Según el artículo 223 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos en su inciso “d”, se prohíbe el expendio o distribución de licores, bebidas alcohólicas y fermentadas o su consumo en lugares públicos, desde las doce horas del día anterior a las elecciones generales. Quienes sean sorprendidos violando la Ley seca serán detenidos y recibirán una sanción económica de Q5 mil, por ello, si tienes planes para esta semana, es importante que tomes en cuenta las prohibiciones que establece la Ley al respecto.

Redacción Perspectiva

En este caso, la Ley Seca se aplicará a partir de las 12 horas del día anterior a las elecciones generales, es decir mañana sábado 19 de agosto a las 12 del mediodía y se extiende durante toda la jornada del domingo 20, hasta llegar el lunes 21 de agosto a las 6 de la mañana.

Es importante mencionar que, los establecimientos comerciales que incumplan la Ley seca se enfrentarán a una multa de Q100 mil. Además, se les iniciará un proceso administrativo que podría resultar en la cancelación de la patente, licencia o permiso otorgado a la persona individual, jurídica o propietaria del establecimiento.

La legislación también establece que la Policía Nacional Civil (PNC) es la institución designada para velar por vigilancia y cumplimiento de la norma, además de accionar contra aquellos que la incumplan.

Cabe destacar que, quienes infringen la Ley Seca tendrán que ser detenidos y puestos a disposición de un juzgado y luego, deberán hacer frente a una primera audiencia en un plazo máximo de seis horas.

Una vez la persona detenida escuche el motivo de detención, un juez deberá establecer si continúa ligado a un proceso penal y podría llegar a enfrentar una pena entre 15 a 30 días de prisión, además de recibir una sanción económica.

TE PUEDE INTERESAR:

PRIMERA VUELTA REGISTRÓ MÁS DE 100 CAPTURAS

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que durante la primera vuelta electoral celebrada el pasado 25 de junio, durante las 42 horas que duró la prohibición, se detuvo a un total de 153 personas por violar la Ley seca.

Los datos fueron a nivel nacional, siendo el departamento de Huehuetenango donde más capturas hubo con 23 detenidos, seguido de Retalhuleu con 18. Además, la PNC también incautó 24 armas de fuego y capturó a 20 personas por otros delitos.

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La FECI coordina una serie de operativos para capturar a personas que salieron de forma ilegal de centros carcelarios, esto vinculados al denominado caso Fugas.

Redacción Perspectiva

Este miércoles 6 de octubre, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) lleva a cabo una serie de operativos para aprehender a posibles prófugos de centros carcelarios.

Las acciones realizadas por la FECI, bajo la dirección de Rafael Curruchiche forman parte de una investigación bajo reserva denominada “Caso Fugas”.

Capturas

Las fuerzas de seguridad han realizado cuatro operativos en Ciudad San Cristóbal, Mixco y Villa Nueva.

De forma preliminar, el MP informa sobre la captura de dos personas, un hombre y una mujer de nacionalidad colombiana.

Los detenidos fueron identificados como:

1. Andrés Daniel López Salazar

2. Viviana Andrea Chantre Guerrero (de nacionalidad colombiana)

A quienes se les  acusa por el delito de evasión relacionados con la falsificación de documentos para liberar a privados de libertad.

Caso Fugas

Al tratarse de una investigación en reserva, las autoridades no han ampliado la información sobre los operativos. Aunque, han informado que la intención es recapturar a presuntos fugitivos de centros carcelarios.

El caso se encuentra bajo investigación desde hace más de dos años. A principios del 2021, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió retirarle la inmunidad a la jueza Coralina Carmina Contreras Flores, por una posible participación con una estructura criminal.

De acuerdo con el ente investigador, la jueza es señala de entregar órdenes de libertad a seis personas.

Contreras Flores podría enfrentar cargos por los delitos de falsedad ideológica y cooperación para la evasión.

Según los avances de la investigación de la FECI, la estructura criminal falsificó órdenes de libertad para engañar al Sistema Penitenciario.

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La Policía Nacional Civil logró capturar a uno de los 100 más buscados en Guatemala. Kevin Raymundo Roque Contreras, es acusado de asociación ilícita y almacenamiento ilícito. Además, es requerido por autoridades estadounidenses.

