El dictamen de la reforma a la Ley de Alianzas Público-Privadas está todavía pendiente de segundo debate en el Congreso de la República. La modificación a la Ley de Anadie es clave para poder avanzar en contar con más infraestructura pública y la necesidad de acelerar la inversión.

Por Juan Carlos Zapata

Otra ley para aumentar la formación bruta de capital fijo

El dictamen favorable reconoce la poca inversión en infraestructura de nuestro país, que ha conllevado a poco desarrollo de la población y un lento proceso de aumento de las capacidades productivas en Guatemala.  Mientras en países como República Dominicana o Perú, la población duplica su ingreso en 20.9 años y 22 años, respectivamente, en Guatemala tardamos 47.4 años.  Esta falta de capacidad para aumentar los ingresos se debe principalmente a una falta de inversión, especialmente de inversión pública, que le permita al país crecer de una forma más acelerada.

La falta de mantenimiento de los aeropuertos, puertos o la falta de sistemas de transporte y otros activos del país muestran la gran oportunidad que brindaría la reforma a la Ley de APP para poder fomentar mayor desarrollo.  La iniciativa reforma el objeto de la ley, para normar todas las etapas necesarias para la realización de proyectos y regular la modalidad de contratación de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito municipal.

Se amplían los sectores que antes estaban excluidos, como educación, salud y agua.  Esto es una innovación importante que permitirá a Guatemala aumentar la inversión social que tanto se necesita en nuestro país, dotando de herramientas al Gobierno y a los alcaldes para fomentar mayor inclusión, especialmente en las regiones de menor desarrollo del país.  Existe un artículo que especifica la forma en que se aprueba en cada caso.

Otra innovación importante es que se amplía la clasificación de los proyectos en varias categorías, sin ser excluyentes, pueden combinarse y relacionarse entre sí: por el origen de solicitud, por su naturaleza financiera con relación a la deuda pública, por su naturaleza financiera con relación a ingresos del sector público, por su forma de pago al participante privado, por el tipo de intervención en infraestructura, por el ámbito territorial y por el tipo de servicio.

Esta nueva clasificación presenta innovaciones importantes; por ejemplo, el permitir propuestas no solicitadas o el caso de proyectos sin deuda pública, así como diferentes mecanismos de pago.  Otro cambio importante es que se cambia el nombre de la agencia a ANI, un acrónimo más fácil de recordar, así como el nombre del Consejo a Consejo Nacional de Infraestructura.

Un cambio clave es que se logra acelerar la aprobación y forma de los contratos de alianza, permitiendo según quién sea la institución contratante del Estado, diferentes procesos de aprobación del contrato, para que no todos tengan que ir al Congreso, ya que esa fue siempre una complejidad del modelo que hizo que solo un proyecto se aprobara en casi 14 años desde que se aprobó la ley inicialmente.  Además, se le asignan más recursos para la operación del fondo, para la preinversión, para contingencias y para garantía de proyectos a la Agencia.  El Organismo Ejecutivo deberá reformar el reglamento 90 días después de que entre en vigencia la ley.

Esperemos que el pleno del Congreso pueda retomar su discusión lo más pronto posible y aprobarla, para poder fomentar mayor desarrollo económico y social al país.

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La Comisión de Economía y Comercio Exterior firmó y entregó el dictamen favorable de la iniciativa 6433, que reforma el decreto número 16-2010, Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), y actualmente se encuentra pendiente de segundo debate. Dicha ley es la que coordina las alianzas público-privadas (APP) en el país.

Por Juan Carlos Zapata

El dictamen favorable reconoce la poca inversión en infraestructura de nuestro país, que ha conllevado poco desarrollo de la población y un lento proceso de aumento de las capacidades productivas en Guatemala. Mientras en países como República Dominicana o Perú la población duplica su ingreso en 20.9 años y 22 años respectivamente, en Guatemala tardamos 47.4 años. Esta falta de capacidad para aumentar los ingresos se debe principalmente a una falta de inversión, especialmente de inversión pública, que le permita al país crecer de una forma más acelerada.

