La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al Renap otorgar DPI de refugiados a la familia Bitkov.

Redacción Perspectiva

Finalmente, la familia Bitkov, fue favorecida por la CC para obtener DPI con estatus de refugiados tras varios años de persecución en su contra.

Igor, Anastasia e Irina Bitkov fueron condenados por la falsificación de documentos, recibirán el Documento Personal de Identificación (DPI)  en el que estuvieron involucrados servidores públicos del país.

Luego de un recurso presentado por la familia Bitkov, la CC resolvió que los integrantes de la familia rusa deberían contar con estatus de refugiados tal como lo establecen los acuerdos nacionales e internacionales suscritos por Guatemala en materia de migrantes y refugiados.

“Con todas las formalidades propias de los documentos personales de identificación de los guatemaltecos y los extranjeros domiciliados en el país que estén inscritos en dicho Registro, de conformidad con la Ley del Registro Nacional de las Personas, el Reglamento para la Emisión del Documento Personal de Identificación -DPI- y el Reglamento para la Emisión del Documento Personal de Identidad Especial», se lee en el documento.”

Los Bitkov solicitaron el estatus por primera vez en 2015, sin embargo fue rechazado por Migración. Esto los llevó a realizar una segunda petición en 2019 que fue aceptada. Sin embargo, la familia rusa no contaba con DPI por una negativa del Renap.  

Ahora, la CC ordenó al Renap extender los documentos y que la familia obtenga una identificación oficial.

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La juez María Belén Reina Salazar, de Primera Instancia de Niñez y Adolescencia, fue separada del cargo por las acusaciones de tortura contra Vladimir Bitkov, quien tenía tres años cuando sin ordenar una prueba de ADN, Salazar dispuso que el pequeño no era hijo de sus padres biológicos y aunque tenía un tutor, lo recluyó en un lugar donde fue víctima de malos tratos.

Redacción Perspectiva

La juez María Salazar, de forma inexplicable, transgredió los derechos del niño en 2015, cuando sin atender que Vladimir Bitkov tenía designado un tutor legal (el abogado Rolando Alvarado), ordenó que el pequeño fuera recluido en un orfanato de donde salió con varias secuelas (enfermedades y lesiones), producto de los tratos que padeció en la institución, llamada «albergue de protección» y donde el pequeño sufrió incluso hambre.

Las condiciones en las que el niño volvió al cuidado de sus tutores legales (niñera y abogado), fueron plenamente documentadas por especialistas y el equipo de abogados defensores denunció el atropello ante diversas instancias nacionales e internacionales.

Aparentemente, la medida de la juez fue una forma de congraciarse con la CICIG, que persiguió implacablemente a los Bitkov. en septiembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia admitió la solicitud de antejuicio contra Salazar, quien hoy fue separada del cargo como parte de la investigación.

Sobre el caso, el abogado Rolando Alvarado expresó hace unos meses:

¿Cuántos niños cuyos padres carecen de los recursos académicos, económicos y asesoría jurídica habrán terminado institucionalizados en sitios de horror, como el orfanato donde fue enviado Vladimir?

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Robinson, ex embajador en Guatemala y actual subsecretario de la agencia INL, negó en audiencia con el Congreso de su país que conocía el caso Bitkov y la relación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), con el banco ruso VTB. Esta mañana, en redes sociales, el abogado de los Bitkov, Rolando Alvarado, además de la familia rusa, desmienten al ex diplomático estadounidense, quien incluso se reunió con Irina Bitkov.

Redacción Perspectiva

El video de la audiencia muestra a Robinson nervioso. Pero lo más relevante, es que el funcionario estadounidense aseguró que no conocía ningún detalle del caso Bitkov, y tampoco la relación entre la CICIG y los bancos rusos que persiguieron implacablemente a dicha familia.

A media mañana, el abogado de la familia Bitkov, Rolando Alvarado, escribió en su cuenta de Twitter:

Todd Robinson ha mentido ante miembros de   @HouseForeign. Aquí la prueba de que conocía el caso #Bitkov desde 2015.

«De mi parte, y de los representantes de los Bitkov en Londres, se hizo de su conocimiento», señala el abogado.

El documento presentado públicamente por Alvarado es la carta dirigida por él a Robinson, en mayo de 2015, donde informa detalladamente sobre todas las irregularidades en el caso Bitkov.

Robinson dio respuestas que dejaron dudas

Durante la audiencia Resumen de las prioridades de EEUU en el hemisferio occidental: oportunidades, desafíos y el camino a seguir, el congresista Chris Smith preguntó a Robinson cómo previno la tortura a la familia Bitkov, perseguida por la dictadura de Putin en Guatemala.

El ex embajador afirma que la familia fue «llevada a juicio y sentenciada», por la compra de documentos ilegales en RENAP, y agrega que desconoce la relación entre los bancos rusos y la CICIG.

Además, Robinson dijo: «muy simplemente, no me reuní con los Bitkov». Empero, esto fue desmentido por Irina Bitkov, quien además de Robinson se reunió con Iván Velásquez en un evento público.

