Tras confirmar la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra a los 96 años. El príncipe Carlos asumirá la corona. Según expertos, podría reinar con el nombre de Jorge VII.

Redacción Perspectiva

El príncipe Carlos de Inglaterra asumirá el trono británico y podría elegir no ser el rey Carlos III, y el motivo no es otro que la historia de sus predecesores.

El nombre completo del sucesor de la reina es Charles Philip Arthur George, por lo que podría reinar con otro de los nombres.

«Es muy posible que elija uno de sus otros nombres: Felipe, Arturo o Jorge», explica a People Dicki Arbiter, antiguo portavoz de palacio. «No es común, pero no es inusual».

Carlos de Inglaterra podría ser el rey Jorge VII «en deferencia a su abuelo, Jorge VI del Reino Unido y en reconocimiento a su madre, la reina».

The post Carlos, el nuevo rey de Inglaterra podría adoptar el nombre de Jorge VII appeared first on PERSPECTIVA.

Nueve días después de las elecciones, la ciudadanía sigue sin conocer los resultados electorales. Aunque la Organización de Estados Americanos (OEA), intentó dar su espaldarazo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), las dudas, contradicciones y errores garrafales en el conteo de votos superan cualquier situación anómala en los procesos electorales guatemaltecos, que desde 1985 eran el único bastión real de la democracia y la única expresión de una institucionalidad sólida.

Mientras las responsabilidades se derivan hacia Gustavo Castillo, director de informática del TSE, quien reconoció públicamente los errores en el sistema de cómputo, varios guatemaltecos de diversas generaciones y experiencias (incluyendo a dos residentes fuera del país), se han tomado el trabajo de revisar los datos y contrastar las cifras.

Entre estos ciudadanos, Perspectiva logró contactar a Luis Carlos Contreras, un joven ingeniero de datos que narra: “empecé a programar hace unos nueve años y me he dedicado profesionalmente a ello desde hace seis. Durante ese tiempo he trabajado de la mano de organizaciones internacionales como Google y Foundation for Learning Equality, además de varios organismos de gobierno y empresas privadas. Pasé de ser programador web a director de sistemas y administrador de proyectos, pero regresé a la programación para desarrollar ciencia de datos e inteligencia artificial desde hace un par de años. Además de varios proyectos personales, actualmente trabajo como ingeniero de datos, dirigiendo el área de desarrollo e investigación para una empresa norteamericana-guatemalteca”.

Según comenta Luis Carlos, aunque no es posible asegurar que hubo fraude, todo el sistema de las elecciones, tanto informático como logístico, tiene debilidades que califica como “increíbles”.

A manera de recomendación, Contreras llama a la ciudadanía a “ser escépticos sobre todos los resultados publicados, desde el gobierno y desde los medios”. A los medios los insta para verificar cuidadosamente cualquier información que publiquen y finalmente, al TSE le recuerda que no son los únicos conocedores de la tecnología. “Como yo, hay muchos programadores curiosos que tenemos el conocimiento y la disposición de entrar donde encontremos una puerta abierta”.

Roxana Orantes Córdova

¿Qué te motivó a revisar el sistema del TSE?

Me frustró muchísimo intentar ver los resultados de las elecciones durante el conteo de votos y que la página web no se encontrase disponible. Es más, después del conteo la página seguía con problemas. Si bien la cantidad de solicitudes era bastante alta, existen muchísimas medidas preventivas que pueden ser tomadas para evitar que el servicio caiga. Al revisar la estructura de su aplicación web de manera superficial, encontré que había sido creada utilizando muy malas prácticas de programación. Expresé mi inconformidad sobre ello por redes sociales, pero decidí dejar el asunto ahí porque seguramente no pasaría a más una vez terminara el conteo de votos.

Después de algunos días, escuché las noticias sobre el posible error en el conteo y la necesidad de que el TSE volviera a realizarlo. En el pasado me he topado con entidades del gobierno cuyos resultados oficiales no concuerdan con los obtenidos a partir de los datos en bruto. Como suelo ser muy desconfiado de los datos publicados de manera oficial, decidí que antes de que el TSE volviera a contar los votos debería existir un respaldo contra el cual se pudieran contrastar los resultados.