La falta de mantenimiento de los aeropuertos, puertos o la falta de sistemas de transporte y otros activos del país muestran la gran oportunidad que brindaría la reforma a la Ley de APP para poder fomentar mayor desarrollo. La iniciativa reforma el objeto de la ley, para normar todas las etapas necesarias para la realización de proyectos y regular la modalidad de contratación de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito municipal.

Se amplía a los sectores que antes estaban excluidos, como educación, salud y agua. Esto es una innovación importante que permitirá a Guatemala aumentar la inversión social que tanto se necesita en nuestro país, dotando de herramientas al Gobierno y a los alcaldes para fomentar mayor inclusión, especialmente en las regiones de menor desarrollo. Existe un artículo que especifica la forma en que se aprueba en cada caso.

Otra ley para aumentar la formación bruta de capital fijo.

Otra innovación importante es que se amplía la clasificación de los proyectos en varias categorías, y sin ser excluyentes, pueden combinarse y relacionarse entre sí: por el origen de solicitud, por su naturaleza financiera con relación a la deuda pública, por su naturaleza financiera con relación a ingresos del sector público, por su forma de pago al participante privado, por el tipo de intervención en infraestructura, por el ámbito territorial y por el tipo de servicio.

Esta nueva clasificación presenta innovaciones importantes, por ejemplo, el permitir propuestas no solicitadas o el caso de proyectos sin deuda pública, así como diferentes mecanismos de pago. Otra modificación importante es que se cambia el nombre de la agencia a ANI, un acrónimo más fácil de recordar, así como el nombre del consejo a Consejo Nacional de Infraestructura.

Un cambio clave es que se logra acelerar la aprobación y forma de los contratos de alianza, permitiendo, según quién sea la Institución contratante del Estado, diferentes procesos de aprobación del contrato, para que no todos tengan que ir al Congreso, ya que esa fue siempre una complejidad del modelo que hizo que solo un proyecto se aprobara en casi 14 años desde que se aprobó la ley inicialmente. Además, se le asignan más recursos para la operación del fondo, para la preinversión, para contingencias y para garantía de proyectos a la agencia. El Organismo Ejecutivo deberá reformar el reglamento 90 días después de que entre en vigencia la ley.

Esperemos que el pleno del Congreso pueda aprobarla lo más pronto posible, para poder fomentar mayor desarrollo económico y social al país.

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La semana pasada 18 diputados integrantes de la Comisión de Economía y Comercio Exterior firmaron y entregaron el dictamen favorable de la iniciativa 6433 que reforma el decreto número 16-2010, Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie).  Dicha ley es la que coordina las Alianzas Público-Privadas (APP) en el país.

Por Juan Carlos Zapata

El dictamen favorable reconoce la poca inversión en infraestructura de nuestro país, que ha conllevado poco desarrollo de la población y un lento proceso de aumento de las capacidades productivas en Guatemala.  Mientras en países como República Dominicana o Perú, la población duplica su ingreso en 20.9 años y 22 años, respectivamente, en Guatemala tardamos 47.4 años.  Esta falta de capacidad para aumentar los ingresos se debe principalmente a una falta de inversión, especialmente de inversión pública, que le permita al país crecer en una forma más acelerada.

La falta de mantenimiento de los aeropuertos, puertos o la falta de sistemas de transporte y otros activos del país, muestran la gran oportunidad que brindaría la reforma a la Ley de APP para poder fomentar mayor desarrollo.  La iniciativa reforma el objeto de la ley, para normar todas las etapas necesarias para la realización de proyectos y regular la modalidad de contratación de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito municipal. 

Se amplían los sectores que antes estaban excluidos, como educación, salud y agua.  Esto es una innovación importante que permitirá a Guatemala aumentar la inversión social que tanto se necesita en nuestro país, dotando de herramientas al Gobierno y a los alcaldes para fomentar mayor inclusión, especialmente en las regiones de menor desarrollo del país.  Existe un artículo que especifica la forma en que se aprueba en cada caso.

