial de Nicaragua ha llevado a ese país a la debacle, Gutiérrez asegura que Nicaragua ha tenido sustanciales mejorías en aspectos como salud, educación y seguridad y comenta: “antes de la crisis, eran ejemplo en la región”.

Otro punto en el que evidentemente discrepan, es en los varios intentos de defenestrar al actual mandatario guatemalteco. Para Gutiérrez, existen indicios suficientes para investigar y llevar a la instancia pertinente a Jimmy Morales, en tanto Alejos considera que es falta de coherencia respaldar acciones ilegales para desestabilizar a Morales mientras se respalda la tiranía de Ortega.

Hace algunos días, en el Congreso se presentó un punto resolutivo para condenar al régimen de Daniel Ortega. Este no pudo aprobarse debido a la ausencia de un gran número de legisladores. Según dice Gutiérrez, los representantes de izquierda estaban en el Foro de Sao Paulo, en La Habana, donde la posición fue predominantemente a favor de Ortega.

Aunque este no es el caso de Winaq, que se inclina más por el diálogo como una solución, el hecho es que la izquierda parece avalar a una dictadura que según analistas internacionales, es la segunda edición del somocismo. Mientras, Alejos y otros diputados siguen tratando de que se apruebe la condena del Legislativo al régimen de Ortega-Murillo.

Roxana Orantes Córdova

 “Hay diputados de izquierda que respaldan la represión de Ortega y su esposa Rosario Murillo”

Felipe Alejos, vicepresidente del Congreso

¿Por qué es importante que el Congreso se pronuncie sobre la situación en Nicaragua?

El Congreso es uno de los Organismos de Estado, la máxima representación del pueblo de Guatemala, por lo que en representación de nuestros electores debemos pronunciarnos como hermanos de los ciudadanos nicaragüenses que sufren represión y su democracia está agonizando ante el Gobierno de Ortega y Murillo. Además, como símbolo de defensa de nuestra propia democracia.

¿Qué comentario tiene sobre esta frase: “Ortega ejerce su derecho a la legítima defensa”?

La defensa no puede ser oprimir al pueblo. La defensa debe estar dentro del marco del respeto a las leyes y al Estado de Derecho.

¿Considera que las protestas en Nicaragua son legítimas?

Todo ciudadano tiene derecho a manifestarse

¿Por qué?

Es una de las grandes expresiones de un país que vive en democracia.

¿El Congreso volverá a presentar el punto resolutivo?

Lo hemos presentado dos veces y en las próximas sesiones deberíamos insistir, lamentablemente hay diputados de izquierda que respaldan la represión de Ortega y su esposa Rosario Murillo, por ello no se han alcanzado los 80 votos.

¿Cree que legitimar los intentos de defenestrar al mandatario guatemalteco y al mismo tiempo legitimar la violenta represión de Ortega es doble moral?

Es falta de coherencia, o se apoya la democracia y el Estado de Derecho, o la desestabilización, represión y las dictaduras.  Pero no pueden abanderar la defensa de la democracia y respaldar acciones ilegales y de terror para desestabilizar el Gobierno de Jimmy Morales, buscando hacer un golpe de Estado tras otro,  y a la vez respaldando  la  tiranía de Ortega. Por un lado hablan de defender al  Gobierno de Ortega y deslegitimar las manifestaciones, y por el otro, en Guatemala buscan que el Gobierno se derrumbe a fuerza de señalamientos falsos e instando a la población a exigir por medio de movilizaciones la salida del presidente.

¿Qué diferencias y semejanzas hay entre las coyunturas de Nicaragua y Guatemala?

La similitud es que ambos gobiernos tienen detractores, pero la diferencia abismal es que Nicaragua está siendo gobernado por un binomio que ha irrespetado los derechos de los ciudadanos,  ejercido violencia en contra de quienes los cuestionan.  Guatemala por el contrario, pese a  que el gobierno tiene fuertes detractores y desestabilizadores, en ningún momento ha hecho uso de la fuerza y la represión.  Los organismos de Estado,  especialmente el Organismo Ejecutivo y el Legislativo han sostenido la democracia,  aun luchando en contra de resoluciones violatorias por parte de la Corte de Constitucionalidad.

