Esta tarde, fueron ligados a proceso 21 participantes en la usurpación de la finca donde funciona la Escuela de Agronomía en Cobán. Días antes, durante el desalojo de otra propiedad, los ocupantes ilegales recibieron a las autoridades a balazos. Horst Spitzke, presidente de ACDEPRO, explica la situación de las usurpaciones, que según afirma, tienen tintes de crimen organizado.

Roxana Orantes Córdova

Las usurpaciones ilegales de propiedad se realizan de forma impune hace mucho tiempo y últimamente, alcanzan áreas urbanas, como se vio en la colonia Nimajuyú de la capital.

Se trata de un delito tipificado en los artículos 256 y 257 del Código Penal, donde se indica que “la permanencia en el inmueble constituye flagrancia en este delito”. Asimismo, se menciona que las autoridades tienen la obligación de impedir “que los hechos punibles continúen”.

Entre los agravantes mencionados por la ley, está la participación de más de cinco usurpadores y la permanencia por más de tres días.

Pese a que la ley lo establece, en Guatemala hay entre 1,500 y 2,000 propiedades invadidas, expresa Horst Spitzke, quien preside la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO).

Spitzke añade que este año, el Ministerio Público (MP), reporta 550 denuncias de usurpaciones y entre 2004 y 2021 se contabilizan 19,051 casos. El entrevistado señala que muchas de las usurpaciones, especialmente las que se llevan a cabo en la región fronteriza con México, tienen tintes de estar relacionadas con el crimen organizado y añade que en estos hechos están implicadas organizaciones no gubernamentales que son financiadas desde el extranjero, como el Comité de Unidad Campesina (CUC) y el Comité Campesino del Altiplano (CCDA).

Intentamos reiteradamente comunicarnos con Jorge Morales Toj, abogado del CUC, y Leocadio Juracán, ex diputado de ANN y miembro del CCDA, pero no respondieron ninguna de las llamadas y mensajes.

La hoja de ruta de la usurpación

Spitzke explica que quienes promueven las usurpaciones estafan de varias maneras a los “pobres campesinos”, quienes caen en la trampa. En primera instancia, narra, les ofrecen terreno y les explican que deben cancelar entre Q3 mil y Q5 mil, para apartar su tierra.

Posteriormente, los llevan en buses al terreno usurpado a donde acuden “los líderes que les presentan a un licenciado y les indican que van a medir los terrenos. Les piden alrededor de Q25 mil para estos trámites y luego se desaparecen”, señala.

Según el entrevistado, en estas mafias están involucrados, además de los organizadores, funcionarios de varias dependencias, líderes políticos como ex candidatos o candidatos a puestos de elección popular y en ocasiones, miembros de la delincuencia organizada.

El área geográfica que parece abandonada por la autoridad comprende Izabal, Cobán, El Estor, la zona del Polochic y otras áreas cercanas a la frontera con México. “Hay áreas, como El Estor, donde un 90% de las tierras ha sido invadida. Los usurpadores se quedan durante años y reciben violentamente a los propietarios”, narra.

“Esperamos que a partir del 21 de junio, cuando entre en vigencia la ley que fiscalizará a las ONG´s, comience a tomarse en cuenta el vínculo de algunos de estos grupos con delitos como las usurpaciones ilegales. Las embajadas de los países que los financian, el MP y los juzgados deben vigilar que se cumpla la normativa y estos grupos dejen de usurpar propiedades”.

Urge el imperio de la ley

“La propiedad privada es un derecho humano”, dice Spitzke, quien agrega que el 16 de junio, el CUC denunció el uso excesivo de fuerza en la finca Canaán en el Estor Izabal. Sin embargo, el video que ACDEPRO circuló en redes, y tomas de dron realizadas por el MP, demuestran que los invasores respondieron con disparos a las autoridades.

“Se completó el proceso legal y para los desalojos existen protocolos establecidos en la ley. Se menciona el uso excesivo de fuerza, pero puedo asegurar que no se trató de ningún show. Si las autoridades llegan con tres patrullas, los usurpadores las hubieran quemado. Son violentos y actúan al margen de la ley. Un socio de ACDEPRO tiene su finca ocupada hace más de un año y no puede presentarse a su propiedad, porque lo reciben a pedradas y de forma muy agresiva”.

Para el presidente de ACDEPRO, esta situación deriva de que, a partir de los Acuerdos de Paz, el Ejército cumplió con su parte, reduciendo su presencia en esas zonas, que resultaron abandonadas de la ley y en las que comenzó a operar el crimen organizado.

Toda clase de delitos están involucrados en las regiones donde la usurpación se ha convertido en una industria que desplaza a las industrias legítimas, ahuyentando la inversión, comenta.

