Salvador Paiz

Guatemala es el país de la “tramititis” a causa de una excesiva burocracia. En nuestro país los trámites son confusos, representan un desgaste personal y un gasto significativo de tiempo y dinero. Afortunadamente, el pasado 5 de mayo, fue aprobada la Ley para la Simplificación de Trámites Administrativos, que busca aliviarnos de estos males.

De acuerdo al BID, somos uno de los países con más trámites burocráticos en el mundo. En Guatemala hay trámites para absolutamente todo. Somos el país en América Latina con mayor número de trámites, 5000 en total. Sobrepasamos a todos los países de nuestra región, por ejemplo Venezuela (4700), Chile (3217) y El Salvador (3000). Pero además, en Guatemala 37 por ciento de los trámites necesitan tres o más interacciones para llevarse a cabo. Esto sobrepasa el promedio regional de 25 por ciento.

La “tramititis” ha golpeado fuertemente nuestra productividad y democracia. Esto genera ineficiencia operativa, de la cual todos los guatemaltecos (de cualquier sector) somos víctimas. Pero además de ello, la “tramititis” perpetúa la informalidad, lo que representa oportunidades para cobrar pagos de «facilitación», en otras palabras, corrupción. Guatemala, de por si, ya enfrenta muchos retos. Padecer esta “tramititis” no debería de ser un reto más.

Por eso me parece excelente que nuestro Congreso haya aprobado la Ley para la Simplificación de Trámites Administrativos. Le aplaudo a los 82 diputados que votaron a favor de esta ley, a los ponentes y a todos aquellos que trabajaron para impulsarla. Nos quejamos con frecuencia, pero también debemos ser enfáticos y aplaudir cuando las cosas se hacen bien.

El objetivo de esta ley es simple: simplificar los trámites administrativos en todas las dependencias del gobierno. Para ello se llevará a cabo un análisis de calidad regulatoria y de procedimientos. Con esto se busca reducir o eliminar los procedimientos administrativos que son innecesarios, redundantes o no se ajustan a la ley. Se apunta hacia un verdadero gobierno electrónico con la digitalización de los procesos, la incorporación de firma electrónica avanzada, brindar información sin exigir papeles físicos, implementar sistemas electrónicos de comunicación inmediata y la habilitación de formularios y solicitudes en línea, sin costo alguno.

Más allá de los beneficios directos de simplifiación de los trámites en nuestro país, esta ley generaría una serie de beneficios indirectos, quizás menos obvios. Entre estos están: (i) la formalización empresarial e individual, (ii) la reducción de la corrupción, (iii) el aumento en la competitividad del país, (iv) la tecnificación, digitalización y modernización de nuestro país y (v) la transparencia institucional a través de información y trazabilidad en los trámites, entre muchos otros más.

Espero que los plazos de implementación deesta ley se cumplan a cabalidad para que así todos gocemos de sus beneficios. Todos queremos que esta “tramititis” llegue a su fin. Esta ley es un primer y gran paso en la dirección correcta. Ojalá todas las instituciones de nuestro país se identifiquen con esta ley, la hagan suya y la cumplan. Acabar con esta “tramititis” nos acerca a ese país que tanto anhelamos: competitivo, transparente y cuyas instituciones estén al servicio de toda la ciudadanía.

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Por: J. Roberto Dardón L.

Continuando la entrada anterior, intentaré responder y ampliar la pregunta dejada el finado historiador Ordoñez Jonama en su ya citada obra de crónica histórica, ¿habrá justicia detrás de la censura, ―a lo que agregaría― sea gubernativa o de grupos de interés?

En dicho sentido opino que hay peculiares patrones conductuales en la burocracia, particularmente la del sector público. Pareciera que sentarse tras un escritorio o mostrador los convierte en un elegido por la providencia.  Quizás por eso, sus actitudes migren rápidamente desde lo indolente, pasado por lo altanero hasta llegar a lo servil. Recurro a esta conjetura debido al reiterado habito de personajes de “cuello blanco” en servir de orejas para sus amos temporales ―los políticos o poderosos―; poniéndolos al tanto de cuanto medio de comunicación que se atreva informar sobre verdades incomodas de quien, de alguna u otra forma, ejerce el poder sobre las personas.