Redacción Perspectiva

En un operativo coordinado por el Ministerio Público y la PNC, se llevó a cabo un  allanamiento en el lote 22-D de Residenciales Llano Alto, Fraijanes.

En el lugar fue arrestado Kevin Raymundo Roque Contreras, de 31 años, señalado por los delitos de asociación ilícita y comercio tráfico y almacenamiento ilícito.

Las fuerzas de seguridad indican que para la captura de Roque Contreras utilizaron el aparato biométrico de identificación con dispositivo MI3, que reconoce a personas con o sin orden de captura, por medio de la detección de huellas dactilares.

Roque Contreras también es requerido por autoridades estadounidenses por delitos vinculados a tráfico y almacenamiento ilícito.

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El 26 de febrero fue un día complicado para el gremio de abogados y vergonzoso para la universidad nacional. El rector actual y el ex rector tienen orden de captura por el caso «Comisiones paralelas», que acaparó la atención de los medios y redes. Pese a todo, la elección concluyó con gran ventaja del ex presidente del Organismo Judicial, Néster Vásquez, seguido por el hoy prófugo ex rector Estuardo Gálvez. Mientras, un grupo civil denunció penalmente al fiscal Juan Francisco Sandoval por «obstaculizar la acción penal», debido a que justo el día de la elección se presentaron implicados que no habían sido mendionados anteriormente.

Roxana Orantes Córdova

Las acciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), emprendidas justo cuando inició el proceso de elección para magistrados en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), no son producto de la coincidencia ni menos del maquiavelismo, sino responden a los tiempos judiciales, afirmó el fiscal Juan Francisco Sandoval. Pese a la detención de algunos protagonistas, la jornada cerró con las 33 mesas computadas y el aparente triunfo de Néster Vásquez, aunque falta saber si se interpondrán amparos, órdenes de captura o cualquier otra acción que impida asumir al virtual ganador.

Luis Fernando Ruiz, ex presidente del CANG y candidato a magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), fue capturado y conducido con lujo de fuerza (custodiado por varios agentes). El abogado comentó que «los guatemaltecos ya estamos acostumbrados a este tipo de situación», y agregó que hubiera sido suficiente con citarlo al juzgado, donde se hubiera presentado sin necesidad de ser conducido.

«Lo que pasó es porque no querían que participara como candidato a la CC», dijo el abogado, cuyo rostro fue expuesto ante los medios sin consideración. Entretanto, Murphy Paiz, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ente postulador, se presentó al juzgado para dirimir su situación e inesperadamente, sufrió un quebranto de salud por lo que se internó en un centro privado.

Y Estuardo Gálvez, finalista de los que compitieron para el CANG, no se ha presentado en público y tiene orden de captura. El caso «Comisiones Paralelas» estuvo en reserva desde junio de 2020, indicó a Perspectiva Juan Francisco Sandoval, pero las capturas de hoy «corresponden al tiempo procesal».

En una conferencia que reiteró lo informado hace ocho meses, agregando a algunos actores que no fueron mencionados en junio de 2020, el fiscal Sandoval explicó las inferencias por las que la FECI arremetió esta mañana contra candidatos y «operadores» que participaban en la elección para la CC.

Es imposible omitir el antecedente de hace unos días, cuando en redes sociales circularon videos que según dijo Sandoval a Perspectiva el miércoles, y en la conferencia el 26, «podrían provenir de la cámara de seguridad del hospital». Según el fiscal, los abogados de Gustavo Alejos tienen alguna responsabilidad en este hecho, debido a que en junio tuvieron acceso a copias de los videos.

«Hay un delito que se llama revelación de información reservada que aplica a funcionarios o particulares, la pena es de 6 a 8 años», declaró. Además, el funcionario mencionó que en redes sociales circula «información malintencionada» y dio a entender que podrían investigar a quienes la divulgan, pese a que según la Constitución Política de la República, la libertad de emisión es irrestricta:

«Artículo 35. -libertad de emisión de pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna«.

Al respecto, Sandoval señaló: «el límite de la libertad de expresión está en el respeto a la dignidad humana y el no fomento al odio».

Poco después de las capturas y la conferencia de prensa, el grupo Política más una docena de huevos anunció que interpusieron una denuncia penal contra Sandoval, por obstruir la acción penal, al no revelar desde el inicio la identidad de los candidatos y postuladores que fueron detenidos hoy.

