El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Pagos Internacionales (BIS) han dado un paso histórico hacia la promoción de la inclusión financiera en América Latina y el Caribe. En el marco del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) celebrado en Santiago de Compostela, España, se llevó a cabo la firma del primer acuerdo de colaboración entre ambas instituciones.

Redacción Perspectiva

Este trascendental acuerdo, firmado por el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y el director general del BIS, Agustín Carstens, tiene como objetivo el impulso de instrumentos innovadores de tecnología financiera y la promoción de la inclusión financiera en la región. Entre los aspectos destacados de esta colaboración se incluyen el desarrollo de bienes públicos financieros innovadores, asistencia técnica y formación en tecnología financiera, estudios especializados y el intercambio de buenas prácticas.

El primer proyecto derivado de esta asociación, denominado FuSSE (Fully Scalable Settlement Engine), se encuentra actualmente en desarrollo y ofrece a los bancos centrales una tecnología de código abierto que mejorará los sistemas de pagos, incluyendo la compensación y liquidación de valores. Esta herramienta modular permitirá a cada banco central adaptarla a sus necesidades específicas. La experiencia del BID en el ámbito de políticas públicas y capacidad institucional será un elemento clave en esta colaboración para impulsar el desarrollo tecnológico.

Además de abordar las necesidades técnicas de bancos centrales y otros actores relevantes, esta iniciativa conjunta contribuirá a la armonización de las prácticas de los mercados regionales y la convergencia regulatoria, resolviendo cuestiones fundamentales como las remesas.

El presidente Goldfajn destacó la importancia de las nuevas tecnologías para establecer una red sólida de sistemas de pagos eficientes en toda la región, promoviendo la inclusión financiera, la integración regional y la reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe. Subrayó la necesidad de contar con una infraestructura de mercado segura para apoyar el desarrollo económico.

Por su parte, Agustín Carstens, director general del BIS, expresó su satisfacción por el inicio de esta colaboración y destacó la complementariedad de las competencias y fortalezas del BIS y el BID. Resaltó que las tecnologías de infraestructura de los mercados financieros son complejas y costosas, y que la creación de una comunidad con los bancos centrales de la región tiene el potencial de mejorar estas infraestructuras y optimizar el funcionamiento del sistema financiero.

Un estudio reciente del BID y la Asociación de Datos Financieros y Tecnología (FDATA) resalta la importancia de reducir las barreras de entrada para los consumidores y mejorar la accesibilidad a productos y servicios personalizados como prioridades para promover la inclusión financiera. El informe subraya la necesidad de establecer un marco regulatorio adecuado, impulsar la formación de talento humano y aumentar la capacidad tecnológica en la región.

La firma de este acuerdo tuvo lugar en el contexto del diálogo de alto nivel sobre inclusión financiera en América Latina y el Caribe, que contó con la participación del presidente del BID, el director general del BIS, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y ministros de Finanzas y gobernadores de Bancos Centrales de la región.

Este acuerdo representa un hito en la búsqueda de soluciones innovadoras para promover el desarrollo económico y la inclusión financiera en América Latina y el Caribe, fortaleciendo la colaboración entre instituciones clave en el ámbito financiero internacional.

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Raquel Fernández, especialista en Educación del BID

En una escuela de Sacatepéquez, los padres y madres de familia hacen fila de manera ordenada para recibir su bolsa de alimentos con productos nutritivos como frijoles, arroz, plátano, huevos, remolacha, zanahoria, mango, piña, leche, y azúcar. Justo al lado de la fila, se puede ver el Mural de Transparencia y Rendición de Cuentas del centro educativo, en el que los directores reportan públicamente los gastos de la escuela, incluyendo el monto destinado a la “refacción”, la matrícula por grado e información de los docentes, además del listado de los alimentos a los cuales los estudiantes tienen acceso para ayudar a garantizar su educación.