El grupo Support the Bitkovs y otros ciudadanos que apoyan a la familia rusa publicaron este vídeo en Youtube, con la conversación entre Smith y Robinson.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitió la solicitud de antejuicio contra la jueza María Belén Reyna Salazar, quien habría violado varios derechos fundamentales a un menor que tenía tres años cuando sucedieron los hechos. Irina Bitkov, madre de Vladimir, y Rolando Alvarado, abogado de la familia Bitkov y tutor del niño, comentan el caso.

Roxana Orantes Córdova

En 2015, la jueza de primera instancia de la Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana, María Belen Reyna Salazar, decidió institucionalizar al pequeño Vladimir Bitkov (3), enviándolo a un orfanato donde el niño sufrió diversidad de maltratos durante 42 días en los que fue sometido a un régimen similar al de cualquier cárcel.

El hogar donde Vladimir estuvo internado bajo un régimen que le dejó secuelas físicas y psicológicas, se llama paradójicamente “Amor del Niño”, cuya directora Shyrel Lyne Osborn llegó al extremo de interponer una Acción Constitucional de Exhibición Personal para que Vladimir retornara al sitio donde fue torturado de muchas formas, aduciendo que “podría estar sufriendo malos tratos de sus tutores mientras sus padres permanecen en prisión preventiva”.

Vale mencionar las condiciones en las que el niño retornó al cuidado de sus tutores legales, Verónica González Cano de Cano y José Rolando Alvarado Lemus, niñera y abogado, plenamente documentadas por diferentes especialistas.

La sentencia de la CC donde se niegan los amparos acumulados por la jueza Reyna Salazar y la directora del orfanato “Amor del niño”, indica que al salir de ese lugar, Vladimir presentaba:

“Conjuntivitis, tos persistente (tardó un mes en curarse), diarrea, parásitos, amebas, cicatriz sobre el ojo derecho y un diente roto”, lesiones que pudieron ser accidentales o debido a golpes.

Testimonios posteriores al rescate del menor señalan que: “Lloraba en silencio, no quería hablar y necesitó apoyo psicológico”, “Escondía la comida y los juguetes debajo de la ropa”.

Todo este sufrimiento pudo ser evitado si Reyna hubiera respetado la decisión de otra jueza anterior, quien había otorgado la custodia provisional a la niñera que había atendido al niño desde su nacimiento y al amigo de la familia, además de su abogado.

Sin mostrar compasión ni atender el interés del niño, quien había expresado a la psicóloga que deseaba permanecer con “Verónica”, quien lo alimentaba y cuidaba, la jueza separó a Vladimir de sus tutores. Ni siquiera les permitió despedirse del pequeño, que lloraba y gritaba mientras lo trasladaban al orfanato, donde tampoco se dio a la madre ninguna información sobre el menor mientras estuvo recluido en ese lugar.

La jueza, quien entregó al niño al orfanato aduciendo podía no ser hijo de los Bitkov, debido a confusiones en la identidad por los papeles, “olvidó” pedir una prueba de ADN, que hubiera solucionado esa duda.

Actualmente, Vladimir es un niño de nueve años que practica deportes y vive una infancia normal con su familia. Federado en tenis, ya ha obtenido trofeos y los días de pesadilla parecen lejanos.

Sin embargo, todos estos años Reyna ha seguido siendo jueza de Niñez y Adolescencia, señala Alvarado, quien menciona que esto es preocupante porque

¿cuántos niños cuyos padres carecen de los recursos académicos, económicos y asesoría jurídica habrán terminado institucionalizados en sitios de horror, como el orfanato donde fue enviado Vladimir?

El pequeño Bitkov fue víctima del caso Migración y Corrupción, que arrastró a sus padres y hermana, a quienes se violaron todos los derechos (estaban protegidos por la Convención de Palermo).

Por su defensa de los Bitkov, los abogados Victoria Sandoval y Rolando Alvarado fueron galardonados en Londres con el premio Magnitsky a los derechos humanos.

La jueza Reyna Salazar podría ser investigada por varios delitos, incluyendo tortura. Esto dependerá de lo que decida el juez pesquisidor, indica Alvarado.

“Gracias a Dios comienza a hacerse justicia”

“Esta jueza envió a Vladimir al orfanato. Gracias a Dios, comienza a hacerse justicia y la CSJ nos notificó que aceptaron nuestra solicitud. Esto ha sido un proceso muy largo, tenía tres años cuando el Estado lo secuestró, hoy tiene nueve”, dice Irina.

La madre narra que durante esos días, ella estaba hospitalizada junto con su hija mayor, e Igor Bitkov, el padre, se encontraba en la cárcel. “La jueza solicitó información del niño a la embajada rusa, a la CICIG y a la FECI, pero jamás a sus padres ni abogados. Cuando decidió mandarlo al orfanato no preguntó si tenía alergias, si tomaba algún medicamento, en qué idioma hablaba y ningún otro dato. Ni siquiera atendió la petición del niño, quien había dicho a la psicóloga que quería permanecer con su niñera”.

“Hemos sabido, aunque no está confirmado, que una familiar muy cercana de la jueza trabaja en el Organismo Judicial y desde ahí la protegían. Sin embargo, con el fallo de la CC, que nos dio un amparo provisional, la CSJ tuvo que enmendar la decisión anterior”.