¿Cuáles son tus principales hallazgos?

El principal hallazgo es que todo el sistema de las elecciones, tanto informático como logístico, tiene demasiados puntos propensos a error que el TSE no previó. En el lado informático, por lo general involucras un proceso de gestión de riesgos que revela, por medio de una serie de auditorías y simulacros sobre el peor escenario posible, los puntos críticos que debes proteger y qué medidas debes tomar para mitigar el riesgo. El hecho de que el sistema haya sido comprometido tan fácilmente revela que este proceso fue realizado por un equipo muy incompetente o, peor aún, negligente respecto a estos aspectos.

En el ámbito logístico, me parece increíble que existan mesas con más de diez personas encargadas de revisar las papeletas y que a ninguna de ellas se le ocurra revisar los datos antes de enviarlos. Además, suponiendo que estas diez personas hicieran bien su trabajo, todo ello depende de una persona que tendrá que leer una imagen de mala calidad para digitar los datos en otro sistema. Si los datos digitados por esta persona no cuadran, no se pedirá alguna revisión, solo se enviarán al sistema y luego se agregarán al conteo total. ¿Te parece un proceso lógico? Imagina que el proceso dependa de que el encargado de la mesa escriba con letra legible. Puedes revisar el acta de elección de presidente en la mesa número 45 para ver a lo que me refiero.

Con base en lo encontrado, ¿hay indicios de fraude?

No tengo evidencias suficientes como para decir que hubo fraude. Al menos, no un fraude generado de manera voluntaria. Sin embargo, veo muchos aspectos en los cuales una sola persona sería capaz de alterar significativamente los resultados. El sistema tiene demasiados puntos de fallo que serían fáciles de explotar para cualquier miembro interno del departamento de informática. El hecho de que no se realicen las validaciones adecuadas sobre los datos que se ingresan al sistema te dice que alguien no quiso hacerlo.

¿A qué podemos atribuir este desorden : ineficiencia, descuido o intencionalidad ?

Yo diría que un poco de cada cosa. La mayoría de los departamentos de informática del gobierno suelen ser muy ineficientes; lo he comprobado tras haber trabajado junto a varios de ellos. Dudo mucho que el TSE sea la excepción. La eficiencia del equipo de informática se mide antes, durante y después del desarrollo de los sistemas. El hecho de que no se hubieran previsto estas situaciones indica lo mal que estuvo el «antes». Haber publicado una página con muy malas prácticas de programación permite ver la pobre calidad del «durante». El pobre seguimiento al sistema después de haber publicado los datos te dice lo mal que vamos en el «después».

Sin duda alguna hubo muchísimos descuidos. Muchísimos. Parte de mi trabajo en el desarrollo de software consiste en revisar el código de mis compañeros de equipo antes de que este pase a formar parte del sistema. Es normal que alguien olvide eliminar un mensaje de error o algún comentario en el código, para eso se realiza el proceso de control de calidad. Me enoja ver que buena parte del código de la página del TSE haya sido copiado y pegado de las guías más básicas de programación web, todo ello sin que nadie se haya fijado. Como anotación curiosa, para mí el descuido más grande de todos fue que cuando la página del TSE no se encontraba disponible, el mensaje de error mostraba una imagen de la consulta popular del 2018.

No quiero creer que haya habido intencionalidad en esto… pero me cuesta aceptar que un equipo de programación a cargo de una tarea tan crucial para el país fuera tan incompetente. Sé que parte del trabajo como programador es cometer errores y entregar soluciones que pudieron haber sido realizadas de mejor forma. Precisamente por eso se trabaja en equipo. Si tú cometes un error pero alguien más se encarga de supervisar tu trabajo, lo corriges y el sistema mejora. En este caso, ¿quién supervisa a los supervisores?

¿Qué es lo más impactante en tu hallazgo: el desorden, la debilidad del sistema informático, el error deliberado?