Y es que en Guatemala, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) representa, más que una mera
provisión de alimentos, una oportunidad que abre las puertas a los estudiantes a un mejor futuro a través de la educación. Según el estudio Estado de la Alimentación Escolar en América Latina y el Caribe, desarrollado de manera conjunta entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), los programas de alimentación escolar, especialmente los que se ofrecen junto con inversiones en salud y nutrición, son una herramienta para propiciar el desarrollo cognitivo de los niños, niñas y jóvenes, permitiéndoles sentar las bases para aprender más y mejor a lo largo de sus vidas. Estos programas han demostrado fomentar la asistencia, reducir la deserción escolar y aumentar las tasas de graduación (UNESCO y otros, 2019). Son también un instrumento para cerrar brechas, ya que actúan como incentivos para que familias de bajos recursos que normalmente no enviarían a sus hijos a la escuela, lo hagan, dándoles la oportunidad de convertirse en ciudadanos mejor preparados.

Para Guatemala, el PAE es una política pública imprescindible para atender los retos que enfrenta como país. En primer lugar, la situación de la desnutrición crónica es alarmante: prácticamente 5 de cada 10 niños y niñas menores de cinco años padecen de desnutrición crónica, siendo esta cifra aún mayor en la población indígena. Esta crítica situación se refleja también en los escolares: según el último Censo de Talla en Escolares del 2015, el 37.6% tiene retardo en el crecimiento, con una prevalencia del 41.7% en áreas rurales frente a un 20.9% en zonas urbanas. Desde el lado educativo, sabemos también que las tareas pendientes son cuantiosas. A modo de ejemplo, las tasas de cobertura están lejos de launiversalidad en los niveles de preprimaria (65%), básico (48%) y diversificado (24%) (MINEDUC, 2023) y los aprendizajes son bajos: según los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) del 2019, un 84% de los estudiantes de sexto de primaria no tienen el nivel mínimo de competencias en lectura y 93% no lo tiene en matemáticas.

Las buenas noticias son, que a través de los años Guatemala ha sabido reconocer la importancia de la alimentación escolar para, según la Ley de Alimentación Escolar del 2017, “contribuir al crecimiento y desarrollo de los niños y adolescentes en edad escolar, enfocándose en el aprendizaje, el rendimiento escolar y la formación de hábitos alimenticios saludables de los estudiantes”. En ese sentido, el estudio antes mencionado destaca varios aspectos:

Guatemala es uno de los 6 países en la región que han aprobado leyes de alimentación escolar
además de Bolivia, Paraguay, Honduras, Ecuador y Panamá, garantizando así su institucionalización dentro del quehacer del Estado y sostenibilidad en el tiempo.

El PAE tiene amplia cobertura, llegando a 2.5 millones de estudiantes. Esto equivale a que casi 9
de cada 10 estudiantes (87%) son beneficiados por el programa.

A través del Decreto 12-2021, el cual reforma la Ley de Alimentación Escolar, se ha aumentado
la cobertura para estudiantes de educación inicial y del nivel medio (básico y diversificado). La
literatura indica que los primeros años de vida son particularmente importantes para el
desarrollo cognitivo de las personas y que la etapa de la adolescencia también es un período
crucial para el neurodesarrollo del cerebro, haciendo de una buena nutrición un ingrediente
esencial para estos procesos.

Además de tener el objetivo de contribuir a la reducción de la desnutrición infantil y al fomento
de la educación, el PAE tiene gran potencial para contribuir al desarrollo económico de las
familias locales a través de la agricultura familiar. La Ley, en su Artículo 15, establece que, del
total de los recursos financieros asignados a cada centro educativo debe destinarse como
mínimo el cincuenta por ciento (50%) para compras de productos que provengan de la
agricultura familiar, siempre y cuando exista la oferta necesaria en el mercado local. El PAE tiene
un modelo de entrega descentralizado a través de las Organizaciones de Padres de Familia
(OPF), motivando así el involucramiento de los padres y madres de familia en la educación de
sus hijos. El MINEDUC propone menús a las OPF que han sido previamente elaborados en
consulta con nutricionistas y representantes de las zonas urbanas y rurales, así como una lista
de proveedores acreditados de quienes pueden adquirir los alimentos a nivel local.

