La Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitió la solicitud de antejuicio contra la jueza María Belén Reyna Salazar, quien habría violado varios derechos fundamentales a un menor que tenía tres años cuando sucedieron los hechos. Irina Bitkov, madre de Vladimir, y Rolando Alvarado, abogado de la familia Bitkov y tutor del niño, comentan el caso.

Roxana Orantes Córdova

En 2015, la jueza de primera instancia de la Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana, María Belen Reyna Salazar, decidió institucionalizar al pequeño Vladimir Bitkov (3), enviándolo a un orfanato donde el niño sufrió diversidad de maltratos durante 42 días en los que fue sometido a un régimen similar al de cualquier cárcel.

El hogar donde Vladimir estuvo internado bajo un régimen que le dejó secuelas físicas y psicológicas, se llama paradójicamente “Amor del Niño”, cuya directora Shyrel Lyne Osborn llegó al extremo de interponer una Acción Constitucional de Exhibición Personal para que Vladimir retornara al sitio donde fue torturado de muchas formas, aduciendo que “podría estar sufriendo malos tratos de sus tutores mientras sus padres permanecen en prisión preventiva”.

Vale mencionar las condiciones en las que el niño retornó al cuidado de sus tutores legales, Verónica González Cano de Cano y José Rolando Alvarado Lemus, niñera y abogado, plenamente documentadas por diferentes especialistas.

La sentencia de la CC donde se niegan los amparos acumulados por la jueza Reyna Salazar y la directora del orfanato “Amor del niño”, indica que al salir de ese lugar, Vladimir presentaba:

“Conjuntivitis, tos persistente (tardó un mes en curarse), diarrea, parásitos, amebas, cicatriz sobre el ojo derecho y un diente roto”, lesiones que pudieron ser accidentales o debido a golpes.

Testimonios posteriores al rescate del menor señalan que: “Lloraba en silencio, no quería hablar y necesitó apoyo psicológico”, “Escondía la comida y los juguetes debajo de la ropa”.

Todo este sufrimiento pudo ser evitado si Reyna hubiera respetado la decisión de otra jueza anterior, quien había otorgado la custodia provisional a la niñera que había atendido al niño desde su nacimiento y al amigo de la familia, además de su abogado.

Sin mostrar compasión ni atender el interés del niño, quien había expresado a la psicóloga que deseaba permanecer con “Verónica”, quien lo alimentaba y cuidaba, la jueza separó a Vladimir de sus tutores. Ni siquiera les permitió despedirse del pequeño, que lloraba y gritaba mientras lo trasladaban al orfanato, donde tampoco se dio a la madre ninguna información sobre el menor mientras estuvo recluido en ese lugar.

La jueza, quien entregó al niño al orfanato aduciendo podía no ser hijo de los Bitkov, debido a confusiones en la identidad por los papeles, “olvidó” pedir una prueba de ADN, que hubiera solucionado esa duda.

Actualmente, Vladimir es un niño de nueve años que practica deportes y vive una infancia normal con su familia. Federado en tenis, ya ha obtenido trofeos y los días de pesadilla parecen lejanos.

Sin embargo, todos estos años Reyna ha seguido siendo jueza de Niñez y Adolescencia, señala Alvarado, quien menciona que esto es preocupante porque

¿cuántos niños cuyos padres carecen de los recursos académicos, económicos y asesoría jurídica habrán terminado institucionalizados en sitios de horror, como el orfanato donde fue enviado Vladimir?

El pequeño Bitkov fue víctima del caso Migración y Corrupción, que arrastró a sus padres y hermana, a quienes se violaron todos los derechos (estaban protegidos por la Convención de Palermo).

Por su defensa de los Bitkov, los abogados Victoria Sandoval y Rolando Alvarado fueron galardonados en Londres con el premio Magnitsky a los derechos humanos.

La jueza Reyna Salazar podría ser investigada por varios delitos, incluyendo tortura. Esto dependerá de lo que decida el juez pesquisidor, indica Alvarado.

“Gracias a Dios comienza a hacerse justicia”

“Esta jueza envió a Vladimir al orfanato. Gracias a Dios, comienza a hacerse justicia y la CSJ nos notificó que aceptaron nuestra solicitud. Esto ha sido un proceso muy largo, tenía tres años cuando el Estado lo secuestró, hoy tiene nueve”, dice Irina.

La madre narra que durante esos días, ella estaba hospitalizada junto con su hija mayor, e Igor Bitkov, el padre, se encontraba en la cárcel. “La jueza solicitó información del niño a la embajada rusa, a la CICIG y a la FECI, pero jamás a sus padres ni abogados. Cuando decidió mandarlo al orfanato no preguntó si tenía alergias, si tomaba algún medicamento, en qué idioma hablaba y ningún otro dato. Ni siquiera atendió la petición del niño, quien había dicho a la psicóloga que quería permanecer con su niñera”.

“Hemos sabido, aunque no está confirmado, que una familiar muy cercana de la jueza trabaja en el Organismo Judicial y desde ahí la protegían. Sin embargo, con el fallo de la CC, que nos dio un amparo provisional, la CSJ tuvo que enmendar la decisión anterior”.

“Vivimos una situación de tortura que puede calificarse como producto de un secuestro del Estado. La juez prohibió el contacto de los tutores y familiares con el niño, solicitaba información a la embajada rusa. Y a pesar de que todo estaba en ley, nos quitaron la custodia por cuarenta días”, comenta la madre de Vladimir y concluye:

“¿Cuántos otros niños sufrieron en estos años y cuántas otras resoluciones similares se habrán dado, por dinero o por influencia? Para recuperar a Vladimir tuvimos que presentar un amparo en el transcurso de tres días ¿qué pasa con los padres que no tienen un abogado para interponer el amparo en tres días?”.

“Lo más impactante: sigue siendo jueza de Niñez”

“La CSJ tuvo que fundamentar bien su resolución, que en febrero de este año rechazó in limine la solicitud de antejuicio que habíamos presentado. Para rechazar in limine, se basan en que existe un argumento político, espurio o infundado. Y no había ninguno de los tres elementos”, señalala Alvarado.

Según recuerda, luego del allanamiento donde fueron capturados los padres y hermana mayor del niño, este fue llevado por la Procuraduría General de la Nación a un juzgado de turno, donde permanecieron seis horas. En ese juzgado, considerando el deseo expresado por el pequeño y en atención a su interés (según la ley, siempre debe privar el interés del niño), les fue otorgado el abrigo provisional que poco después revocó la jueza Reyna.

“Lo mandó a un orfanato donde lo golpearon. Prohibió las visitas. Cuando el niño entró a ese lugar, tomaba pacha. Se la quitaron en pocos días. Reyna violó los derechos humanos del niño, no quiso escucharlo y aunque tuviera tres años, existen métodos especiales para escuchar a un niño en esos casos”.

“Entre otras irregularidades, afirmaba que no era hijo biológico de sus padres, pero en ningún momento pidió pruebas de ADN, que nosotros debimos solicitar a un laboratorio español. Ella y la directora del orfanato intentaron interponer un amparo contra una resolución de la Procuraduría de los Derechos Humanos (dirigida por Jorge de León Duque), donde se establece que hubo violaciones a los derechos del niño. Este recurso fue rechazado por la CC”.

“En este momento, ya se nombró a un pesquisidor, el Magistrado de la Sala Primera, donde se decidirá el procedimiento. Reyna puede ser citada o capturada. Los delitos fueron varios: abuso de autoridad, prevaricato y tortura, vemos entre otros”.

“Llama la atención que una jueza que violó los derechos de un niño haya seguido siendo jueza de niñez. En este caso estamos buscando un precedente, para que con su actuar, jueces como esta no sigan violentando los derechos de niños cuyas causas ella va a conocer”.

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Entrevistados por Perspectiva, los analistas Alfredo García y Secil de León; además del abogado Rolando Alvarado y el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo(FCT), Ricardo Méndez Ruiz, coinciden en que la acción de la FECI es positiva, lo que resulta interesante, tomando en cuenta que tres de los cuatro consultados han sido bastante críticos acerca de Juan Francisco Sandoval.