Lo más impactante es que el gobierno esté tan mal preparado en aspectos tecnológicos y que nunca hagan nada para cambiarlo. La mayoría de sistemas del gobierno que he consultado utilizan las mismas tecnologías y metodologías anticuadas, inseguras, desactualizadas e ineficientes. Toda esta situación es tan solo un síntoma de un problema más profundo. Conozco programadores muy buenos que usan las tecnologías más modernas que existen, pero que no encuentran un trabajo estable porque el mercado laboral favorece el uso de técnicas obsoletas. Mientras tanto, tienes programadores mediocres que únicamente conocen herramientas antiguas dirigiendo equipos completos de desarrollo.

He calificado proyectos de estudiantes universitarios que en el quinto semestre realizan mejores trabajos que este servicio del TSE. Si una aplicación así de sencilla fue tan mal desarrollada, no quiero imaginar cómo están estructurados otros sistemas más complejos.

Tus conclusiones recomendaciones a la ciudadanía, medios y TSE

Mi recomendación para la ciudadanía es ser escépticos sobre todos los datos publicados. Esto incluye datos publicados por el gobierno y por medios de prensa. Está bien decir que alguien ganó con cierto porcentaje de votos, pero ¿cómo se obtuvo ese porcentaje? Si yo tratara de realizar esos cálculos, ¿obtendría los mismos resultados?

Para los medios de prensa, ya que son los responsables de transmitir los hechos de la forma más objetiva e imparcial posible, se debe garantizar y validar todo antes de publicarse. Constantemente veo noticias donde se muestran resultados, pero no se indica cómo fueron obtenidos ni de dónde salió la información. Lo ideal sería promover el desarrollo del pensamiento crítico para que la audiencia pueda formar sus propias conclusiones.

Finalmente, para el TSE, mi única recomendación es que tengan en cuenta que no son los únicos que saben de tecnología en el país. Como yo, hay muchos programadores curiosos que tenemos el conocimiento y la disposición de entrar donde encontremos una puerta abierta.

The post El principal hallazgo son los puntos vulnerables que el TSE no previó appeared first on PERSPECTIVA.

Ex miembros de las bandas Los Pasaco y Agosto Negro, quienes cumplen condenas de por lo menos 50 años, están entre el medio centenar de testigos contra el ex ministro Carlos Vielmann y algunos de sus colaboradores, señalados de integrar una estructura paralela que habría cometido ejecuciones extrajudiciales en 2005 y 2006.

Perspectiva conversó sobre esto con el sociólogo criminalista y criminólogo Eddy Morales, el constitucionalista José Luis González Dubón y el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, quienes consideran que no es procedente usar estos testimonios como prueba confiable en un proceso judicial.

El jueves 15, el obispo Álvaro Ramazzini asistió a la Torre de Tribunales para presenciar la primera declaración de Vielmann. El religioso expresó su apoyo al exfuncionario. Al mismo tiempo, víctimas de las mencionadas bandas y la ex ministra de Gobernación, Adela Camacho, manifestaron su desacuerdo con que se le otorgue credibilidad y, posiblemente beneficios, a estos individuos. Otra preocupación es que, como sucedió en España, el caso se pueda plantear con base en testimonios de criminales juzgados y condenados. Ello, aunque la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), afirman que “cuentan con documentos oficiales y pericias científicas que fortalecen la hipótesis del caso”:

Redacción

A finales de los años noventa, Agosto Negro y los Pasaco sembraron el terror en Guatemala. Sus secuestros fueron famosos por lo sanguinario de sus procedimientos y muchas veces, también asesinaron a sus víctimas, sin importar la edad ni el género.

Eddy Morales menciona que esos testimonios no debieran ser considerados confiables, considerando que se trata de criminales patológicos.

“Un criminal tomado como testigo dista mucho de la veracidad. En el caso de estos secuestradores, estamos hablando de un perfil criminal nivel 10. Son personas con desviaciones conductuales sociales. No les importa violar la ley y todas las normas existentes. No tienen credibilidad cuando alguien los toma como colaboradores, puesto que su agilidad mental está orientada a la criminalidad. No creo que sus testimonios puedan servir como una prueba de valor”, dijo.