“Hoy se cumplió la ley”

“Hoy pudimos ver a una juez valiente, Úrsula Teyul, quien ligó a proceso a 21 implicados en la usurpación de un terreno donde funciona una escuela. La felicitamos, así como al gobernador y a la PNC de Cobán, quienes actuaron apegados a la ley”, señala Spitzke.

“Existen jueces valientes, pero también hay servidores públicos que no cumplen con su deber. Le pedimos al Estado que no esté pasivo ante estos delitos graves. Los tres organismos estatales deben velar porque se garantice la propiedad privada. Y recordamos que la Procuraduría de los Derechos Humanos es una oficina del Congreso creada para garantizar los derechos humanos. La propiedad privada es un derecho humano que debe ser garantizado”, concluye.

The post Usurpación de propiedad, un flagelo que azota a Guatemala appeared first on PERSPECTIVA.

La Fundación del Desarrollo para Guatemala (FUNDESA), Guatemala Visible y el Movimiento Pro-Justicia participaron este lunes 22 de febrero en la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC para designar magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad.

Redacción Perspectiva

La Corte de Constitucionalidad (CC) es la última línea de defensa en un marco de certeza jurídica y su función con apego a lo que establece la ley, es necesaria para fortalecer el Estado de Derecho. Por esta razón, el día de hoy la Fundación del Desarrollo para Guatemala FUNDESA, Guatemala Visible y el Movimiento Pro-Justicia se reunieron con el CSU de la USAC para conversar sobre la designación de del magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad.

“La sociedad guatemalteca y las organizaciones del sector empresarial organizado somos conscientes del esfuerzo de este Consejo Superior Universitario de designar a los mejores abogados posibles para que integren la alta corte y que sin duda tomarán en cuenta la capacidad, idoneidad y honorabilidad de los candidatos que se están postulando”, manifestó Juan Carlos Paiz, presidente de FUNDESA.

Asimismo, los representantes del sector empresarial y grupos ciudadanos solicitaron  al Consejo Superior Universitario evaluar los perfiles de los candidatos bajo estrictos criterios, analizarán la competencia profesional, calidad ética o moral y la capacidad para juzgar, verificando la consistencia y apego a derecho de sus resoluciones.

“Sin un tribunal capaz, independiente, y que dictamine soluciones apegadas a derecho, la eficiencia para procesar a individuos del crimen organizado o a personas que intenten corromper el sistema, imposibilitará el desarrollo económico” agregó Paiz.

Carmen Aída Ibarra del Movimiento Pro-Justicia, dijo:  

«El CSU no debe limitarse únicamente a los requisitos mínimos. Hay que buscar la ideoneidad. Más allá de saludar la apertura, ahora viene el reto de ir más allá de la revisión de papeles.»

The post FUNDESA, USAC y Guatemala Visible analizan elección de magistrado a la CC appeared first on PERSPECTIVA.

Hoy presentamos tres perspectivas sobre los sucesos en la finca Cubilguitz: Julián Marcelo Sabuc, del CCDA y Carlos Barrientos, del CUC, coinciden en que el incendio fue obra del grupo que controla el ex guerrillero César Montes, al servicio de los propietarios de la finca. Entretanto, Charlie Torrebiarte, vicepresidente de ACEPRO, reitera lo dicho por la familia Dieseldorff: un grupo de usurpadores trata de sacar a otro similar. Entretanto Montes, quien permanece prófugo, asegura en un comunicado, que los presuntos incendiarios “ya no son orientados” por su fundación, sino los asesora el CCDA.

Roxana Orantes Córdova

¿Un grupo de mozos colonos que esperan el pago de sus prestaciones hace décadas y fueron atacados por delincuentes contratados por los propietarios de la finca o dos grupos que han hecho de la usurpación un negocio rentable y están implementando una campaña mediática para desprestigiar a una familia que se asentó en la región hace 150 años y que además de ser reconocida por un café de renombre internacional es pionera en el cultivo del hule hace 75 años?

La interrogante es difícil de responder, pero es posible obtener algunos datos esclarecedores conversando con actores cercanos a los hechos, como Julián Marcelo Sabuc, coordinador del Comité Campesino del Altiplano (CCDA); Carlos Barrientos, vocero del Comité de Unidad Campesina (CUC) y Charlie Torrebiarte, vicepresidente de la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO), que documenta la conflictividad agraria en todo el país.

En la madrugada del 16 de agosto, hombres armados rociaron gasolina y quemaron seis viviendas, de un grupo de 40, en la improvisada aldea que se formó a raíz de una  ocupación ilegal. Inmediatamente, el Comité de Unidad Campesina (CUC), divulgó un comunicado responsabilizando a César Macías (o Montes), de ejecutar un “desalojo extrajudicial”. A esto, el presidente de la Fundación Turcios Lima replicó en una aclaración pública:

“Luego de que dejamos la orientación de los campesinos ocupantes de la finca de hule de la familia Dieserdorf y de la finca Agro Palmito, los campesinos buscaron el acompañamiento del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) que dirige el ex diputado Leocadio Juracán. El grupo de colonos que tienen estrecha relación con los finqueros pertenecen a la Coordinadora de Unidad Campesina (CUC) que dirige Daniel Pascual”.