Roxana Orantes Córdova

Hoy, el PDH interpuso terció con un «amicus curiae» ante la Corte de Constitucionalidad (CC), para refrendar a su amigo Juan Francisco Sandoval, ante el recurso interpuesto hace unos días por un abogado. Cuatro opiniones consultadas por Perspectiva, tres de ellos con posiciones críticas a Sandoval, coinciden en que la FECI debe permanecer, por su importancia en la lucha contra la corrupción.

El recurso interpuesto hace unos días por el abogado Otto Gómez, para dejar sin efecto el Acuerdo 59-2019 que institucionalizó a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), luego de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cumpliera su plazo en el país.

Aunque más de un abogado considera que dicho recurso no tiene un gran asidero, varias opiniones son parte de un debate que se va a los extremos: desde quienes consideran que la FECI debe desaparecer, hasta los que ven a Sandoval como una víctima de los corruptos.

Entretanto, otras voces cuestionan fuertemente a Sandoval y sus acciones más polémicas, pero al mismo tiempo, señalan la importancia de que la FECI permanezca como bastión de las investigaciones contra la corrupción.

«Es necesario que las acciones del personal de la FECI sean evaluadas»: García

Alfredo García, analista y constituyente, dijo a Perspectiva:

“Es fundamental tener a la FECI, debido al papel que ha tenido en la lucha contra la corrupción. Existen funcionarios culpables de robar dinero del erario público, que han ocasionado un gran daño a Guatemala.

Pero es necesario que las acciones del personal de la FECI sean evaluadas y se implementen mecanismos para obtener mejores resultados. FECI se enfrenta a muros de impunidad, y es necesario tomar en cuenta que FECI no es Sandoval, pero también reconocer que él ha hecho cosas positivas.

Es necesario salir de los personalismos, no adorar a figuras y tener claro que la corrupción es de muchos tonos y crea muros de impunidad. Por ejemplo, cuando se manipulan cortes, fiscalías…se están creando esos muros. Es necesario combatir la corrupción en forma muy enérgica”.

«No sería sorpresa que se sigan sacando de la manga decisiones ilegales»: De León

Secil de León, politólogo afín a la izquierda, considera que:

“Habiendo sido refrendada la existencia de la FECi por parte de la actual jefa del MP, en mi opinión no hay nada que objetar sobre su existencia. Sin embargo, con la dirección que han tomado las acciones de la Fiscal General, no sería ninguna sorpresa que se sigan sacando de la manga decisiones ilegales e ilegítimas. Lo más preocupante es la pasividad de la sociedad en su conjunto, factor del cual aprovecha el statu quo para seguir acomodando el Estado y su marco legal a sus intereses”

«La institución debe continuar», afirma Alvarado

José Rolando Alvarado, el penalista que puso en la picota a la CICIG ante la Comisión Helsinki, opinó que:

“La institución debe continuar. Es como no estar de acuerdo con una Fiscal General, pero obviamente el Ministerio Público tiene que continuar. Pienso que con todos los recursos que ya tiene, FECI tiene una alta capacidad de investigación.

Todo es que reconduzcan el asunto y lo realicen con objetividad, pero es necesario para terminar con la corrupción que existe en nuestro país y es la raíz de todos nuestros males.

Pienso que debe continuar, depurándose todos sus funcionarios que han abusado del poder, porque está dotada con todas las herramientas de investigación”.

«Las instituciones no son malas», dice Méndez Ruiz

Para Ricardo Méndez Ruiz:

“FECI debe seguir funcionando. Las instituciones no son malas; a veces son malos quienes las dirigen. Juan Francisco Sandoval debe ser separado de FECI, para que ocupe su lugar un fiscal que no la utilice como instrumento político, y sí como valiosa herramienta contra corrupción”.

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Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI); Estuardo Gasparico, subdirector del medio digital Nómada y Rolando Alvarado, abogado penalista y autor del libro Cibercrimen, exponen a Perspectiva sus argumentos sobre los límites de la libre expresión, luego de que la FECI denunciara presuntas amenazas de una cuenta en Twitter.

Roxana Orantes Córdova

El sábado 26 de septiembre, fiscales de la FECI denunciaron acoso en redes sociales, concretamente de la cuenta @LordVaderGT. El titular de un medio asegura que dicha cuenta es un “Net Center”, aunque la nota informativa no presenta ningún elemento que avale dicha afirmación.

Las publicaciones que motivaron la denuncia de los fiscales los señalan de varias anomalías. Por ejemplo, una de estas publicaciones asegura:

“Los fiscales implantan pruebas, usan colaboradores eficaces que mienten, intervienen celulares sin orden judicial, extorsionan. Ahhh… y lo último, ahora cobran por no oponerse a una medida sustitutiva ante un juez”

Más de una vez esta cuenta ha mencionado que Sandoval y varios fiscales de su equipo terminarán en prisión. Lo anterior, dijo Sandoval, sería una amenaza para que deje de cumplir con su trabajo. Cabe mencionar que en abril de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares a Sandoval y otros dos fiscales de su equipo.

Inmediatamente, la FECI fue apoyada por el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, quien condenó los

“ataques que van más allá de la libre emisión del pensamiento, porque la libertad de expresión en todo caso tiene como límites el odio, la discriminación, que es parte de lo que están planteando en las distintas publicaciones con las que nos han atacado”

Días antes, Jordán Rodas había respondido en los siguientes términos a Miguel Martínez, quien también se sintió acosado por opiniones, en este caso no de una cuenta anónima en redes, sino de medios de comunicación:

“@JordanRodas  agradece al ingeniero Luis Miguel Martínez Morales del @CentroDeGob  su confianza en  @PDHGT, le recuerda que como funcionarios públicos están sujetos al escrutinio público y que la vía de denuncia a medios de comunicación es la Ley de emisión del pensamiento”

Sandoval: “no son opiniones, son amenazas”

Juan Francisco Sandoval expuso su posición a Perspectiva, en una breve entrevista telefónica que se transcribe a continuación:

¿Cómo es que opiniones anónimas en redes tienen poder de afectar la acción de la FECI?

La amenaza es un delito particular. Depende del ánimo de la persona al expresarse. Si me dice: “vas a ir preso”, me está diciendo que deje de hacer mi trabajo.

Las expresiones contra mi persona y la FECI no son opiniones, son amenazas.

¿El Estado tiene derecho a investigar a estas personas por sus opiniones?

Los servidores públicos estamos afectos a críticas. Pero es necesario ver el tipo de comentarios. Ningún derecho es absoluto. Si se expresa odio o amenazas, esto va más allá de la libertad de expresión.

¿El MP realizó alguna acción legal para resguardar a la ex Canciller Sandra Jovel de las burlas misóginas en su contra, o ella como funcionaria sabía que pese a las ofensas, sus críticos estaban amparados en el artículo 35 de la Constitución y en convenciones internacionales?

No conozco detalles sobre la situación de ella.

“Nada puede coartar las opiniones críticas a los funcionarios”: Estuardo Gasparico

Con décadas de experiencia y puestos directivos en varios medios de comunicación, Estuardo Gasparico señala:

“Considero que los límites de la libertad de expresión son precisos y están expuestos en el Artículo 35 de la Constitución Política de la República, que es muy claro al indicar que nada puede coartar la expresión cuando se critica a un funcionario”.

Sin embargo, agrega que el Código Penal tiene algunas especificaciones para casos como la calumnia y la difamación. “El sentido común debe guiar el ejercicio de la libre expresión. Los derechos y libertades de uno terminan cuando comienzan los de los demás”.

El tema, según dice, no afecta solamente cuestiones legales, sino morales. “Está relacionado con los valores de cada persona. Expresarse no significa faltar el respeto o al decoro. Para esto existen las leyes”, concluye.