Según este especialista en conductas criminales y sociología del crimen: “ciertamente, la CICIG ha hecho un buen trabajo, pero evidentemente en este caso, no hubo una evaluación de los posibles testigos bajo la óptica criminológica. Se trata de delincuentes que fueron parte del grupo de19 fugados del Infiernito y posteriormente capturados. Si hubo ejecuciones extrajudiciales, no son ellos los más calificados para testimoniar sobre esos hechos que imputan al ex ministro de Gobernación”

Para Morales, no cualquiera puede ser tomado como testigo. Por ejemplo, dijo, “Eco” y Juan Carlos Monzón debieron ser sancionados y en cambio, resultaron premiados.

“Si no se sanciona a criminales y corruptos, cualquier criminal delator se convierte en colaborador eficaz y esto se torna en un negocio para los propios delincuentes. Es indispensable que estas personas sean perfiladas criminológicamente antes de pensar que pueden declarar y probablemente, recibir los beneficios del colaborador eficaz».

El constitucionalista José Luis González Dubón afirma que es una característica de la CICIG utilizar criminales como colaboradores eficaces “para cualquier cosa”, pero este hecho excede lo previsible. “Buscaron a los criminales más terribles que ha habido en Guatemala. Evidentemente, muestran desesperación por demostrar que están haciendo algo. No es secreto que Iván Velásquez es experto en fabricar testigos falsos y encarcelar gente en prisión preventiva, mientras presiona a los jueces. Es una táctica desesperada, pero que provoca mucho daño. Es un gran fraude y una lástima que el Presidente de la República lo permita. Es inexplicable por qué no interviene”, concluye.

Ricardo Méndez Ruiz señala que usar a estos criminales como testigos contra el ex ministro de Gobernación, evidencia “el pobre asesoramiento que tiene Iván Velásquez, quien se rodeó de personas que lo han hecho cometer errores”. Entre estas personas, mencionó a Arturo Aguilar, ex fiscal que fue colaborador cercano de Claudia Paz y Paz, y el ex canciller de Alfonso Portillo, Edgar Gutiérrez.

Méndez Ruiz afirma que el Presidente debe poner fin a la permanencia de esa comisión, que se ha extralimitado en más de una ocasión y cuyo mayor error ha sido asesorarse de personas no idóneas.

En el video de una entrevista a Vielmann, este afirma que lo están juzgando por el delito de “crear un grupo paralelo”, del cual fue absuelto en España hace unos meses. El lunes 12, un comunicado de la Cicig asegura: “Los hechos juzgados por la Audiencia Nacional de España, en el caso del imputado Carlos Roberto Vielmann Montes, refieren a otros eventos, ocurridos en tiempo y lugar diverso,  relativos a ejecuciones extrajudiciales de víctimas distintas de las que ahora le están siendo imputadas”.

Sin embargo, a través de redes y medios de comunicación trascendió el siguiente párrafo de la acusación presentada por la FECI a la juez Claudette Domínguez:

“… Usted aprovechándose del cargo de Ministro de Gobernación dispuso de los recursos del Estado para CREAR UN GRUPO PARALELO DE FUNCIONARIOS Y PARTICULARES, integrado por sus copartícipes que utilizaron la información privilegiada que obtuvieron de las fuerzas de seguridad del Estado, para cometer una serie de actos delictivos de manera concertada y sistemática, para alcanzar la finalidad criminal como parte de la planificación”.

Según los que apoyan a Vielmann, es evidente que se trata de la misma acusación de la cual el ex funcionario ya fuera absuelto en España: crear un grupo paralelo de seguridad.

En cualquier caso, el elemento más relevante que trasciende de este nuevo proceso a cargo de la FECI-Cicig, es que muchos de quienes han sido afines al ente internacional comienzan a cuestionar sus procedimientos. Entre ellos, personalidades de la sociedad civil catalogadas como “izquierdistas”, tal es el caso de monseñor Álvaro Ramazzini, y la ex ministra Adela Camacho, quien es dirigente del Movimiento pro Justicia, en el que participan la Fundación Mirna Mack y Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS).

