Ante la denuncia de diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) sobre la fecha próxima de vencimiento de al menos 2.4 millones de vacunas contra el COVID-19, la ministra de Salud, Amelia Flores aseguró que el dato no es correcto.

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Flores aclaró en conferencia de prensa  que el listado entregado a los congresistas presentaba un “error” sobre la fecha de vencimiento de las vacunas contra COVID-19.

Según el documento elaborado por el Centro Nacional de Biológicos, indica que  el próximo 21 de agosto vencerían las vacunas de un lote de vacunas AstraZeneca .

“Hay un dato preocupante y es que alrededor 2.4 millones dosis de vacunas vencen entre cuatro y seis días. Es decir, vencen el 21 de agosto y otras el 23 de agosto”, señaló el diputado Jairo Flores.

La bancada UNE manifestó su preocupación ante la posibilidad de no poder vacunar a esa cantidad de personas en el tiempo de vida de las dosis.

“¿Tiene la capacidad el gobierno de aplicar esas dosis antes que venzan?”, cuestionó el congresista.

Salud asegura que informe “tenía un error”

La ministra de Salud indica que el informe no presentaba los datos correctos sobre las fechas de vencimiento de las vacunas contra COVID-19 y asegura que se trató de “un error humano” y que las dosis no vencerán el 23 de agosto, como se había denunciado.

Asimismo, las autoridades de Salud publicaron el listado de dosis que han ingresado junto a las fechas de vencimiento, para aclarar la situación creada por el error en el informe entregado a la bancada UNE.

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La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) envió una carta al presidente de Rusia, Vladimir Putin para que aclaré los detalles de la entrega de las vacunas Sputnik V adquiridas por el Ministerio de Salud.

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El diputado Orlando Blanco explicó que la misiva  fue entregada en la embajada de Rusia en Guatemala y tiene como fin establecer un diálogo directo con el líder ruso.

“Queremos que se pronuncie en torno al cumplimiento o no del contrato que se suscribió con la empresa Human Vaccine, subsidiaria del Fondo Ruso”, explicó Blanco.

El diputado indicó que es necesario que Rusia confirmé  si hay interés por continuar con el contrato.

Además, los diputados consideran que es necesario que se establezca un cronograma para la entrega de al menos tres millones de vacunas antes que finalice julio.

“Debería de haber una manifestación de cumplimiento. Con el envío los guatemaltecos tendríamos la confianza de que hay muestra de voluntad de cumplir”, enfatizó el legislador.

Hasta la fecha, Rusia ha enviado 800 mil vacunas a Guatemala, de las 16 millones de dosis que el gobierno de Guatemala adquirió a través de un contrato por el que pagó un anticipo de Q614 millones que representa el 50% del costo total.

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Los diputados de la bancada de la UNE presentaron un amparo en contra de la ministra de Salud, Amelia Flores por considerar que ha violentado el derecho a la salud de los guatemaltecos al restringir el libre acceso a las vacunas contra el COVID-19.

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La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra la ministra de Salud, Amelia Flores, por negarse a que se habilite la vacunación contra el coronavirus para mayores de 18 años.

“Todos tenemos los mismos derechos. Estamos acusando a la ministra de Salud del derecho de violación del derecho a la vida y la salud”, dijo Blanco.

Además, la UNE también envió a la embajada de Rusia en Guatemala una misiva dirigida al presidente Putin, para pedir al gobierno de ese país que se envíen al menos 3 millones de dosis de la vacuna Sputnik V antes de finalizar el mes de Julio.

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La nueva Junta Directiva del Congreso de la República fue juramentada este jueves 14 de enero, sin embargo cuatro de los nuevos miembros podrían ser removidos por disputas con sus bancadas. Tanto la UNE como la FCN han indicado que accionaran legalmente.

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Los miembros de la nueva Junta Directiva (JD) del Legislativo fueron juramentados este jueves 14 de enero, minutos antes de la entrega del primer informe del Gobierno de Alejandro Giammattei.

La Junta Directiva 2021 mantiene a casi todos los miembros del 2020, con excepción de los diputados Carlos López y Jorge García Silva, quienes enfrentan una acusación de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que dio a conocer que ambos diputados fueron expulsados de la agrupación política y por lo tanto no es legal su participación en la JD.