«Llama la atención que se hiciera el mismo día», dice Zepeda

La gremial de empresarios (CACIF), publicó un comunicado en el que llaman a todos los sectores involucrados a cumplir con los plazos establecidos en ley para que se realice el cambio de magistrados de la CC el 13 de abril de este año.

Además, mencionaron el uso indebido del amparo, y enfatizaron en que nada debe evitar que se cumpla el plazo. «El abuso provocaría una crisis constitucional», señala el comunicado.

Por su parte, el director de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Javier Zepeda, expresó: «llama la atención que las capturas se hicieran el mismo día de la elección. Esperamos que no sea una maniobra política para retardar el proceso».

Zepeda también señaló que la certeza jurídica es fundamental para atraer las inversiones y comentó que el mal uso del recurso de amparo es sinónimo de falta de certeza jurídica.

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El Ministerio de Gobernación informa que la Policía Nacional Civil ha realizado 170 capturas por el delito de violencia contra la mujer en lo que va del año.

Redacción Perspectiva

En los primeros 40 días del año, la Policía Nacional Civil registra la captura de 170 personas a nivel nacional, sindicadas del delito de violencia contra la mujer en sus diferentes modalidades.

De estas 170 capturas, 132 han sido en cumplimiento a órdenes judiciales emitidas por los diferentes juzgados, por los delitos de violencia contra la mujer en su manifestación física, violencia contra la mujer en su manifestación psicológica, negación de asistencia económica, violencia sexual, agresión sexual y estupro mediante engaño.

Mientras que 38 personas han sido en detenidas en flagrancia, por los delitos de violación sexual no consumada, lesiones con arma blanca, agresión física, promoción, facilitación y favorecimiento de prostitución, agresión verbal, violentando medidas de seguridad y por amenazas, detallaron las autoridades policiales.

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En horas de la mañana, agentes del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), capturaron a Gloria Marina Aguilar Campaneros, presuntamente vinculada con una adopción irregular y quien podría estar relacionada con otros casos similares.

Redacción Perspectiva

En 2007, Gloria Marina Aguilar Campaneros se presentó a una audiencia de adopción con una niña que resultó no ser su hija biológica. Desde ese momento, las autoridades intentaron localizar a la madre biológica e iniciaron la investigación por adopción irregular.

La información de prensa del MP señala que se realizaron varias diligencias y a través de acuerdos con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), se determinó que Aguilar había suplantado a la madre biológica ante el juzgado en el que se realizó la adopción. Además de esto, en el proceso existieron alteraciones en registros civiles y declaraciones de voluntad.

El fiscal Mynor Pinto, de la Fiscalía contra la Trata de Personas, explicó el caso en un video institucional, donde agrega que se analiza si la detenida podría estar implicada en otros casos.

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“Es una canallada”, dijo José Luis González Dubón, al comentar la solicitud de antejuicio de la FECI-CICIG  contra el candidato a la alcaldía Ricardo Quiñonez (PU) y las capturas contra varios de sus colaboradores. Según el constitucionalista, los sucesos de hoy explican las repentinas ausencias de tres personajes clave en las elecciones y tendrán “un efecto negativo para ellos. La ciudadanía se volcará a favor de Quiñonez y castigará a Roberto González, (Canela) por esta ruindad”. Otros analistas y una candidata del PU también compartieron con Perspectiva sus opiniones sobre el hecho.

Roxana Orantes Córdova

Los abogados Omar Barrios y Adrián Zapata, además de la candidata a diputada Tilly Bickford (PU), coinciden en que la acción se produjo en un momento inadecuado, puesto que “no se necesita ser muy inteligente” para deducir la intencionalidad política. Perspectiva intentó comunicarse con Matías Ponce, vocero de la CICIG y con el departamento de Comunicación del MP, pero no respondieron las llamadas.

Un comunicado que la CICIG envió a los medios informa que miembros de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, con el acompañamiento de la CICIG, realizaron 16 allanamientos en instalaciones de la Municipalidad capitalina y en viviendas de personas investigadas por esas instancias. Como antecedente,  entre 2017 y julio de 2018, se habían realizado 34 allanamientos que aportaron diferentes elementos de prueba a la investigación.

