El presidente de El Salvador, Nayib Bukele presentó la cárcel que denominó la cárcel “más grande de América” que tiene capacidad para encerrar a 40 mil personas.

Redacción Perspectiva

El mandatario salvadoreño, Nayib Bukele anunció la nueva cárcel que contará con capacidad para más de 40 mil personas. El nuevo recinto fue construido en una zona rural, cerca de Tecolucu a 74 kilómetros de San Salvador, la capital del país centroamericano.

Bukele compartió en su cuenta de Twitter un video con imágenes de la nueva cárcel. El gobernante aseguró que se trata de un recinto renovado y que sobretodo busca erradicar los privilegios de los reos.

“Nada que ver, creo que la gente puede ver que esto es diferente”, asegura Bukele mientras camina por el nuevo recinto carcelario.

«Toda persona perteneciente a una estructura terrorista es la que va a ingresar a este centro de confinamiento», aseguró Osiris Luna durante el recorrido.

La nueva cárcel cuenta con 166 hectáreas y una decena de pabellones que ocupan 23 hectáreas, informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, en cadena nacional.

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El Ministerio Público (MP) solicitó al Tribunal Octavo de Sentencia Penal una condena de 8 años de cárcel en contra de Virginia Laparra por abuso de autoridad en forma continuada.

Redacción Perspectiva

Este miércoles 14 de diciembre, continúa el juicio en contra de Virginia Laparra, exfiscal de la FECI en Quetzaltenango señalada por los delitos de autoridad. El MP solicitó 8 años de prisión inconmutables y la inhabilitación para ejercer su profesión.

En la audiencia, el abogado Omar Barrios brindó su testimonio sobre el caso de abuso de autoridad en contra de Virginia Laparra.

Barrios, se refirió al daño moral y profesional en contra de Lesther Castellanos por las denuncias presentadas por la CICIG en 2018, por presuntamente filtrar información de una investigación bajo reserva.  

En 2018, Laparra presentó siete denuncias en contra de Castellanos ante la Junta Disciplinaria, pero cometió algunos errores: no denunció a título personal, sino como fiscal de la FECI, que utilizó para presionar, lo que está prohibido en la Ley de Probidad.

Asimismo, el fiscal Noé Rivera señaló que las denuncias presentadas contra el juez Castellanos fueron realizadas por un «interés particular» y dañó su «honor».

Mientras, la defensa solicitó incluir nuevas pruebas para demostrar la persecución y criminalización en contra de Laparra , sin embargo, la juez rechazó la petición.

La abogada defensora Claudia González en sus conclusiones finales se refirió al “plan” para perseguir a los operadores de justicia afines a la CICIG.

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César Montes, el excomandante guerrillero fue condenado a 175 años de prisión por la muerte de tres soldados en una zona cercana a la aldea Semuy II en el Estor, Izabal en 2019.

Renée Saravia

Julio César Macías López alias «César Montes» fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo E. Además, se dictó sentencia en contra de otros siete acusados por la muerte de tres soldados en la aldea Semuy II de El Estor, Izabal. 

“Es responsable del delito de asesinato (…) y de asesinato en grado de tentativa”, dice el fallo.

El exguerrillero fue condenado a 25 años de cárcel por cada uno de los soldados muertos. Para un total de 75 años.

Además 16 años y 7 meses por cada uno de los seis intentos de asesinato. Para un total de 100 años. 

Caso contra César Montes

Los seis soldados fueron  enviados a investigar una pista de aterrizaje clandestina en una zona cercana a la aldea Semuy II en el Estor, Izabal. En el lugar fueron atacados por supuestos miembros de la comunidad. En el ataque fueron asesinados tres jóvenes soldados y tres resultaron heridos.

De acuerdo con el Ministerio Público, César Montes ordenó atacar a los seis miembros del Ejército. En su momento, Macías López aceptó estar en comunicación con el grupo que cometió el crimen y reconoció que  “ordenó y coordinó el ingreso del Ministerio Público (MP) para que retiraran a los soldados heridos y los cuerpos de los fallecidos”.

