El presidente Jimmy Morales invitó a la ciudadanía guatemalteca acompañarlo en el reto por encontrar soluciones trascendentales, para varios temas álgidos dentro de la coyuntura nacional y a largo plazo.

“Juntos encontraremos la mejor solución al caso TCQ. Juntos convertiremos la Ley Electoral y de Partidos Políticos en una Ley moderna e idónea”, expresó el mandatario en una publicación hecha la noche del viernes en su perfil de Facebook.

El Presidente hace referencia a dos de los casos de mayor relevancia en las últimas semanas: Las reformas electorales las cuales debe sancionar o vetar y que han estado bajo análisis por diversos aspectos que no cumplen con las solicitudes de la ciudadanía.   Además, del usufructo de un área de la Empresa Portuaria Quetzal a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), caso salpicado por señalamientos de corrupción durante la gestión gubernamental anterior.

“Trabajando juntos haremos que Guatemala se convierta en una gran nación”, acotó en su publicación.

Morales expone en la misma publicación su compromiso con el reto de mejorar las condiciones de los ciudadanos. “No saben lo difícil que es para un Presidente pararse sobre una tarima ante una población que requiere de tanto, que necesita tanto”, dijo.  “Al verlos no puedes obviar las décadas de abandono, son la materialización, la encarnación misma de tanta corrupción”, añadió.

También hace referencia a las exigencias de la ciudadanía por mejorar el país y el combate a la corrupción.  “Es entonces cuando recuerdo que hace solo poco tiempo era un ciudadano común como ustedes, indignado como ustedes, cansado como ustedes, pero también con muchos anhelos y esperanza como ustedes”, puntualizó.

Fuente: Gobierno de Guatemala

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El Juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado de Mayor Riesgo B, encontró suficientes indicios para ligar a proceso a todos los sindicados del caso TCQ, en el que habrían participado en la firma de un contrato irregular -a cambio de sobornos-, entre la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal.

• Otto Fernando Pérez Molina: cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.
• Roxana Baldetti Elías: cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.
• Gustavo Adolfo Martínez Luna: asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
• Julio Rolando Sandoval Cano: asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
• Lázaro Nóe Reyes Mata: enriquecimiento ilícito.
• Julio César Zamora Álvarez: enriquecimiento ilícito.
• Julio Norberto Esquivel Orellana: enriquecimiento ilícito.
• Juan José Suárez Messeguer: asociación ilícita, cohecho activo y fraude.
• Jhonatan Harry Chévez: asociación ilícita y lavado de dinero.
• Mario Ruano San José: tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
• José Luna Argueta: cohecho pasivo.
• Samuel Aceituno Juárez: asociación ilícita y lavado de dinero.

El juez declaró prisión preventiva para los sindicados, excepto para Julio César Zamora Álvarez y Julio Norberto Esquivel Orellana, para quienes decretó arresto domiciliario y firmar libro de asistencia en el MP de Escuintla.

Fijó para el lunes 9 de mayo, a las 11:00 am la audiencia en la que se escuchará al colaborador eficaz.

ANTECEDENTES
La Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. y la Empresa Portuaria Quetzal firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría la nueva terminal, que tenía contempladas tres fases de desarrollo que alcanzarían una inversión de por lo menos 255 millones de dólares. TCQ aparentemente dotaría al Puerto Quetzal de instalaciones con avances tecnológicos y de seguridad, garantizando eficiencia y productividad en la operación de contenedores.

Desde enero del 2012 y hasta al menos abril de 2015 se concertó un grupo criminal con roles definidos aliados para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato a favor de la entidad TCQ S.A., destinado a ceder a esa sociedad una porción de terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.

Esta asociación tuvo la función de interferir en diversos actos dirigidos a la realización de ese proyecto, del que la organización obtendría lucro, y para dirigir acciones llamadas a ocultar y blanquear los dineros recibidos de origen ilícito.

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El día de hoy el Juzgado Séptimo Penal ordenó la intervención de la empresa Aceros de Guatemala, S.A.

Se sospecha

Una defraudación de más de 500 millones de quetzales equivalente a (US$ 64 millones de dólares) que fue denunciada a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).  El representante legal José Raúl Paiz Valdez y sus socios María Eugenia Valdés Gómez y José Luis Gabriel Abularach que tienen mayor participación accionaria en la empresa, se ordenó arraigo para los socios.

Ligados al caso La Línea 2

El representante legal y la socia María Eugenia, están ligados a proceso por el Caso TCQ.

El Artículo 358 «A» del código penal dice:”Defraudación tributaria. Comete delito de defraudación tributaria quien, mediante simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño, induzca a error a la Administración Tributaria en la determinación o el pago de la obligación tributaria, de manera que produzca detrimento o menoscabo en la recaudación impositiva”.

Se espera Farmacias Galeno, S.A. también será intervenida por defraudación.

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