Ana Paola García, Jefe de Cabildeo AGEXPORT

En la anterior columna titulada Un repaso de la IX Legislatura y lo que nos espera para el 2022 comenté como en el Congreso de la República, producto de la pandemia sanitaria, se conformó una coalición de bloques a favor de la bancada oficialista. En esta ocasión deseo profundizar en la dinámica que la IX legislatura ha demostrado respecto a la relación de cooperación entre poderes legislativo – ejecutivo.

Durante los dos años y tres meses de la IX Legislatura y del Gobierno liderado por el presidente Alejandro Giammattei se ha observado una interesante coordinación entre ambos poderes en cuanto al impulso y aprobación de la agenda legislativa. La cual ha demostrado ser coherente con las políticas públicas impulsadas dentro del ejecutivo. Esta coordinación ha sido altamente criticada por la sociedad civil, medios de comunicación y diputados de oposición por sobrepasar la independencia de poderes, llevando a cuestionar ¿es mala la cooperación entre poderes? ¿la cooperación atenta contra la independencia de poderes?

Para responder, primero es necesario tener claro que Guatemala es una república democrática y presidencialista. Esto significa que la Constitución de la República establece que la estructura de Estado establece la separación de poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, que la forma de gobierno y de elegir representantes se rige bajo un sistema democrático y que la autoridad y legitimidad de cada uno es independientes. Esto significa que los tres poderes se encuentran al mismo nivel de poder y autoridad generando frenos y contrapesos para su funcionamiento. Por mandato constitucional la separación de poderes es inquebrantable.

Teniendo clara la estructura institucional es necesario entender si la dinámica de cooperación atenta contra ella. Si bien el bloque oficialista, el cual cuenta con una fuerte disciplina partidista, solo representa al 10% de las curules (17 de 160 diputados) con la coalición le ha llevado a representar un 68% de la fuerza parlamentaria. Esta se conforma por más o menos nueve bloques de 19, cada uno con una agenda legislativa particular. Si bien las propuestas del ejecutivo han avanzado con mayor rapidez, los bloques que integran la coalición también han identificado esta alianza como una oportunidad para recabar votos y aprobar las agendas de interés. 

Adicionalmente, la coalición surge al inicio del periodo de gobierno producto de la pandemia. Sin su conformación difícilmente se hubiese podido atender con la prontitud que el momento ameritaba. Durante el segundo año se sostuvo por la necesidad de aprobar legislación de carácter económico que facilitara y agilizara la reactivación económica.  Al inicio del tercer año la coalición ha perdido adeptos, pero no los suficientes pues aún mantiene los votos para aprobar iniciativas por mayoría calificada (107 votos). Por ahora la coalición pareciera sostenerse pues la alianza ha sido efectiva significando un juego de suma positiva para quienes la integran, dejando a la oposición un tanto rezagada.

Sin embargo, es importante considerar que la pandemia se está quedado atrás y la preparación para la contienda electoral 2023 se convierte parte de las prioridades de los actores políticos en el legislativo, especialmente los que buscan la reelección. Sumado a ello, los compromisos políticos que el Congreso debe cumplir con las elecciones de Fiscal General, Contralor General de Cuentas y Procurador de Derechos Humanos pondrán en tela de juicio la dinámica de suma positiva de la coalición y por ende la cooperación entre poderes.

Para responder la respuesta inicial sobre si la cooperación entre poderes es mala y/o atenta contra la independencia de poderes; la respuesta es NO. La dinámica de cooperación, hasta el momento, pareciera no haber minado la división e independencia de poderes. El Legislativo no está sometido a la autoridad del Ejecutivo o viceversa, ambos mantienen su legitimidad democrática. Esta dinámica no suele ser común en el país y es altamente cuestionada por la falta de confianza en los actore políticos. Especialmente por que ha sido de utilidad para sostener una línea de gobierno integral en temas de carácter económico más no sociales.

La cooperación de poderes no es inusual en otros países especialmente las democracias maduras, donde inclusive a lo interno de los parlamentos existe cooperación entre oposición y oficialismo. La cooperación permite crear planes de trabajo coordinados con un menor desgaste para la búsqueda de consensos. Esto no significa que deba serse crítico ante la dinámica, por el contrario, la vigilancia ciudadana se convierte en un contrapeso natural.