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La hija de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, Cristina Chamorro fue condenada a ocho años de prisión por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica.

Redacción Perspectiva

La periodista Cristiana Chamorro fue condenada a 8 años de prisión en Nicaragua por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica.

Chamorro de 68 años de edad, se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021, fue condenada este lunes 21 de marzo.

La hija de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro era una de las figuras de oposición con mayores posibilidades de ganar las presidenciales del 7 noviembre pasado. Sin embargo, al igual que otros candidatos de oposición fue encarcelada.

Chamorro enfrenta condena por lavado de dinero

De acuerdo con la Fiscalía, la periodista opositora en su condición de presidenta de la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro fue señalada por el Ministerio de Gobernación de realizar acciones ilícitas.

Según Gobernación, esa ONG, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, «incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, periodo 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero».

Además, fueron condenados a 13 años de prisión el contador general y el administrador financiero de la Fundación, Marcos Fletes y Walter Gómez, respectivamente. Así como, el conductor personal de Chamorro, Pedro Vásquez.

También el hermano mayor de Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, de 70 años fue condenado a 9 años.

ONG Fundación Luisa Mercado, que mantuvo relación con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y se tuvo que exiliar para evitar ser detenido.

Ortega ha tildado a los opositores encarcelados y juzgados de «traidores a la patria», «criminales» e «hijos de perra de los imperialistas yanquis».

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Marco Pappa permanecerá en la cárcel, luego de que un tribunal rechazara petición de arresto domiciliario presentada por el futbolista.

Redacción Perspectiva

Un juez denegó la solicitud de medida sustitutiva presentada por el futbolista Marco Pablo Pappa, quien se encuentra en prisión preventiva desde agosto de 2020 por el delito de violencia contra la mujer.

E Tribunal de Femicidio inició el segundo juicio en contra del futbolista Marco Pablo Pappa por un caso de violencia contra la mujer.

Pappa solicitó arresto domiciliar argumentando que el deportista tenía firmado un contrato con un equipo de segunda división y que necesitaba trabajar.

El Tribunal le negó el arresto domiciliar debido a que existe peligro de fuga y obstrucción a la justicia.

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La Dirección General del Sistema Penitenciario informó este jueves 12 de agosto,  que ante la posibilidad de un motín en el centro carcelario “El Infiernito”, ha enviado un equipo al área de Alta Seguridad del centro carcelario para controlar cualquier situación.

Redacción Perspectiva

Ayer por la noche, el Sistema Penitenciario (DGSP) confirmó que privados de libertad de la Cárcel El Infiernito, Escuintla, tomaron como rehenes a varios guardias.

De acuerdo con las autoridades, el motín se registró en el área donde están los miembros de la mara “Barrio 18”.

De forma preliminar, el DGSP indica que son guardias penitenciarios, 18 en total los que fueron tomados como rehenes por los pandilleros.

Según el DGSP, desconoce los motivos que ocasionaron el disturbio. Además indican que no se han reportado heridos.

 “La Policía Nacional Civil ya resguarda el perímetro en apoyo a esta Dirección. Y de momento todo se encuentra bajo control sin ninguna persona lesionada”, puntualizó el Sistema Penitenciario.

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Anaité Alvarado es una madre de familia que por razones fortuitas (y la perversidad de algunos abogados), pasó 65 días en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa. Aunque su caso fue sobreseído sin llegar a juicio, la experiencia transformó su vida y la motivó a escribir Infamia, un libro donde narra esa parte de su historia. Hoy logramos entrevistarla sobre ese tema.

Roxana Orantes Córdova

Esta historia puede resumirse de la siguiente forma: un hombre que resultó involucrado en un hecho ilegal y un bufete de abogados que, en su afán de trasladar un caso mayoritariamente civil a lo penal, implicaron a la esposa, quien resultó atrapada en un sistema judicial plagado de maniobras y absurdos.