“La denuncia contra @LordVaderGT va a parar en nada”, afirma Alvarado

“El fiscal Sandoval, como funcionario, está en una posición en la que . todos los ciudadanos y medios pueden criticar su gestión. Los funcionarios son personajes públicos”, explica el penalista Rolando Alvarado, distinguido con el premio Magnitsky a los derechos humanos en Londres como defensor de la familia Bitkov.

Alvarado es coautor del libro Cibercrimen, tema en el cual cuenta con una especialización académica. Según menciona, la denuncia de la FECI contra @LordVaderGT, está en la misma línea de un informe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), llamado Bots, netcenters y el combate a la impunidad. El caso Guatemala.

En dicho informe, presentado en mayo de 2019, la CICIG “catalogó falsamente como NetCenter a unas 20 cuentas asociadas con la cuenta @SupportBitkovs y sus abogados, a quienes acusó de difundir críticas negativas sobre la CICIG”.

Los abogados de la cuenta @SupportBitkovs plantearon un amparo contra CICIG por la falsa acusación de constituir un NetCenter. Este fue rechazado con el argumento de que se trataba de una entidad supranacional, por lo que la denuncia fue llevada ante la Comisión Helsinki, narra Alvarado.

En relación con la reciente denuncia de la FECI, Alvarado está convencido de que “va a parar en nada. Es una denuncia contra una persona oculta, que tiene DPM anonimizador y Twitter no les va a dar información. Si una cuenta viola las políticas de Twitter, inmediatamente la suspenden y evidentemente no es el caso, por lo que puede afirmarse que esta cuenta está dentro de la legalidad”.

Según expresa el abogado, esta y otras cuentas que han criticado a jueces, fiscales y otros funcionarios, “conocen las reglas y actúan en el marco regulatorio. Sus expresiones y críticas no caen en actividad delictiva. Si el fiscal se angustia por la información publicada en esas cuentas, es su responsabilidad”.

Finalmente, Alvarado considera que con la denuncia, “tratan de silenciar verdades que trascienden y los impactan. Da la impresión de que el PDH, la FECI y otros funcionarios actúan como una estructura que actúa en defensa de sus miembros, pero no ofrecen el mismo apoyo a personas ajenas a esta estructura”.

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Esta semana, los esposos Bitkov denunciaron a jueces de mayor riesgo y sus suplentes, a quienes señalan de encubrir a una firma de abogados que les proveyó documentos a ellos y a centenares de migrantes en varios países. Al mismo tiempo, un juzgado ordenó investigar la denuncia contra Cutino International, una poderosa firma de abogados que en Guatemala ha contado con la colaboración de funcionarios de varios niveles.

Roxana Orantes Córdova

“Por fin hoy un juzgado Penal respetó la ley y ordenó que se inicie la investigación de nuestra denuncia contra Cutino. En esta denuncia también está Mayra Véliz”, afirma Irina Bitkova, quien añade que ninguno de los jueces ni tribunales de mayor riesgo ordenó iniciar esta investigación y, por el contrario, encubrieron a una de las mayores estructuras criminales que ha operado durante años entre Guatemala y otros países.

“Esta estructura vincula a personajes del Estado, empresarios del sector financiero y abogados. Por ejemplo, uno de los casos declarados ante el tribunal por Edgar Búcaro, quien trabajó para Cutino, involucra a un general ruso retirado quien necesitaba obtener pasaportes para que varios ciudadanos rusos crearan entidades financieras a fin de lavar US$3 mil millones”, narra el abogado Rolando Alvarado.

Las pruebas contra Cutino International y la estructura criminal que operó desde varias instancias del estado guatemalteco (Relaciones Exteriores, Migración, alcaldías y Registro Nacional de las Personas), son muchas y detalladas.

Casi todas las pruebas fueron recolectadas por los esposos Irina e Igor Bitkov y sus abogados. Sin embargo, tanto la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y los jueces de alto riesgo, insistieron en negar su existencia.

“Erika Aifán, Yassmin Barrios, Sara Yoc y otros encubrieron a una estructura criminal”

Según afirma Bitkova, “presentamos la denuncia al Ministerio Público (MP), contra Erika Aifán, Yassmín Barrios, Sara Yoc y Pablo Xitumul, además de algunos de sus suplentes, por encubrimiento de la estructura criminal que emitía documentos en forma anómala”.

Además, el 6 de febrero un juzgado ordenó que se inicie la investigación de la denuncia contra Cutino y Mayra Véliz, quien había impedido investigar a esa estructura, expresa.

“Estás jueces tenían acceso y conocimiento a los documentos  emitidos por funcionarios públicos de alto nivel. Por ejemplo, nuestras cédulas fueron firmadas por alcaldes y sus secretarios y formaban parte de expediente. Sin embargo, Erika Aifan y Yassmin Barrios nunca mandaron a investigarlos”.

Bitkova señala: “el cambio de nombre de Igor fue aprobado por el subdirector de Extranjería de Dirección de Migración Wolfgan Janeiro Barrera Bravo. Este dato tampoco fue investigado por los jueces denunciados. Denunciamos a Cutino International como traficante de personas, porque facilitaba ingreso, permanencia y salida de territorio guatemalteco”.

“Sara Yoc resolvió investigar a los funcionarios públicos, pero no a Cutino. Igual sucedió con Erika Aifán y Barrios, quien sentenció a Igor por delitos que corresponden a funcionarios públicos, antes de que terminara la investigación de esos funcionarios. Mandó a investigarlos y antes de tener los resultados culpó a Igor”.

Entre las pruebas contra Cutino propuestas por los Bitkov están: datos de identificación, dirección de su oficina, patentes comerciales, página web, banco y denuncias de otras víctimas. Todas las pruebas fueron rechazadas, y estos jueces, escucharon en audiencias la descripción de cómo funcionaba esta estructura y quiénes son sus miembros. Sin embargo, nunca reaccionaron”, indica.

Por ejemplo, recuerda que José Samayoa, director de la empresa La Luz, que prestaba servicios técnicos para emitir pasaportes, declaró que miles de extranjeros cambiaron nombres. Todos los casos pasaron al MP y a todos se les otorgó criterio de oportunidad.

Según dice: “Somos los únicos migrantes que estábamos sentenciados en debate por 19 y 14 años de prisión por los delitos de otros. Pero lo interesante es que nunca se investigó a quienes autorizaban los cambios de nombre ni hicieron ninguna pregunta a CICIG o FECI sobre esto”.

“Aifán dijo que Cutino no tenía relación con el caso. Que no existía y si existía no era criminal. Y si era criminal, no era trannacional. Barrios interrumpía nuestras declaraciones cuando mencionábamos a esa estructura. Nunca dejó a Igor mencionar el tema”.

“Sacrificaron a los más pobres”

Los Bitkov han denunciado reiteradamente que su caso fue una venganza del Kremlin. El 7, Igor Bitkov denunció en su cuenta de Twitter que autoridades rusas allanaron la vivienda de sus familiares, como hacen siempre que alguno de ellos cumple años, y les anunciaron que pronto serán deportados.

Sin embargo, los otros acusados por el caso llamado Migración y Corrupción son empleados de bajo rango en el RENAP y Migración. Por ejemplo, Mauricio Chacón, quien hacia limpieza y archivo de documentos.

“No tenía código de acceso a la computadora y sin embargo fue sentenciado a dos condenas de ocho años cada una. Las condenas son por cada partida emitida desde un código que él no conocía y realizadas en horas de la madrugada, seguramente hechas desde afuera”, dice Alvarado.

Bitkova agrega: “Otro de los sentenciados es un piloto hindú que llevaba a otros de sus compatriotas en carro desde el aeropuerto a sus casas. Este hindú fue condenado como una figura principal en tráfico de personas. Pero ni siquiera aceptaron la existencia de Cutino. Obviamente, este piloto no tenía capacidad de manejar un negocio internacional que trajo miles y miles de extranjeros. Tampoco tenía asociación ilícita con funcionarios de alto nivel”.