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Ana Paola García*

La actual legislatura del Congreso de la República de Guatemala, integrada por aproximadamente 110 diputados de nuevo ingreso y 50 repitentes distribuidos en 20 bloques (19 bloques legislativos partidarios y uno independiente por circunstancias políticas) ha tenido que legislar bajo un escenario inusual provocado por la pandemia mundial de la COVID-19 y este año no será la excepción.

A pesar de ser una legislatura que contó con más o menos cuatro meses de preparación en transición previo a asumir el cargo, la presión por la pandemia significó un cambio de planes y agendas. Principalmente para los 5[1] bloques de oposición que, además representaban el 41% de diputados y que se vieron en la situación de apoyar o no las medidas sanitarias adoptadas por el ejecutivo.

Durante el primer año legislativo se observó apoyo y, hasta cierta sincronía, para aprobar los Estados de Calamidad decretados por el Ejecutivo, al igual que las solicitudes de préstamos para fortalecer al Ministerio de Salud y cubrir necesidades económicas y sociales de la población. No fue sino hasta el año pasado, cuando la pandemia comenzó a menguar y algunos diputados pusieron en tela de juicio la forma en como el ejecutivo la estaba manejando. A raíz de esto, se observó una fuerte fragmentación en las dinámicas internas de los bloques como en las alianzas formadas (principalmente en la inicial bancada de oposición, UNE) y en la fijación de agendas legislativas de interés. Esta situación pintó un panorama complejo para impulsar la agenda de reactivación económica que demandaba la crisis, la cual fue promovida por el oficialismo en acompañamiento de los bloques de derecha, pero fuertemente cuestionado por la oposición e izquierda quienes impulsaron una agenda social (salud, educación y género).

Entre restructuraciones internas, reordenamiento de cuotas de poder y crítica social, la IX legislatura aprobó más de 5 leyes para reactivar la economía a través de la facilitación del comercio, atracción de inversión, generación de empleo y promoción de las exportaciones. Algunas de ellas Leasing, Simplificación de Trámites Administrativos, Reformas a Ley de Zonas Francas, Proyecto de Alianza Público Privado para Desarrollo de Infraestructura Vial y EFTA. Dejando pendientes otras como la Ley de Reactivación del Sector Turístico Nacional, Ley de Teletrabajo, Ley de Fortalecimiento a la Industria Chiclera, Autoridad Portuaria, entre otras.  

Ahora bien ¿cuál es la perspectiva de la actividad legislativa para el 2022? En materia económica, se espera dar avance a la agenda de reactivación pues la nueva Junta Directiva, presidida por la Diputada oficialista Shirley Rivera (también tercer presidente mujer del alto Organismo Legislativo) junto con los jefes de bloque acordaron dar continuidad a las sesiones extraordinarias semanales para abordar dicha agenda. Adicionalmente, la Comisión de Economía, se encuentra trabajando en una propuesta de agenda priorizada y para lograrlo han escuchado al Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores y organizaciones empresariales sobre las iniciativas de impacto que pueden catapultar la economía.

Otros temas que consumirán la actividad parlamentaria serán los compromisos de carácter político que debe cumplir el Congreso de la República, tales como la integración de Comisión de Postulación para la elección de candidatos a Fiscal General del Ministerio Público, la elección de Contralor y Elección de Procurador de Derechos Humanos, además de ser año pre electoral.

Estos tres acontecimientos son cruciales para el fortalecimiento institucional del Estado pues se definirán los liderazgos de instituciones cruciales en ámbito de justicia, control y fiscalización del erario, así como la garantía de los Derechos Humanos que velarán por el debido cumplimiento de las elecciones 2023 y fiscalizarán al próximo gobierno. Ante la tremenda responsabilidad del Congreso en participar en la elección de estos cargos altamente apetecidos y merodeados por grupos de poder, la IX legislatura deberá tener en mente que para cumplirlos se requieren de las más altas capacidades de honorabilidad y lealtad a la institucionalidad. Factores que sin duda reflejarán en un reajuste de fuerzas y alianzas entre los bloques.