Anaité Alvarado fue liberada de la prisión preventiva y quedó exenta de cargos. Su caso fue sobreseído por falta de pruebas antes de llegar a juicio. Su ex esposo permanece prófugo y nunca volvió a tener ningún contacto con él.

Su historia es la de tantos que han pasado por la dura prueba de la prisión siendo inocentes, debido a falsas acusaciones. “Lo peor es la incertidumbre”, recuerda y agrega que, pese a todo, la dura experiencia sufrida logró empoderarla de una forma que antes no había imaginado.

¿Cómo resultaste involucrada?

Hace unos años, mi ex esposo tuvo problemas financieros graves, que lo llevaron a un caso legal. Desde entonces es prófugo. Me abstengo de señalarlo como culpable.

Como consecuencia de esa situación, en contra de él se entablaron varias denuncias civiles, pero dos personas realizaron una acusación penal. Para ello, necesitaban comprobar que existía una asociación ilícita, y según el Artículo 2 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, “se considera organización criminal a cualquier grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente”.

Hasta ese momento, estaban implicados mi ex esposo y su contador. Pero este bufete de abogados, que actúa bajo la bandera de valores y principios, decidió interponer la denuncia penal y para ello necesitaban a tres personas que integraran la supuesta estructura criminal.

Pudo ser cualquier otra persona, pero me eligieron a mí por ser la esposa, presuponiendo que conocía detalles de la situación y sin ninguna prueba, excepto mi certificado de matrimonio, única prueba que lograron presentar ante la juez.

¿Cuál es la trama de tu libro?

Es un libro autobiográfico que narra un episodio de mi vida. Gracias a esa acusación falsa del bufete jurídico, agentes del Ministerio Público llegaron una mañana a mi casa y me llevaron al juzgado para declarar. Pasé esa noche en la carceleta de tribunales.

La jueza dio un plazo de tres meses para la investigación del Ministerio Público y me enviaron a casa, aunque debía firmar el libro cada cierto tiempo. Pronto, la jueza se recusó por ser familiar de uno de los abogados y nombraron a otra, quien me impuso prisión preventiva.

Fueron 65 días de una aventura extraordinaria en Santa Teresa. Se lo chupa a uno el Sistema Penitenciario. Esa es la historia que narro en el libro.

¿Cuál fue el peor momento que pasaste en la cárcel?

Lo peor es la incertidumbre, pero la carceleta es el infierno. Cuando te citan para una audiencia y después de estar todo el día en ese lugar, avisan que la audiencia se pospuso otros quince días.

La primera vez que estuve en la carceleta no lograba entender por qué algunas presas mencionaban que deseaban regresar pronto. Pensaba: “¿quién puede querer regresar a la cárcel, si por lo menos acá están fuera?”. Pero después entendí que en la cárcel, los privados de libertad tienen sus cosas, su vida…no es lo mismo que la carceleta, un lugar donde se quiebra el más fuerte.

¿Cómo lograste sobrellevar esos días?

Todo tiene un lado positivo. Me empoderé en un montón de formas. Tuve la dicha de toparme con gente buena, como Ashley Williams, una rotaria que trabaja con privados de libertad. Tiene una serigrafía y desde el primer día me invitó a asistir. Una señora rotaria que me conoce le había hablado y ella me comentó que estaban indignadas por la injusticia en mi contra. Ashley fue mi ángel.

También tuve el apoyo de mis familiares y amigos, que se portaron incondicionales. Fue una suerte. Mis días transcurrieron enseñando a leer a varios niños que había ahí, dando clases de inglés a otras presas y en la serigrafía.

En ese lugar comencé a escribir mi libro, puedo decir que en la cárcel me convertí en autora. Escribí cada día para entretenerme y el resultado fue este libro, que busca ser la voz de otros y tiene como propósito inspirar a personas que pasen por malos momentos.

Por último, algo que me he cuestionado mucho es ¿por qué yo? Probablemente, fue por ser mujer y esposa de alguien que estaba involucrado en un caso civil, que un grupo de abogados intentó convertir en penal.