Sin embargo, como con cualquier política pública de gran envergadura, siempre habrá espacios para mejora. Para Guatemala, algunas áreas de oportunidad incluyen la ampliación de la cobertura de los programas de alimentación escolar; la mejora en las condiciones de infraestructura de las cocinas escolares, buscando migrar hacia un modelo de preparación de los alimentos dentro de la escuela que contribuya a la entrega directa de estos a los estudiantes; y fomentar actividades multisectoriales en las escuelas en salud y nutrición para profundizar el alcance y el impacto de las comidas escolares. Además, será necesario establecer sistemas de monitoreo más cercanos, incluyendo el acompañamiento a las OPF, para garantizar que la calidad de la comida ofrecida cumpla con los estándares nutricionales;resolver cuellos de botella existentes para que productores locales puedan convertirse en proveedores de alimentación escolar del Ministerio de Educación y tengan acceso a crédito e información;  establecer
directrices para aumentar la interculturalidad del PAE, atendiendo las vulnerabilidades socioeconómicas y las especificidades culturales de los Pueblos Indígenas; y, trabajar con las universidades y otros centros de investigación para generar evidencia acerca de los impactos de diferentes tipos de alimentos, modalidad de entrega y compras locales, entre otros aspectos, en indicadores nutricionales y educativos de los estudiantes.

Seguir apostando por la alimentación escolar es el camino correcto. Los estudiantes bien alimentados pueden concentrarse y aprender en la escuela, lo que a su vez aumenta sus posibilidades de tener un futuro más próspero. Adicionalmente, sabemos que por cada US$1 invertido en programas intersectoriales, adecuadamente diseñados y que adquieren insumos locales, se genera un retorno de hasta US$9 (WFP, 2022b; Verguet y otros, 2020). Por eso, desde el BID, reconocemos y apoyamos políticas públicas, que como el PAE, contribuyen a una Guatemala sin desnutrición, con acceso equitativo a una educación de calidad, pero, sobre todo, con oportunidades para que los niños, niñas y jóvenes del país pueden alcanzar su verdadero potencial y mejorar sus vidas.

Para conocer más de los programas de alimentación escolar en la región, te invitamos a descargar la nueva publicación Estado de la Alimentación Escolar en América Latina y el Caribe.

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Hoy presentamos una entrevista con Gerónimo Frigerio, autor de “Simple: una idea para transformar el futuro de América Latina.” El nuevo libro de Frigerio se presenta en un momento clave para América Latina. La propuesta de Simple brinda una solución clara y precisa al problema estructural de la región y coloca a la micro y pequeña empresa en el centro de la transformación para generar inversión y trabajo.

Renée Saravia

El nuevo libro de Gerónimo Frigerio, Simple, es una propuesta con un mensaje contundente para abordar el problema estructural de América Latina. Hasta ahora las posibles soluciones para enfrentar los problemas como desempleo y pobreza se han enfrascado en una interminable discusión que no logra generar cambios.

Frigerio, especialista internacional con más de veinte años de experiencia en la ejecución de proyectos de desarrollo económico y social en Latinoamérica, y con el Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, explica que la clave encontrar una salida a la crisis de América Latina es construir un conjunto de medidas orientado a que la región gane competitividad, genere empleo y deje atrás de una vez por todas su histórica pobreza.

¿Cómo nace Simple?

Simple es el resultado de más de veinte años trabajando en proyectos de desarrollo económico y social por toda América Latina y de la acumulación de frustración ante el fracaso de todos nuestros países que, con distintos modelos, no lograron niveles de progreso significativos.

En todo ese tiempo pude ver como la pobreza, el desempleo y la informalidad permanecían en el centro de nuestros países sin que su resolución sea una prioridad real.

Si bien los políticos de todos los países de la región insisten en que trabajarán por reducir la pobreza y crear empleo, fallan en explicar “cómo”. Simple apunta justamente a ese punto: “cómo” reducir pobreza y “como” facilitar la creación de empleo.

El libro presenta una idea para transformar el futuro de América Latina. La propuesta hace foco en tres ejes:

1. Adopción de reglas simples para facilitar el desarrollo de las pequeñas empresas.
2. Digitalización de la interacción público-privada a nivel del teléfono celular.
3. Visión regional para potenciar los procesos de desarrollo económico de los países.

La visión de Simple es concreta: hacer negocios en América Latina debiera ser simple y digital.

¿Cuál es la propuesta principal de Simple?