Hace más de dos semanas expuse una de tantas anécdotas, hoy históricas, que han marcado el tortuoso camino de la libertad de expresión. El siguiente hecho ocurrió en época más reciente, durante los años álgidos del enfrentamiento armado interno en Guatemala. De esa época hay muchos sucesos contra diversos medios de prensa, radio y televisión perpetrados tanto por el gobierno como los grupos de radicales fuera de la ley, tanto de izquierda como de derecha.

Según el archivo hemerográfico del matutino “Prensa Libre”, una víctima de este fuego cruzado fue el desaparecido telenoticiero “Aquí el Mundo” (1976-1989), que trasmitía por Radio Televisión de Guatemala (hoy conocido como “Canal 3”). Tengo vagos recuerdos tanto del mismo como de su contraparte “Tele-Prensa” del canal 11; pero a diferencia de este último, cuya línea editorial era moderada, quienes recuerdan el informativo del “3” declaran que “era uno de los medios preferidos por la población”.

Los, hoy, ancianos preferían “Aquí el mundo” siendo simpatizantes de derechas (entre agraristas, desarrollistas, conservadores y liberales), se identificaban con las duras críticas que hacía contra los gobiernos de turno el director y presentador ancla del noticiero. Hablamos del polémico jurista, economista y periodista Mario David García Velásquez (1946).

Por su militancia política en el Central Autentica Nacionalista, otrora plataforma política ―centroderechista― del Aranismo, se le ha juzgado, por años, de representar a la extrema derecha, cuando históricamente dicho adjetivo corresponde más al Movimiento de Liberación Nacional. A diferencia de otras derechas (estatistas por excelencia), el CAN fue el primer partido en recibir a aspirantes de tendencia política y económicamente liberal a un puesto público desde 1944. Por lo anterior “Aquí el mundo” tenía influencia en la opinión pública sobre el acontecer nacional.

Por eso este informativo fue blanco de agresiones directas de los poderosos. La primera fue el 10 marzo de 1981 a causa de la captura de un mensajero guerrillero perteneciente a la ORPA en sus instalaciones.  En un aparente acto de venganza, la respuesta de la subversión fue una bomba que explotó anexo a la vivienda de García Velázquez. Luego del suceso optó, junto con su familia, por el exilio. Pero la libertad de expresión de este medio volvió a ser truncada varios años después, sólo que en esta ocasión fueron las autoridades gubernativas quienes dispusieron darle una lección.

Entre 1982 y 1986 Guatemala experimento una transición de la democracia restringida, imperante desde 1966, hasta su reapertura plena entre 1984 y 1985, al ser aprobada la sexta constitución republicana desde 1847.  En este nuevo modelo, los militares cedieron su cuota de poder político al sujetarse a la Constitución y las disposiciones democratacristianas; siendo este partido de centroizquierda el elegido democráticamente por los pueblos de nuestra nación.

Pero tres años después la DCG caía en desgracia, pues a raíz de la pésima gestión pública, ―degenerada en corrupción sistemática― pero especialmente por las reuniones secretas entre el gobierno y los guerrilleros. Por estos hechos hubo dos intentos de golpe de Estado en mayo de 1988 y mayo de 1989 contra el gobierno.  Existía un ambiente de desconfianza entre personajes y sectores políticamente marginados desde 1985 quienes, no sin fundamento, veían con malos ojos los enfoques, inclinaciones y acciones del gobierno de Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Uno de estos personajes fue García Velázquez quien apoyó en forma abierta a los directamente implicados dándoles espacio de expresión en su telenoticiero.

Pero antes que pudieran seguir declarando los responsables de la asonada, el gobierno mandó suspender la frecuencia de canal 3 en mayo de 1989.  Los procesos judiciales contra los golpistas civiles y militares tuvieron resultados divergentes. Algunos de los militares recibieron condenas carcelarias, otros fueron transferidos de sus comandos y algunos más fueron diplomáticamente exiliados a países lejanos. En cuanto a los civiles, estos fueron vistos como héroes de la libertad tanto por los medios de comunicación como por la entonces sociedad civil, bastante más amplia y plural que hoy en día.

En la siguiente entrada seguiremos tratando sobre las implicaciones políticas y sociales que conlleva la expresión del libre pensamiento en los tiempos cercanos a la llamada “paz firme y duradera”.

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