 “Todo se orienta hacia la salida de Ortega, quien ha controlado la situación sin hacer uso del Ejército.”

Sonia Gutiérrez, secretaria general del partido Winaq

¿Por qué es importante que el Congreso se pronuncie sobre la situación en Nicaragua?

Por supuesto que es  importante. Como gobierno, como representante del Estado de Guatemala, tiene toda la obligatoriedad de pronunciarse sobre esa situación difícil que está viviendo esta nación hermana que es parte de la región centroamericana.

Como Estado no podemos guardar silencio sobre esta situación que está afectando al pueblo de Nicaragua.

¿Estaría de acuerdo con avalar el punto resolutivo propuesto recientemente para condenar la represión de Daniel Ortega?

El punto resolutivo se está gestando desde el Congreso de la República. Desde nuestro posicionamiento como movimiento político Winaq, ya emitimos un pronunciamiento, donde entre los dos elementos que hemos resaltado y nos parece importante que cualquier Punto Resolutivo que se apruebe vaya en esa misma dirección.

En un comunicado, WIinaq exhortó al gobierno y al pueblo de Nicaragua en cuanto a que se busquen acuerdos por la vía del diálogo. Lo que sucede en Nicaragua puede afectar a toda Centroamérica.

¿Qué comentario tiene sobre esta frase: “Ortega ejerce su derecho a la legítima defensa”?

Cada una de las partes tiene sus propios argumentos. Me parece que tanta información, y a veces sin precisar la fuente, nos llega como un bombardeo. Lo más inmediato es la cobertura amarillista a lo que está sucediendo, a las muertes. Pero ¿qué hay detrás? Es necesario conocer el contexto y sobre todo los intereses que puede haber más allá del tema. Lo que puede estar tras la desestabilización.

Nicaragua es uno de los países que ha ido superando el tema de desigualdad, de distribución de la pobreza. Tienen avances en salud, educación, seguridad. Hasta antes de que entrara esta crisis, eran ejemplo para la región.  No es casual que luego de tantos avances, ahora haya una crisis de esta naturaleza. Es responsabilidad de todos conocer más a profundidad el tema. Para nadie es un secreto que la región es estratégica. Si no, veamos el Plan para la Prosperidad.

¿Considera que las protestas en Nicaragua son legítimas?

Cualquier ejercicio de la defensa de nuestros derechos, siempre que vaya en el marco de respeto a los derechos, es legítimo.

¿Por qué?

Las partes en conflicto se están movilizando, cada quién está defendiendo su postura. No podemos descalificar el ejercicio que se está haciendo, aunque insistimos en que sea por la vía pacífica. Nos preocupa que se den casos de infiltración entre los manifestantes. Creemos que puede haber algún grado de interferencia que esté dañando la legítima protesta. No podemos asegurarlo, pero puede estar dándose y sería grave y preocupante.

¿Los representantes de la izquierda se salieron del Congreso cuando se votó el punto resolutivo sobre Nicaragua?

Cuando se presentó el punto, el diputado de Winaq no se encontraba en Guatemala. Como miembro del Foro de Sao Pablo, se encontraba en La Habana, Cuba, en ese evento.

Nuestra posición iría en la misma dirección que como ya he manifestado y es la que se expresa en el comunicado de Winaq, donde se sugiere buscar una solución a la crisis de Nicaragua a través de mecanismos existentes, como la CIDH y la mesa de diálogo.  Es necesario que se establezca una investigación donde se determine quiénes son los responsables.

¿Cree que legitimar los intentos de defenestrar al mandatario guatemalteco y al mismo tiempo legitimar la violenta represión de Ortega es doble moral?

En Nicaragua el estallido social se desprende de una reforma impulsada por el gobierno. Ante la crisis que se generó, el gobierno retrocedió pero ya fue imparable.  En Guatemala si hay responsabilidades, sí hay posibles delitos en el caso de Jimmy Morales. Son dos situaciones totalmente distintas. No podemos medir de igual manera, cuando vemos lo que ocurre con ambos gobernantes es tan diferente.

Nos preocupa lo mediático y que todo se está orientando hacia la salida del gobernante, quien ha sabido controlar la situación sin hacer uso del Ejército.