Evidentemente, ni Ramazzini ni Camacho pueden ser catalogados como “defensores del gobierno” o “miembros del pacto de corruptos”. Su posición merece la pena ser tomada en cuenta, puesto que pone en evidencia que el caso contra Vielmann bien puede ser un montaje, tal como ha dicho más de una vez el ex ministro.

Dos posiciones contrapuestas

Marco Tulio López y López  (integrante de la banda criminal Los Pasaco); Luis Humberto Arana Sarceño  (condenado por secuestro); Julio Oswaldo García Palacios  (condenado por secuestro) e Isaías López Castillo (integrante de las bandas criminales Los Pasaco y Agosto Negro), fueron capturados entre 2005 y 2006.

Todos ellos fueron recapturados luego de una masiva fuga de El Infiernito. Víctimas de estas bandas fueron mutiladas y asesinadas. También se les acusa de violaciones contra niñas y otros delitos de alto impacto.

Además de monseñor Ramazzini, entre los asistentes a la audiencia pública del jueves estaba presente la señora Beverly Richardson de Solé, madre de Beverly Sandoval, una joven cuyo secuestro conmovió la opinión pública en 1996 y quien fue asesinada sin piedad por sus secuestradores.

Según Beverly Richardson, “es una vergüenza que secuestradores y asesinos que le robaron la libertad a niños y a otras personas inocentes sean tomados como testigos. Lo que más me impresiona es que sea un organismo como la Cicig, con apoyo de países del primer mundo, el que permita una farsa como la que se está haciendo. Los testigos dan pena”.

Por su parte, el comunicado de la Cicig afirma que “los privados de libertad que han brindado su testimonio han hablado únicamente sobre los hechos de torturas de las que fueron víctimas directas. Esas cuatro personas siguen cumpliendo su condena en calidad de detenidos y en ningún momento han sido favorecidos o han recibido beneficio penitenciario o de cualquier otra índole”.

Y agrega: “La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala aprovecha la oportunidad para recordar que los derechos humanos son universales y deben garantizarse sin discriminación de sexo, raza u origen social.  Confiamos en que se respetará el debido proceso y se permitirá a las Cortes guatemaltecas dilucidar los hechos libres de presiones e influencias indebidas”.

El viernes 16, Madres Angustiadas expresó su repudio e indignación “porque reos miembros del crimen organizado, juzgados y condenados judicialmente, han sido utilizados como testigos por parte de la Cicig y la Feci”. Según indica el comunicado, es preocupante que estos reos puedan ser beneficiados con medidas sustitutivas, “como ya sucedió con Nelson Rodríguez, de la banda Los Pasaco, quien testificó en España en esta misma causa y a cambio fue asilado en Canadá sin que cumpliera su condena judicial en Guatemala”.

“Si ocurren estos beneficios, a todas luces riñen con el marco legal guatemalteco, ya que el Artículo 201 del Código Penal indica: “A quienes sean acusados de plagio o secuestro, no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa”.

Miembros de esa agrupación y víctimas de secuestro, también reconocieron la labor de Stu Velasco, uno de los acusados junto con Vielmann. Sobre Velasco, el comunicado dice:

“Nuestra solidaridad al comisario Stu Velasco, servidor público con una carrera intachable de más de 18 años, quien con su trabajo profesional puso frente a la justicia a estos secuestradores de nuestros seres queridos. Por ello, utilizar como testigos a secuestradores, extorsionistas y asesinos, desnaturaliza cualquier aspiración a la justicia”.

The post Cicig-FECI: usan testigos cuestionables contra Vielmann appeared first on PERSPECTIVA.

¿Trabajo de lobby en Washington financiado por el Estado guatemalteco? ¿Un consultor del Ministerio Público (MP) exiliado en EE.UU.? Estos son solo dos de los hallazgos que desde hace unos días plantea Rolando Alvarado, abogado de la familia Bitkov. El contrato y los informes de labores de José Carlos Marroquín ilustran sobre la realidad de esta asesoría que le brindara a Aldana Marroquín, hijo del empresario Oscar Clemente Marroquín, quien pretende ser vicepresidenciable de la ex fiscal.