Por tanto, para el 2022 nos espera un interesante reordenamiento y balance de fuerzas y alianzas entre los bloques, el cual será definido por los compromisos políticos. La complejidad recaerá sobre como interactuarán las alianzas para cumplir con dichas elecciones y generar consensos para impulsar la agenda una agenda legislativa económica y/o social.

[1] Los 5 bloques iniciales de oposición fueron UNE (52 diputados), Semilla (7 diputados), Winaq (4 diputados) URNG (3 diputados) y MLP (1 diputado).

*Jefe de Cabildeo AGEXPORT

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Ana Paola García

Recientemente el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, liderado por el Ministro Rojas Espino, publicó el Acuerdo Gubernativo 164-2021 Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes, siendo este un primer paso para lo que muchos han pedido por años “componer el problema de la basura”.  Este pequeño gran problema de la basura es como el elefante en la sala, todos saben que está, pero muy pocos hacen algo al respecto.

En Guatemala, “problema de la basura” responde a una mala gestión de los desechos y residuos. Por tanto, un primer avance para solucionarlo de fondo, como la propone el reglamento en mención, es la creación de normas sanitarias y ambientales que permitan la correcta gestión integral de los residuos y desechos sólidos. Aunque la respuesta suena bastante lógica, muchas veces llegar a respuestas lógicas es difícil cuando el problema es demasiado grande.

Para entender los aspectos positivos del reglamento es importante comprender la situación actual[1]. Al 2018, el país contaba con una población de casi 15 millones de habitantes y se generó casi 8 toneladas de basura diarias.

Según las estadísticas del INE, de los 3,275,931 millones de hogares registrados al 2018, el 41.86% contó con servicio de extracción de basura municipal o privado, el 51.31% enterraron, quemaron o tiraron la basura en cualquier lugar y el 6.2% restante generó abono, recicló o utilizó alguna otra fuente de disposición.

Seguramente que del 41.86% que contó con servicio de extracción pocos tienen claridad del destino final de sus desechos pues, en 2017 el Ministerio de Ambiente identificó 2,240 basureros, 86% de ellos clandestinos, 13% municipales y 1% privado, para entonces, el 99% no contaba con Instrumento Ambiental. Este descontrol ha significado provocado altos niveles de contaminación como lo vemos en el Lago de Amatitlán, el Río Las Vacas y Montagua, por mencionar algunos.

El problema real no es la cantidad de desechos sino lo que se hace con ellos desde que se generan hasta que llegan a un vertedero o en nuestro caso, un lago, río o mar. ¡Es el elefante en la sala! Todos los generamos, los desechamos, lo padecemos, pero no hacemos nada al respecto. La triste realidad es la ausencia de un sistema efectivo que ordene y garantice el adecuado manejo de desechos sólidos.  

Una vez dimensionado el problema, es importante conocer como el reglamento ordena el sistema.  En primera instancia, obliga a toda la población a separar su basura para facilitar e incentivar el reciclaje y recuperación de material. En el plazo del primer año todos deben cumplir con una clasificación primaria (orgánico e inorgánico) y dos años después con la clasificación secundaria (papel y cartón, vidrio, plástico, metal, multicapa, otros).

Segundo, obliga a los recolectores, transportistas, almacenadores, a los encargados de la transferencia, tratamiento y disposición final a tomar medidas para salvaguardar el medio ambiente y la salud tanto de sus colaboradores como de la población en general.

Las normas detallan procedimientos específicos que cada uno debe cumplir como constancia de tarjeta de salud para los trabajadores de esta industria, la adquisición de vehículos y carrocería adecuada para movilizar los desechos, los procedimientos de lavado de vehículo, periodicidad de recolección, medidas y espacios físicos para el adecuado almacenamiento y transferencia de los desechos.

De igual manera, establece reglas básicas que deben cumplir las plantas de tratamiento en cuanto a su estructura y diseño, ventilación, mitigación de olores, entre otros dependiendo del mecanismo a utilizar. Por último, uno de los puntos más importantes, es que establece que la disposición final de los desechos debe realizarse por medio de rellenos sanitarios, cumpliendo con todas las normas ambientales. Esto sin duda es un gran paso para eliminar los más de 1,000 vertederos clandestinos actuales.