¿Cuál es la posición del Foro de Sao Paulo sobre este tema?

El Foro tiene un mecanismo interno que toma decisiones que se llama Grupo de Trabajo. Winaq no es parte de esa instancia. En la resolución emitida por el foro se contempla el llamado al gobierno nicaragüense para que agote los mecanismos de diálogo para alcanzar la paz. Es el punto que apoya Winaq particularmente. Aunque la mayoría de los países estuvo de acuerdo en apoyar a Ortega, nuestra posición se orienta más al diálogo.

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Es un secreto a voces que Thelma Aldana podría postularse como candidata presidencial. La pregunta obligada es qué partido apostará por ella y las implicaciones que su candidatura puedan tener para el panorama político. A este escenario, Mario Mérida agrega una variable que es importante considerar: el proceso electoral podría interrumpirse por la ruptura del orden constitucional.

Roxana Orantes Córdova

Aunque por el momento se trata de una especulación, hace meses se menciona la posible candidatura a la Presidencia de la ex Fiscal General, quien tiene como factores positivos, su desempeño en la cruzada contra la corrupción que emprendiera como colaboradora de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); su conocimiento de la realidad nacional y su imagen pública, altamente promociondada durante su gestión al frente del Ministerio Público (MP), en los “jueves de CICIG”.

Entre los factores adversos que pueden voltearse contra Aldana, están las críticas por su historial como operadora de la “vieja política”, documentado por la CICIG antes de que fuera Fiscal. Además de ello, se le cuestiona la “justicia selectiva”, evidente en que no se realizó siquiera un intento de investigar a la Secretaria del MP, Mayra Véliz, aparentemente vinculada a una red que extendió documentos a migrantes sirios.

Y finalmente, dos hechos recientes que pueden salpicar su imagen de luchadora por la transparencia: la compra del “edificio fantasma”, que costó Q35 millones al MP y a la fecha no tiene ningún uso, y la asignación a su persona y a Véliz de prebendas que exceden lo que normalmente goza un funcionario: vehículos blindados y “normales” para su uso personal, con gasolina y mantenimiento, además de los agentes para su protección, todo esto establecido en un decreto que ella misma firmó, lo que implicaría que en la campaña electoral, su seguridad y transporte serán costeados por el MP.

Para conocer lo que piensan sobre la posible postulación presidencial de la ex fiscal, Perspectiva consultó a varios analistas, dirigentes políticos y líderes sociales. Cada uno de ellos planteó su interpretación sobre la probabilidad de esta candidatura.

Los partidos políticos son como carros a los que se suben los candidatos. Más que organizaciones ideológico políticas, son vehículos electorales. Está por verse a cuál de ellos se subirá la ex fiscal.

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, afirma “hay que ver la posible candidatura de Aldana desde dos perspectivas: en primer lugar, es alguien que tiene un alto conocimiento de la población, de acuerdo con sondeos existentes. Por otra parte, hay que considerar que una cosa es ser un funcionario público y otra, entrar en la arena política. Tendrá que hacer varias tareas: con quién va a participar, quién participará con ella como vice presidenciable”.

Otro factor que debe considerarse, según Zepeda, es que la campaña que se avecina será de poca presencia partidaria en los medios y mucha tarima. No puede darse por automático que su nivel de aceptación le otorgue la misma presencia en las tarimas de la campaña, concluye.

Por otra parte, Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, que durante varios años ha coordinado el Mirador Electoral, señala: “creo que hay altas posibilidades. Ella misma lo ha mencionado. Puede plantearse como una candidatura fuerte, considerando que genera mucho apoyo en un sector. Obviamente tiene sus detractores, pero sería una candidata a vencer”.

Marroquín agrega: “El país necesita nuevas opciones. Estamos viviendo bajo el viejo modelo político y bajo este, es imposible que se avance. Se necesitan otras nuevas propuestas, más frescas. Gente con trayectoria y reputación. Lo que hemos visto hasta ahora son candidatos constituidos a base de inversión monetaria”.