Simple propone facilitar la creación de empleo. ¿Cómo? Simple presenta una propuesta de reforma que abarca el universo de reglas, instituciones y procesos que inciden en el inicio, administración y cierre de una empresa a fin de priorizar el desarrollo del sector privado como fuente principal de creación de empleo.

El foco de la reforma son las pequeñas empresas – también llamadas “MIPYMES”- toda vez que estas representan el 99% de la fuerza productiva de la región y tienen la mayor potencialidad para crear empleo (60% en la actualidad y potencialmente más).

Las reformas debieran focalizarse en la secuencia del ciclo de vida de la MIPYME y priorizar la digitalización de la totalidad de los procesos a fin de que puedan realizarse en un aplicativo desde el teléfono móvil.

El objetivo de la propuesta es claro: el sector privado -con foco en las pequeñas empresas- debe florecer en toda su capacidad.

El proceso de reforma que propone Simple es continuo. Hasta tanto la creación de empleo no alcance todo su potencial y la pobreza disminuya a su mínima variable, la potencialidad de mejora seguirá vigente: habrá más costos por reducir, más reglas por simplificar y más trámites por eliminar o informatizar.

Por eso, la secuencia del proceso para los próximos años tiene que lograr una dinámica de mejora continua en los servicios públicos que busque implementar una visión: América Latina sin pobreza.

¿Qué desafíos afronta América Latina para combatir la pobreza?

América Latina afronta el desafío de dejar atrás sus malas reglas -que le fueron implantadas en la época colonial hace 200 años- y que dificultan hacer negocios en nuestros países.

Esas malas reglas, a su vez, generaron malas instituciones las cuales devinieron en burocracias y altos costos en cada interacción con el estado. Como consecuencia, la región desarrolló una mala cultura de negocios, es decir, hacer negocios es caro, complejo y difícil.

La meta es lograr desarrollar una buena cultura de negocios, dónde podamos hacerlo de forma simple y digital. Para ello, adoptar buenas reglas -es decir, que sean simples y fáciles de comprender- es el primer desafío. Lograr eliminar nuestra burocracia para adoptar una institucionalidad digital, es decir, que podamos interactuar con el estado a nivel del teléfono celular, es el segundo desafío. Lograr una buena cultura de negocios para poder crear riqueza y generar empleo es el tercer desafío.  

Durante décadas reducir la pobreza es uno de los principales temas de Latinoamérica, sin embargo la situación parece cada vez más crítica ¿En qué fallamos?

La situación es cada vez mas crítica, pero la falla no es de ahora, sino que es histórica.

En los últimos 50 años, uno de cada tres latinoamericanos ha sido pobre. Esto implica que hemos naturalizado que haya millones que nazcan y mueran en la pobreza. Estamos hablando de un universo que puede superar los 200 millones de latinoamericanos en tiempos de pandemia.

La principal falla está en el modelo de desarrollo elegido: nuestros ministros de finanzas promueven fundamentalmente a las grandes empresas, que son el 1% del sector privado. Esas grandes empresas aportan el 75% del producto, es decir, prácticamente cubren las necesidades recaudatorias. En términos sencillos, 20 ministros de finanzas de la región con el 1% de los líderes de la región dominan las prioridades económicas de la región. Con ese modelo nos fue mal. No alcanza. Es insuficiente.

El desafío es sumarle al 99% restante, es decir, a las pequeñas empresas, que si bien solo aportan -hasta ahora- el 25% del producto, contratan al 60% de las personas. Mas aún, esas pequeñas empresas son el espacio natural dónde los emprendedores y trabajadores informales debieran formalizarse si se les facilitara esa transición.

Las pequeñas empresas son la llave al desarrollo económico de la región. Hoy están relegadas de la agenda, afrontando malas reglas y altos costos para hacer negocios. Pero si pudieran hacer negocios con buenas reglas (por simples y bajos costos) y operar digitalmente (teléfonos celulares) expandiendo su ámbito de negocios a la región, el potencial de desarrollo de nuestros países no tendría techo.

En otras palabras: fallamos en no desatar el potencial de desarrollo económico de nuestras pequeñas empresas. Si lográsemos desatarlo el escenario de progreso sería mejor.

Ante la problemática del desempleo y el empleo informal ¿Qué cambios son necesarios a nivel estatal y empresarial?