Tercero, incentiva al Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud y Municipalidades a coordinarse para que de manera conjunta den debido cumplimiento al reglamento siguiendo los principios de economía circular y les obliga a generar campañas educativas para promover en la población la práctica de las normas sanitarias correspondientes a su rol como generadores de residuos y desechos.

Es por ello, que el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes se convierte en una herramienta para ordenar a todos los actores involucrados en el proceso del manejo y disposición de residuos y desechos en un sistema donde cada uno se responsabilice de cumplir con su parte.

Si bien el reglamento no impactará en un corto plazo como suelen hacerlo las medidas cortoplacistas como las prohibiciones de productos específicos (como el plástico), sin duda impactará en un mediano y largo plazo. Pues como todos los buenos cambios que solucionan problemas de carácter social, y en este caso socio – ambiental, la mejor solución son políticas públicas que atiende los problemas de fondo, aquellas que requieren del compromiso del ciudadano de a pie en coordinación con las instituciones rectoras.

A diferencia de las prohibiciones, esta medida corregirá los hábitos individuales para la clasificación de desechos, permitirá a las entidades responsables tener un mejor control del cumplimiento sanitario y ambiental, se reducirán los vertederos, se dignificará el empleo de los recolectores de basura salvaguardando su salud, entro otros, y principalmente, nos encamina a corregir el eterno problema de la basura.

[1]Es importante aclarar que los últimos datos estadísticos sobre la generación de desechos sólidos por hogar realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, corresponden al 2018.

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Ana Paola García*

Es normal que durante los meses de junio, julio y agosto poco se escuche del quehacer legislativo, esto se debe a que el Congreso entró en período de receso legislativo que concluye el 31 de julio.

No significa que el edificio legislativo y las oficinas estén cerradas con un letrero en la puerta que diga “vuelva en agosto”, ni mucho menos que los legisladores se encuentren de vacaciones, tomando el sol en el caribe o paseando por las calles de Florencia disfrutando de un pintoresco paisaje. Por el contrario, es un momento crucial para el avance del trabajo legislativo y un buen momento para aprender más sobre la actividad parlamentaria.

Son cuatro las principales funciones parlamentarias pero previo a conocerlas es necesario tener presente lo que la Carta Magna estipula sobre las responsabilidades del organismo. La Constitución de la República de Guatemala establece que nuestro Estado es libre, soberano e independiente y posee un sistema de gobierno republicano, democrático y representativo, su poder emanar del pueblo y este lo delega en los tres poderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, procurando dispersar el poder y evitando la subordinación de poderes.

Si bien Guatemala es una República Presidencialista, el Organismo Legislativo es quien mayor representatividad democrática refleja, principalmente por la manera en cómo está diseñando el sistema electoral. Por periodos de cuatro años los legisladores podrán ejercer sus funciones que son representar a sus electores, legislar de manera representativa y fiscalizar el manejo de fondos asignados a través del presupuesto de ingreso y egresos del Estado e interpelar a funcionarios como mecanismo de rendición de cuentas. Todos los ciudadanos pueden tener acceso al quehacer legislativo y demandar ser representados en cualquiera de las funciones.

Por periodos de cuatro años los 160 diputados electos son responsables de cumplir sus funciones a través de los distintos órganos internos como el Pleno, la Junta Directiva, Comisiones de Trabajo, Junta de Jefes de Bloque, Bloques Legislativos, entre otros. Las sesiones ordinarias donde se convoca al Pleno solamente se podrán llevar a cabo en dos periodos, del 15 de enero al 15 de mayo y del 1 de agosto al 30 de noviembre, siendo estos los momentos de mayor actividad.

Justamente nos encontramos en el cierre del receso legislativo, a menos de unos días de dar inicio al segundo periodo ordinario vale la pena ver hacia atrás sobre el legado del primer periodo ordinario del año. Se llevaron a cabo 42 sesiones ordinarias de las cuales, según datos del Informe del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias realizado por la Alianza por un Congreso Eficiente, en promedio se contó la participación del 79% de diputados.

