En conferencia de prensa, el Ministerio Público (MP), informó que como resultado de las diligencias realizadas por la Fiscalía contra el Crimen Organizado, en donde se informó sobre la captura de Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez y Héctor Manuel Chaclán Batz., sindicados de los delitos de asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia, en un caso que se encuentra bajo reserva. 

Redacción Perspectiva

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, expresó su indignación hoy, en una rueda de prensa celebrada en un hotel de la capital, tras el arresto del viceministro, Luis Pacheco, acusado entre otros delitos de «terrorismo». 

Arévalo calificó a los miembros del Ministerio Público, bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras, de «criminales» y denunció sus acciones como un ataque a la democracia y a la voluntad popular expresada en las elecciones de 2023.

Sobre las posibles acciones en respuesta a la captura de Pacheco, Pineda señaló que es preocupante la injerencia que busca tener el Ejecutivo en otras instancias del Estado y calificó de “irresponsables” las declaraciones de Arévalo, ya que al estar en reserva el caso, no es posible conocer detalles del mismo. 

Es momento de cerrar filas. El Pueblo de Guatemala así lo demanda.

Hago un llamado claro al Congreso: tienen la responsabilidad de poner fin a esta persecución desmedida y que atenta directamente contra el pueblo de Guatemala. pic.twitter.com/yv3AnY6Yc0

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) April 23, 2025

“Es lamentable que la más alta autoridad de un órgano de Estado interfiera en el desarrollo de otros órganos de Estado, como el Congreso de la República, instándolos a generar acciones que solo le competen a los propios diputados.  Es preocupante la injerencia en los órganos de control, es como decirle al Contralor que no investigue los recursos del Estado porque tengo una denuncia en mi contra, lo más adecuado es dejar que el proceso fluya y sobre esa base aportar lo que uno tenga de descargo sobre el tema”, dijo Pineda. 

En este sentido, Pineda citó  que según el Artículo 314 del Código Procesal Penal no permite que ninguna persona conozca de un expediente, más que las partes. “Eso evidentemente hace que el señor presidente de la República no pueda tener conocimiento de lo que obra en ese expediente”, dijo. 

Cabe mencionar que Arévalo hizo un llamado a la población guatemalteca para que se manifieste contra las acciones del MP, las cuales calificó como un acoso y hostigamiento, así como una criminalización a la resistencia democrática y a los pueblos indígenas. 

“Este es el momento de cerrar filas, que el pueblo de Guatemala tenga claro que Consuelo Porras y su gavilla de criminales son una amenaza contra la democracia en este país. Este es el momento de salir a exigir pacíficamente, pero claramente y vocalmente, que termine este ciclo oscuro de hostigamiento que estos criminales agazapados en el MP sostienen contra el país. Tenemos que hacer, como ciudadanos, escuchar nuestra voz, de forma pacífica pero contundente” dijo el presidente Arévalo.

Según indica Pineda, el MP analizará las declaraciones de Arévalo, para corroborar que no haya cometido algún tipo de delito.

“Que preocupante es que el alto funcionario del Organismo Ejecutivo emita una opinión como la que ha emitido, es decir, flagrantemente está generando esta acción por eso yo ya he conversado que el MP actuará de conformidad con la Ley, porque el objetivo de creación de un órgano de control como lo es el Ministerio Público es la división del poder y que tenga la posibilidad de que haya un balance para que no haya un abuso de poder o de autoridad”, reiteró Pineda.

Por ello refirió que cuando “alguien de otra entidad pretende que se haga en otra entidad lo que él desea sí puede ser constitutivo de delito, por ello se hace el análisis correspondiente y se estará actuando conforme a la Ley”.

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LO QUE SE SABE DEL CASO

Según el MP, de conformidad con la investigación efectuada por la fiscalía,consideran que los presuntos sindicados participaron en acciones que interfirieron intencionalmente y vulneraron el correcto funcionamiento del sistema de justicia. Estas acciones habrían ocurrido desde octubre de 2023 hasta por lo menos enero de 2024.

Ángel Pineda, Secretario General del MP, informó que únicamente son cinco las órdenes de captura giradas, contrario a la desinformación que circula en donde se asegura que son cientos de personas las que podrían ser capturadas. 

El ente investigador asegura que no se está investigando a los 48 Cantones, organización en la que militó Luis Pacheco, actual viceministro de Desarrollo Sostenible.  

De acuerdo con lo informado, se realizó un análisis jurídico de las manifestaciones en donde se determinó que las acciones realizadas durante las manifestaciones sí encajan dentro de los delitos mencionados. 

Según indicaron, entre los sindicados se encuentra Edgar Benjamín Tuy Bixcul, Gobernador de Sololá, quien goza de derecho de antejuicio y harán las diligencias pertinentes para solicitar el retiro del mismo en las próximas horas. 