“Vivimos una situación de tortura que puede calificarse como producto de un secuestro del Estado. La juez prohibió el contacto de los tutores y familiares con el niño, solicitaba información a la embajada rusa. Y a pesar de que todo estaba en ley, nos quitaron la custodia por cuarenta días”, comenta la madre de Vladimir y concluye:

“¿Cuántos otros niños sufrieron en estos años y cuántas otras resoluciones similares se habrán dado, por dinero o por influencia? Para recuperar a Vladimir tuvimos que presentar un amparo en el transcurso de tres días ¿qué pasa con los padres que no tienen un abogado para interponer el amparo en tres días?”.

“Lo más impactante: sigue siendo jueza de Niñez”

“La CSJ tuvo que fundamentar bien su resolución, que en febrero de este año rechazó in limine la solicitud de antejuicio que habíamos presentado. Para rechazar in limine, se basan en que existe un argumento político, espurio o infundado. Y no había ninguno de los tres elementos”, señalala Alvarado.

Según recuerda, luego del allanamiento donde fueron capturados los padres y hermana mayor del niño, este fue llevado por la Procuraduría General de la Nación a un juzgado de turno, donde permanecieron seis horas. En ese juzgado, considerando el deseo expresado por el pequeño y en atención a su interés (según la ley, siempre debe privar el interés del niño), les fue otorgado el abrigo provisional que poco después revocó la jueza Reyna.

“Lo mandó a un orfanato donde lo golpearon. Prohibió las visitas. Cuando el niño entró a ese lugar, tomaba pacha. Se la quitaron en pocos días. Reyna violó los derechos humanos del niño, no quiso escucharlo y aunque tuviera tres años, existen métodos especiales para escuchar a un niño en esos casos”.

“Entre otras irregularidades, afirmaba que no era hijo biológico de sus padres, pero en ningún momento pidió pruebas de ADN, que nosotros debimos solicitar a un laboratorio español. Ella y la directora del orfanato intentaron interponer un amparo contra una resolución de la Procuraduría de los Derechos Humanos (dirigida por Jorge de León Duque), donde se establece que hubo violaciones a los derechos del niño. Este recurso fue rechazado por la CC”.

“En este momento, ya se nombró a un pesquisidor, el Magistrado de la Sala Primera, donde se decidirá el procedimiento. Reyna puede ser citada o capturada. Los delitos fueron varios: abuso de autoridad, prevaricato y tortura, vemos entre otros”.

“Llama la atención que una jueza que violó los derechos de un niño haya seguido siendo jueza de niñez. En este caso estamos buscando un precedente, para que con su actuar, jueces como esta no sigan violentando los derechos de niños cuyas causas ella va a conocer”.

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Hoy circuló como novedosa la información de una sentencia emitida en enero del año pasado relacionada con el caso de Igor Bitkov. Consultamos al abogado de los Bitkov, quien explica la situación.

Redacción Perspectiva

Rolando Alvarado, abogado de Igor Bitkov indica que la noticia publicada hoy en distintos medios se refiere a una sentencia de la Sala Segunda de Mayor Riesgo, de fecha 8 de enero del 2020. 

El abogado aclara que dicha sentencia fue impugnada por Igor Bitkov, y actualmente se encuentra en la Cámara Penal de la Corte Suprema, pendiente de agotarse el trámite de Casación.

Además, Alvarado enfatiza que:

“La sentencia de la Sala mencionada es ilegal porque no aplica las eximentes de responsabilidad penal que la Convención de Palermo otorga a los Migrantes, y porque no quisieron conocer las pruebas que claramente demuestran que los responsables de la emisión de los documentos fueron funcionarios públicos y abogados que formaban parte de una estructura criminal”. 

Asimismo, el representante legal de Bitkov recuerda que: “el Tribunal de Sentencia certificó lo conducente para investigar a esos funcionarios, entre ellos a Mayra Johana Veliz López”.

Para Alvarado esto demuestra que “los magistrados sabían quienes eran los responsables de la falsedad y los encubren con ese fallo ilegal”. 

Finalmente, Alvarado expresó que confían que muy pronto la Corte Suprema de Justicia deje sin efecto la sentencia calificada como ilegal.

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Las denuncias de los abogados de Igor Bitkov y su familia ante el senado estadounidense parecen comenzar a dar frutos, cuando EE.UU. anunció la captura de Kenneth Biderman, abogado estadounidense implicado en una organización criminal que operó en Guatemala, donde resultaron implicados unos 30 guatemaltecos, entre funcionarios y abogados. Perspectiva conversó con Igor Bitkov, afectado por la mafia de Cutino International y con sus abogados Amanda Santizo y Rolando Alvarado, además de Edgar Búcaro, abogado que denunció detalladamente a la estructura Cutino en Guatemala.

Roxana Orantes Córdova

La estructura criminal encabezada por Marcos Cutino tiene una historia que parece el argumento para una saga de la mafia internacional. La trama gana en complicación e intensidad porque implica a la ex mano derecha de Thelma Aldana, Mayra Véliz, quien habría facilitado papeles falsos a más de 70 personas, entre ellos unos 50 árabes.