A pesar de la carencia de una agenda legislativa priorizada producto la alta fragmentación de los 19 bloques representados, el Pleno logró llegar a consensos y acuerdos políticos para la aprobación de iniciativas cruciales para la reactivación de la economía y modernización del Estado, siendo estas el decreto 2-2021 Leasing, decreto 5-2021 Simplificación de Requisitos y de Trámites Administrativos y el decreto 6-2021 Zonas Francas. Para atender la pandemia se aprobó la Ley para la Adquisición de vacunas contra COVID-19, decreto 1-2021. Con relación al sector justicia, se dio seguimiento a la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelación y otros tribunales de igual categoría y en relación con la función fiscalizadora se realizó la interpelación al ministro de Gobernación. Por último, las comisiones más activas fueron Economía y Comercio Exterior, Pequeña y Mediana Empresa, Turismo y Salud y Asistencia Social, entre otras.

Durante el receso parlamentario se dio un gran avance para la recuperación del sector turismo gracias al dictamen favorable emitido por las comisiones ordinarias de turismo y economía, la primera presidida por el Diputado Barahona del bloque BIEN y la segunda por el Diputado Neutze del bloque CREO. 

Ahora, ¿qué podemos esperar para el segundo periodo ordinario? Principalmente la discusión y aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, discusión que consume los meses de octubre y noviembre. También que se retomen la discusión de iniciativas que ya cuentan con avance en el pleno como la Ley del Teletrabajo y Ley de Reactivación de Turismo, siendo la última una necesidad primaria para la reactivación de la economía y el rescate del sector turístico.

El segundo periodo ordinario del Congreso es crucial para la continuidad de la actividad del Estado, no solo por la aprobación del presupuesto sino por que da por terminado otro año más de representatividad, otro año más de oportunidades para tomar decisiones transcendentales que prioricen al país. ¡Bienvenido el segundo periodo ordinario!

*Jefe de Cabildeo, AGEXPORT

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Ana Paola García*

Hablar de un buen empleo pareciera algo subjetivo, y es que cuando nos preguntan qué es pareciera que describiéramos la lista a Santa Claus. Contar con un buen sueldo, bonificaciones, seguridad social, vacaciones y todas las de ley se hace cada día más difícil. Principalmente en países como Guatemala donde de una población de más de 17 millones de habitantes, aproximadamente 12 millones se encuentra en edad de trabajar.

Con una oferta laboral reducida y una alta demanda, las opciones para los guatemaltecos soñadores muchas veces se reducen a la migración, afectando el desarrollo económico y social del país.

Pero ¿qué es un buen empleo y cuáles son los beneficios e implicaciones? ¿cómo desarrollarlos? Según BID, un empleo de calidad es un empleo formal que genera el ingreso suficiente para superar la pobreza. Puede decirse que es el que nos permite tener acceso a los beneficios estipulados en ley como seguridad social, bonificaciones, indemnizaciones, entre otras.

En pocas palabras, son oportunidades que nos garantizan beneficios para cubrir servicios básicos, superar la pobreza y mejorar la calidad de vida, significando un incremento de la clase media para el país. 

Carolina González, en su publicación titulada La esquiva clase media latinoamericana (BID, 2021), indica que un buen empleo es crucial para desarrollar la clase media pues esta es el reflejo de un trabajo estable, bien remunerado, que permite a las personas dar un espacio mental para hacer todas esas cosas que la clase media hace bien. Por ejemplo, control sobre el futuro, contar con ingreso fijo cada mes, acceso a servicios básicos para enfocarse en construir y planificar su vida a largo plazo. En definitiva, un buen empleo se ha convertido en un factor clave para su desarrollo.

La clase media moderna se ha caracterizado por dinamizar las economías con su espíritu emprendedor, elevar los criterios de consumo con su exigencia, y también de demandar representatividad y fiscalizar a los tomadores de decisión con más contundencia. Pero es su estabilidad, crecimiento económico y capacidad de adquirir bienes materiales que satisfacen sus necesidades primarias y un poco más, lo que las define. Pero que un país cuente con buenos empleos para desarrollar más clase media es relativo a sus capacidades.