Roxana Orantes Córdova

Un nuevo  caso que motiva dudas se cierne sobre la administración de la ex Fiscal General Thelma Aldana. José Carlos Marroquín, quien en 2007 fue Jefe de Estrategias de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y desde ese año radica en Estados Unidos, fue contratado dos veces por el Ministerio Público (MP), para una consultoría financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y recibió dos adjudicaciones de Guatecompras .

Lo anterior no tendría nada de particular, si no fuera por algunas características que rodean al hecho y que serán descritas en este artículo. En primer lugar, ya se mencionó que Oscar Clemente Marroquín, empresario de un importante medio de comunicación, se ha perfilado como posible vicepresidenciable de Aldana.

Sumado a lo anterior, el abogado penalista Rolando Alvarado afirma que según la ley estadounidense, un exiliado no puede recibir dinero del Estado donde su vida fue amenazada.

Y este sería el caso de Marroquín, quien abandonó Guatemala en 2007 porque según denunció, recibía innumerables mensajes telefónicos con amenazas, además de un atentado contra su vehículo. En un artículo de Contrainjerencia, el ex editor de Prensa Libre, Conrado Monroy, afirmó que no hubo tal atentado, pero el hecho es que Marroquín radica en EE.UU. en calidad de exiliado y pese a ello, desde 2016 asesora al MP.

La noticia se conoció a través de las redes sociales y la reacción inmediata, calificó el hecho como una “plaza fantasma”. En una conferencia de prensa en la que ex funcionarios del MP cuestionaron los hallazgos recientes de la Fiscal General Consuelo Porras, el ex secretario de política criminal del MP, Rootman Pérez, aseguró que Marroquín no tuvo una plaza fantasma, sino “una consultoría a través del BID para sistematizar las buenas prácticas institucionales”.

Perspectiva intentó comunicarse con personas que participan en instancias anti corrupción, pero fue imposible. Dos de ellos (ambos abogados), afirmaron que no podían declarar por no conocer las particularidades del caso.

Rolando Alvarado dijo que por lo menos existen tres aspectos importantes de esa contratación que ameritan una profunda investigación:

1. La extraterritorialidad de las funciones del MP. Según la ley, este debe realizar sus funciones en el territorio nacional, ya que para asuntos en el extranjero se aplica la cooperación o asistencia jurídica entre los Estados;
2. El objeto contractual es contrario a la ley, debido a que el lobby en EE.UU. no constituye una función legal del MP y peor aún, para promover o proteger la imagen de personas individuales;
3. El tipo contractual se refiere a servicios “profesionales”, lo que obligaba a hacer constar y justificar la calidad profesional del señor Marroquín.

Los contratos y sus características

El primero de los contratos revisado por Perspectiva tiene como fecha octubre de 2016 y se inscribe en el renglón Préstamo BID 1905/OC-GU. El plazo es de dos meses (octubre a diciembre) y el monto, US$18,000 (Q.138, 635).

Idéntico encabezado tiene el segundo contrato, que inicia el 3 de enero de 2017 y culmina el 30 de noviembre de ese año: “Contrato No. 4-2017, préstamo BID 1905/OC-GU de prestación de servicios profesionales, bajo renglón presupuestario ciento ochenta y nueve con cargo al programa de apoyo al sector justicia penal, financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo-BID-). El monto de esta contratación es de US$ 66,000 (Q 508,33).

Además de estos dos contratos financiados por el BID, el 20 de noviembre de ese año la Secretaría de Asuntos Internacionales y de Cooperación del MP contrató a Marroquín como “Consultor Local para Gestionar Agenda en Temas del Ministerio Público de Guatemala, con Organismos Internacionales y Organismos No Gubernamentales”, por Q135, 277.02.