Según la CICIG, el PU “instrumentalizó a la Municipalidad de Guatemala, conformando un grupo que de forma organizada y sistemática”, habría realizado planes y estrategias partidistas utilizando fondos públicos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU) para sufragar actividades partidistas del PU y de la administración de Álvaro Arzú, “con el fin de perpetuarlos en el poder municipal”.

Un dato impreciso en el comunicado de prensa de la CICIG motiva que el lector realice dos lecturas del aparente error. En el comunicado se señala que Héctor Cifuentes es secretario general del PU, cuando es de dominio público que desde 2015 ese puesto es ocupado por Álvaro Arzú Escobar.

La primera y evidente conclusión apunta a un imperdonable descuido en un documento de esa naturaleza, divulgado por una institución que destina millones de dólares anuales a las remuneraciones de sus profesionales. La segunda, que pese a saber que el dato es falso, se informa a los medios, que podrían caer en el error de repetir la imprecisión e identificar a Cifuentes como secretario del PU, sumando desgaste político a la organización citada.

 “Caja de Pandora” y su testigo estrella: una variable para recordar

Aunque el comunicado de hoy no lo menciona, la investigación actual deriva del caso “Caja de Pandora”, cuya figura clave fue la ex compañera de vida del capitán Byron Lima, Alejandra Reyes, “colaboradora eficaz” cuyas versiones fueron el puntal más visible de una investigación que, según la CICIG cuenta con todas las pruebas científicas y documentales necesarias para sostenerse.

Alejandra Reyes dejó de ser un personaje mediático y la estrella en el caso “Caja de Pandora”, luego de que Marvin Montiel “El Taquero”, divulgara varias fotografías que ilustraban la relación amorosa entre la viuda de Lima y el investigador de la CICIG Rogelio Ramírez Cartín, quien renunció inmediatamente.

El abogado y doctor en ciencias sociales, Adrián Zapata considera que “la prueba testimonial ayuda para orientar, pero una resolución judicial sobre la base de testimonios es débil, cuando no se suma a pruebas científicas, puesto que un testimonio siempre está permeado por la subjetividad”.

El penalista Omar Barrios recordó que como consecuencia de los testimonios en el caso Caja de Pandora hay una síndico presa hace por lo menos dos años “por la compra de unos pachones que costaron Q40 mil. La señora es madre soltera de dos hijas y permanece en prisión preventiva, mientras los implicados en el Transurbano, entre quienes están el ex presidente Álvaro Colom y Juan Alberto Fuentes Knigth, están libres bajo caución, en un caso que representó varios millones desviados del Estado”.

Tres funcionarios que abandonaron su puesto en un momento clave

A la ausencia del Fiscal de Delitos Electorales, Oscar Schaad, se sumó el permiso logrado por el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, y poco después, la licencia al director del Registro de Ciudadanos del TSE, Leopoldo Guerra.

Estas ausencias no tienen precedentes en los 34 años de existencia del TSE, e inmediatamente motivaron una serie de especulaciones y comentarios sobre la opacidad del proceso. Aunque los tres justificaron sus súbitas retiradas aduciendo amenazas y problemas de salud, la imagen institucional quedó lesionada, han mencionado analistas.

Según afirma González Dubón, la captura de Héctor Cifuentes, secretario de la Municipalidad, y del doctor Luis Pedro Villanueva, vocal del Comité Técnico del FAPU y concejal IV de la comuna capitalina, son la explicación para “la huída de Schaad, las vacaciones de Sandoval y el permiso de Guerra. Todos sabían que se acercaba esta canallada y quisieron evadir su responsabilidad. Pero son responsables”.

Capturas: ¿una acción oportuna o un evidente oportunismo político?

Capturar a figuras relevantes del PU, que durante décadas ha ganado la alcaldía en el Distrito Metropolitano, y pedir el retiro de la inmunidad contra el candidato Ricardo Quiñonez, es una acción demasiado obvia como para no pensar que se trata de una poco hábil jugada política.

“Estoy sorprendida. El PU ha realizado una campaña transparente y esta es una evidente maniobra política contra personas intachables, como el doctor Pedro Villanueva, un médico ejemplar que al ser capturado, ha dejado de atender a varios de sus pacientes. Es una persecución política evidente. Es impresionante que luego de once años de investigar a la Muni, la CICIG y la FECI realicen estas acciones cerca de un día antes de las elecciones. Al mismo tiempo, se dejó libre el camino a la candidatura de Sandra Torres, contra quien sí hay muchas evidencias de corrupción. Aunque nos encarcelen a todos no van a lograr callarnos. Seguiremos luchando y no nos van a quitar a Guate”, dijo la candidata a diputada por el PU Tilly Bickford.