Edgar Búcaro Nowell, abogado guatemalteco, inscribió legalmente una de las empresas de Marcos Cutino y afirma que uno de los miembros de dicha estructura, Víctor Lapin, lo llevó a Rusia, donde le presentó a un general de aquel país. Además, le habrían pedido tramitar pasaportes a rusos y crear sociedades en Guatemala, para trasladar US$3 billones.

Búcaro terminó amenazado por Lapin, a quien una saga policíaca describiría como “el hombre de los mil nombres”, porque tuvo varias identidades, dependiendo del pasaporte que usara.

“El hombre de los mil nombres” (y sus aliados en Guatemala)

Lapin, cuyo pasaporte con esta identidad lo identificaba como ruso, es el estadounidense Randy Craig Levine, prófugo de la justicia estadounidense desde 2005 quien fue capturado en Austria y podría ser extraditado a EE.UU., señala Bitkov, quien este año presentó denuncia contra varios jueces por encubrir a Cutino.

Según narra, la juez Erika Aifán aseguraba que la empresa (o estructura criminal de trata y estafa), y el propio Cutino no existían “y si existe, no es criminal”. Jasmín Barrios interrumpía a Igor Bitkov cada vez que él intentaba mencionar dicha estructura.

Intrigado por la desmesura de la condena en su contra por usar papeles de identidad proporcionados por la firma de Cutino y avalados por autoridades guatemaltecas (entre estas, Mayra Véliz, quien firmó la cédula de identidad de Anastasia Bitkova), Igor decidió investigar a profundidad y encontró varios datos que evidencian una enorme red de poder y tráfico de influencias.

Los hallazgos del ruso fueron enviados por sus abogados al senado estadounidense, que a su vez trasladó la información a las autoridades estadounidenses. El ovillo comienza a desenredarse, y la relación entre la mafia de Marcos Cutino y los dos estafadores estadounidenses capturados este año, se menciona varias veces en un comunicado emitido en septiembre por Audrey Strauss, Fiscal de los Estados Unidos en funciones para el Distrito Sur de Nueva York, y William F. Sweeney Jr., Subdirector de la Oficina de Campo de Nueva York de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

El texto mencionado anuncia la apertura de una demanda en la corte federal de Manhattan, donde se señala a Philip Reichental, abogado inhabilitado, arrestado en Florida el 14 de septiembre, y Randy Craig Levine (con unas 7 identidades y por extraditar), por los delitos de fraude de productos básicos, fraude electrónico y lavado de dinero de los inversores.

Levine fingía vender Bitcoin y logró reunir US$3 millones, de los cuales, Reichental transfirió más de US$2 millones a cuentas en Guatemala, a nombre de los diferentes alias de Levine. El documento de las autoridades estadounidenses menciona por lo menos siete veces la relación entre Levine y Guatemala, donde el estadounidense es prófugo por el delito de lavado, si bien siguió depositando dinero en cuentas a nombre de sus múltiples alias, correspondientes a documentos de identidad obtenidos en Guatemala, con complicidad de varios funcionarios de diversos rangos.

El documento de EE.UU. también menciona el alias Santiago Santos Galindo, usado por Levine para lavar dinero que estafó a estadounidenses fingiendo que les vendía bitcoin, dice Bitkov, quien enfatiza en que los papeles de Levine fueron tramitados legalmente por funcionarios guatemaltecos:

“Mayra Veliz fue quien trabajaba con Cutino por muchos años desde que ella fue subdirectora de Migración. Ella tenía su sello y firma registrados en el sistema y firmaba las papeles auténticos para extranjeros dando les residencias permanentes sin cumplir los requisitos. En 2015 la descubrieron en RENAP por una investigación pero ella siendo secretaria general del MP logró parar la investigación y Juan Francisco Sandoval fue quien le ayudo. Metieron preso al director de RENAP Rudy Gallardo quien la descubrió”.

Capturado en Guatemala, Levine iba a testificar contra Mayra Véliz,  asegura Bitkov. Sin embargo, fue beneficiado con una medida sustitutiva por el juez a cargo y logró fugarse del país. Bitkov narra:

“En mayo de 2018 el abogado  Búcaro Nowell presentó denuncia en MP contra la estructura de Marcos Cutino Kenneth Biderman y Victor Lapin . En septiembre, Lapin fue detenido en el aeropuerto por intento de salir del país con gran cantidad de dinero sin declarar. En octubre, Sandoval cita a Búcaro para dar testimonio en FECI y él le cuenta todo sobre la estructura ya que como abogado que trabajaba con Lapin y Biderman. Pero Sandoval evitó investigar a la estructura (me imagino para encubrir a Mayra Veliz) En enero le dieron medida sustitutiva a Lapin y se fugó, cuando ya se sabía que su verdadero nombre es Randy Craig Levine y es prófugo de la justicia de EEUU desde 2005”.

Aunque Levine lavó varios millones con DPI a nombre de Santiago Santos Galindo, jamás fue acusado por esto ni por tener otras identidades. Ni siquiera por pertenecer a la estructura criminal de Marcos Cutino, concluye Bitkov.