La misma secretaría contrató al consultor el 23 de enero de 2018, en la contratación denominada: “Consultoría Desarrollo de Compendio de Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas en el Fortalecimiento de las Capacidades de Investigación y Persecución Penal Estratégica”, por Q 250,610.23, sumando estas dos erogaciones del MP Q385, 887.25, como se puede ver en la página de Guatecompras.

Los informes de labores de Marroquín muestran la actividad que desarrolló. Tal como afirman Igor Bitkov y su abogado, la palabra “lobby” surge al revisar uno de los informes divulgado por Bitkov en sus redes sociales.

Por ejemplo, una de las actividades del consultor fue reunirse con los miembros de la comunidad migrante, a quienes les expuso las ventajas que para esa comunidad tendría la aprobación de las reformas constitucionales del sector justicia. En sus conclusiones, afirma: “La comunidad migrante guatemalteca en Estados Unidos ha fortalecido su interés de apoyar con el Ministerio Público y, en especial, con la Fiscal Thelma Aldana” (sic).

Asimismo, asistió a reuniones con empresarios guatemaltecos y de otros países así como funcionarios estadounidenses. Uno de los elementos preocupantes presentes en esos informes y que debiera ser investigado por la Fiscal General Consuelo Porras es la evidente intención de mejorar la imagen de Thelma Aldana, Francisco Rivas e Iván Velásquez ante sectores estadounidenses, luego de que la muerte de Pavel Centeno en circunstancias no esclarecidas, proyectara una sombra sobre las autoridades guatemaltecas, concluye Alvarado.

The post José Carlos Marroquín, el polémico asesor de Thelma Aldana appeared first on PERSPECTIVA.

El 6 de octubre, Thelma Aldana visitó la sede de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). La reunión entre Aldana, los miembros de la ex guerrilla y el diputado de esa organización motivó diferentes comentarios críticos en las redes, en tanto la ex funcionaria escribió en sus redes que el acercamiento es un hecho inédito en el país:

“Tras reuniones con empresarios, líderes sociales, y las organizaciones políticas de ideologías tan distintas como el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y URNG, por primera vez veo la posibilidad de una verdadera conciliación basada en el respeto y el compromiso con Guatemala”.

Carlos Mejía, Secretario departamental de la URNG en San Marcos, afirma: “La ex fiscal visitó la sede de URNG. Ella contribuye con la plataforma ciudadana llamada Frente Nacional Progresista, donde confluyen organizaciones sociales y partidos políticos como Semilla, Encuentro por Guatemala, URNG y otros. El objetivo de este proyecto político es “resolver los problemas de la colectividad”.

Roxana Orantes Córdova

Dos interpretaciones antagónicas

Entre quienes comentan la pretensión de conformar una plataforma política liderada por Aldana, hay posiciones encontradas, como la del vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos y la de Mauro Vay, coordinador del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), que está por constituir su partido político, denominado Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).

Alejos señala: “ella tiene responsabilidad por estar a cargo de la compra del edificio fantasma. Fungió como funcionaria pública y por ello, tiene responsabilidad durante 20 años para comparecer por los hechos anómalos que cometió. Si no tuviera nada que esconder, el caso no estaría bajo reserva para impedir que todo salga a la luz. Fue nombrada juez de la impunidad por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y considero que sostiene nexos fuertes con el crimen organizado y el narcotráfico”.

El legislador agrega que Aldana está “involucrada en los casos Comisiones de postulación, donde se dio tráfico de influencias y el Bodegón, en el cual alertó a Juan Carlos Monzón de la investigación. Encubrió a Mayra Véliz por la venta de pasaportes falsos que terminaron en manos de presuntos terroristas de ISIS quienes se cree están en territorio estadounidense”.

Actualmente, señala Alejos, Aldana “se esconde de un robo multimillonario y ya tiene conocimiento de que el avalúo del edificio realizado por una firma independiente confirma el saqueo del dinero de los guatemaltecos. Lo sabe bien, ella fue la directora de orquesta para la compra, eso se conoce como asociación ilícita. Ahora la vemos de la mano de URNG-Semilla-Libre, un partido subsidiado por Maduro, el dictador de Venezuela”.