El mismo desconcierto por la temporalidad manifestó Barrios, quien afirma que desde 2015, se han realizado allanamientos, entrevistas e interrogatorios. “Visto como penalista, es muy injusto que no se calibre el daño que se realiza a la corporación municipal. Los ciudadanos están confundidos y desinformados. Esto no contribuye para nada”, comentó.

Además, también mencionó el caso de Sandra Torres, contra quien se pidió el retiro del antejuicio un día después de que fuera acreditada como candidata, mientras las acciones legales contra la corporación municipal y sus candidatos se producen horas antes del evento electoral.

“Quiero dejar claro que no estoy contra la investigación. Si existen pruebas, deben evaluarse. Pero me parece improcedente que se haya capturado a dos funcionarios ediles de larga trayectoria, quienes no tenían peligro de fuga y debieron ser citados, no capturados. Además, es ilógico que las acciones no se realizaran el lunes luego de las votaciones, para no perjudicar la pureza del evento electoral”, dijo Barrios.

Adrián Zapata también manifestó: “motiva duda si el hecho responde a los tiempos judiciales, si se trató de una casualidad que se realizara tan poco antes de la elección o si es una intencionalidad muy obvia. Habría que ser de muy buena fe para no plantearse que pueda ser una maniobra política”.

González Dubón concluyó: “esto es una patraña de “Canela” en contubernio con el MP. Montar este escándalo a escasas horas del evento electoral, dibuja de cuerpo entero a este fracasado político. La lástima es que se pasan llevando a dos personas honorables: Héctor Cifuentes, un profesional del Derecho muy correcto, que siempre estuvo cerca de Álvaro (Arzú); fue secretario general del PU y ministro de Trabajo durante su presidencia, y luego secretario general en la Municipalidad, y el doctor Pedro Villanueva, también una persona solvente y médico personal de Álvaro. Sinceramente, no se vale luchar con estas armas innobles, solamente por la desmedida ambición de apoderarse del gobierno municipal”.

Sin embargo, señaló que el hecho probablemente tenga un efecto boomerang y las votaciones del domingo serán de castigo a quienes habrían urdido este despropósito político disfrazado de hecho judicial.

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Ante los bloqueos ilegales en la comunidad Ixquisis sobre la Franja Transversal del Norte manifiesta:

• Su rechazo y condena ante las acciones intimidatorias y violentas que desde el martes 11 de septiembre sobre la Franja Transversal del Norte, en donde un pequeño grupo de personas ha realizado indiscriminadamente retenciones y cobros ilegales así como también usurpando propiedad privada y matando ganado de pobladores.
• Su solidaridad con los agentes de la PNC, Fuerzas Especiales, vecinos, comerciantes y empresas de la localidad, quienes han denunciado en múltiples ocasiones la situación de ingobernabilidad generada por un pequeño grupo de personas que actúan al margen de la ley en las comunidades de San Mateo Ixtatán.
• La preocupación porque pequeños grupos de personas organizadas ilegalmente para generar acciones criminales, continúen aislando a las comunidades de oportunidades de desarrollo que les permitan salir de la situación de pobreza en que viven.

SOLICITA:

• La pronta intervención de las autoridades del Estado y el Gobierno para resolver la situación de ingobernabilidad que habita en esta área ya que, de lo contrario, únicamente continuarán incrementándose los niveles de pobreza y migración en el país.
• La ejecución de capturas para los actores materiales e intelectuales de estos actos ilegales.
• La inmediata intervención de las autoridades encargadas de la seguridad y justicia para lograr que, un sector del país que tanto lo necesita, se beneficie a través de oportunidades de desarrollo económico y social.
• La participación de la Procuraduría de los Derechos Humanos para velar por la vida de los vecinos de la comunidad

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Este martes, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) realizaron un operativo en seguimiento a la investigación del caso Construcción y Corrupción, en la fase II.

Los allamanientos se realizaron en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC)  y se han reportado hasta el momento cinco capturas.