Sin embargo, los diputados Rudy Pereira, Carlos Nájera, Carlos López Maldonado y Jorge García Silva podrían ser removidos de los cargos debido a que no pertenecen a ningún bloque.

La bancada UNE, en conferencia de prensa informó que Carlos López, quien fue juramentado como Cuarto Secretario y Santiago Nájera, como Primer Secretario fueron expulsados de ese bloque legislativo el año pasado.

El diputado Óscar Estrada, indicó que de acuerdo con la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, los cargos de la Directiva únicamente pueden ser ocupados por legisladores miembros de bancada, por lo cual Nájera y López asumieron el cargo de forma  ilegal.

En cuanto a Pereira no es afiliado del Frente de Convergencia Nacional (FCN).

Los miembros de la Junta Directiva 2021 son:

• Allan Estuardo Rodríguez (presidente)
• Sofía Hernández Herrera (primera vicepresidenta)
• Luis Alfonso Rosales (segundo vicepresidente)
• Armando Damián Castillo (tercer vicepresidente)
• Carlos López Maldonado (primer secretario)
• Rudy Pereira Delgado (segundo secretario)
• Douglas Rivera Mérida (tercer secretario)
• Carlos Santiago Nájera (cuarto secretario)
• Jorge García Silva (quinto secretario)

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Además del vicepresidente, Guillermo Castillo, diputados anunciaron que no estarán presentes hoy en la presentación del informe presidencial.

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Mientras el vicepresidente anunció que tiene actividades agendadas para hoy, el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, Carlos Barreda anunció que tampoco asistirán.

Cada año, el 14 de enero se realiza en el Congreso una sesión solemne en la cual el mandatario presenta su informe de labores.

Este año es especialmente relevante, por ser el primero en la gestión de Alejandro Giammattei, marcado por la pandemia y desastres naturales. Sin embargo, el vicepresidente ya tenía en agenda compromisos mas relevantes.

Entretanto la UNE considera que el informe podría ser poco realista.

«La UNE anuncia que no asistirá a la sesión solemne donde se dará posesión a la nueva Junta Directiva y se conocerá el primer informe del presidente Giammattei. “No vamos a avalar con nuestra presencia una sesión ilegal y un informe plagado de falsedades” afirma Carlos Barreda.

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La bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) informó que presentará una serie de enmiendas a la iniciativa de ley del Ejecutivo, para la compra directa de las vacunas contra COVID-19, con el fin de evitar un nuevo endeudamiento.

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El jefe de la UNE, Carlos Barreda, dio a conocer que consideran que hay fondos suficientes para adquirir las vacunas de COVID-19, sin necesidad de endeudar al país.

“No es necesario endeudarnos en Q800 millones en bonos del tesoro; demostramos con el ministro de Finanzas que hay más de Q800 millones que el Crédito Hipotecario Nacional tuvo que haber devuelto el viernes al fondo común, según dice la Ley Orgánica del Presupuesto”, dijo Barreda.

“Hay más de Q1,158 millones en una cuenta: Fondo Común Consejos de Desarrollo, que tienen que ver con obras que no tienen movimiento desde hace cinco o diez años, aparte está el préstamo destinado para infraestructura en salud pública del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual se pueden reorientar fácilmente Q150 millones o Q200 millones, para la infraestructura que tiene que ver con los cuartos fríos y la contratación de personal para vacunación”, agregó el jefe de bloque.

El congresista indicó que buscarán que la ley estipule la gratuidad de las vacunas para toda la población guatemalteca.

Asimismo, el representante de la UNE considera que es necesario que el Ministerio de Salud realice un proceso transparente y una campaña efectiva de vacunación dirigida al público para que se conozcan los aspectos técnicos sobre costo beneficio.

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El diputado Óscar Argueta arremetió en contra del ministro de Gobernación Gendry  Reyes y el director de la Policía Nacional Civil (PNC). «Gorila, eso es lo que es usted», le dijo Argueta a Reyes.

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En medio de la citación realizada por la bancada UNE y en la que participaron otras bancadas de oposición, el diputado Óscar Argueta  y el diputado Carlos Barreda  realizaron fuertes acusaciones en contra del ministro de Gobernación.