Al 2019 Guatemala contaba con 1,350, 821 empleos formales de una población económicamente activan de 7.1 millones. En 2020, afectados por la pandemia COVID-19, el empleo formal sufrió una reducción de 60,939 (ASIES, 2021), dejando 1,289,882 empleos formales. Este golpe dio al país el reto de recuperar y crear más y mejores empleos.

Este desafío puede superarse si nuestros funcionarios de gobierno priorizan una agenda económica con la que puedan impulsar políticas que activen el círculo virtuoso del progreso técnico, la diversificación de la estructura productiva, la expansión del empleo de movilidad ascendente, la urbanización, mayor acceso a la educación y cobertura de los servicios básicos. Herramientas de atracción de inversión como las recientemente aprobadas reformas a la ley de Zonas Francas por el Legislativo, permitirá crea más de 30 mil nuevos empleos formales en todo el territorio nacional, según un estudio del Ministerio de Economía.

Otra herramienta que permitirá robustecer la oferta laboral es el trabajo a tiempo parcial, pendiente de ser reglamentada por el Ministerio de Trabajo. Medidas como esta permite a las personas generar ingresos y mejorar su calidad de vida según sus necesidades y disponibilidad, dotándole de opciones para tomar decisiones de largo plazo.  Esta herramienta es crucial para países como Guatemala donde su población en edad de trabajar equivale a más del 50% de su población pues permitirá a los jóvenes, adultos mayores y madres optar a empleos formales.

Es responsabilidad de los Estados velar por la estabilidad, social, económica y financiera de sus habitantes. Una vez se disponga de voluntad política para priorizar la agenda económico – social en la búsqueda de empleo, es una cuestión de tiempo comenzar a percibir las virtudes de un buen empleo.  

* Jefe de Cabildeo, AGEXPORT.

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Ana Paola García

El pasado 11 de marzo del 2021 más de 900 empresas de la cadena de valor del turismo, representadas en el Comité de Crisis del Sector Turístico Organizado de Guatemala, presentaron al sector público las 11 acciones para el rescate del sector. Siendo una de ellas la vacunación masiva para trabajadores del sector turístico. A casi tres meses de la presentación, la industria aún lucha por mantenerse a flote y encontrar vías que le permita ser competitiva nuevamente.

El 2020 cerró con números muy negativos que aún no mejoran. Según datos levantados por el tanque de pensamiento ASIES, el Banco Central y el Instituto Nacional Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, el 2020 contó con 76.7% menos de visitantes que el año anterior significando el cierre de más de 17% de las empresas y la pérdida de más de 100 mil empleos.  

Un gran golpe comparado con el año anterior donde reflejó un aporte al PIB del 6.2% y más de 400, 000 empleos directos provenientes de restaurantes, hoteles, agencias de viajes, artesanías, servicios te transporte, escuelas de idiomas, entre otros.

Pero hoy en día al sector no le queda más que gestionar la crisis y adaptarse a la pandemia para posicionarse nuevamente en el mapa del viajero como lo ha hecho España con los aeropuertos certificados o Belice con la implementación de la Health App para el turista.

El esfuerzo para hacer de Guatemala un destino atractivo nuevamente dependerá de la capacidad de gestionar eficientemente la diversidad local, los recursos de origen turístico y muy importante, el fortalecimiento del talento y capital humano.  Hoy en día fortalecer a los trabajadores del turismo con vacunas suma a la competitividad de los países. Por ello es importante incluirlos en las próximas líneas de vacunación junto con otros grupos priorizados como los maestros.

A partir de la pandemia un criterio de selección del turista se ha convertido en el nivel de seguridad o exposición a COVID-19, por lo que, contar con personal vacunado se convierte en una necesidad primaria. Garantizar prontamente una vacuna a los empleados del turismo no solo resguarda la salud del turista sino también la de ellos y sus familias. Una persona que trabaja en un aeropuerto está expuesta a más de 150 personas de diferente procedencia día a día. Alto riesgo también corre quienes trabajan en fronteras, aduanas, guías de turismo, hoteles, restaurantes, operadores, transportistas y demás.

