El Congreso de la República aprobó el estado de Calamidad Pública por 30 días para todo el territorio nacional. Además, modificó el Presupuesto 2022 para otorgar Q1 mil millones al Fondo de Emergencia para atender los daños causados por las lluvias de los últimos días.

Redacción Perspectiva

Este miércoles 23 de junio, en sesión extraordinaria, el pleno del Congreso ratificó el estado de Calamidad Pública por un plazo de 30 días, mediante el decreto 35-2022.

El Ejecutivo había solicitado que fuese aplicado a ocho departamentos, sin embargo, el Legislativo decidió que sería aplicado a todo el territorio nacional.

Este nuevo estado de Calamidad, contó con 111 votos a favor, 10 diputados votaron en contra y 39 estuvieron ausentes.

La aprobación del decreto fue cuestionada por el diputado Álvaro Arzú Escobar, quien indicó que “en cuestión de 30 minutos, sin discusión y de urgencia nacional acaban de aprobar la transferencia de Q1,000 millones para que se ejecuten sin control alguno. Son un barril sin fondo”.

«No les bastaron 5 mil millones de quetzales que ya tenía asignado el CIV en el presupuesto, además de eso, en el mes de marzo aprobaron 3 mil millones de quetzales más, porque la excusa era el mantenimiento y reparación de carreteras», señaló el diputado Samuel Pérez Álvarez, quien votó en contra.

Mientras que la diputada Lucrecia Samayoa defendió el estado de Calamidad y aseguró que se aprobó “con el propósito que la ayuda llegue a las comunidades afectadas a causa de las lluvias y otros problemas que afectan a la población”.

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Después de un largo debate, el Congreso realizó la primera lectura  de la prórroga del Estado de Calamidad decretado por el Ejecutivo. Hoy, los congresistas fueron convocados de manera urgente para efectuar la segunda lectura.

Redacción Perspectiva

Ayer en la tarde, el pleno del Congreso paso la primera lectura de la prórroga del Estado de Calamidad, en una sesión accidentada que evidencio el descontento de algunas bancadas ante la solicitud del Ejecutivo.

Durante la sesión, los diputados desmarcaron su asistencia cuando se iba a conocer el decreto presidencial. Después de dos horas, los diputados oficialistas lograron reunir quórum para pasar a la primera lectura.

La situación generó polémica y algunos diputados manifestaron que no había quórum para llevar a cabo la sesión. Sin embargo la diputada Sofía Hernández, presidenta en funciones del Congreso, indicó que el tablero registraba 81 legisladores que representa el mínimo necesario para dar paso al debate.

Según Samantha Figueroa, de la bancada UNE, únicamente estaban presentes 60 diputados y no 81 como marcaba el tablero. La congresista pidió la palabra para revisar el cuórum, pero la directiva no se la concedió.

 Varios diputados tomaron la palabra para expresar su rechazo a conocer la prórroga del Estado de Calamidad, y reiteraron que no apoyaran la iniciativa del Ejecutivo debido a que hay “deficiencias” en la gestión del presupuesto destinado a la atención de la pandemia.

Pese a los retrasos y muestras de inconformidad, el primer debate fue conocido por los legisladores y se convocó de manera  urgente una sesión para este miércoles a las 14:00 horas, para dar paso a la segunda lectura del Estado de Calamidad.

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Otra vez, un desastre natural se convierte en tragedia nacional.  La falta de coordinación en el abordaje a la erupción del volcán de Fuego, muestra que el país sigue siendo reactivo y no preventivo, coinciden en decir un ambientalista y una legisladora. Horas después del evento, el Congreso aprobó el Acuerdo Gubernativo que declara el estado de calamidad pública, mientras instituciones y cuerpos de socorro continúan los rescates.

Roxana Orantes Córdova

La falta de previsión es el elemento más evidente, tras la catástrofe generada por la erupción del volcán de Fuego, que afectó a los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla, donde causó estragos que están por cuantificarse.

El diputado Manuel Conde Orellana, de la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, expresó su consternación ante la tragedia.

Por otra parte, Rafael Maldonado, abogado del Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), afirma: “Se trata de una tragedia lamentable, en la que es evidente la escasa preparación en gestión de riesgos. Seguimos siendo un país reactivo, no preventivo”.