Otra innovación importante es que se amplía la clasificación de los proyectos en varias categorías. Sin ser excluyentes, pueden combinarse y relacionarse entre sí: por el origen de solicitud, por su naturaleza financiera con relación a la deuda pública, por su naturaleza financiera con relación a ingresos del sector público, por su forma de pago al participante privado, por el tipo de intervención en infraestructura, por el ámbito territorial y por el tipo de servicio. 

Esta nueva clasificación presenta innovaciones importantes, por ejemplo, el permitir propuestas no solicitadas o el caso de proyectos sin deuda pública, así como diferentes mecanismos de pago.  Otro cambio importante es que se cambia el nombre de la agencia a ANI, un acrónimo más fácil de recordar, así como el nombre del Consejo a Consejo Nacional de Infraestructura.

Un cambio clave es que se logra acelerar la aprobación y forma de los contratos de alianza, permitiendo, según quién sea la Institución Contratante del Estado, diferentes procesos de aprobación del contrato, para que no todos tengan que ir al Congreso, ya que esa fue siempre una complejidad del modelo que hizo que solo un proyecto se aprobara en casi catorce años desde que se aprobó la ley inicialmente.  Además, se le asignan más recursos para la operación del fondo, para la preinversión, para contingencias y para garantía de proyectos a la Agencia.  El Organismo Ejecutivo deberá reformar el reglamento 90 días después de que entre en vigencia la ley. 

Esperemos que el pleno del Congreso pueda conocer lo más pronto posible esta iniciativa y aprobarla, para poder fomentar mayor desarrollo económico y social al país.

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Según el Banco Mundial, “el financiamiento de la infraestructura pública constituye un importante desafío de la agenda de crecimiento de la región de América Latina y el Caribe. Con diferentes grados de éxito, los países han recurrido a las Asociaciones Público-Privadas (APP)”.

Por Juan Carlos Zapata

Para el caso de Guatemala, esto ha sido materialmente imposible dado el desafío político que nuestra ley dejó, en que todos los proyectos de APP tienen que ir al Congreso para aprobación. Una reforma pendiente que cualquiera que comprenda la necesidad de infraestructura de nuestro país, sabe que es urgente. Lo cual ha hecho que solo tengamos un proyecto en catorce años en ejecución (la carretera Escuintla-Puerto Quetzal), con un proceso complejo de aprobación del Estudio de Ingeniería, que esperamos se pueda desentrampar pronto con el liderazgo de la ministra de Comunicaciones.

Dicho esto, es importante reconocer que la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), la agencia encargada de las Alianzas Público-Privadas, tiene ya cinco proyectos en estructuración que deberían ser una urgencia para el Gobierno de Guatemala poder licitarlos lo más rápido posible para llevar los contratos al Congreso, como un paquete de infraestructura estratégica para el país y que puedan ser aprobados de forma ágil.

El equipo de la Anadie es de lo más profesional que existe en materia de equipos técnicos preparados para estructurar proyectos de infraestructura, además que tiene la capacidad de generar un seguimiento importante que permitirá que la infraestructura estratégica del país mejore. Sin embargo, se necesita mayor apoyo político por parte del presidente de la República, para liderar un proceso de transformación que le permita a Guatemala aumentar la inversión en infraestructura estratégica y poder licitar los proyectos.

El más urgente, sin duda, y el que está ya más avanzado es el del Aeropuerto Internacional La Aurora, que cuenta con bases de precalificación aprobadas y solo está pendiente la fecha en que el presidente de la República dé la orden para la publicación de bases. Este es un proyecto de US$158 millones que el Estado guatemalteco no tiene, ni los recursos ni el equipo técnico para realizarlo, y que podría ser invertido por una empresa internacional, para operar el aeropuerto en las mejores condiciones posibles, así como un monto de US$30 millones para la operación por 25 años. Podría ser un gran legado del presidente Arévalo y su Gobierno, para generar un país con un aeropuerto de primer nivel y dejar de tener la mediocridad que nos dejaron los últimos gobiernos, que no quisieron licitarlo.