De acuerdo con los diputados, el incendio dentro del Congreso provocado por un grupo  de personas, durante la manifestación del día sábado, se dio gracias a la falta de acción de las fuerzas de seguridad.

Argueta, responsabilizó al ministro de Gobernación por supuestamente permitir a los agentes de la PNC el uso de la fuerza en contra de los manifestantes.

“Bien machos se ven ustedes golpeando mujeres», le dijo Argueta al ministro de Gobernación y al director de la PNC.

Pese a las acusaciones Reyes insistió en no haber ordenado golpear, intimidar o agredir a los manifestantes, sin embargo reconoce que la situación será investigada por las instituciones correspondientes.

“No se dio instrucción de lanzar bombas lacrimógenas ni de agredir a nadie. Quienes hayan quebrantado la ley están siendo investigadas por el Ministerio Público (MP) y este determinará su responsabilidad”.

Al no quedar conforme con las respuestas del ministro, los diputados solicitaron que presente inmediatamente su renuncia.

El jefe de bloque de la UNE, Carlos Barreda aprovechó para señalar al ministro de corrupción  y lo vinculó con una serie de delitos cometidos en otras dependencias del Estado.

Barreda indica que Reyes fue acusado de robarse los viáticos para los agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) a cargo de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La situación llevó al ex comisionado Carlos Castresana, a solicitar su remoción.

«Señor ministro usted no es idóneo para el cargo. Usted estuvo involucrado en un incidente muy grave de carácter internacional cuando el señor Carlos Castresana, jefe de la CICIG, pidió que fuera destituido ya que usted se apropió de más de 650 mil quetzales de viáticos asignados a los agentes de la SAAS», dijo Barreda.

El ministro negó este señalamiento y mencionó que fue removido del cargo por un ajuste en la SAAS derivada de un cambio administrativo.

Además, Barreda acusó a Reyes de extorsionar prostíbulos. «A usted le rescinden el contrato por estar extorsionando los prostíbulos. Esos son sus antecedentes ministro, esa es su carta de presentación a la sociedad guatemalteca», aseguró Barreda.

Las acusaciones del jefe de bloque de la UNE son sumamente graves, aunque no presentó pruebas de ello, Barreda aseguró que de ser necesario citará a los funcionarios que destituyeron en su momento a Reyes para confirmar sus palabras

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La Bancada de la UNE denunció que además de las personas fallecidas, empleados públicos y contratistas del estado que aparecen como beneficiarios del Bono Familia, ahora han identificado al menos a 40 mil guatemaltecos que no viven en el país.

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Según un informe solicitado por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se identificaron a 47,869 personas que cobraron el Bono Familia y que no viven en Guatemala.

El jefe de la bancada uneísta Carlos Barreda, denunció la anomalía y señaló que el programa social  a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)  presenta múltiples deficiencias en su ejecución que han perjudicado a la población guatemalteca afectada por la pandemia.

Barreda indica que los datos fueron obtenidos a través del Instituto Guatemalteco de Migración y esperan recibir un informe completo de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para confirmar todas las anomalías que pueda presentar el programa social.

Al respecto, el viceministro de Desarrollo Social, Melvin Caná, señaló durante una citación con los diputados de la UNE que “no estar al tanto de esa situación” y afirmó que “esos datos no los conocía”.

Por su parte, el  jefe de Auditoría para Atención a Denuncias de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Walfred Rodríguez, indicó que ya están haciendo las verificaciones presentarán en los próximos días los hallazgos encontrados.

El MIDES ha sido denunciado en otras ocasiones por incluir en los listados de beneficiarios a 7 mil muertos, 739 empleados públicos y 20,289 contratistas del Estado.

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Al menos 275 fallecidos aparecen como beneficiarios  del Fondo de Protección del Empleo. Además, trabajadores de una empresa de Alejandro Sinibaldi también recibieron la ayuda económica, denunciaron diputados de la bancada UNE.

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Durante una citación en el Congreso de la República, los diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)  cuestionaron a las autoridades del Ministerio de Economía y Trabajo por las deficiencias del programa de ayuda económica  del Fondo Para la Protección del Empleo.

