Se identifican como militares retirados pero actúan como vándalos y entre ellos, se dicen “compañeros”. Pese a que su identidad , políticos y funcionarios les han creado las falsas expectativas que los llevaron a realizar el deplorable atentado del martes 19.

Roxana Orantes Córdova

El grupo de vándalos que ayer incendió vehículos en el parqueo del Congreso es una incógnita. Son negados por AVEMILGUA y sus acciones son condenadas por diversos sectores, que van del PDH a cámaras empresariales.

Sin embargo, algunos diputados y el Presidente de la República les han concedido la credibilidad suficiente para negociar con el grupo paramilitar.

Ello, pese a que el artículo 155 de la Constitución Política de la República establece:

“Ni los guatemaltecos ni los extranjeros, podrán reclamar al Estado, indemnización por los daños y perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles”.

¿Vándalos o militares?

Ayer, los vecinos del Centro Histórico se sorprendieron por otro acto de vandalismo. Esta vez, protagonizado por un grupo armado con machetes y garrotes, que pretende Q110, 000 para cada uno de sus integrantes, cuyo número no ha sido establecido.

El diputado Álvaro Arzú informó que el viernes, el Ministerio de la Defensa entregará la lista de quienes podrían ser candidatos a la indemnización.

El grupo exige una iniciativa de ley (5664), llamada “Ley de dignificación económica por la prestación de servicio militar durante el Conflicto Armado Interno”.

Debe acotarse que el término “prestación de servicio militar” alude claramente a los campesinos reclutados para prestar el servicio, y no se refiere a los militares de carrera, agrupados en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA).

Existe una estructura que apoya a estos vándalos

Vale la pena mencionar que los identificados como militares retirados fueron trasladados a la capital en buses alquilados, similares a otros que se ven en cada manifestación a la que se convoca gente del interior.

Ayer, deambulaban por las cercanías del Congreso con sus armas (blanca y contundente), y viendo a los ciudadanos comunes con hostilidad. Con los ojos enrojecidos, se negaron a dar cualquier declaración.

Estas personas tienen por lo menos tres años (desde antes de la última campaña electoral), de recibir promesas vanas y servir como fuerza de choque a un sector que ayer comenzó a recoger los frutos de las falsas expectativas.

Promesas que motivaron violencia

Aunque existe el citado artículo constitucional, que prohíbe la indemnización a los partícipes del conflicto armado, también hay políticos inescrupulosos que ofrecieron a estas personas una indemnización que inicialmente sería de Q200 mil y actualmente se menciona en Q110 mil por su participación en el conflicto armado.

Incluso el mandatario Alejandro Giammattei, negoció con este grupo, que entre otros, ha acudido al Congreso, donde diputados alentaron sus expectativas irreales, pese a que el promedio de edad ronda los 50 años, lo que hace imposible que hayan participado en el conflicto.

Por ejemplo, el 14 de este mes, el diputado Oscar Argueta les envió una carta, en la que califica de “legítima” la demanda y les promete que en el Congreso se está haciendo lo posible por resolver su situación.

Una fuerza de choque ¿al servicio de quién?

Los paramilitares salen a bloquear carreteras y exponer sus demandas en momentos muy puntuales. Por ejemplo, en la última campaña electoral fueron parte de la coyuntura. Otro momento en el que suelen aparecer es anualmente, cuando se discute el Presupuesto General de la Nación.

Su identidad es una incógnita, porque como ya se mencionó, muchos son demasiado jóvenes como para ser veteranos del conflicto. Además, no son militares de profesión.

El contexto actual se define por algunos elementos necesarios para comprender el atentado de ayer:

1. Elección de nueva Junta Directiva en el Congreso.
2. Retorno a la UNE de Sandra Torres, quien “puso en su lugar” a diputados que se habían insubordinado contra su liderazgo.
3. Recientes hechos vandálicos que concluyeron con la destrucción de monumentos históricos.
4. Discusión del Presupuesto General de la Nación.

Mutuos señalamientos

En este contexto, el diputado de la UNE Carlos Barreda (del grupo opositor a Torres), insinuó que la quema de vehículos en el Congreso parecía una acción orquestada contra su facción, considerando que algunos de los afectados son parte de ese grupo.

Al mismo tiempo, en redes circula la versión de que el vandalismo fue propiciado por esa facción uneísta, ante la pérdida de prácticamente todo el poder político en el Congreso, con las medidas que comienza a adoptar Torres.

En cualquier caso, hay un elemento claro en toda esta situación: como en anteriores hechos vandálicos, las fuerzas de seguridad brillaron por su ausencia.

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Mañana será una fecha decisiva para la Asociación de Soldados Veteranos de Tropa, que amenaza con impedir las elecciones si el Estado no les otorga más de Q140 millones como resarcimiento. El grupo no tiene personería jurídica, lo que dificultará cualquier negociación con el Estado. Al mismo tiempo, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), se desligó de esa organización. La demanda, la amenaza de acciones violentas y otros elementos de esta situación, motivan confusión en medio de un proceso electoral que según el coronel Mario Mérida, podría ser el más violento desde el retorno a la institucionalidad en 1985.

Roxana Orantes Córdova

“Si para el 28 no hay una resolución”, la organización que se identifica como militares de tropa podría impedir las elecciones, dijo más de una vez a los medios Francisco Calmo de León, presidente del grupo citado. Además de Calmo de León, el capitán de Fuerza Aérea Edgar Homero Paredes es uno de los rostros visibles de la protesta. Paredes aparece en un video arengando a un grupo y fue identificado por medios de comunicación. Una versión lo vincula con uno de los partidos que postulan binomio presidencial en la elección y se le mencionó como “fundamentalista religioso”.