Los estados (sector público) regulan a las empresas (sector privado). Cuando se regula bien hay empleo, formalidad y generación de riqueza. Cuando se regula mal hay desempleo, informalidad y mayor pobreza.

Regular bien implica que la interacción entre el sector público y privado debiera ser en el menor tiempo, al menor costo y con la menor complejidad posible.

Ejemplos: (i) tener un único portal para todos los trámites; (ii) la totalidad de los trámites que dependen del Estado debieran ser online; (iii) la creación de una empresa debiera hacerse en un solo trámite (online), instantáneo y gratuito, para facilitar el inicio de la actividad económica en la formalidad; (iv) promover una cultura de contratos entre privados para que ellos mismos regulen sus derechos y obligaciones -por ejemplo, plazos y términos de mutuo acuerdo, o alquileres con plazos y términos acordados por las partes-; (v) simplificar el sistema impositivo para que individuos y empresas de la región tengan un esquema de impuestos simple y competitivo -que posiblemente sea un impuesto universal y plano que no ofrezca interpretación alguna; por ejemplo, impuesto corporativo del 10% e impuesto único al individuo del 10% de su ingreso-; (vi) digitalizar la totalidad de las actividades comerciales para operar integralmente desde un teléfono inteligente, entre otros.

Nuestra realidad es la contraria. Por ende, el Estado debiera regular para poder hacer “fácil” lo que hoy es y se presume “difícil”.

En su propuesta, el papel de los emprendedores, las micro y pequeñas empresas juegan un papel fundamental, ¿por qué?

Los emprendedores, micro y pequeñas empresas son los principales creadores de empleo en el tiempo por delante. Si con malas reglas, costos elevados y altas burocracias ya emplean al 60% de las personas, imaginemos su potencial si tuvieran buenas reglas, bajos costos y un estado digital con el que puedan hacer negocios a partir de su teléfono celular. El potencial de creación de empleo y generación de riqueza en todos los sectores de la economía no tendría límite.

Por eso, este 99% del sector privado, que es el gran “postergado” del modelo latinoamericano, es el llamado a jugar un papel fundamental en el tiempo por delante.

A su vez, las nuevas generaciones -millenials, centenials y Alpha- seguramente emprendan por vocación, pero también por necesidad, lo cual potenciará a una generación que nació digital y no va a adaptarse dócilmente a las malas reglas y mala burocracia que ofreció América Latina hasta ahora a su sector privado.

Facilitar el desarrollo del sector privado es clave para un mejor futuro.

¿Qué otros actores son claves para hacer efectiva esta propuesta?

Todos los actores deberán estar abiertos a reinventarse. Políticos, empresario -grandes y pequeños-, sindicalistas, abogados, contadores, escribanos, docentes universitarios, estudiantes, etc.. Esta transformación nos convoca a todos, sin discriminación. El modelo de subsistencia y creación de empleo que hemos tenido hasta este tiempo ha fracasado y la pobreza es su indicador mas claro de ello.

Podemos seguir insistiendo con recetas similares, pero la falta de eficiencia en la regulación del sector privado es contundente: ¿seguiremos con un tercio de pobres o crecerá a la mitad de la población?

Todos -queramos o no- deberemos reinventarnos en el tiempo por delante. Los políticos que lo entiendan, posiblemente la minoría, deberán pensar con cabeza de futuro, más que priorizando la coyuntura presente. Igualmente los grandes empresarios. Pero a la larga, las reformas comenzarán y se irán expandiendo de los países que logren innovar con éxito hacia aquellos que sigan sumidos en la pobreza.

¿Cuál es el desafío más grande para la región? 

El desafío más grande para la región es comprender que en este tiempo extraordinario hay que tomar medidas de reforma extraordinarias como las que plantea Simple.

No vamos a emerger de la pobreza, informalidad y desempleo por el mero paso del tiempo. Por el contrario, el paso del tiempo va a agravar los problemas.

El desafío es entonces instalar el debate en el centro de la agenda de la región y -fundamentalmente- implementar la idea. Si la idea se debate, no alcanza. Hay que implementarla en toda su magnitud.