Más de un ex funcionario deberá “poner sus barbas en remojo”

“La firma de Cutino tramitaba pasaportes con la complicidad de Mayra Véliz y la FECI no quiso investigar esta relación. Esto significa que le prestaron impunidad a Cutino y sus cómplices, como Randy Craig Levine”, afirma Amanda Santizo, quien manifiesta su extrañeza porque las autoridades no investigaron detalladamente al criminal, quien logró fugarse cuando el juez Víctor Hugo Cruz le otorgó medida sustitutiva, aunque ya se había denunciado que tenía más de una identidad y había negociado un convenio de “colaborador eficaz”.

“Lo interesante de esto es que todos los hallazgos fueron enviados a Washington, y creemos que el envío de estos documentos pudo influir en la captura de Reichental, socio de Levine en otra empresa criminal”, comenta Rolando Alvarado, quien en abril de 2018 denunció los hechos ante la Comisión Helsinki, junto con la abogada Victoria Sandoval.

Según el abogado, es muy probable que las autoridades estadounidenses no dejen cortado el hilo de la investigación y en algún momento, alcanzarán a las docenas de abogados, alcaldes, síndicos, registradores y ex funcionarios, como Mayra Véliz, y Carlos Raúl Morales, vicecanciller, cuyas firmas y sellos avalaron los documentos falsos que la mafia Cutino proporcionó a más de 70 personas, de los que muchos son árabes.

“El caso de Levine debió estar en la Fiscalía de Delitos Transnacionales, que en aquel momento no existía. El tiempo nos dio la razón y es de esperarse que las autoridades estadounidenses sigan investigando hasta llegar a cada uno de los responsables”.

“Véliz está denunciada, así como los bancos implicados. En Guatemala, el Banco de Crédito y en Ecuador, el Territorial. En esas entidades se lavaron US$ 7 millones. El encubrimiento de las autoridades deberá conocerse tarde o temprano. Por ejemplo, Igor Bitkov declaró que había pagado US$150 mil a Cutino para obtener papeles guatemaltecos legales, y esta denuncia no fue considerada por las autoridades, que evadieron mencionar el tema. Incluso la cédula de Anastasia fue llevada ante Thelma Aldana y ella negó que estuviera firmada por Mayra Véliz”, concluye Alvarado.

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Hace unos momentos se conoció que la Sala Segunda de Mayor Riesgo confirmó la sentencia contra Anastasia e Irina Bitkov, condenadas a 14 años de prisión. Rolando Alvarado, abogado de esa familia, dijo a Perspectiva que el fallo precipitará las varias denuncias que el equipo asesor de los Bitkov ha presentado en instancias internacionales.

Redacción Perspectiva

El delito de Anastasia Bitkov, hija de Irina e Igor Bitkov, fue naturalizarse como guatemalteca. Su cédula de identidad fue firmada por Mayra Véliz. Además de las dos mujeres, otras cuarenta personas implicadas en el caso conocido como Migración y Corrupción también fueron sentenciadas hoy, por un tribunal presidido por los magistrados de la Sala Segunda de Mayor Riesgo Harold Estuardo Ortiz Pérez, con Edwin Roberto Ruano Martínez y Santos Sajbochol Gómez como vocales.

El caso Bitkov se convirtió en “piedra en el zapato” de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), porque a partir de las denuncias realizadas ante la Comisión Helsinki por los abogados Rolando Alvarado y Victoria Sandoval, quienes en noviembre de 2018 recibieron el Premio Magnitsky a los derechos humanos.

Luego de las denuncias de los dos abogados ante la comisión mencionada, senadores estadounidenses lograron que EE.UU. eliminara el financiamiento a la CICIG. Los Bitkov son incómodos para muchos y la sentencia de hoy, que todavía está sujeta a varias apelaciones y recursos, señala Sandoval, ha motivado una serie de reacciones que van del escarnio a la violencia misógina, de parte de quienes añoran el regreso de la CICIG.

Ni la familia ni el equipo legal que los asesora han sido notificados de esta sentencia, explicó Sandoval, quien agregó: “esto va a acelerar todas las denuncias que ya realizamos ante diversas instancias. La Comisión Helsinki sigue investigando el caso”.

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Igor Bitkov y su abogada, Amanda Santizo, explicaron a Perspectiva las razones por las cuales demandaron una vez más a Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, y a Thelma Aldana, quienes según afirman, habrían influido para liberar a dos venezolanos presuntamente vinculados con el “Cartel de los Soles”, grupo criminal que supuestamente invirtió dinero en el Banco de los Trabajadores.

Roxana Orantes Córdova

Según dijo a los medios Juan Francisco Sandoval, Bitkov ya fue condenado por una investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). La nueva denuncia en su contra sería parte de un complot para desprestigiar su trabajo. Además, dijo que debe esclarecerse de dónde obtuvo Bitkov los datos para señalarlo.

El fiscal negó conocer a Nicolás Maduro o a Diosdado Cabello. Sin embargo, el señalamiento de Bitkov no relaciona directamente a Aldana ni a Sandoval con estos personajes, aunque afirma que influyeron para que un caso de lavado de dinero se convirtiera en una investigación por hechos de corrupción que finalmente resultó en la libertad de los principales señalados: Hidalgo Socorro y Enoc Martínez, quienes en 2012 habrían intentado apoderarse del 80% de las acciones del Banco de los Trabajadores (Bantrab), por US$20 millones, “equivalente al 1% del capital del banco”.