En la página de Igor Bitkov se lee:

“De 44 procesados, cinco fueron absueltos y sobreseídos. Entre los demás, había un notario, un sindicalista, seis trabajadores de la sede de pasaportes son salarios entre Q2 mil y Q5 mil. Dos trabajadores de la empresa La Luz, que tenía contrato con el gobierno para emitir pasaportes. Once trabajadores de la sede de Migración en el Aeropuerto La Aurora, Once trabajadores de bajo rango del RENAP (sueldos entre Q2 mil y Q4 mil), cuatro calificados como coyotes que no tenían relación con los trámites de documentos. Los únicos migrantes condenados fuimos tres miembros de mi familia”.

Suficientes pruebas, nula voluntad de investigar

Por lo menos 74 documentos falsos de residencia fueron firmados por Mayra Véliz. La firma de la ex Secretaria del MP aparece en esos documentos. Entre estos, una cédula de vecindad a nombre de Anastasia Bitkova, que misteriosamente ha sido “traspapelada” pese a que es una de las pruebas más importantes en esta denuncia, indica Alvarado.

La investigación fue suspendida en el MP a finales del 2016 y la fiscal Heidy Tamara de León fue despedida, perseguida y amenazada por Véliz. También fueron despedidos los investigadores del RENAP.

“Denunciamos a estos jueces por encubrimiento porque tuvieron las pruebas a la vista y no las tomaron en cuenta. Por ejemplo, no ordenaron un peritaje con la cédula que es una prueba clave y está extraviada en el MP, que apoyó el encubrimiento. La CICIG incluso dijo que no existían pruebas sobre la existencia de Cutino”, comenta el abogado.

Esto, aunque los abogados de los Bitkov tenían pruebas de que, en 2014, una empresa estadounidense ya había denunciado a Cutino por estafa.

A través del Banco de Crédito y el Banco de Ecuador, Cutino ofrecía inversiones a sus clientes. Emitían tarjetas de crédito y estas tarjetas, con el nombre de Cutino, fueron confiscadas por la CICIG-FECI durante el allanamiento a la casa de los Bitkov. Estas tarjetas son otra de las pruebas, expresa Alvarado.

“Hay pruebas de sobra. Marcos Cutino y su socio tenían DPIS emitidos en Santa Rosa. Con seguir el dinero e investigar las cuentas en los bancos mencionados sería suficiente. Lo que no ha habido es voluntad”, concluye.

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¿Juez rebelde o juez verdugo? La polémica ronda a Ericka Aifán, quien hoy llegó al juzgado que dirige para encontrarse que solamente su secretaria había asistido. Cinco trabajadores de esa sala piden su traslado urgente debido a que Aifán actúa como una pequeña dictadora con sus trabajadores.

Roxana Orantes Córdova

A primeras horas de la mañana, diferentes medios de comunicación informaron que cinco de los siete trabajadores del Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la juez Erika Aifán, se habían ausentado de sus labores.

Inmediatamente, Aifán ofreció declaraciones a los medios, reforzando la versión del ausentismo injustificado por parte de:  Loida Lux, comisario; Pedro Hernández, notificador III; Sulma Aju, oficial III; Ingrid Cuquej, oficial III y Tatiana Guzmán, oficial III.

Perspectiva se comunicó con Mario Siekavizza, vocero del Organismo Judicial (OJ), quien narró que los cinco empleados del OJ se presentaron a las ocho de la mañana a la dirección de Recursos Humanos de ese organismo para solicitar su traslado del juzgado dirigido por Aifán.

“Ahí se les indicó que se harán las investigaciones pertinentes, para analizar si son trasladados y se les recomendó que retornaran a laborar en su judicatura, donde permanecieron en el horario normal de oficina”, comentó.

Ayer, el Sindicato de Trabajadores del Organismo Juicial (STOJ), emitió un comunicado donde expresa:

“Que con prioridad y verdadera urgencia mañana (este 7 de octubre) se gestionará traslado de Tatiana Guzmán Figueroa y cuatro compañeros más, todos auxiliares del Juzgado de Primera Instancia Penal D de Mayor Riesgo”.

Sobre este punto, Siekavizza dijo: “el sindicato vela por los intereses de sus afiliados. Debido a que los cinco empleados pidieron al mismo tiempo ser trasladados, será Recursos Humanos el que evalúe cada caso y decida”.

Crónica de una retención muy extraña

El viernes recién pasado y en la madrugada del sábado 5, circuló en redes la alerta Isabel Claudina que denuncia desapariciones de mujeres, dando a conocer la desaparición de Tatiana Guzmán Figueroa, ex candidata de Semilla, según informó en sus redes Raúl Barrera, de ese partido.

Guzmán, de 25 años, fue candidata a concejal en la municipalidad de Villa Nueva por Semilla, y es oficial en el Juzgado de Primera Instancia Penal D de Mayor Riesgo. Pronto se conoció que la estudiante de leyes había estado retenida por la juez Aifán desde las ocho de la mañana del viernes a la una de la madrugada del sábado, cuando fue trasladada a la carceleta de Tribunales, acusada por la juez de sacar información confidencial del juzgado.

Según Guzmán, el incidente estaría relacionado con que el notificador Pedro Hernández habría denunciado a Aifán ante el Ministerio de Trabajo. La juez, por su parte, también había señalado a Hernández por “fuga de información”, denuncia que fue desestimada.

El movimiento Semilla reaccionó prontamente a través de un escueto comunicado:

“El partido político Movimiento Semilla está al tanto de los señalamientos vertidos en contra de Tatiana Elizabeth Guzmán Figueroa, quien integró una planilla a la corporación municipal en Villa Nueva, como candidata a concejal III, y a quien corresponde aclarar su situación. A su vez expresa su confianza en que el sistema de justicia sabrá actuar de manera que corresponde”.

Según la oficial III, Aifán es una jefe prepotente que trata de forma despiadada a sus subalternos. El juez de turno desestimó el señalamiento que la juez le hizo a Guzmán, quien recobró su libertad y hoy acudió a su trabajo, no sin antes solicitar que se le cambie de juzgado, así como a sus otros compañeros.

Un dato interesante es que Guzmán intentó obtener el apoyo de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), donde su caso fue soslayado al conocer el nombre de la juez señalada.

Entretanto, la juez convocó a los medios para declarar que “Tatiana Guzmán perdió la pieza 39 del Caso Fénix”. A esto, varios abogados expresaron dudas sobre por qué Aifán no realizó la denuncia pertinente en el momento que se produjo este descuido sino esperó hasta hoy para realizarla.

Cabe recordar que a finales de agosto, la fiscal Cinthia Monterroso, de la FECI, denunció a Aifán por presiones sobre su ejercicio profesional. A la denuncia de Monterroso se sumó la de la PGN, presente en el hecho que denunció la fiscal, separada de la FECI luego de la denuncia.

Aifán, un personaje controversial

Aclamada por organizaciones no gubernamentales y personas que se identifican como defensores de derechos humanos, Erika Aifán es percibida como una juez obsecuente ante los mandatos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Su cercanía con ONGS de derechos humanos, políticos demócratas estadounidenses y organismos internacionales está ampliamente documentada en medios de comunicación y quienes la apoyan, han aplaudido cada una de sus medidas, por polémicas que estas sean. Para estos grupos, ella es «la juez rebelde» y una incansable luchadora contra la impunidad.

Como antecedente, Aifán logró ser nombrada juez cuando interpuso un amparo contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Su petición se basó en que había ganado con las mejores notas el curso para aspirantes a jueces y no fue nombrada por “discriminación por razones de sexo”, puesto que hombres con notas menores habían sido nombrados. Por ello, solicitó: “se tenga por ganado por mi persona el proceso de oposición a la carrera judicial, con el primer lugar”.

Es imposible mencionar al ex diputado Manuel Barquín y no asociar su muerte en prisión con la inflexibilidad de Aifán, quien reiteradamente le denegó una medida sustitutiva que pudo alargar su vida o por lo menos, permitirle terminar sus días rodeado de familiares y atendido en su casa. Esta muerte fue documentada por el Relator contra la Tortura y por el Ministro de Salud.

A ello, grupos afines a la juez se sumaron para denunciar que se había vulnerado su derecho a la independencia judicial. Aifán solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su labor judicial.