El diputado de Visión con Valores (VIVA), Aníbal Rojas, uno de los más activos en la mediación de este conflicto y quien preside la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, dijo a Perspectiva que en la reunión de mañana estarán presentes representantes de la Comisión de Finanzas del Congreso, la Secretaría de la Paz, el Programa Nacional de Resarcimiento y el Secretario de la Presidencia.

Rojas agregó que el grupo no está vinculado con la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA). Esta es la primera confusión que se presenta con el anuncio de la asociación que asegura agrupar a los soldados de tropa, debido a que AVEMILGUA ha estado muy activa en promover un programa de resarcimiento “para los militares que prestaron servicio durante el conflicto armado”, señala la página de Facebook de AVEMILGUA.

En segundo lugar, las acciones de este grupo contradicen el carácter de obediente y no deliberante del Ejército, lo que provoca muchas dudas sobre la identidad de quienes lo conforman y las intenciones políticas de los instigadores, señala Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FTC).

Para el dignatario de la Nación, Alfredo García Siekavizza, “a nadie se le puede dar resarcimiento. Esto está prohibido por la Constitución. Quien sea que realice un bloqueo en carreteras, debe ser retirado por las fuerzas de seguridad. No puede permitirse que se atente contra la República y el Estado de Derecho”.

“Estos caballeros no dejan de tener razón”

El capitán retirado Rodolfo Muñoz Piloña expresa que la protesta de la agrupación mencionada “no está tan perdida”. Según afirma, se trata de personas que por defender la soberanía y el estatus legal obtuvieron persecución y cárcel, mientras muchos subversivos lograron reconocimientos, privilegios y resarcimiento económico.

“Estos caballeros son vilipendiados porque se va a tocar la elección. Pensaría, sin conocerlos, que no dejan de tener razón. Quizás por apresurados no han tenido tiempo de organizarse más, pero tampoco han tenido apoyo internacional, como otros grupos de presión que han recibido fondos de países como Noruega. Pienso que ante la situación de miseria se produce este grito desesperado de gente que lo único que quiere es dar de comer a sus hijos. La situación es crítica. Nos estamos mordiendo la cola. La injerencia y las actuaciones de la CICIG provocaron una situación crítica que sobre todo repercute en los trabajadores del campo, como estos soldados que combatieron por la patria y pese a que sus oponentes eran delincuentes, fueron indemnizados como víctimas, mientras a ellos no les pagaron”.

“Se está manipulando y prostituyendo la precariedad de los veteranos de guerra”

Según Méndez Ruiz: “están siendo manipulados por algún grupo político, probablemente un partido con candidato presidencial postulado. A mi pesar, algunas declaraciones pueden enmarcarse en el delito de sedición y anunciar acciones como bombas y boicot al proceso electoral, no está conceptualizado en el ámbito de la disciplina militar”.

Exigir resarcimiento está fuera del orden constitucional, señala el entrevistado, quien comenta que el artículo 155 de la Constitución Política de la República establece que ningún guatemalteco puede beneficiarse con resarcimiento por hechos relacionados con el conflicto armado.

“Legitimar el resarcimiento es congruente con la izquierda que ha prostituido al enfrentamiento armado”, expresa. En 2011, Méndez Ruiz acudió a un tribunal para denunciar su secuestro a manos de la guerrilla. Según comenta, jamás pidió ningún tipo de resarcimiento, aunque estuvo secuestrado durante meses.

“Es lamentable la muerte de veteranos militares, además de que muchos resultaron incapacitados por heridas durante el conflicto. Pero la ley prohíbe resarcimientos, aunque hasta el momento, el Estado ha erogado tres mil millones de quetzales en resarcimientos para personas vinculadas con la izquierda. Es lamentable que en este contexto electoral se estén manipulando y prostituyendo la precariedad de nuestros veteranos de guerra”.

“Producto del aprendizaje de procesos”

Para Mérida, estamos en un contexto en el cual “cualquier grupo que desea obtener algo asume que ejecutando medidas de hecho puede lograrlo. La protesta ha ganado terreno a la propuesta y se intenta incidir incluso en los ámbitos judicial y electoral. El Estado de Derecho, la legalidad dejan de tener importancia cuando un grupo de población plantea sus demandas, aunque estas vayan en detrimento de Guatemala”

El caso actual resulta interesante, puesto que “surge este nuevo actor que plantea una demanda eminentemente coyuntural que enrarece aún más el ambiente electoral”.

Mérida considera que existen elementos para dudar sobre la autenticidad del surgimiento de este nuevo actor, precisamente en este escenario. Nadie puede arrogarse la interrupción del proceso electoral”.

Según comenta, aunque todos tienen derecho a exigir algo, en este caso es importante verificar si efectivamente son (o fueron) parte de las Fuerzas Armadas o se trata de un grupo advenedizo que estaría ocasionando un daño institucional al Ejército, al deslegitimarlo con sus acciones.

Un elemento importante mencionado por Mérida, en relación con el “aprendizaje de procesos”, es que este grupo tomó los mismos lugares que anteriormente tomaba el Frente Nacional de Lucha (FNL), para presionar a diferentes gobiernos con diversas demandas. “De una u otra manera, están proyectando una imagen dañina y hábilmente utilizada en un contexto que amenaza con convertir a la inminente elección  que podría ser la más insegura desde 1985, comenta.

“Hay indicios de que puede haber agenda política tras estas acciones. Esta sería guiada por una visión muy cuestionable sobre cómo capitalizar el voto”, concluye.

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