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Mario Mérida

La coyuntura, propicia la oportunidad para compartir con los lectores de PERSPECTIVA el artículo VIGILAR Y CASTIGAR (febrero. 2020), titulo del libro publicado por Michel Foucault, acerca de la prisión (1975). Asunto históricamente controversial.

El debate académico sobre el sistema penitenciario esta temporalmente relegado en nuestro país, a pesar de la cotidianidad marcada por la inseguridad y los Estados de Prevención para reducirla y, últimamente los sucesos ocurridos en la granja penal Cantel, Quetzaltenango, que reflejan una vez más la crisis carcelaria en nuestro país.

En declaraciones (2020)  el presidente Giammatei, expresó: “El privado de libertad tiene que trabajar, porque el que no trabaja no come” con esta frase el presidente de la República, Alejandro Giammattei, aseguró que a partir de la próxima semana iniciará el proyecto para que los privados de libertad trabajen desde las cárceles y no cometan más hechos ilícitos”

También adelantó que esta nueva disposición “… comenzará en la cárcel de Orientación Femenina COF, donde se abrirá la primera maquila, para que toda la ropa de cama que se utiliza en el Ministerio de Salud Pública, sea hecha en esta prisión” [1]. Lo expresado por el presidente Giammatei, para algunos es irrealizable, en tanto que para los estudiosos de los sistemas carcelarios es factible.

Faucher L, en su libro DE LA REFORME DES PRISONS (1838) citado por Fouché, propuso que la jornada de trabajo de los reos iniciará “a las seis menos cuarto en verano y a las siete menos cuarto en invierno”. Recomendaba Faucher, que inmediatamente después de comer se debían “formar por talleres y marchar al trabajo, que debe comenzar a la seis en verano y a las siete en invierno”.

Uno de los temas centrales que también se discutió en esa época (1840) fue la propuesta de remuneración al reo, planteada a partir de que “si una retribución recompensa el trabajo en la prisión, quiere decir que esté no forma realmente parte de la pena, y el detenido puede, por lo tanto, negarse a realizarlo”.

El presidente Giammatei indicó, que el trabajo de los reos (as) iniciará pronto en las cárceles del país.  Su propuesta es que estas -las cárceles- produzcan “productos para los hospitales y para el sistema educativo, tal es el caso de ropa de cama y escritorios”. Acotando que “Un preso cuesta Q50.00 al día, el que quiera comer en la cárcel debe trabajar”.

El gobierno norteamericano administra un programa de empleo de reos, descrito ampliamente por BETH SCHWARTZAPFEL[2], en el que explica el programa federal de Certificación para la Mejora de la Industria Penitenciaria, por sus siglas en inglés PIE (1979). Esta fue la primera vez que se prohibieron los programas de arrendamiento de los convictos, que les permitió a las compañías con fines de lucro utilizar a los presos como empleados.

El estudio resalta datos interesantes, que explican las bondades del programa, como, por ejemplo: “Aproximadamente la mitad de todos los ciudadanos estadounidenses encarcelados -870,000 presos- trabajan tiempo completo mientras cumplen su sentencia”; “El salario promedio en las prisiones estatales es de 20 centavos por hora y en las federales, es de 31 centavos por hora”.

“A pesar de las condiciones y la paga, la mayoría de los presos quieren trabajar. Un trabajo les brinda un lugar seguro para estar durante horas todos los días, proporciona un descanso de la monotonía de la vida en la prisión y, en la mayoría de los estados, pone unos dólares y centavos en su cuenta de la tienda”.

La implementación del empleo a reos tendrá que hacerse como parte de una política orientada a cumplir en el artículo 19 de la Constitución (1985), que implemente un programa orientado a “la readaptación social y a la reeducación de los reclusos” mediante el empleo productivo, recibiendo a cambio un estipendio -no un salario-mientras cumpla con los requisitos y exigencias del programa. Los candidatos tendrán que ser aquellos privados de libertad por delitos con penas entre 1 hasta 15 años, y una edad promedio entre 20 a 45 años, es decir personas capaces de adaptarse socialmente.