Complementario a esta acción, capacitarles sobre protocolos de prevención, simulacros en caso de emergencia y cuidado de COVID-19, es crucial. Esto no significa que el país deba disminuir sus medidas de control y requisitos de ingreso a los viajeros sino de actuar de forma recíproca con sus visitantes y servidores de turismo.

Guatemala es un paraíso que cuenta con una gran ventaja sobre la región por su riqueza geográfica, social, y atractivo histórico y cultural.

Es en sí de gran atractivo, pero requiere de esfuerzo para potencializarlo, especialmente durante una pandemia. Valorar el turismo como una herramienta que dinamiza de manera transversal la economía por las diversas industrias que abarca (restaurantes, hoteles, transporte, centros recreativos, artesanías, centros de convenciones, hospitales, hoteles, escuelas e industria médica) permitirá a las autoridades de gobierno vislumbrar oportunidades para rescatar al país de la pandemia.

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Ana Paola García*

A un año de la pandemia, la capacidad de los Estados en responder a las necesidades de su población ha sido puesta en tela de juicio. Uno de los grandes retos que enfrentan los países es recuperar y aumentar su competitividad y desarrollo económico y social. Pero ante los limitados recursos es necesario implementar herramientas como las Alianzas Público-Privadas, -APP- que permitan una recuperación sostenible.

La necesaria priorización de recursos públicos para atender y fortalecer los sistemas de salud hace que involucrar a actores privados en la recuperación económica se convierta en una acción estratégica para el desarrollo. Recurrir al capital privado como alternativa de financiamiento es una práctica recomendada por muchos expertos.

Según lo expresado por Andrés Cadena, socio Senior de Mc Kensei Bogotá, en el foro virtual Reactivación económica de las ciudades: camino hacia la reactivación elaborado por BID, los esfuerzos de coordinación del sector público y privado deben enfocarse en proyectos que impacten de manera transversal como la generación de empleo y a su vez sirvan de instrumentos para mejor educación, salud y comercio. Pero más allá de esa perfecta coordinación debe velarse por que las empresas privadas inyecten liquidez al sistema.

Pareciera contradictorio incentivar las inversiones privadas cuando se está atravesando una crisis económica. Sin embargo, estudios realizados por el Banco Mundial presentan evidencia sobre su viabilidad durante la pandemia.

Para lograrlo, el especialista financiero en Infraestructura, Anthony Molle plantea una serie de recomendaciones enfocadas en los incentivos que tanto el sector público como privado deben perseguir en la negociación del contrato a modo que sea atractivo a ambas partes.

Algunos de ellos son incrementar los términos de concesiones, medidas para reducción de deuda o reducción de impuestos. Siempre bajo el marco de la legislación y principalmente apegándose a una justa distribución del riesgo y responsabilidades (Algunos riesgos que enlista el Banco Mundial en materia de infraestructura son: riesgo de construcción, operativo, demanda, reformas a marcos legales, político, ambiental, social, refinanciamiento, cambio de divisa y tasas de interés).

Muchos países desarrollan todo tipo de industrias a través de las APP.  Las más comunes suelen ser en sectores de infraestructura como lo hizo Chile o Canadá con salud y educación. Pero también puede aplicarse para el desarrollo agrícola y como un mecanismo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En todos los casos, las bien conocidas APP tienen el potencial de ayudar a modernizar los sectores donde se aplica. Entonces ¿Por qué no aplicarlo en Guatemala?

Guatemala no es la excepción en materia de APP, pues cuenta con un marco regulatorio exclusivo para desarrollar inversiones en materia de infraestructura. A través la Agencia de Alianza para el Desarrollo de Infraestructura Económica -ANADIE- se concesionó el proyecto Rehabilitación, Administración, Operación y Mantenimiento de la Autopista Escuintla Puerto Quetzal, aún pendiente de su aprobación en el Congreso de la República. Este implica una inversión cien por ciento privada de Q960 millones, más de 1700 empleos directos e indirectos y canon de 41.13% sobre ingresos brutos. Los costos y riesgos financieros son asumidos por el privado, permitiéndole al Estado destinar recursos y esfuerzos a la crisis sanitaria.