América Latina necesita adoptar reglas simples para que hacer negocios en la región sea mas fácil y económico que en cualquier lugar del mundo, especialmente para nuestras pequeñas empresas. Esa reforma depende de nosotros, los latinoamericanos. Esa reforma es innovar en cómo hacemos negocios. Esa reforma no requiere de grandes sumas de dinero. Pero sí depende de tener liderazgos claros, con visión innovadora que avancen verdaderamente en construir una salida a la pobreza.

¿Qué podría pasar en Latinoamérica, sino se realizan cambios efectivos para alcanzar un desarrollo real?

Si no se realizan los cambios, es decir, si se sigue insistiendo con un modelo ya fracasado, tendremos mayor pobreza, mayor desempleo y mayor informalidad, es decir, gente haciendo negocios por fuera de las reglas del estado.

En general, aquellos países que tienen pobreza, desempleo e informalidad en aumento también tienen mayor caos institucional, corrupción y violencia. Por ende, el no reformar devendría en un escenario malo y grave, especialmente para las generaciones más jóvenes.

En contraste, si reformamos, podremos sentar las bases para crecer, generar riqueza y lograr la mejor versión de América Latina: una que se desarrolle con su propia cultura en todo su potencial.

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Tres de las instituciones financieras más importantes del mundo: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se reunieron para discutir propuestas a fin de combatir la pandemia en la región.

Redacción Perspectiva

El Presidente del BID, Mauricio Claver-Carone;  David Malpass, Presidente del BM, y Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI, se reunieron virtualmente para discutir propuestas para mejorar y alinear sus esfuerzos en América Latina y el Caribe contra el COVID-19.

Entre los temas de discusión, abordaron la creación conjunta de plataformas nacionales, iniciativa propuesta por el G20 , “que buscaría maximizar las contribuciones de los socios del desarrollo como grupo para cada país, incluyendo una mejor coordinación y esfuerzos fortalecidos para movilizar la inversión del sector privado”, indica el comunicado del BID.

Asimismo, definieron un plan para que las tres instituciones atiendan la sostenibilidad de la deuda y sirvan mejor a sus clientes de la región. Entre otros temas, Claver-Carone destacó la creación de empleo regional y la recapitalización del BID como metas de su mandato.

“Al ser la región más golpeada por el COVID-19 y su impacto económico, América Latina y el Caribe requieren una respuesta multilateral conjunta para priorizar acciones y maximizar recursos”, expresó Claver-Carone.

Claver-Carone convocó la reunión en su segundo día como Presidente del BID. En su discurso inaugural del 1 de octubre, mencionó entre sus prioridades mantener una colaboración más cercana con el Banco Mundial, el FMI y otros bancos multilaterales para atender las necesidades de la región, incluyendo un mecanismo de plataformas nacionales.

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció el sábado 12 de septiembre que Mauricio J. Claver-Carone, asumirá la presidencia de la institución a partir del 1 de octubre del presente año.

Redacción Perspectiva

Claver-Carone asumirá funciones como presidente del BID,  el 1 de octubre de 2020, por un período de cinco años. Como Presidente, será responsable de las operaciones del Grupo BID, que está formado por el BID, BID Invest y BID Lab.

Claver-Carone  será el quinto presidente del Banco. Le antecede Luis Alberto Moreno (2005-2020), Enrique V. Iglesias (1988-2005), Antonio Ortiz Mena (1971-1988) y Felipe Herrera (1960-1971).

Actualmente el señor Claver-Carone es Asistente Adjunto del Presidente de los Estados Unidos y Director Senior de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos.

El nuevo presidente del BID, fue Representante de los Estados Unidos ante el Fondo Monetario Internacional y Asesor Senior del Subsecretario de Asuntos Internacionales en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Claver-Carone  fue electo con la  mayoría de los votos de los países miembros del BID, así como el apoyo de al menos 15 de los 28 países miembros regionales (26 países miembros prestatarios, más Canadá y los Estados Unidos).

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$100 millones a Guatemala para mejorar los servicios de salud a fin de reducir la morbi-mortalidad materna y neonatal en algunas de las zonas más vulnerables del país.