En 2018, la juez participó como panelista en un foro organizado por la CICIG sobre “experiencias comparadas de combate a la corrupción”. Hoy, en la comisión legislativa que investiga al ente internacional, la esposa de Diego Chacón Yurrita, uno de los acusados en el caso Oderbrecht, puso en duda la imparcialidad de la juez, quien tenía a cargo el caso y al mismo tiempo, fue panelista en un foro convocado por los acusadores.

Bitkov: el caso que sepultó a la CICIG

Igor Bitkov y su familia fueron implicados en el caso Migración, ampliamente documentado. La actuación de Aifán como juez a cargo estuvo plagada de acciones que ponen en duda su imparcialidad.

Por ejemplo, Bitkov señala que más de una vez logró aplazar las audiencias, entre otras, con el pretexto de que no había salas vacantes o que los traductores no habían asistido. “También avisaban a  los traductores que no llegaran y se suspendían las audiencias”, escribió Bitkov en su blog.

Rolando Alvarado es uno de los abogados de la familia Bitkov que estuvo presente en la audiencia de la Comisión Helsinki, donde se denunció a la CICIG y que marcó un viraje en el poder de ese organismo internacional en Guatemala, dijo a Perspectiva:

“Erika Aifán ha cometido muchas ilegalidades. En el caso Bitkov consintió la participación del banco ruso BTV, que tenía como prueba de un delito civil no comprobado una supuesta fotocopia de una fianza que probaría la existencia de una deuda.

Pese a ser un tema civil, se negó a excluirlos del proceso y acusó a la familia Bitkov de estafa por una deuda. Tuvimos que acudir a la Corte de Apelaciones y esto complicó el proceso. Además, Aifán se negó a aceptar la preeminencia de la Convención de Palermo y otros instrumentos internacionales que amparan a los migrantes. Para mantener a esta familia en prisión, planteó siete recursos y existen pruebas de que torturó a Igor Bitkov”.

Además, Alvarado señala que esta juez denegó a la defensa hasta el 95% de las pruebas. “Cometió muchas ilegalidades, cada día. Otros abogados de personas acusadas en el mismo proceso se dieron cuenta. Informó a la embajada rusa sobre el curso del proceso, aunque es una familia que era perseguida por el régimen ruso”.

Según Alvarado, es una juez muy protegida porque ingresó gracias a un amparo. “Casos como el de Barquín lloran sangre. Urge la remoción, por sanidad procesal”, concluyó.

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El informe de la CICIG titulado Bot, netcenter y combate a la impunidad se convirtió en un arma de dos filos para la referida comisión, que entre los señalados de “bot o netcenter”, menciona a los abogados de la familia Bitkov, quienes llevaron a esa entidad ante la Comisión Helsinki, lo que inició el final del mandato de la CICIG en Guatemala. Ante esta acusación, Rolando Alvarado y Victoria Sandoval presentaron un recurso de amparo contra la CICIG ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Al mismo tiempo, se multiplican las reacciones adversas contra el polémico informe.

Roxana Orantes Córdova

El 15 de noviembre de 2018, los abogados de la familia Bitkov recibieron el premio Serguei Magnitsky de derechos humanos. En su cuenta de Twitter, Sandoval señala:

“El temor a que la verdad sobre su gran corrupción se haga pública, hace que la CICIG viole derechos humanos fundamentales, como la libre expresión del pensamiento, que es mundialmente reconocido”.

Sandoval comenta que de forma similar a la del gobierno ruso, la CICIG ataca a los abogados llevada por la desesperación. “Nos ataca diciendo que Rolando Alvarado y yo somos netCenter por haber declarado junto a Bill Browder sus actos de corrupción contra los Bitkov ante la Comisión Helsinky”.

Otro de los mensajes publicados en Twitter sobre la acusación contra los dos abogados y sus clientes indica: En su legítimo derecho de defensa y haciendo uso del derecho a la libre emisión del pensamiento la defensa de #LosBitkov hizo pública cada desfachatez cometida en su persecución patrocinada por el gobierno ruso, hoy la herida causada a CICIG sigue abierta”.

 “Un torpe ejercicio de agresión”

Entre los señalados como “net center” por el informe está el abogado y columnista Giovanni Fratti, de Guatemala Inmortal, grupo ciudadano tuvo un papel protagónico en la protesta contra el convenio de cooperación que firmaron la CICIG y el Tribunal Supremo Electoral.

La reacción de Fratti ante la acusación, fue buscar en Twitter Audit y descubrir que más del 91% de sus seguidores son reales, mientras la CICIG tiene más de un 56% de seguidores que son cuentas falsas, según el instrumento mencionado.

Asimismo, fue mencionado como “ Hater 1” el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FTC), Ricardo Méndez Ruiz, quien dijo a Perspectiva:

“En cuanto al informe de CICIG Bot, netcenter y combate a la impunidad, presentado recientemente, lo veo como un torpe ejercicio de agresión contra la libertad de expresión que muestra la intolerancia de Iván Velásquez, quien siempre cometió el grave error de calificar como corruptos a quienes lo criticamos. La actitud típica de un dictadorzuelo.

El informe constituye una serie de calumnias con las que Velásquez trata de justificar su fracaso. Si alguien es responsable de emitir un discurso de odio, es él”.

Aunque los adeptos de la CICIG aplaudieron el informe, es un hecho que su divulgación tuvo más efectos negativos que positivos para la comisión. Uno de tantos ciudadanos que opinan en Twitter, señala: “La CICIG pasó de investigar Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad a stalkear perfiles de Twitter”.

Cuando opinar se convierte en un delito

Otro “tuitero” expresa: “Quien transmitió mensajes de odio (Haters) fue #CICIG. Su informe de Bots y Netcenters contiene muchas ilegalidades. Su finalidad es el seguimiento, localización y censura de opositores”.

Al leer el documento, es evidente que la CICIG busca por cualquier medio eliminar las críticas negativas en su contra. Citando al informe:

“Un ejemplo de ello es cuando una persona, sin conocimiento previo de un tema o en el extranjero, busca a través de las redes sociales un tema específico y los primeros resultados que encuentra son de estas personas y de su netcenter…al escribir CICIG en un buscador como Google o el buscador de Twitter, se presentan contenidos destacados que están vinculados a la campaña negativa”.

El párrafo anterior, parece dar la razón a Alvarado cuando afirma: “Twitter fue fundamental para mostrar al mundo la verdadera cara de CICIG, cuyo principal temor siempre ha sido que la comunidad internacional vea lo que realmente es”.

Otro aspecto evidente en el informe es la censura a la libre expresión. Según se indica en la introducción:

“La CICIG acepta todas las críticas que, en el marco del respeto y fundamentadas técnicamente, se puedan dar en torno a su labor. Al mismo tiempo promueve la libertad de expresión como un componente fundamental de la consolidación de la democracia en Guatemala, tal como lo señala en sus Principios de Comunicación Pública. Sin embargo, la utilización de redes sociales para perseguir a defensores de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas, que constata este informe, busca deslegitimar los avances en la lucha contra la impunidad”.

La libertad de expresión se ejerce “por cualesquiera medios de difusión y sin censura ni licencia previa”, señala la Constitución guatemalteca. Pese a ello, la CICIG pretende promover que se regule la expresión en las redes, con el argumento expresado por Iván Velásquez, quien dijo a diferentes medios “que las estructuras criminales han evolucionado y buscan desinformar y desprestigiar en redes sociales los avances que la lucha contra la corrupción e impunidad han logrado en Guatemala”.

El maniqueísmo del informe es más que evidente cuando afirma que existen tweets “vinculados a la lucha contra la corrupción” y otros de quienes “están a favor de esta”. El único indicio que tiene el ente experto en investigación criminal para acusar de “pro corrupción” a ciudadanos que expresan sus opiniones en la red, es que estos ciudadanos están contra temas que la CICIG trató de “levantar” en sus 12 años de permanencia en el país, como los juicios contra militares o la labor contra la corrupción de Thelma Aldana.