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En conferencia de prensa funcionarios del Ministerio Público (MP), trasladaron información respecto a la investigación del Caso Corrupción Semilla y las acciones que tomarán en contra de la magistrada Presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Blanca Alfaro, personal de esa institución y el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, por la posible comisión de los ilícitos penales de revelación de información confidencial o reservada, así como de obstaculización a la acción penal y en el caso de Palomo, por posible obstaculización a la acción penal y abuso de autoridad.

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En la conferencia de prensa estuvieron presentes el Secretario General del Ministerio Público, Angel Pineda;  Estuardo Ávila, Secretario contra la Corrupción; Rafael Curruchiche, Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), y Leonor Morales, Agente Fiscal de la FECI.

LAS ACCIONES CONTRA ALFARO Y PALOMO
Sobre las acciones que realizará el MP, señalan que, la Magistrada Presidente del TSE, Blanca Odilia Alfaro Guerra, difundió en redes sociales  la realización de una diligencia de investigación que se encontraba protegida bajo la reserva judicial.  Por lo que el ente investigador indicó que pedirá que se certifique lo conducente en contra de la Magistrada Alfaro Guerra por la posible comisión de los ilícitos penales de revelación de información confidencial o reservada, así como de obstaculización a la acción penal.

En ese contexto, la Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitó al juez contralor que también se certifique lo conducente en contra de todo el personal del TSE que estuvo presente en la diligencia de fecha 18, 22 y 23 de julio del presente año.

Además, se solicitó certificar lo conducente al Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, así como cualquier otra persona que resulte responsable de los ilícitos penales de obstaculización a la acción penal y abuso de autoridad, ya que, a decir del MP,  “abusando de su cargo realizó un acto ilegal en perjuicio de la administración pública al haber hecho uso de canales oficiales de gobierno para informar sobre diligencias de un expediente ministerial en donde personeros de gobierno se encuentran en calidad de antejuiciados y otros que no gozan de esta prerrogativa podrían tener la calidad de sindicados”. 

Esto, luego que con fecha 19 de julio de julio del presente año, la Fiscalía Especial contra la Impunidad requirió autorización judicial a efecto de realizar diferentes requerimientos al Tribunal Supremo Electoral. Así también para poder realizar una auditoría en la sede del TSE a los sistemas Informáticos del mismo, por lo que se realizaron las coordinaciones correspondientes para llevar a cabo la misma el día 18, 22 y 23 de julio del presente año.

Según detallan, al inicio de la diligencia se hizo del conocimiento de todos los presentes en la misma que se realizaría únicamente lo autorizado por el juez contralor, que el expediente se encontraba bajo la reserva, reserva judicial que conllevaba la orden de no divulgación de la información de dicha diligencia, que todos los presentes al ser conocedores de la reserva judicial eran responsables de la misma, que no se podía informar absolutamente nada de lo que se llevará a cabo en la misma.

“Todo el personal del Ministerio Público y del TSE, estuvimos de acuerdo en lo mismo, motivo por el cual todos los que estuvimos presentes en la diligencia firmamos en la diligencia de investigación”, añadió Morales. 

MP RECHAZA SEÑALAMIENTOS DEL EJECUTIVO

Por otro lado, Pineda aseguró que en semanas anteriores funcionarios del Organismo Ejecutivo han trasladado información falsa, emitiendo opiniones de expedientes de los cuales no tienen conocimiento porque no son parte, porque así lo establece el artículo 314 del Código Procesal Penal, “es la ley la que nos rige y es la ley a la que debemos respetar”, enfatizó.

Agregó que se debe hacer lo que establece la ley y nadie es superior a ella, así lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala; “rechazamos categóricamente todas estas aseveraciones, un ataque sistemático del Organismo Ejecutivo que lo único que busca es impedir las investigaciones del Ministerio Público.

Indicó también que en una comunicación se aseguró que el Ministerio Público secuestró el padrón electoral, por ello se traslada la información del caso para que vean la falsedad con la que algunos funcionarios del Ejecutivo han trasladado esa información a la población. Hay una confusión que se genera para confundir las diferentes etapas procesales de la investigación, lo único que se busca es la averiguación de la verdad, para eso está creado el Ministerio Público para ejercer esa su función

Curruchiche indicó que cada una de las acciones realizadas por la FECI, se ha hecho conforme a la ley y la Constitución Política de la República de Guatemala, en ese sentido, no obstante que la investigación se encuentra bajo reserva se ha solicitado al juez competente el levantamiento de la misma para dar a conocer la información pertinente y posteriormente la investigación regrese al estado bajo reserva.

“El punto principal es que diversos funcionarios públicos en estos días han estado manifestando a través de diversos medios de comunicación que la FECI secuestró el padrón electoral y dentro de la narrativa perversa que han indicado, dentro de muchas otras, es que los datos de los guatemaltecos se están poniendo en riesgo, se está poniendo en riesgo la vida e integridad de las personas, lo cual es totalmente falso”, dijo el jefe de la FECI.