Tal y como lo establece el plan maestro del 2007 del aeropuerto, es necesario realizar mejoras en el campo de vuelo para aumentar su eficiencia; desde 2009 no se han realizado inversiones a gran escala. “Por medio del proyecto Modernización, eficiencia y seguridad del Aeropuerto Internacional La Aurora de la Ciudad de Guatemala se busca hacer inversiones del lado aire y tierra, para mejorar la atención y capacidad”, según la Anadie.

Otros proyectos como el Centro Administrativo del Estado, MetroRiel, el sistema de trasporte público masivo del Eje Oriente–Occidente del Área Metropolitana de Guatemala y la Vía Express, seguramente pueden avanzar con el liderazgo del Gobierno y el apoyo de la Municipalidad de Guatemala, un tema urgente si queremos generar mejor calidad de vida y liberar recursos públicos para invertirlos más en seguridad, salud y educación.

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Juan Carlos Zapata

Desde el 2010, Guatemala cuenta con una Ley de Alianzas Público-Privadas, un marco regulatorio que se generó en el 2011 y una institucionalidad que tiene la capacidad de estructurar proyectos y implementarlos a través de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie). Sin embargo, los resultados, debido a la falta de apoyo político y presupuesto, son poco alentadores.

Desde ese entonces tenemos apenas un proyecto que está por iniciar construcción, al cual todavía no se le ha autorizado el estudio definitivo de ingeniería, con la autopista Escuintla a Puerto Quetzal y varios proyectos con estudios de preinversión pero que todavía falta voluntad política para licitarlos.

Uno de los proyectos es el Aeropuerto Internacional La Aurora, que bien podría generar muchos más ingresos al Estado y que los guatemaltecos contemos con infraestructura aeroportuaria de mejor nivel, e instalaciones más dignas para recibir y atender a los turistas, así como a todos los guatemaltecos e inversionistas internacionales que arriban o parten de nuestro país. Y aunque hay personas que ideológicamente se oponen a este proyecto, podemos ver resultados concretos de APP en aeropuertos en países Latinoamericanos como: Argentina, Colombia, Honduras, Jamaica, Ecuador, Uruguay, Chile, Perú, Costa Rica, Brasil, México y República Dominicana, que dan fe con datos claros de que el modelo funciona y que es una alternativa viable para un país como Guatemala.

Otros proyectos como el Centro Administrativo del Estado o el Puerto Seco Intermodal Tecún Umán II, en los que se ha invertido en estudios para poder pensar en licitarlos, pueden ser proyectos estratégicos para el siguiente gobierno que ayuden al país a tener una cartera dinámica y mientras no se aprueben las reformas institucionales todos deberán ir al Congreso, una de las fallas iniciales a la ley que dejó que todos los contratos tenían que ir a ser aprobados al Legislativo.

Aprobar la reforma legal a la Ley de Anadie, para permitir que si los proyectos son autofinanciados no tengan que ir al Legislativo, es uno de los cambios más importantes que necesitamos como país para contar con proyectos de APP más importantes, además de eliminar la prohibición de que se puedan hacer proyectos de agua, educación y salud, así como permitir las propuestas no solicitadas, que ayuden a contar con más estudios de preinversión y una cartera de proyectos más robusta.

El evento de la semana pasada sobre APP en las Américas que se llevó a cabo en Ciudad de Panamá, organizado entre el gobierno de Panamá y el Banco Interamericano de Desarrollo, fue una plataforma importante para mostrar las oportunidades y los desafíos para el desarrollo de más proyectos de Alianzas Público-Privadas en países como Guatemala y ser capaces de ver más allá de los recelos y conceptos ideológicos, buscando ser más prácticos hacia proyectos transformadores donde el Gobierno, por diferentes razones legislativas y de procesos, no tiene la capacidad institucional de estructurar y ejecutar grandes proyectos de inversión.