El ex Subsecretario de la SAE, Otto Zeissig, considera: “La plataforma que ella encabece va a despalzar a varios partidos que sobrevive de la vieja política, puede ser el fin del pacto de corruptos. No porque no tengan cabida personajes como Dionisio Gutiérrez, quien parece que está y estará, sino porque pueden estar, pero entendiendo y aceptando otras reglas de juego”.

El abogado Marco Vinicio Mejía, fundador del doctorado en Seguridad Estratégica, señala: “Aldana parece tener más respaldo en sectores urbanos, con instrucción y que se oponen a las perversiones de este sistema en el que han arraigado las corrupciones”, a lo que el fundador del IPNUSAC y analista de ese instituto,  Adrián Zapata, agrega:

“La lucha contra la corrupción genera altos niveles de simpatía y capacidad de movilización masiva.  Se produce la impresión que la corrupción es la culpable de todos los males, por consiguiente la lucha contra ella genera la reacción referida. Esto puede plantear la posibilidad de que a partir de allì se forme una plataforma política que tiene altas posibilidades electorales. El reciente caso mexicano, con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, es, en parte, expresión de este fenómeno.

Por lo anterior, me parece que la ex Fiscal General Aldana tiene altas probabilidades de contar con el voto a su favor si participara en la próxima contienda electoral. Mucho dependerá de con quiènes aparezca públicamente en este intento”.

Zapata añade a su interpretación un elemento que puede ir contra Aldana: “Ahora bien, la lucha contra la corrupción es insuficiente para gobernar un país. En el caso de Guatemala subsisten graves, complejos y profundos problemas estructurales, tales como la desigualdad, la pobreza, la exclusión, etc., que requieren ser atendidos. El reto de la ex Fiscal sería asumir una plataforma programática integral, que vaya más allí de la lucha contra la corrupción, una agenda mínima alrededor de la cual se concertara un acuerdo nacional”.

“Definitivamente, no”

Entre los diputados y dirigentes de organizaciones políticas consultados sobre la posible postulación de Aldana, Samuel López, de Semilla  (actualmente, comité pro formación), se abstuvo de responder, al igual que la diputada Sandra Morán de Convergencia. Otros negaron la posibilidad.

Mauro Vay, quien dirige el Movimiento por la Liberación de los Pueblos, un comité que ya comenzó el proceso para inscribirse, afirma: “Totalmente no. Somos un movimiento que creó un isntrumento político para alcanzar las demandas de los guatemaltecos. Todos deben sumar a la lucha para convertir esto en realidad. Todos son bienvenidos, siempre y cuando no vengan a poner condiciones”.

Felipe Alejos, vicepresidente del Congreso y diputado por TODOS, comenta: “Totalmente no. No compartimos y de hecho rechazamos su actuar desde el MP. Durante su gestión se dedicó a politizar la justicia, engañando a la población que sus investigaciones eran producto de su compromiso con un trabajo objetivo. Pero antepuso su ambición política y usó los casos para hacerse imagen, prevaleciendo violaciones a la ley, y a los derechos humanos de incontables acusados.

Fue electa por la vieja política y nombrada jueza de la impunidad por la CICIG, En su paso por la fiscalía se dedicó a politizar la justicia y mediatizar los casos por intereses particulares. Se dedicó a violar el Estado de Derecho, la constitución y la presunción de inocencia. Está vinculada con el edificio de la corrupción que adquirieron en su administración, sobrevalorado en más de un cuarenta por ciento, robándoles a los guatemaltecos a plena luz del día.

También ayudó a procurar impunidad a Roxana Baldetti y Juan Carlos Monzón en el caso El Bodegón. Trafico influencias y ha sido denunciada por miembros de la comisión de postulación. Se dedicó a presionar a fiscales y jueces para entregar y aceptar pruebas falsas. Su brazo derecho, Mayra Véliz, ex secretaria general del MP forma parte de una red que otorgó varios pasaportes falsos y fue encubierta por ella durante toda su administración. Se tiene conocimiento público que su nombramiento como fiscal se realizó en el último nivel de un hotel. Todos los que asistieron eran del crimen organizado e Iván Velásquez conoce ese video”.

Similar posición manifiesta el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, quien dice: “Es un hecho anunciado aunque ella lo negó repetidas veces, lo cual es comprensible debido a las sanciones que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), impone por campaña anticipada.