Bajo la pandémica coyuntura es valioso evaluar la capacidad del país para potencializar esta versátil herramienta que permita cerrar las brechas de desarrollo. Es importante incentivar los esfuerzos conjuntos para que el país retome su rumbo económico y se posicione competitivamente en la región confianza responsabilidades en el sector privado.

*Jefe de Cabildeo, Agexport

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Ana Paola García*

La teoría de sistema político de David Easton llamado “caja negra” es una de las maneras más simples de comprender como el Estado interactúa con su sociedad.  Este establece que el Estado y sus habitantes conviven a través de un mecanismo de input- output. Donde la sociedad, representada en grupos económicos, sociedad civil organizada o particulares presenta una necesidad al Estado (input) y este responde (output). Ante cada input el aparato estatal hecha a andar la maquinaria burocrática a través de una serie de procesos internos para emitir un output, a estos procesos le podemos llamar también eficiencia regulatoria.

Según el Índice de Libertad Económica 2021 del Heritage Foundation, en cuanto a eficiencia regulatoria, Guatemala es sumamente confusa, llena de obstáculos y en ocasiones un freno para la empresa privada.

En Guatemala existen muchas demandas sociales y económicas (inputs) que dependen al cien por ciento de la administración pública como lo es la obtención de un registro sanitario para una empresa que manufactura alimentos, un registro de un producto nuevo, una garantía de inocuidad para productos agrícolas de exportación. Las artesanías no necesitan permiso a menos que sean una copia arqueológica.

La eficiencia regulatoria no solo depende de la capacidad técnica de la burocracia sino también del tiempo que toma emitir respuestas ante los trámites gestionados. Muchas veces el tiempo o demora es reflejo de procedimientos internos que se dan dentro de la “caja negra”.

En Guatemala estos procesos casi siempre ameritan papeles que deben ser presentados físicamente en las ventanillas. Por ejemplo, obtener un registro sanitario para comercializar un producto alimenticio requiere de ocho pasos (imprimir la solicitud desde la página del ministerio, imprimir la boleta de pago, imprimir la boleta de pago de análisis para el producto a evaluar, pagar el registro, obtener comprobante en el ministerio, solicitar registro ante el ministerio, entregar producto para análisis y obtener certificado de registro) en un tiempo aproximado 150 días hábiles, sin retraso.

En la lógica de Easton, si una empresa desea comercializar 5 productos alimenticios y demanda al Estado 5 registros sanitarios (inputs) este emitiría su respuesta (output) en 750 días.

El problema del retraso no es la capacidad de la burocracia para evaluar los expedientes y determinar si cumple o no con los requerimientos sino el tardado procedimiento de la revisión física de papeles. Esto puede corregirse dotando a la burocracia con mecanismos tecnológicos y herramientas que le faciliten simplificar los procesos administrativos.

¡Es necesario eliminar los papeles, adoptar los sistemas automatizados y saltar al Gobierno electrónico!

La administración pública en Guatemala debe adoptar mecanismos como el pago en línea, la firma y la factura electrónica que, sumados a sistemas informáticos descongestionarían las instituciones permitiendo emitirrespuestas en un menor tiempo. Adicionalmente, facilitaría la recopilación de información para llevar mejores controles, no se diga el atractivo que sería para capitales nacionales e internacionales invertir en el país.

Las instituciones públicas deben avanzar hacia la modernidad, por lo que iniciativas como la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos que se encuentra en el Congreso de la República se convierte en una herramienta crucial para el desarrollo económico.

Esta iniciativa permitirá a las entidades públicas el uso de medios electrónicos para un ágil intercambio de información, regulación de bases de datos y servidores que puedan utilizarse de manera general para los procedimientos administrativos.

Promoverá a la digitalización permitiendo a los guatemaltecos hacer uso de la tecnología para realizar los trámites e interactuar con el Estado de una manera simplificada permitiendo comprender lo que sucede dentro de la “caja negra”. Simplificar los trámites administrativos permitirá regular de manera más eficiente a un menor costo y con mayor confiabilidad para los usuarios.

* Jefe de incidencia, División de Relaciones Institucionales AGEXPORT

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