El informe no aporta ninguna prueba ni dato concreto sobre la vinculación de estos ciudadanos con estructuras criminales. Se limita a satanizar cualquier chiste, meme, chisme o crítica emitido por quienes evidenciaron las arbitrariedades judiciales y la persecución política que realizó esa entidad. Por ejemplo, en el caso de los Bitkov.

Uno de los datos curiosos al revisar el informe es que menciona con alarma el crecimiento de lo que llama “influencers negativos” (críticos de la CICIG y sus aliados). El texto indica que en febrero de 2019 había 21,474 “seguidores de los influencers negativos” mientras habría 803.063 influencers que “apoyan la tarea del combate a la corrupción”

Finalmente, uno de los argumentos que la CICIG presenta como irrebatibles para demostrar que quienes la han criticado son miembros de net center o simplemente “bots”, es que los críticos de esa entidad suelen seguirse mutuamente. Una definición muy básica sobre el concepto de “red social” señala:

“Es una estructura social integrada por personas, organizaciones o entidades que se encuentran conectadas entre sí por una o varios tipos de relaciones. Entre estas, intereses y creencias comunes”. Es decir, lo extraño no es que personas afines ideológicamente se sigan e interactúen entre ellas.

Lo irregular en este caso es el posicionamiento geográfico y la investigación de cuentas personales de ciudadanos identificados con sus nombres, por una comisión que llegó al país hace más de una década para desarticular “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad” y terminó ejerciendo un papel de censor en las redes.

 Un amparo para resguardar la intimidad y la dignidad del individuo

El equipo legal de la familia Bitkov emitió un comunicado en el que califica como espurio el informe de la CICIG, que habría catalogado a las cuentas de Twitter de los abogados y sus clientes como “netcenter”.

En el recurso de amparo presentado ante la CC por Alvarado y Sandoval, se menciona: “La personalidad  humana, desde la óptica jurídica, incluye los derechos relacionados con la intimidad y dignidad de la persona individual. Así tenemos, por ejemplo, el Derecho a la Intimidad, Derecho al Honor, Derecho a la Dignidad, Derecho a la Integridad Moral, Derecho a la Libre Emisión del Pensamiento, entre otros”.

Cualquier lesión a estos derechos, señala el recurso, “entraña una reparación civil, configurándose previamente la determinación o existencia del daño moral, y también implica, en caso de cometerse un delito que implique calumnia, injuria o difamación, a que la víctima accione debidamente según el ordenamiento jurídico vigente “.

Alvarado y Sandoval consideran que la violación a sus derechos fue un acto de intimidación y represalia, como respuesta ante las declaraciones testimoniales que prestaron ante la Comisión Helsinki del Senado estadounidense, en un proceso penal internacional que continúa vigente.

Además, exponen que

“A través de sus cuentas de twitter han externado su opinión con relación a los abusos cometidos por dicha comisión y que han lesionado el Estado de Derecho en Guatemala”.

Finalmente, exponen que el tribunal constitucional es de carácter urgente y debido a que se lesionaron los derechos humanos de los postulantes, la CC “tiene deber de tutelar los derechos a la autodeterminación informativa, la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a la intimidad, habeas data, seguridad y defensa, entre otros derechos constitucionales”.

Considerando la respuesta de muchos de los afectados por el informe, es evidente que los efectos del informe sobre bots y netcenters no fueron los más halagüeños para una comisión internacional que tiene los días contados hasta septiembre y que hasta el momento, no ha informado a la ciudadanía sobre el procedimiento que está realizando para terminar de transferir sus capacidades a las instituciones guatemaltecas que apoyó durante más de una década.

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El 6 de mayo, Igor Bitkov, asesorado por un equipo de abogados, interpuso una demanda ante el Ministerio Público (MP), para que se investigue a fondo quién o quiénes estarían detrás del grupo llamado Anonymous GT, que tras ese seudónimo cometió un acto de difamación contra Bitkov, al vincularlo con el narcotráfico. Rolando Alvarado, uno de los abogados de Bitkov, fue asesor de la Iniciativa de Ley de Delitos Informáticos y explica a Perspectiva las implicaciones y alcances de que un individuo o grupo cometa delitos diversos amparándose en el anonimato que permiten las redes.

Roxana Orantes Córdova

“¡Saludos Mundo! Ya se sabe cuál es la otra persona que asistió a la reunión del narco de Mario Estrada, el narco presidente Jimmy Morales y sus narco ministros, se trata del Canche ruso Bitkov, juntos estaban planificando asesinatos con sicarios del narcotráfico.”

El texto anterior motivó a Igor Bitkov para consultar con su equipo de abogados: Victoria Sandoval Cáceres de Lara, Soazig Amanda Santizo Calderón y José Rolando Alvarado Lemus, quienes decidieron presentar una denuncia penal “contra la persona o personas que administran, instruyen o de cualquier forma, persona o personas que administran, instruyen o de cualquier forma, directa o indirecta, utilizan la cuenta de la red social “Twitter” identificada así: @AnOnymous_GT con nombre en perfil: AnOnymous Guatemala”.

Según expone el texto de la denuncia presentada ante el MP:

“No se limita a hechos que afectan el honor de mi persona y de mi familia, sino que tiene por objeto evidenciar el uso de cuentas de Internet, que mediante una ASOCIACIÓN ILÍCITA entre varias personas, haciendo uso de DIFERENTES CUENTAS DE REDES SOCIALES, que tratan de influir en la opinión pública y en el sistema de Justicia de la República de Guatemala para perjudicarme juntamente con mi familia.  Estas estructuras criminales deben evidenciarse para que se conozca a las personas que se ocultan en ellas, ya que causan daño no solo a mi persona y familia, sino que sus actos o efectos perjudican a la colectividad y deben ser sancionadas conforme a la ley penal, más aún cuando Guatemala se encuentra en proceso electoral y se utilizan estas estructuras criminales cibernéticas para desprestigiar valiéndose del anonimato que brinda el uso de las redes sociales”.

Entretanto, el grupo Anonymous GT escribió el 8 de mayo en sus cuentas de Facebook y Twitter: “En Guatemala tenemos libertad de expresión, pero los corruptos se están uniendo para denunciar a todo aquel que les diga sus verdades, quieren callar al pueblo a base de denuncias, pero si ellos se unen…¿por qué el pueblo no?…”

Sobre esto, Alvarado comenta: “el punto aquí son los límites a la libertad de expresión. Esta no faculta a difamar en redes sociales o en cualquier medio”.

Según Rodrigo Polo, este grupo está constituido por “influenciadores con apoyo de más de alguna agencia y probablemente, gente vinculada con los medios. Los proveedores de Internet deberían dar esta información”

¿Una estructura criminal amparada en el anonimato?

“Encuadramos la demanda en la figura de estructura criminal. No es un grupo de los llamados ciberactivistas, quienes actúan desde la esfera legal, promoviendo causas y llamando a la ciudadanía a manifestar. Anonymous GT ha cometido más de una acción que se sale del ámbito de la legalidad”, explica Alvarado.

Además de señalar a Bitkov el 3 de mayo, los días 5 y 6 del mismo mes, en las cuentas de esa agrupación se señala de vínculos con el narcotráfico a la candidata Sandra Torres y al ministro de Gobernación, de quien se afirma: “Que manda a decir el gran Ministro y bachiller del Mingob, que él no tiene ninguna relación con su hermano, que solo es el trasiego de droga que entra por el país, y que son negocios nada más…”

El 5 de mayo, la cuenta anónima aseguró: “Se confirma que el juez Víctor Cruz habría recibido Q5 millones, por emitir orden de captura en contra de Aldana, así lo informaron agencias dedicadas al combate de lavado de dinero, quienes detectaron grandes depósitos a cuentas y empresas vinculadas de él”.

Al mismo tiempo, las dos cuentas han realizado defensas oficiosas de determinados personajes políticos. En 2015, esta comunidad (o individuo), tuvo alguna relevancia cuando dio a conocer que “habían hackeado” el sistema informático del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al que conminaban al ente electoral a cancelar al partido Libertad Democrática Renovada (LIDER).