Hay muchos sectores que podrían beneficiarse de las APP en el país y contar con más puertos, carreteras, hospitales, escuelas y aeropuertos, entre otras infraestructuras, pero se necesita mayor voluntad política y seriedad para que funcione el modelo en Guatemala. Solo generando una mejor comprensión y la capacidad para desarrollar mecanismos más ágiles para su implementación nuestro país podrá tener mayor inversión pública que permita más desarrollo.

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Por Redacción Perspectiva

El Ministerio de Comunicaciones y la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), apoyados por 10 cámaras empresariales, encabezadas por el Cacif, solicitaron este jueves  al Congreso de la República que apruebe la Ley que contiene el contrato para la Autopista Escuintla a Puerto Quetzal, de lo contrario, indican, habrá múltiples efectos.

El proyecto consiste en la rehabilitación, operación y mantenimiento de un tramo de 40 kilómetros para el tránsito con pago de peaje por parte de los usuarios, además de construcción de obras complementarias.

Según los representantes de las entidades estatales y de las cámaras empresariales, de no aprobarse el proyecto se impactaría de forma negativa el comercio y a que por el Puerto Quetzal pasa e 56 por ciento del comercio exterior.

Además, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), Erick Uribio, explicó que el Estado se enfrenta a una posible demanda por indemnización que varía según la fase en que se encuentre el proyecto ya que se aplica por medio de un porcentaje sobre la estimación de inversión, según el artículo 59 de la ley de alianzas público privadas (APP).

Según José Benito, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Benito, dijo que de lograrse la aprobación del proyecto, estiman que el Estado recibirá al menos Q1 mil 100 millones en los 25 años de plazo del contrato, por el canon que le debe pagar la empresa en base al peaje que cobre a los usuarios.

El representante de Convía, René Muñoz, dijo que la firma tiene estimaciones muy positivas y considera que se pagaría por canon al Estado (y los Codedes de áreas aledañas) Q2 mil 800 millones en el plazo en mención.

Según el ministro, de no lograrse la aprobación del proyecto, el Gobierno ha mencionado que se tendría que hacer con fondos del Estado pero habría necesidad de dividirlo en tres proyectos diferentes.

Anadie, confirmó que la distribución del canón sería de la siguiente manera:

• En los primeros 8 años los Consejos Municipales de Desarrollo (Comudes) de Escuintla, Masagua, Puerto Quetzal e Iztapa recibirán el 80% del canon de 4%.
• A partir del noveno año cuando el canon llegue a 41.13% se repartiría así:
• 40% de este en los cuatro municipios, por medio de los Comudes,
• 40% los Codedes del resto del país y
• 20% se destina al fondo común.

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Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) celebrará CongrExpo de la Construcción  del 5 al 7 de octubre en el Hotel Tikal Futura. El evento contará con la participación de expertos nacionales e internacionales que presentarán sus propuestas de mejora para el sector construcción, enfocadas en cuatro grandes áreas: vivienda, salud y seguridad ocupacional, infraestructura,  y resolución de conflictos en contratos de construcción.

En CongreExpo queremos enfatizar  la importancia de mantenerse actualizado en los temas de construcción pues existe una gran variedad de elementos que evolucionan día a día. Es por ello, que para todas las personas inmersas en la misma es útil la constante capacitación en temas de tecnologías de la construcción, con la finalidad de reducir costos operativos y con ello mejorar la calidad en obras”, explicó Paola de Andrino directora ejecutiva de CGC.

Los empresarios participantes accederán a una serie de conferencias, capacitaciones y foros, donde podrán conocer lo último en cuanto a normas de seguridad, procedimientos legales y coyuntura política y económica.

También CongrExpo contará con expositores de renombre, figuras del ámbito político y público como: Roberto Ardón; director ejecutivo del CACIF, Julio Héctor Estrada; director de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), Álvaro Arzú; alcalde metropolitano, Susana Asencio; alcaldesa electa de Antigua Guatemala, por mencionar solamente algunos participantes de Guatemala, así como conferencistas provenientes de países de México y Colombia.

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Video corte de cinta

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