El proyecto permitirá poner en marcha una estrategia de cuidados obstétricos neonatales esenciales orientados a  mejorar la calidad de la atención sanitaria a madres y bebés . Como apoyo a la red de servicios de salud se pondrá en marcha un sistema de coordinación de emergencias médicas, abastecimiento de productos sanguíneos, así como sistemas de información digital de cobertura nacional  Además, se mejorará la infraestructura la red mediante inversiones en obras y equipamiento con el objetivo de mejorar la calidad de la atención sanitaria.

El proyecto priorizará acciones en departamentos vulnerables, principalmente en Huehuetenango y San Marcos dada la alta prevalencia de problemas de salud materno-infantil en tales regiones. Concretamente, se apoyará la construcción de nuevos puestos de salud y hospitales en sectores con alta población rural e indígena, y la mejora de los servicios en los puestos y hospitales existentes.

Adicionalmente, se mejorarán los servicios materno-infantiles y de planificación familiar, brindando mayor atención a  todo el ciclo del embarazo y al neonato por medio de servicios de Cuidados Obstétricos y Neonatales Esenciales en los tres niveles de la red. Por último, el proyecto permitirá identificar tempranamente y manejar situaciones de riesgos para el desarrollo infantil, tales como déficit nutricional, carencia de inmunización e incidencia de enfermedades prevalentes de la infancia.

Mediante estas inversiones se busca reducir la mortalidad materna en los departamentos priorizados de 137,2 muertes por cada 100.000 nacidos a 110 y reducir la tasa de mortalidad infantil de 14,8 a 13,0 niños por cada 100.000 nacimientos. Además, se espera aumentar la cobertura de atención prenatal oportuna del 34,72% actual al 50% y la cobertura del parto institucional del 46,66% actual al 65% al final del proyecto.

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Los usuarios de la red de carreteras de Guatemala se beneficiarán con  el crédito de US$150 millones que el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó para para ser empleado en la mejora y rehabilitación de la red vial.

Según indicó un boletín de prensa de la institución, el objetivo del programa es facilitar la conexión vial entre áreas productivas y cabeceras departamentales, y la red principal.

De acuerdo con las autoridades del BID, el uso de los recursos mencionados permitirá un tránsito sostenible de mercancías y personas, “lo que contribuirá sustancialmente a la mejora de la productividad, ampliando el acceso a mercados y a servicios sociales de comunidades aisladas caracterizadas por altos índices de pobreza».

Según la institución financiera, el transporte por carretera es determinante para la productividad y el comercio de Guatemala, donde anualmente circulan 3.5 millones de vehículos que movilizan más de 24 millones de toneladas de mercancías.  Sin embargo, el BID refiere que la mejora en la red vial encara importantes obstáculos como la escasa densidad y el mal estado de las carreteras, lo que incrementa los costos de operación y los tiempos de traslado.

El BID remarcó que Guatemala se encuentra en la posición 18 de los 23 países de América Latina y el Caribe en el Índice de Desempeño Logístico.

El proyecto incluye «obras de pavimentación destinadas a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos al aumentar la accesibilidad de las comunidades que sufren restricciones para acceder a centros de salud y educación, especialmente durante periodos de lluvia».

El crédito cuenta con un plazo de amortización de 24 años, un periodo de desembolso de 6 años y uno de gracia de 6.5 años.

Fuente: Mineco 

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una operación de US$150 millones a Guatemala para implementar un ambicioso programa de mejoramiento y rehabilitación de las carreteras que conectan áreas productivas y cabeceras departamentales a la red principal.

Esto permitirá un tránsito sostenible de mercancías y personas lo que contribuirá sustancialmente a la mejora de la productividad, ampliando el acceso a mercados y a servicios sociales de comunidades aisladas caracterizadas por altos índices de pobreza.

El transporte por carretera es determinante para la productividad y el comercio de Guatemala, donde anualmente circulan 3,5 millones de vehículos que movilizan más de 24 millones de toneladas de mercancías.

A pesar de este considerable trafico la densidad vial de Guatemala, es decir la relación entre la longitud de la red vial y la superficie terrestre del país, se ubica por debajo del promedio de América Latina  (15,5 km2 vs 22 km/100 km2); además, el mal estado de las carreteras incrementa los costos de operación y los tiempos de traslado. Datos como estos sitúan al país en la posición 18 de 23 países de América Latina y el Caribe en el Índice de Desempeño Logístico.