Según publicó la cuenta Anonymous Guatemala GT: “Sistema del Tribunal Supremo Electoral ha sido totalmente infiltrado, transmisión de datos en elecciones es manipulable, tenemos la Base de Datos del TSE completa”.

Según Polo, el mundo de la informática es relativamente complejo para quienes no trabajan en ese campo. “Es por ello que son fácilmente engañados con historias mágicas de los Anonymous como la fábula que contaron de haber “hackeqdo” el TSE, allá por agosto de 2015”.

Probablemente lo sucedido en ese momento fue el tipo de acción llamada “denegación de servicios distribuidos” (DDOS), que según explican Alvarado y Ronald Morales en el libro Cibercrimen, donde se explica que la forma de realizar este delito de obstrucción a la información consiste en realizar un elevado número de peticiones a una página web, para saturar el servicio de hosting y que se suspenda el servicio.

En cualquier caso, el grupo referido se atribuyó un delito cibernético y seguramente, este será uno de los aspectos que deberá investigar el MP a partir de la denuncia interpuesta por Bitkov. En el texto Introducción a las nuevas tecnologías en el Derecho, el penalista Omar Barrios señala:

“Cuando el acceso al sistema lo realiza una persona que no está autorizada, se encuadra esa acción a este delito. Es importante señalar que el simple hecho de acceder sin autorización al banco de datos o archivos electrónicos constituye delito, incluso si no realiza ninguna acción con la información. Esto se conoce en doctrina como el delito de hacking”.

“Es necesario identificar quién o quiénes están detrás de este grupo”

“Lo que perseguimos con esta denuncia es levantar el velo cibernético y dar a conocer quiénes se ocultan detrás de diferentes cuentas. Solicitamos que se realicen peritajes informáticos para encontrar las IP, a fin de establecer desde qué ordenador se conectaron esas personas”.

Según comenta el penalista, quienes difaman a diferentes personalidades amparándose en el anonimato, “se sienten tranquilos porque están ocultos, pero existen mecanismos legales para determinar quiénes son y cuáles son sus alianzas o si pertenecen a estructuras criminales. Debemos saber quiénes han usado esa cuenta, quiénes son y si reciben algún tipo de retribución económica por su actividad. Debemos conocer si existen aportes monetarios y qué cuentas están unidas a ellos”.

“Estamos en total apego al derecho cuando demandamos conocer la identidad de personajes que no tienen límites porque se ocultan en el anonimato. Evidentemente no se trata de ciberactivistas que convocan a manifestaciones pacíficas, sino de un grupo que actúa intencionalmente, probablemente con contactos políticos o delincuenciales, que señalan a personas públicas y privadas atribuyéndoles delitos de alto impacto, como vínculos con el sicariato y el narcotráfico. No descansaremos hasta conocer de dónde partió este ataque que particularmente afecta a la familia Bitkov”, finaliza.

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Nuevamente, Igor Bitkov se encuentra ante el banquillo de los acusados. Según sus abogados, en el proceso se han cometido nuevas irregularidades, pero también se aportaron varias pruebas que muestran la implicación de Mayra Véliz y la existencia de Cutino Internacional. Quienes señalan a Bitkov, omiten mencionar dos aspectos que abonan a favor del ruso: la participación de Mayra Véliz en todo el trasiego de documentos y la injerencia del gobierno ruso. Irina Bitkova y Rolando Alvarado, abogado de esa familia, explicaron a Perspectiva algunas características del proceso.

Roxana Orantes Córdova

El caso de Igor Bitkov ha motivado polémica entre las opiniones divididas entre quienes avalan incondicionalmente la labor de la Cicig-FECI y los que cuestionan diferentes aspectos del proceder de estos entes en cuanto a la aplicación de la justicia.

Condenado a 19 años de cárcel por utilizar documentos falsos, el empresario ruso Igor Bitkov fue liberado luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC), fallara a favor de la familia migrante, amparada en la Convención de Palermo, de la cual Guatemala es signataria.

El proceso contra esa familia estuvo lleno de contradicciones, abusos y arbitrariedades. La defensa de los abogados Rolando Alvarado y Victoria Sandoval les valió recibir en noviembre de este año el premio de Derechos Humanos Serguei Magnitsky, por “su valentía y esfuerzo en la lucha por alcanzar la justicia en el caso de la familia Bitkov”.

Pese a la relevancia del suceso, la noticia recibió poca cobertura en Guatemala. Sin embargo, en el plano internacional la situación es muy diferente y tanto los Bitkov como sus abogados, están convencidos de que, tarde o temprano, la ley Magnitsky se aplicará a los implicados en la diversidad de violaciones contra esta familia de migrantes, cuyo delito fue agenciarse de documentos para radicar en Guatemala.

La insistencia del Ministerio Público (MP) y la Cicig, en mantener las acusaciones contra los Bitkov se evidencian, entre otros, en la acción de ambos contra la Sala Tercera de Apelaciones, que consideró improcedente el proceso penal contra esa familia. La denegatoria del amparo por la CC no fue suficiente y hace unos días se reinició el proceso contra Bitkov, acusado de “supresión y alteración de estado civil, uso de documentos falsificados y usurpación de estado civil”.

Algunos detalles curiosos de este proceso que vale la pena recordar son: 1. Alfonso Carrillo, constante defensor de la Cicig, también es (o fue), representante del banco ruso Gazprombank, uno de los persecutores de la familia Bitkov; 2. La Cicig pidió incluir el caso de la familia Bitkov en el proceso llamado “Migración y Corrupción”, actualmente conocido solo como “Migración”; 3. El MP, FECI, Cicig e incluso los medios de comunicación omiten mencionar cualquier participación de Mayra Véliz en el tema. Esta ex funcionaria, mano derecha de Thelma Aldana, también parece tener vínculos con la emisión de por lo menos cien pasaportes para ciudadanos de diversos países.

Lo anterior es una síntesis somera de los absurdos legales (o ilegales) que acompañan el caso, pero de igual manera, un segmento de quienes siguen el caso pareciera tener una percepción parcializada del tema e insisten en señalar a Bitkov y su familia como si fueran criminales, mientras abundan en elogios sobre otros migrantes ilegales.

Los dos ejemplos más recientes son la caravana de migrantes hondureños (fenómeno que se estancó inmediatamente después de la elección de medio tiempo en EEUU), y la declaración de Victorina Morales al diario estadounidense Times, donde se menciona que desde 2013 fue contratada en una empresa de Donald Trump “tras presentar documentos falsos”.

En ningún momento, la opinión pública se ha volcado contra el uso de documentos falsos por Morales, ni se ha pedido que ella sea extraditada a Guatemala e investigada por la Cicig-MP, lo que evidencia el doble rasero con que se está manejando el tema.

Irina, madre y esposa migrante que fue tratada como criminal

Consultada por Perspectiva, Irina Bitkova dijo:

“Estamos acompañando a mi esposo Igor Bitkov en el segundo debate que se lleva en su contra. Vemos que el inicio fue llevado a cabo con mucha tensión desde el primer día”.

Según afirma, desde el inicio la presidente del tribunal faltó el respeto a sus abogados, dificultando la defensa. “El segundo día, pudimos observar como Igor pudo hablar valientemente, sin que limitaran su declaración, como sucedió con las jueces Erica Aifan y Yassmin Barrios”.

Se presentaron evidencias irrefutables sobre la existencia de la red Cutino y sus vínculos con autoridades guatemaltecas. Además, se entregó la cédula de su hija Anastasia, cuya cédula de identidad está firmada por Mayra Véliz, quien legalizó la naturalización de Anastasia. Estos son dos de los varios elementos aportados por los Bitkov y su defensa.

“Como madre, esposa y víctima que ha sufrido por la persecución de la Cicig-FECI, tengo esperanzas de que la justicia guatemalteca se dé cuenta de que entre nuestra calidad de migrantes estamos exentos de responsabilidad penal, según el Código de Migración y la Convención de Palermo. Esperamos que el debate concluya con la absolución de mi esposo Igor, para que podamos retomar nuestras vidas y poder vivir y trabajar en la paz que nuestra familia anhela”, concluye.