En su página y en un video que puede verse en Youtube, Igor Bitkov expone detalladamente el tema y señala:

“Según las investigaciones realizadas por medios internacionales, el venezolano Hidalgo Socorro, presidente y  representante legal de DHK Finance Inc,  con Enoc Martínez, también socio de DHK Finance Inc, fueron identificados como los ejecutores de una red de corrupción que facilitó el lavado de dinero del cartel Los Soles, y de Diosdado Cabello, antiguo militar y político chavista que llegó a ser presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela”.

Santizo y Bitkov comentan el caso

Tanto Bitkov como su abogada, Amanda Santizo, coinciden en mencionar que la investigación del posible lavado de dinero en el Bantrab estaba siendo investigado por la Fiscalía de Lavado y que la intervención de Mayra Véliz y Thelma Aldana logró que fuera trasladada a la FECI, donde se enfatizó en un hecho de corrupción y se diluyó la responsabilidad de los dos venezolanos, de quienes hay más de una prueba son piezas clave en el clan Maduro.

Según Santizo, el vínculo criminal pudo ser investigado pero esto no se realizó. Los dos venezolanos salieron de Guatemala hace tiempo y se presume que estuvieron en EE.UU., pero actualmente no se conoce su paradero.

“La demanda es por obstrucción de la acción penal, delito que se produce cuando fiscales y jueces favorecen a estructuras criminales”, dice Santizo.

Bitkov agrega: “este caso seguro que merece una investigación profunda. Ellos debieron actuar de oficio, pero al final hubo encubrimiento de estructuras criminales internacionales y se permitió que los sospechosos salieran impunes hacia Estados Unidos”.

“No voy a parar. Hay suficientes pruebas y testigos que muestran este encubrimiento donde están involucrados jueces, fiscales y otros funcionarios que son una verdadera mafia, apoyada por activistas de izquierda”, comenta.

“Casualmente, los abogados de los dos venezolanos fueron Alfonso Carrillo y Harvey Pacay”, a quienes califica como “los mismos intermediarios que sirvieron al gobierno de Vladimir Putin para perseguir a mi familia”.

Un caso de lavado que pasó a ser delito de “cuello blanco”

Para comprender en qué se basó Igor Bitkov para interponer esta denuncia vale recordar hechos que él revela en su página, avalados con fotos de varios documentos y citas de los medios que en aquel momento realizaron la cobertura al escándalo del  posible lavado de dinero en el Bantrab, que rápidamente se diluyó y dejó de ser noticia, sustituido por un nuevo caso de corrupción que implicó a ejecutivos del banco en una compra supuestamente  sobrevalorada. Este nuevo caso se basó en el testimonio de un ejecutivo del Bantrab, Liu Yon.

En 2015, se conoció sobre un juicio civil contra ejecutivos del Bantrab, porque la empresa Quantum Capital no había recibido la comisión millonaria correspondiente al contrato entre el Bantrab y DHK Finance, propiedad de Urdaneta y Martínez. Una juez de Florida condenó a los ejecutivos de Bantrab a pagar el incumplimiento del contrato y calificó como fraudulentas las acciones del banco.

Los periódicos guatemaltecos dieron amplia cobertura al caso, hasta que la venta del inmueble sustituyó la atención mediática. El presidente del Bantrab fue destituido y algunos ejecutivos capturados, mientras Urdaneta y Martínez quedaron impunes.

Según escribe Bitkov, el proceso “pudo ser uno de los más importantes contra el imperio criminal de Maduro”, pero se convirtió en un caso más de corrupción, cuando pasó de la Fiscalía de Lavado de Dinero a la FECI, por influencia de Thelma Aldana y con apoyo de Sandoval.

¿Cuál es la relación de la dictadura venezolana con este caso?

El testimonio escrito de Bitkov recuerda que publicaciones del investigador venezolano Gustavo Coronel “demuestran y comprueban los graves crímenes de la corrupción venezolana, donde Hidalgo Socorro e Igor Martínez son protagonistas”.

Por ejemplo, los casos de corrupción de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, manejada por Nicolás Maduro. Según Coronel, también estarían vinculados con el Cartel de los Soles, donde estarían involucrados dos sobrinos políticos de Maduro, Efraín Campo Flores y Francisco Flores, capturados por la DEA con 800 kilos de cocaína en 2015.

Según afirma el texto, existen indicios que si se investigaran podría probarse que los US$20 millones invertidos en el Bantrab provenían de Diosdado cabello. “Pero Iván Velásquez y Thelma Aldana suspendieron la investigación para encubrir a los funcionarios de Maduro”.

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Igor Bitkov conversó con Perspectiva sobre el aparente encubrimiento del jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, a Cutino y sus asociados. Según afirma Bitkov, este encubrimiento afectaría la seguridad de EE.UU. y por ello, además de denunciar en Guatemala, también llevará el caso a aquel país.

Roxana Orantes Córdova

En 2018, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, entrevistó a Edgar Búcaro, un abogado que había trabajado para Kenneth Biderman, socio de Marcos Cutino y Víctor Lapin en la empresa que resultó ser una estructura de trata de personas llamada Cutino S.A., que según narra Igor Bitkov en su blog:

“Estos  norteamericanos se dedicaban a asistir a  extranjeros dentro y fuera de Guatemala  para  obtener los documentos de Guatemala en forma aparentemente legal por medio de funcionarios de alto rango. Para esto utilizaban el sitio web denominado www.cutinointernational.com.”