LA POSTURA DEL EJECUTIVO (Actualizada a las 17:14 horas del 2 de agosto de 2024)
Respecto a lo señalado por el MP, la SCSP indicó que «La acción del MP demuestra la desesperación y posición de debilidad en la que se encuentran. Están acorralados y solos. La falta de argumentos y pruebas es evidente en contra de un proceso de elecciones democráticas y legítimas, y de un Gobierno que impulsa los cambios que el pueblo exige y que se enfrenta a la corrupción que el mismo MP deja impune».

Agregan que, el cargo de Secretario de Comunicación Social de la Presidencia goza del derecho de antejuicio y que cualquier acción que disminuya o atente contra esa protección es ilegal. Se están analizando las acciones legales a emprender.

Palomo también se ha pronunciado en redes sociales:

Hoy más convencido que nunca de que este país va a cambiar.

Desde la @SCSPGT seguiremos hablando con la verdad, combatiendo la corrupción y sirviendo dignamente al pueblo de Guatemala.

— Santiago Palomo Vila (@santipalomov) August 2, 2024

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Este jueves, Juan Gerardo Guerrero, secretario general de la Presidencia, se presentó en la Contraloría General de Cuentas (CGC), para interponer una denuncia contra Ángel Pineda, secretario del Ministerio Público (MP), esto por el posible “uso de recursos públicos para la persecución legal contra guatemaltecos exiliados”, según explicó a los medios de comunicación.

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“Por instrucciones del Presidente Bernardo Arévalo, vengo a denunciar ante la población y ante la CGC el posible uso de fondos públicos para la persecución política de ciudadanos guatemaltecos en el extranjero”, dijo Guerrero.

Añadió que, dichas acciones fueron realizadas durante los años 2021-2022, obedeciendo a una solicitud de Pineda al Ejecutivo. Según describió, en noviembre del 2021, Pineda dirigió un oficio al entonces Presidente de la República Alejandro Giammattei, por medio del cual requirió el pago para un bufete de abogados en Estados Unidos para actuar en contra de personas guatemaltecas que se encuentran “exiliadas”, argumentando la defensa de los intereses del Estado.

#EnDirecto | Denuncia en contra del secretario general del @MPguatemala, Ángel Pineda. https://t.co/tSLduZmDZ8

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) March 7, 2024

Añadió que, adjuntas al oficio se encontraban publicaciones en redes sociales, la entonces secretaria general de Presidencia, por instrucciones de Giammattei, ordenó al Procurador General de la Nación (de esa fecha), iniciar las gestiones necesarias para emprender una supuesta persecución política contra dos personas, de las cuales no se informaron los nombres.

Guerrero detalló que se determinó que se realizaron las acciones para autorizar fondos por Q461,600.00 mensuales para el pago de dichos abogados, de quienes tienen la información, pero de momento no lo hará público.

“Acudo en estos momentos ante la Contraloría General de Cuentas a solicitar auditoría al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Finanzas Públicas en relación con los actos descritos, ocurridos durante los años 2021 y 2022”, precisó el abogado.

Señaló que desde el Gobierno se encuentran revocando todas las instrucciones relativas a la persecución política de personas exiliadas y medios de comunicación, por venganzas personales de funcionarios públicos, por lo que buscan el esclarecimiento de la utilización de recursos del Estado y que derivado de esto se puedan emprender otras acciones al respecto.

MP SIN RESPUESTA

Derivado de las acciones presentadas por Presidencia, Perspectiva consultó si habrá algún pronunciamiento del MP al respecto; sin embargo, al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta, de tener pronunciamiento por parte del ente investigador se consignará en este espacio.

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Según Ángel Pineda,  vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la Corte al darle trámite lo remite al Congreso para que conozca la petición del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en contra del mandatario por una investigación por financiamiento electoral ilícito.

Pineda explica que al llegar el expediente al Congreso de la República, ellos conformarán una comisión pesquisidora, de conformidad con la ley orgánica,  para desarrollar las pesquisas y elaborar un informe, con eso el pleno del Congreso debe decidir si declaran con lugar o no el antejuicio.

La investigación en contra del mandatario, inicia con una denuncia contra el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que el Tribunal Supremo Electoral presentó el 30 de noviembre del 2016 ante el MP, donde se determinó que la agrupación recibió al menos Q6.7 millones de financiamiento que no fueron reportados.  

Morales tiene la responsabilidad legal ya que él era el secretario general de FCN – Nación en ese momento.   Tres antejuicios contra el mandatario fueron rechazados  In límine por la Corte Suprema.

En un comunicado del Gobierno el presidente indica «Siempre he defendido el Estado de Derecho, ordenamiento jurídico y la independencia de poderes».  Y aclara que nunca ha interferido en procesos que lo vinculen directa o indirectamente, y solicita madurez, objetividad y compromiso de los guatemaltecos.

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