El Fondo Para la Protección del Empleo fue creado para apoyar a los trabajadores que fueron suspendidos por la crisis del COVID-19. Cada persona inscrita en el programa recibió Q75 diarios, es decir Q2,250 mensuales.

El diputado Carlos Barreda indicó que de los 194 mil beneficiarios, estiman que el 43% no llenaban los requisitos para recibir el aporte. El Estado gastó  Q1 mil 528 millones en el programa.

Los congresistas indicaron que 275 muertos aparecen en el padrón de beneficiarios, esto significa que el Estado entregó Q1.6 millones a personas fallecidas, lo cual denota la falta de control de parte de los encargados del programa, manifestaron los diputados.

Al respecto, el viceministro de Economía, Lisardo Bolaños señaló que la revisión del padrón era responsabilidad del ministerio de Trabajo. Sin embargo, confirmó que identificaron algunos fallecidos en los padrones, por lo cual procederán a realizar una revisión completa.

«Nosotros habíamos encontrado en el proceso siete personas que murieron durante la pandemia», dijo Bolaños.

Bolaños detalló que los sectores que han sido beneficiados con el programa, son aquellos que resultaron más afectados por la pandemia. “La industria de la manufactura 20%, hoteles y restaurantes 19%, 16.8% al comercio, 16% a servicios profesionales y administrativos, 6% servicios técnicos, 6% servicio de transporte, construcción 5%”, detalló el viceministro de Economía.

Po su parte, el ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez, indicó que el listado de beneficiarios  fue cruzado con información del Registro Nacional de las Personas (Renap).

El diputado Orlando Blanco, calificó de vergonzoso, que el diputado Fidel Reyes, del partido Bienestar Nacional (Bien) haya inscrito a varios trabajadores de una de sus empresas al programa.

 “Es vergonzoso porque esto atañe a la clase política, hasta el partido de un diputado, el de Fidel Reyes, el partido Bienestar Nacional (Bien) ha cobrado Q34 mil 425. No queremos decir que no tengan trabajadores, pero vean el daño que ha causado un programa de esta naturaleza, realmente muchos lo necesitaban”, señal

Blanco, también reveló que la empresa Arqco Outsourcing Centroamérica, S.A., propiedad de Alejandro Sinibaldi, inscribió a sus trabajadores para recibir el bono. Dicha compañía fue considerada por el Ministerio Público como una “empresa pantalla” que permitió al exministro de Comunicaciones lavar dinero.

“Cuando nosotros vemos quien ha cobrado realmente se ha metido Raymundo y medio mundo, mucha gente que no necesitaba, empresas que nosotros jamás pensamos que fueran a necesitar apoyo del Estado se metieron. Se le pagó hasta a pilotos aviadores, compañías internacionales con presencia en Guatemala. Ya solicitamos que se nos haga un consolidado por parte de las empresas para saber cuánto cobraron, hay algunas que hasta cobraron millones”, manifestó el congresista.

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La bancada de la UNE denunció al secretario General de la Presidencia, Giorgio Bruni, por negar información sobre las reuniones que el presidente Alejandro Giammattei ha sostenido con diputados y funcionarios públicos.

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El pasado viernes 6 de noviembre, los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso solicitaron a Bruni  información precisa sobre los diputados y funcionarios que han participando en las supuestas «reuniones secretas» de Giammattei.

Bruni incumplió la solicitud de entregar el nombre de los participantes y el detalle de la agenda presidencial.  A través de un comunicado oficial de Presidencia, Bruni indica que debido a la premura de la solicitud le es imposible completar el informe por el momento.

«Esta Secretaría lleva la Agenda, no obstante por la premura del tiempo y dado el número de actividades cuya recopilación implica, no será posible lleva a cabo la entrega de dicha información el día de hoy, por lo cual enviaremos la información de mérito la próxima semana», detalla el documento presentado por el secretario Privado.

La Bancada UNE indica que presentarán una denuncia y lo citarán de nuevo para que presente la información solicitada.

La secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Francis Masek, indicó:

 «La Secretaría Privada no está negando información. Está indicando que es mucha información solicitada y se entregará la siguiente semana».

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