Pese a que Búcaro fue explícito en sus declaraciones, Sandoval no habría promovido ninguna investigación a fondo. Por el contrario, Lapin o Levine fue liberado, aunque poseía varias identidades y documentos de por lo menos tres países.

En Guatemala, Víctor Lapin (ruso) o Randy Craig Levine (canadiense), se llamaba Santiago Galindo, con DPI y pasaporte donde constaba que nació en Guatemala, dijo a Perspectiva Bitkov, quien denunció a Lapin ante las autoridades.

Según cuenta, Lapin había sido capturado en el aeropuerto, cuando llevaba más dinero del que se permite portar sin declarar en un vuelo internacional. “Llevaba varios documentos falsos, Búcaro le dio toda la información a Sandoval y guardó prisión preventiva cinco meses en Mariscal Zavala, donde fue visitado varias veces por el embajador ruso”.

“Craig Levine o Victor Lapin no hablaba una palabra de ruso. Su esposa, una polaca, lo visitó varias veces en Mariscal Zavala. Lo curioso es que el nombre de esta señora aparece en más de un documento como esposa del mismo individuo”, agrega.

Los documentos falsos de Levine no fueron presentados ante ningún juez y la versión de Bitkov indica que el fiscal del caso mencionó que el delito imputado era lavado de dinero, por lo que no procedía intervenir en el tema de los documentos. “Los abogados que le facilitaron recibir el DPI y pasaporte fueron identificados”, señala Bitkov, quien añade que ni siquiera esos indicios fueron considerados válidos como para que la FECI considerara la posibilidad de proceder contra Levine.

Poco después, fue dejado libre y aparentemente viajó a EE.UU. con una falsa identidad, porque en ese país Randy Craig Levine tiene 3 sentencias penales y 10 procesos abiertos, dice Bitkov a quien llamó la atención que mientras Levine, Lapin o Galindo estuvo preso, fue visitado varias veces por el embajador ruso, que nunca visitó a Bitkov en prisión.

Lapin obtuvo medida sustitutiva y poco después se fugó de Guatemala, cuando debía declarar contra Mayra Véliz. “No es coincidencia, sino muestra el poder e impunidad absolutos que posee Mayra Véliz”, dice Bitkov y añade que Sandoval tenía absoluto conocimiento sobre la relación entre los integrantes de Cutino y Mayra Véliz, aunque no accionó.

Muy parecida a una película sobre la mafia

La historia narrada por Bitkov es bastante similar a los filmes sobre mafia que tienen tanta aceptación desde hace décadas. Lo trágico es que no se trata de una ficción sino de hechos reales y con el agravante de que algunos funcionarios encubren a estructuras criminales como la instalada por Marcos Cutino y sus socios, quienes salieron de Guatemala impunes, mientras la familia de migrantes Bitkov fue objeto de un juicio injusto, prisión inmerecida y ataques masivos de personas que los tildan de delincuentes en redes.

En su testimonio, Edgar Búcaro mencionó que los Bitkov fueron traídos a Guatemala entre otros extranjeros por Kenneth Biderman y Marcos Cutino. Biderman viajó a Israel y en su lugar, Lapin se encargó “del negocio de pasaportes”. Búcaro también dio entrevistas a medios televisivos, donde narró cómo Biderman lo había mandado a Rusia, donde fue recibido por autoridades rusas. En este grupo estaba Lapin.

Según Búcaro, un militar que se presentó como miembro del servicio de inteligencia ruso le dijo que necesitaba muchos pasaportes guatemaltecos para rusos “sin que viajaran a Guatemala”. Poco después de esta reunión, Lapin se mudó a Guatemala y se convirtió en propietario del negocio de los pasaportes.

“La denuncia presentada por Irina Bitkova contra Cutino en  mayo de 2016 , nunca fue investigada. En la red criminal de Cutino y altos funcionarios, destaca Mayra Véliz y existe encubrimiento de FECI y CICIG”, afirma Bitkov, quien explica que la colusión entre la estructura criminal y la CICIG para perseguir a su familia.

“Las personas involucrados son las mismas: Juan Francisco Sandoval, Ivan Velázquez, Mayra Yojana Véliz López y Thelma  Aldana. Tengo en mi poder varios documentos de residencia permanente en beneficio de funcionarios y empresarios rusos, todas firmadas por Véliz. Todos estos crímenes continúan en plena impunidad, gracias al jefe de la FECI Juan Francisco Sandoval y sus cómplices”, concluye Bitkov, quien agrega:

“Es un problema de seguridad para Estados Unidos que un grupo bastante grande de individuos con diferentes nacionalidades pero todos con pasaportes guatemaltecos, hayan entrado a su territorio. Probablemente entre ellos hay más de un terrorista. Por eso llevaré mi denuncia contra Sandoval ante las autoridades estadounidenses”, concluye.