Debido a las relaciones políticas que, a pesar de no ser oficiales sí son un hecho notorio, Aldana participaría por el partido Encuentro por Guatemala, que contaría con el financiamiento de Dionisio Gutiérrez. La participación de la ex Fiscal proporcionaría un termómetro muy preciso sobre la apreciación que la población tiene sobre su desempeño en el MP. En aras de un proceso electoral libre, es indispensable que al oficializarse su candidatura ya no esté Iván Velásquez, aunque su poder ha mermado ostensiblemente todavía podría ejercerlo a favor de Aldana, descalificando a sus potenciales adversarios en la justa electoral”.

El contexto de una candidatura anunciada

Aunque es reiterativo decirlo, la ley electoral vigente sanciona la promoción anticipada. Sin embargo, en el caso de Aldana, cuando todavía era Fiscal General, aceptó en público que está interesada en participar como presidenciable, en más de una ocasión, entre estas, en febrero, durante la presentación del Frente Ciudadano Contra la Corrupción, liderado por Dionisio Gutiérrez.

El abogado y político Danilo Roca, considera: “La especulación en torno a su candidatura es parte de un proceso de posicionamiento anticipado de imagen pública y de hecho, un proceso de precampaña que en otras circunstancias, dadas las limitaciones legales, no se podría hacer. Es una estrategia usada muchas veces para fijar en la mente de los electores la relación de una persona con un cargo de elección popular”. Y agrega:

“No dudo que las encuestas que a diario inundan la red parten de una iniciativa programada en ese sentido por quienes promueven su candidatura. La figura de la señora Aldana es polémica y una pretensión de ese nivel reclama una preparación previa que prepare y al mismo tiempo defina a sus eventuales partidarios y opositores. Una técnica vieja, usada como nueva, en medio de una gran confusión y confrontación política”.

Finalmente, el coronel y columnista Mario Mérida, señala: “En primer lugar, la candidatura de Aldana confirmaría rumores que iniciaron desde finales del año pasado. El hecho iría en desmedro de toda su actividad para crear una política fiscal y perjudicaría cualquier discurso que ella usara para dirigirse a los guatemaltecos como candidata.

No tiene tantas ventajas como se hace ver. Es seguida por un círculo cerrado, de nivel mediático y reducido a las áreas urbanas.

En cuanto a su imagen como “punta de lanza” en la lucha contra la corrupción, también es discutible, porque para muchos, es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la que tiene el mérito.

Otro aspecto que va en detrimento de las posibilidades que pueda tener, es su falta de experiencia en la contienda electoral y en el quehacer político. Habrá que verla en un debate con otras potenciales candidatos que sí están fogueados, como Alejandro Giammattei, Sandra Torres o Zury Ríos, quien podría convertirse en su némesis, puesto que cuenta con experiencia en el Congreso y ha sido candidata a la Presidencia.

Para quienes acarician esa idea, es bueno mencionar que Thelma Aldana no va a ser AMLO, quien además de estar sumamente fogueado contó con un excelente equipo. No puede decirse que ella cuente con esos valores agregados que se necesitan.

En cuanto al vehículo electoral al que se subiría la ex fiscal, Gonzalo Asturias mencionó una encuesta de CID-Gallup que la ubica como posible candidata de Encuentro por Guatemala y le otorga un 40 por ciento de simpatías. Sin embargo, este tipo de especulaciones se saltan lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Una variable puede afectar a todo el proceso electoral. Se está construyendo la deslegitimación del Presidente con señalamientos estilo los que se realizaron contra Bill Clinton.

Si Edgar Gutiérrez tiene pruebas, debió presentarlas formalmente, como cualquier ciudadano. Sin embargo, no fue apropiado que la Fiscal Consuelo Porras lo recibiera y le diera ese espacio. Ese es un elemento grave y se suma a que el Presidente carece de un equipo que pueda conformar un comité de crisis.

Gutiérrez pudo presentar las pruebas y constituirse en un testigo protegido. Que no lo haya hecho, pareciera evidenciar que los señalamientos son parte de una confabulación que busca defenestrar a Morales”, concluye Mérida.

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