El programa beneficiará el transporte de mercancías, al facilitar el flujo de comercio y promover la integración económica y social de comunidades entre sí y con la red principal del país. Además, las obras de pavimentación mejorarán la calidad de vida de sus ciudadanos al aumentar la accesibilidad de las comunidades que sufren restricciones para acceder a centros de salud y educación, especialmente durante periodos de lluvia.

Estas intervenciones también servirán para reforzar la capacidad institucional del país a través de la incorporación de sistemas de gestión y de mejores estándares relacionados con infraestructura resiliente al cambio climático, seguridad vial y la generación de lineamientos y buenas prácticas orientadas a la planificación vial.

El monto total del proyecto es de US$150 millones con cargo a capital ordinario concesional con un plazo de amortización de 24 años, un periodo de desembolso de 6, un periodo de gracia de 6,5 años y una tasa de interés basada en LIBOR.

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) clausuró con un taller presencial en su sede el Programa de Fortalecimiento de Capacidades Consulares, que se viene desarrollando desde 2016 y en el que han participado más de 150 funcionarios consulares destinados en Estados Unidos. El programa nació en respuesta a las necesidades de los países del Triángulo Norte de fortalecer sus servicios consulares, trabajar de manera más coordinada y contar con la información y las herramientas más actualizadas para atender mejor a su población migrante.

El Programa se desarrolló mediante un modelo innovador de aprendizaje híbrido (presencial y en línea), que arrancó con un taller presencial en Ciudad de México para 36 funcionarios consulares de El Salvador, Guatemala y Honduras. Estos funcionarios, a su vez, se convirtieron en multiplicadores de conocimiento al transmitírselo a sus colegas destinados en 17 ciudades Estados Unidos y las capitales de los tres países por medio de una plataforma digital.

Esta plataforma en línea fue desarrollada por el BID y sus contenidos fueron elaborados en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, UNICEF y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Además de conectar al personal consular y servir como un espacio de coordinación, esta herramienta sirve como repositorio de información y conocimiento, brindando información actualizada sobre la política migratoria y de asilo de Estados Unidos.

El BID, una de las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo de El Salvador, Guatemala y Honduras, está a cargo de la Secretaría Técnica del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, suscrito por los tres países con el objetivo de atender las causas estructurales de la migración irregular por medio de la generación de oportunidades económicas y la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la región. Como Secretaría Técnica, el BID acompaña la implementación del Plan mediante la prestación de asistencia técnica y financiera.

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Una de cada 10 personas que trabajan en equipos de desarrollo de tecnología en las empresas, son mujeres. Esta situación refleja la brecha digital y la desigualdad de oportunidades laborales que existen alrededor del mundo y especialmente en  América Latina, dice Araceli Campos directora de Laboratoria México, una empresa que ayuda a las mujeres a desenvolverse en carreras tecnológicas para que puedan integrarse a las compañías de este sector.

Para esto, Laboratoria se ocupa de enseñarles a programar e innovar para formarlas como desarrolladoras web o diseñadoras UX a través de un bootcamp que dura seis meses, con el apoyo de grandes compañías como Google, Microsoft, Citi Foundation y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes son aliados estratégicos de la startup.

Lo mejor de todo es que recientemente abrió una convocatoria para formar a la cuarta generación en México, con 100 mujeres que tendrán la oportunidad de aprender nuevas habilidades en materia de desarrollo tecnológico e innovación, dirigida a todas aquellas personas que no tuvieron acceso a una educación de calidad y que quieren convertirse en las próximas líderes. Esta convocatoria cierra el 30 de noviembre y puedes inscribirte en esta página.

Durante esta capacitación podrán crear más de 40 productos web y desarrollar habilidades técnicas y blandas para que puedan enfrentar los retos de la era digital en las empresas, y no tiene costo si Laboratoria logra colocar a las alumnas en alguna de estas organizaciones.

Campos asegura que la diversidad de género también ayuda a tener mejores productos y servicios, y cada vez más organizaciones lo reconocen y buscan diversos talentos para fortalecer sus equipos de trabajo. Con esta iniciativa, Laboratoria refuerza su compromiso para que miles de mujeres latinas cambien su futuro y hagan más diversa la industria.

Fuente: Entrepreneur 

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