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El allanamiento y orden de captura contra el ex ministro de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Carlos Soto Menegazzo, pareciera tener una dosis de venganza política y recuerda el operativo de allanamiento contra la familia Bitkov, afirma la abogada Victoria Sandoval. Entre otros, el despliegue de vehículos y efectivos, que representa un gasto oneroso e innecesario porque, dado el delito que se le atribuye, el cardiólogo debió ser citado, dice la jurista.

Roxana Orantes Córdova

El 10 de enero recién pasado, notas de los diarios daban a conocer el balance del MSPAS. Entre otras noticias, se leía: “El sistema de salud fue fortalecido y abastecido, ahora cuenta con mejor infraestructura y equipamiento a nivel nacional, informaron autoridades en la presentación del informe de logros alcanzados y cierre de gestión de Carlos Soto Menegazzo.

Soto es un conocido profesional que dirigió el Hospital Roosevelt y fue nombrado ministro de Salud cuando su antecesora, Lucrecia Hernández Mack, renunció al ministerio debido a discrepancias con Jimmy Morales por la declaratoria de Non Grato al ex comisionado de la CICIG Iván Velásquez.

Poco después de su nombramiento, el cardiólogo denunció ante el Congreso, donde había sido citado, que la anterior titular del MSPAS había hecho una compra irregular de más de 400 televisores y también que habría contratado a más de 4000 digitadores, algunos de estos sin computadoras. A raíz de estas denuncias, la Contraloría General de Cuentas (CGC), no renovó el finiquito de la ex ministra, quien pese a todo, asumió como diputada electa en enero.

Por otra parte, contra Soto pesan por lo menos 21 denuncias diversas y solicitudes de antejuicio. Entre estas, la de Miriam Segura, ex directora del hospital de Nebaj, Quiché, quien acusó a Soto de presionarla y luego despedirla porque se negó a contratar a un médico familiar del alcalde de Nebaj.

Un dato interesante es que, según Segura, una gran cantidad del personal de ese hospital está constituido por personas que son familiares entre sí y cuyas contrataciones datarían de 2014, aunque se limitó a denunciar ante la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), al ministro que la habría destituido.

La solicitud de retirar el antejuicio fue denegada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y apenas un mes después de que el Dr. Soto se retirara de su puesto en el MSPAS, se conoció la noticia de que el juez Mynor Moto, del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, había otorgado la orden de captura a Stuardo Campo, jefe de la FECI, quien dirigió un allanamiento aparatoso según lo que pudo verse en los medios de comunicación. Julia Barrera, vocera del Ministerio Público (MP), dijo a Perspectiva:

“No sé a qué se refiere con despliegue, el acompañamiento de Policía Nacional Civil (PNC) para el MP ese día fue el usual para este tipo de diligencias. Por un momento se acercaron varias patrullas que andaban por el sector y  para ver qué sucedía porque había un vehículo de escena del MP en el lugar pero no formaban parte de la diligencia”.

Durante el allanamiento a la vivienda del médico fueron incautados Q100 mil. A esto, Barrera explicó: “el dinero se incauta cuando no se tiene certeza sobre su procedencia legítima”.

Cabe mencionar que Soto, además de ser ex ministro y ex director del Hospital Roosevelt, es un reputado cardiólogo, por lo que no debería parecer inusual que tenga unos US$13,1000 en efectivo. “Ni es una cantidad exagerada, ni resulta extraño que un profesional bien remunerado, como es un cardiólogo, tenga ese efectivo”, dice Sandoval.

El fiscal de los allanamientos espectaculares

“Stuardo Campo por favor, devuelva nuestros anillos de boda que fueron robados junto con otras cosas personales en nuestra casa durante el allanamiento que usted dirigía. Y deje de hablar sobre pacto de corruptos. Los ladrones no pueden luchar contra corrupción”, se lee en la cuenta de Twitter de Igor Bitkov.

Cuando un grupo de la FECI, al mando de Campo, allanó la vivienda de los Bitkov, llegaron por lo menos 70 agentes, narra Sandoval, quien estuvo presente durante una diligencia judicial que se prolongó durante horas. “Igor no se negó a mostrarles hasta el último rincón de su casa, y pudimos ver cómo apartaban las joyas legítimas y los relojes de marca de las joyas de fantasía. Todas esas joyas desaparecieron”, señala.

Según la abogada, el caso de Soto parece tener las características de la justicia selectiva, sobre todo porque se están enfocando en una minucia, especialmente si al final la plaza que el ministro pretendía para su “protegido/a”, no fue otorgada y la contratación no se llevó a cabo.

“Pareciera una venganza política, una respuesta a  sus denuncias contra la anterior ministra, quien actualmente es diputada aunque asumió sin finiquito”, expresa. Al parecer, las denuncias de Soto contra Hernández Mack, no fueron tramitadas, tal como sucedió con las denuncias de los Bitkov contra Mayra Véliz, que se quedaron sin tramitar durante años.

Otro elemento que pareciera indicar un trasfondo político en las actuaciones contra Soto, quien debió ser citado ante un juez, es que Stuardo Campo anunció a los medios que “si no se pone a disposición o no es localizado por la fuerza policial, se harán requerimientos requerimientos para que se le declare en rebeldía”, mientras la ex Fiscal General Thelma Aldana, aparece en programas de televisión internacional, sin que hasta el momento, se haya tramitado una orden de captura internacional por el caso del “edificio Fantasma”.

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