Los capturados son:

1. Jorge Rodolfo Ortiz Asturias
2. María José Pepio Pensabene
3. Efraín Alberto Quevado Montenegro
4. Claudia Carolina Ruano López de Vásquez
5. Delfo Juan Carlos Cepollina Cabrera

Los capturados fueron trasladados a la Torre de Tribunales donde serán puestos a disposición del Juzgado de Mayor Riesgo D, sindicados por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.

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En operativos coordinados entre el Ministerio Público (MP), el Ministerio de Gobernación y la CICIG se capturó a tres médicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), vinculados con el “caso negociantes de la salud”. También se presentó una solicitud de antejuicio contra el diputado Roberto Kestler Velásquez por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias.

Las órdenes de captura fueron emitidas por el Juzgado Sexto de Instancia Penal en contra de Erick Noé Estrada García por el delito de asociación ilícita y cohecho pasivo; Byron Humberto Arana González por asociación ilícita y cohecho pasivo; y Wálter Omar Linares Pacheco por asociación ilícita y cohecho pasivo. Fueron capturados en diferentes allanamientos realizados por las autoridades.

Pendiente de captura Patricia Lizethe Juárez Fernández, por asociación ilícita y cohecho pasivo de forma continuada.

Estas personas formaron parte de una estructura dedicada a cometer delitos (entre mayo 2013 y julio 2015) específicamente contra la administración pública con el fin de obtener beneficios en procesos de adquisición de servicios médicos e insumos en el IGSS. Uno de los fines de la estructura era acordar procedimientos para asegurar a sus empresas y las de sus coparticipes la mayor cantidad de adjudicaciones por parte del Instituto.

La estructura estaba integrada, entre otros, por: Juan Pablo Muralles Morán, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, Alejandro Enrique Toledo Paz, -operadores y proveedores-. Germey Alonzo Ramírez -colaborador del operador Byron Humberto Arana González-. César Estuardo Hernández Monroy y Patricia Lizethe Juárez Fernández -funcionarios periféricos o colaboradores internos-. Oscar Armando García Muñoz -funcionario central-. José Rodolfo Barrientos Montepeque –proveedor-.

ANTEJUICIO

El Ministerio Público y la CICIG presentaron también el día de hoy solicitud de antejuicio contra el diputado Roberto Kestler Velásquez por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias.

La investigación sobre corrupción dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, evidenció que funcionarios y empleados públicos se involucraban en irregularidades para favorecer a determinados proveedores particulares a cambio del cobro de “comisiones” comprometiendo con ello los recursos estatales; distorsionando la legitimidad de los procesos contractuales; generando un posible enriquecimiento ilícito para sí; y sobre todo, causando un serio detrimento a la idoneidad del servicio que debería prestarse a los usuarios de la seguridad social en Guatemala, con lo cual se estaría comprometiendo su salud e incluso su vida.

Dentro del caso conocido como “negociantes de la salud”, hasta la fecha se ha ligado a proceso a 18 personas por ilícitos cometidos en diferentes procesos de compra y adquisición de productos o servicios. Dentro de estos sindicados se encuentra el señor José Rodolfo Barrientos Montepeque, representante legal de la entidad Wellnes Center, proveedora del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; y quien según las investigaciones, formaba parte de una organización criminal y ejercía tráfico de influencias en funcionarios de la institución para que sus intereses fueran favorecidos a través de la adjudicación de contratos (compra directa, cotizaciones, licitaciones, etc.).

Barrientos Montepeque constantemente se comunicaba con el diputado Roberto Kestler Velásquez y le informaba sobre negocios en común que Barrientos controlaba e impulsaba en el IGSS. El Diputado ejercía influencias ante autoridades de dicha institución y de acuerdo con conversaciones telefónicas, ambos obtenían beneficios económicos, al igual que los funcionarios públicos a quienes influía.

Esas acciones indebidas demostrarían que en su calidad de diputado, Kestler faltó a la dignidad del cargo que ejerce y a las obligaciones de probidad, integridad y responsabilidad que el mismo conlleva.

Para lograr su objetivo, los antes mencionados coordinaban y se reunían periódicamente y acordaban los acercamientos con los funcionarios claves del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entre estos, con el doctor Walter Omar Linares Pacheco (Director de la Unidad de Consulta Externa) y el doctor Byron Humberto Arana González (Subgerente de Prestaciones en Salud), Erick Noé Estrada García y Patricia Lizethe Juárez Fernández.

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