Según afirma Alejos, estos grupos “impulsan una agenda en contra de la familia y de la vida. La izquierda y la guerrilla históricamente nunca han pasado del 3 por ciento y con Thelma Aldana tampoco será diferente el caso. Lo más probable es que si corre de candidata a la presidencia no alcance ni el décimo lugar y si va como diputada ni siquiera la curul”

En el otro extremo, pero con la misma desconfianza, Mauro Vay descarta absolutamente la posibilidad de aliarse con la nueva agrupación. “Es totalmente falso. No vamos a hacer alianza con ninguna de esa gente que tiene la cola machucada. No nos conviene estar aliados con partidos corruptos que tienen más de algún representante entre los 158 diputados de quienes exigimos la renuncia”.

“Somos un grupo que respeta la libertad pero tenemos principios. No podemos aliarnos con esa mafia que ha hecho tanto daño al país. Hablan de que son una opción de nueva política. Por el contrario, se trata de un grupo integrado por políticos tradicionales. Ni CODECA ni el MLP se prestan a juegos de Organizaciones no Gubernamentales y partidos políticos”.

¿Nueva política o políticos reciclados?

Uno de los argumentos insistentes sobre esta posible plataforma electoral que inició en una reunión en El Salvador, es que se trata de “la nueva política”. Sin embargo, exceptuando a algunos veinteañeros de Semilla, como el secretario general de esa agrupación, Samuel Pérez, la mayor parte de quienes proyectan acompañar a Aldana en su aventura electoral son políticos fogueados que han participado en más de un partido.

Varios integrantes del proyecto son ex funcionarios públicos, incluyendo algunos del gobierno actual, como Víctor Hugo Godoy, ex titular de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH); Francisco Rivas, ex ministro de Gobernación que actúa como jefe de campaña, y Lucrecia Hernández Mack, ex titular de Salud.

Además de los citados, cabe mencionar a Edgar Balsells, quien fue ministro de Finanzas durante el gobierno de Álvaro Colom; Ana Patricia Orantes Thomas, titular de la Secretaría General de Planificación (SEGEPLAN), también con Colom. Otro ex funcionario de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), es el asesor de Aldana, José Carlos Marroquín, quien coordinó la estrategia de ese partido y fue vocero de Álvaro Colom. De la administración de Otto Pérez Molina, puede citarse a Miguel Ángel  Balcárcel, responsable del Sistema Nacional de Diálogo.

Muchos más ex funcionarios de diversas administraciones todas señaladas por corrupción y que ejemplifican la “vieja política”, se han adherido al esfuerzo de Aldana por integrar una forma novedosa de ejercer la política y según pretenden, también la gestión del Estado.

Junto a quienes ya aportaron sus capacidades a la administración pública, varios políticos fogueados en diferentes organizaciones se sumaron a la propuesta unitaria de la ex fiscal. Entre estos, Oscar Clemente Marroquín, padre de José Carlos y propietario del vespertino La Hora, de quien se dice que podría ser el compañero de fórmula de Aldana.

Marroquín ha competido en más de un proceso electoral, apoyando opciones socialdemócratas. Entre estas, fue candidato a la alcaldía metropolitana. Probablemente, la política más fogueada del grupo sea la diputada Nineth Montenegro, quien más de una vez ha rechazado los señalamientos de financiamiento ilícito en su contra y que lleva 22 años ocupando una curul bajo diferentes denominaciones partidarias: Frente Democrático Nueva Guatemala, Alianza Nueva Nación y Encuentro por Guatemala.

Similar es la experiencia parlamentaria de Carlos Mejía, quien también fue diputado por el FDNG y posteriormente por la URNG, de la cual es asesor y secretario departamental de San Marcos.

Académicos, grupos campesinos y algunos descendientes del extinto MLN, encabezados por Mario Sandoval hijo, completan la representación de una plataforma que pretende renovar el quehacer político a partir de la experiencia de políticos experimentados.

The post Aldana: narrativa de conciliación para una reunión polémica appeared first on PERSPECTIVA.