El problema no se soluciona con adoptar el modelo dominicano impulsado por el licenciado Roberto Santana y ex rector de la UASD y, quien vino a descubrir que el sistema penitenciario esta “colapsado y demanda un cambio sustancial”. Tampoco, son viables otros modelos como el de Auburn o Filadelfia.

Fouché, explica que el modelo Auburn -monástico- “prescribe la celda individual durante la noche, pero bajo la regla del silencio”. Es decir, los reos deben convivir diariamente”. Mientras que el modelo Filadelfia, apela al “aislamiento absoluto”. La readaptación se produce a partir que el detenido pondera internamente el daño ocasionado”.

«Nuestro país, tiene que crear su propio modelo en función de la variedad de delitos y tiempos de condenas».

Instaurarlo, es el desafío de este y cualquier otro gobierno en el futuro. Quizás más adelante el 70% de los reos actuales, sean sujetos de un programa en donde además de trabajar y recibir un estipendio, también acorten su tiempo de cárcel o la posibilidad de gozar de un régimen de confianza más amplio.

[1] https://mingob.gob.gt. 21/02/2020

[2] (APR. -12-2018), en un estudio titulado “LA ESCLAVITUD MODERNA EN LA FUERZA LABORAL EN LA PRISIÓN DE ESTADOS UNIDOS. ORIGINAL”

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Siete reos asesinados en el interior de la Granja Penal Cantel fue el resultado de un motín ocurrido la tarde del miércoles 19 de mayo. Las autoridades del Sistema Penitenciario han trasladado a 77 reos para evitar otro hecho de violencia.

Redacción Perspectiva

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó que 77 reos de la Granja Penal de Rehabilitación Cantel, Quetzaltenango, fueron trasladados hacia diferentes prisiones para evitar otro motín.

Según las autoridades los privados de libertad trasladados fueron denunciados por otros reos como los responsables de realizar extorsiones y crímenes en la prisión.

 “Lo correcto era sacarlos de acá porque definitivamente no quisiéramos que corrieran el mismo destino que tuvieron los otros fallecidos”, indicó Luis Escobar, director general del SP.

 De momento se desconoce a qué prisiones fueron llevados.

Asesinatos por venganza

La versión preliminar sobre los motivos que provocaron la masacre en la cárcel de Cantel, establece que el motín fue una venganza por el asesinato de la pareja del reo Carlos León Barillas, nieto del recordado narcotraficante «Juancho León».

Como consecuencia del asesinato de su pareja, León Barillas habría ordenado la muerte de los siete reos quienes habrían planificado la muerte de la modelo. El Ministerio Público recabó los indicios que servirán para la investigación.

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El Sistema Penitenciario confirmó  el asesinato de un reo identificado como Gustavo Andretti Yordany Orozco Reyes, hermano del narcotraficante Jorge Mario Moreira Reyes, conocido como “El Marino” ultimado en Pavón en 2019.

Redacción Perspectiva

El domingo, la Dirección General del Sistema Penitenciario informó sobre un ataque armado dentro del Centro Preventivo de la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, ocurrido el domingo que dejó como saldo un reo muerto y otro herido.

La victima fue identificada como Gustavo Andretti Yordany Orozco Reyes, hermano del narcotraficante Jorge Mario Moreira Reyes, conocido como “El Marino”.

Las autoridades señalaron que la investigación de los hechos violentos son investigados y por ahora el nombre del reo que cometió el crimen es reservado “por motivos de investigación”.

El director general del Sistema Penitenciario, Luis Rodolfo Escobar, indicó a EFE que han tomado una serie de medidas para controlar la emergencia. 

“El cambio de relatores de derechos humanos y posible sanción del director del centro penitenciario por haber sido el responsable de haber ingresado el ilícito como es el arma de fuego”, son parte de las acciones que podría tomar el Sistema Penitenciario.

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