Alvarado, uno de los dos guatemaltecos galardonados con el Premio Magnitsky

Alvarado es el abogado de los Bitkov que acudió a la Comisión Helsinky en busca de justicia, junto con su colega Victoria Sandoval. Como ya se mencionó, ambos obtuvieron el premio Magnistky a los Derechos Humanos.

Su labor logró evidenciar ante el mundo las irregularidades de la Cicig-FECI en el proceso contra sus clientes y llamar la atención ante la probabilidad de que en el país exista una intrincada red criminal que actuaría al amparo de las instituciones para proveer de pasaportes a migrantes diversos, entre quienes podrían encontrarse algunos vinculados con grupos terroristas que actualmente estarían en EEUU. Y esos pasaportes se emitieron durante la gestión de Mayra Véliz, cuya posible implicación en estos hechos fue denunciada desde 2017.

Pero además de ser un penalista acucioso y valiente, Alvarado también es un amigo de confianza de la familia Bitkov, que lo nombró tutor del pequeño Vladimir, nacido en Guatemala y que pese a estar encomendado por sus padres al abogado, fue enviado a un orfanato donde padeció malos tratos.

Consultado por Perspectiva, el penalista dijo: “En el debate demostramos la existencia de una estructura criminal compuesta por funcionarios públicos y abogados, que ha operado a nivel nacional e internacional”.

Entre los denunciados, dice Alvarado, “se encuentra la ex secretaria general del MP, licenciada Mayra Yojana Véliz López. Evidenciamos que la Cicig-FECI, pese a conocer la existencia y operaciones de esa estructura criminal, la encubrieron y obstruyeron la justicia”.

Y añade:”El caso de Igor Bitkov fue enviado a debate porque la juez Erika Aifan consideró que no había documentos o pruebas sobre la existencia de Cutino Internacional. Sin embargo, presentamos declaraciones de abogados, testigos, asistentes, números de cuentas bancarias y abundantes pruebas sobre la existencia de Cutino”.

El proceso puede ser largo y es imposible prever su final. Sin embargo, esta vez existen indicios suficientes como para pensar que en el caso de Bitkov, finalmente se hará justicia.

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¿Trabajo de lobby en Washington financiado por el Estado guatemalteco? ¿Un consultor del Ministerio Público (MP) exiliado en EE.UU.? Estos son solo dos de los hallazgos que desde hace unos días plantea Rolando Alvarado, abogado de la familia Bitkov. El contrato y los informes de labores de José Carlos Marroquín ilustran sobre la realidad de esta asesoría que le brindara a Aldana Marroquín, hijo del empresario Oscar Clemente Marroquín, quien pretende ser vicepresidenciable de la ex fiscal.

Roxana Orantes Córdova

Un nuevo  caso que motiva dudas se cierne sobre la administración de la ex Fiscal General Thelma Aldana. José Carlos Marroquín, quien en 2007 fue Jefe de Estrategias de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y desde ese año radica en Estados Unidos, fue contratado dos veces por el Ministerio Público (MP), para una consultoría financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y recibió dos adjudicaciones de Guatecompras .

Lo anterior no tendría nada de particular, si no fuera por algunas características que rodean al hecho y que serán descritas en este artículo. En primer lugar, ya se mencionó que Oscar Clemente Marroquín, empresario de un importante medio de comunicación, se ha perfilado como posible vicepresidenciable de Aldana.

Sumado a lo anterior, el abogado penalista Rolando Alvarado afirma que según la ley estadounidense, un exiliado no puede recibir dinero del Estado donde su vida fue amenazada.

Y este sería el caso de Marroquín, quien abandonó Guatemala en 2007 porque según denunció, recibía innumerables mensajes telefónicos con amenazas, además de un atentado contra su vehículo. En un artículo de Contrainjerencia, el ex editor de Prensa Libre, Conrado Monroy, afirmó que no hubo tal atentado, pero el hecho es que Marroquín radica en EE.UU. en calidad de exiliado y pese a ello, desde 2016 asesora al MP.

La noticia se conoció a través de las redes sociales y la reacción inmediata, calificó el hecho como una “plaza fantasma”. En una conferencia de prensa en la que ex funcionarios del MP cuestionaron los hallazgos recientes de la Fiscal General Consuelo Porras, el ex secretario de política criminal del MP, Rootman Pérez, aseguró que Marroquín no tuvo una plaza fantasma, sino “una consultoría a través del BID para sistematizar las buenas prácticas institucionales”.

Perspectiva intentó comunicarse con personas que participan en instancias anti corrupción, pero fue imposible. Dos de ellos (ambos abogados), afirmaron que no podían declarar por no conocer las particularidades del caso.

Rolando Alvarado dijo que por lo menos existen tres aspectos importantes de esa contratación que ameritan una profunda investigación:

1. La extraterritorialidad de las funciones del MP. Según la ley, este debe realizar sus funciones en el territorio nacional, ya que para asuntos en el extranjero se aplica la cooperación o asistencia jurídica entre los Estados;
2. El objeto contractual es contrario a la ley, debido a que el lobby en EE.UU. no constituye una función legal del MP y peor aún, para promover o proteger la imagen de personas individuales;
3. El tipo contractual se refiere a servicios “profesionales”, lo que obligaba a hacer constar y justificar la calidad profesional del señor Marroquín.

Los contratos y sus características

El primero de los contratos revisado por Perspectiva tiene como fecha octubre de 2016 y se inscribe en el renglón Préstamo BID 1905/OC-GU. El plazo es de dos meses (octubre a diciembre) y el monto, US$18,000 (Q.138, 635).

Idéntico encabezado tiene el segundo contrato, que inicia el 3 de enero de 2017 y culmina el 30 de noviembre de ese año: “Contrato No. 4-2017, préstamo BID 1905/OC-GU de prestación de servicios profesionales, bajo renglón presupuestario ciento ochenta y nueve con cargo al programa de apoyo al sector justicia penal, financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo-BID-). El monto de esta contratación es de US$ 66,000 (Q 508,33).

Además de estos dos contratos financiados por el BID, el 20 de noviembre de ese año la Secretaría de Asuntos Internacionales y de Cooperación del MP contrató a Marroquín como “Consultor Local para Gestionar Agenda en Temas del Ministerio Público de Guatemala, con Organismos Internacionales y Organismos No Gubernamentales”, por Q135, 277.02.

La misma secretaría contrató al consultor el 23 de enero de 2018, en la contratación denominada: “Consultoría Desarrollo de Compendio de Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas en el Fortalecimiento de las Capacidades de Investigación y Persecución Penal Estratégica”, por Q 250,610.23, sumando estas dos erogaciones del MP Q385, 887.25, como se puede ver en la página de Guatecompras.

Los informes de labores de Marroquín muestran la actividad que desarrolló. Tal como afirman Igor Bitkov y su abogado, la palabra “lobby” surge al revisar uno de los informes divulgado por Bitkov en sus redes sociales.

Por ejemplo, una de las actividades del consultor fue reunirse con los miembros de la comunidad migrante, a quienes les expuso las ventajas que para esa comunidad tendría la aprobación de las reformas constitucionales del sector justicia. En sus conclusiones, afirma: “La comunidad migrante guatemalteca en Estados Unidos ha fortalecido su interés de apoyar con el Ministerio Público y, en especial, con la Fiscal Thelma Aldana” (sic).

Asimismo, asistió a reuniones con empresarios guatemaltecos y de otros países así como funcionarios estadounidenses. Uno de los elementos preocupantes presentes en esos informes y que debiera ser investigado por la Fiscal General Consuelo Porras es la evidente intención de mejorar la imagen de Thelma Aldana, Francisco Rivas e Iván Velásquez ante sectores estadounidenses, luego de que la muerte de Pavel Centeno en circunstancias no esclarecidas, proyectara una sombra sobre las autoridades guatemaltecas, concluye Alvarado.

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