El tema es más triste porque involucra vidas que se pierden por la falta de visión en varios aspectos, especialmente la prevención de riesgos, pero también la infraestructura, dice Maldonado, y agrega: “Muchos puentes de Escuintla están construidos como parte de la carretera, no como puentes. El  cauce de los ríos es un drenaje natural para la lava volcánica”.

Según este especialista en legislación ambiental, “Si esta tragedia no nos sirve para crear un instrumento que contribuya a una adecuada gestión de riesgos, vamos a seguir condenados a repetir situaciones tan penosas, por falta de capacidades”.

El Acuerdo que establece el estado de calamidad fue aprobado en el Congreso de la República con más de 105 votos. Es decir, con una cifra superior a la mayoría calificada. Entre quienes mostraron renuencia, se menciona a los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Mario Taracena y Orlando Blanco. Perspectiva intentó contactarlos, pero no respondieron el teléfono.

El Acuerdo quedó aprobado al finalizar la tarde del 4. Según la diputada Nineth Montenegro, se mantiene el contenido de la propuesta gubernamental, aunque se agrega como requisito que las compras efectuadas bajo el Estado de Calamidad sean registradas en Guatecompras.

“También hay una donación de Q10 millones, provenientes de los ahorros del Congreso de la República, para los huérfanos de la tragedia. Todos los fondos deberán ser auditados y fiscalizados debidamente”, señala.

“El panorama era muy bueno y solo caía ceniza”

La falta de previsión y una cultura que privilegia la reacción sobre la alerta temprana se evidencian en la declaración de Sergio Cabañas, secretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), quien poco después de los sucesos dijo en una conferencia de prensa: “Ustedes estaban en el chat de Conred. El panorama era muy bueno en la mañana y solo caía ceniza y no era motivo para evacuar a las personas”.

Ello, pese a que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), había comenzado a emitir alertas tempranas desde la madrugada del 2 de junio, afirma la diputada Nineth Montenegro.

Y Maldonado añade: “Los huéspedes del hotel La Reunión comenzaron a ser evacuados aproximadamente a las diez de la mañana del 3. A la una de la tarde ya no quedaba en el sitio más que personal de seguridad. Entretanto, a los habitantes de las comunidades más afectadas en Escuintla, se les comenzó a evacuar poco después de mediodía”.

El jurista comenta que una de las comunidades donde podría haber más daños es San Miguel los Lotes. “No es una aldea, sino una colonia, donde habitan muchísimas personas desde hace bastante tiempo. Las casas están pegadas unas a otras, es una urbanización, no una aldea”. Y esto, señala, puede hacer prever una tragedia de la magnitud de El Cambray.

En un video que circula en las redes sociales, una sobreviviente identificada como Olga Marina, asegura que por lo menos 15 miembros de su familia están desaparecidos. Junto con otros sobrevivientes, increpa a personal de Conred, por evacuarlos a las tres de la tarde, según afirma.

Junto a la falta de un plan de contingencia, la poca coordinación entre el mandatario y su gabinete se evidenció en la primera declaración de Jimmy Morales, quien en conferencia de prensa afirmó:

“Nuestro presupuesto no nos permite designar ni un centavo para atender la emergencia. Me da vergüenza volver a decirlo, pero por la Ley del Presupuesto no podemos contar con un solo centavo para emergencias”.

Lo anterior, aunque cada año, el Presupuesto General de la Nación contempla un rubro para emergencias nacionales, que en 2018, la suma es de Q300 millones, señala Montenegro, quien agrega que el Ministro de Finanzas aclaró el punto poco después de la declaración del mandatario.

Finalmente, dice Maldonado, existe responsabilidad en una seguidilla de ministros de Medio Ambiente y Recursos Naturales, puesto que desde 2013 se estableció en una ley la necesidad de un Fondo Nacional para el Cambio Climático.

Esto no se ha realizado, señala, por falta de interés en su implementación, y “por incompetencia de cada uno de los ministros y ministras”.  Según dice, se trata de un fondo que podría subsanar muchas de las carencias del país en materia de prevención ante desastres como el que, actualmente, enluta a Guatemala.

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