Perspectiva contactó a representantes de las dos organizaciones, quienes insisten en señalar a Montes como director de un grupo de choque que estaría al servicio de la familia Dieseldorff.

En abril de este año, Dorothee Dieseldorf, propietaria, informó que la finca llevaba 18 meses de ocupación, durante la cual se habían perdido hectáreas de bosque de hule, estimadas en unos Q27 millones, además de 120 puestos de trabajo y más de 10 hectáreas de bosques de pino y otros árboles. Además, hubo otros daños a la propiedad, donde se desmantelaron vehículos y maquinarias y se quemaron viviendas.

“Los invasores instalados en la propiedad han talado los árboles para venta y para uso personal, provocando un grave daño ecológico”, dijo Diesseldorff en un testimonio documentado por ACDEPRO y divulgado en medios de comunicación. Esa usurpación habría sido encabezada por César Montes, de quien se menciona que cobra hasta Q8 mil a los invasores por participar y recibir tierra.

Con este antecedente, parece una fantasía pensar que una familia tan afectada por las brigadas al servicio de Montes, lo haya contratado para desalojar o agredir a uno de los grupos que ocupan ilegalmente los terrenos, cuando existen seis órdenes judiciales para efectuar el desalojo.

Según el comunicado del ex guerrillero, quien se declaró “en la clandestinidad” luego de una orden de captura emitida hace un año y que parece una misión imposible de ejecutar para las autoridades:

“La Fundación Turcios Lima se deslinda pues de los hechos mencionados que en concreto son un agudo conflicto entre CUC y CCDA. Cualquier acusación a mi persona u organización es irresponsable y poco seria”.

¿Grupo paramilitar usado para reprimir un conflicto laboral?

Julián Marcelo Sabuc, coordinador del CCDA, afirma que las 40 familias desalojadas violentamente entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de agosto, están integradas por colonos que habrían trabajado durante décadas en la finca Cubilguitz. Carlos Barrientos afirma que hubo varias reuniones sobre este problema laboral en el Ministerio de Trabajo, aunque los propietarios les habrían ofrecido tierras en concepto de indemnización “si se desligaban del CUC”.

“Hace 15 años hay un caso laboral porque fueron despedidos sin prestaciones. Ellos pretenden que cada familia reciba cuatro manzanas de terreno por concepto de las prestaciones no pagadas. Los terratenientes les ofrecieron menos de la mitad de tierra, y además, no reaccionaron ni manifestaron preocupación por lo acontecido a las 40 familias quekchíes afectadas por las brigadas de César Montes. Sabemos que los terratenientes forman pequeños grupos armados para amedrentar a quienes exigen sus derechos, como sucedió en el conflicto armado interno”, expresa.

Carlos Barrientos coincide en señalar a Montes, asegurando que los invasores conducidos por el ex guerrillero llegaron hace poco más de un año a ocupar la finca con infraestructura poco común para estos grupos. Por ejemplo, las casas cuentan con paneles de energía solar. Además, Barrientos comenta que desde el inicio, el grupo de Montes fue hostil con el grupo que ocupa el lugar hace 15 años.

Según Marcelo Sabuc la finca está ocupada por “cuatro comunidades. El grupo de 40 familias de colonos y otros que luchan por recuperar el territorio que les fue arrebatado”. Consultado sobre este punto, Carlos Barrientos afirma: “estas tierras han de haber sido adjudicadas de forma anómala en el siglo XIX. En Izabal se logró comprobar que más de 200 caballerías fueron adjudicadas con documentos falsos y aunque la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad fallaron a favor de la comunidad en El Estor, el tema sigue sin resolverse”.  Sin embargo, reconoce que Cubilguitz no hay ninguna prueba sobre la supuesta adjudicación irregular.

Otro punto en el que coinciden los dirigentes campesinos es que la desaparición de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) y la coordinadora del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH), elimina a dos importantes mediadores en la problemática agraria. “Alta Verapaz es el departamento con mayor conflictividad”, concluye Barrios.

¿La disputa por un lugar estratégico para el crimen organizado?

Desde una perspectiva totalmente opuesta, Charlie Torrebiarte, vicepresidente de ACDEPRO, señala:

“No es ningún conflicto laboral, sino un grupo de usurpadores tratando de sacar a otro. Es falso que se haya tratado de un desalojo. Desde la mañana, el CUC anunció que le habían pagado a Montes para hacer el desalojo. ¿Con qué objetivo, si existen seis órdenes de desalojo emitidas por jueces?”

Torrebiarte considera que “esta situación fue organizada para desprestigiar a la familia Dieseldorff, que lleva 150 años sirviendo al país. En 24 horas lograron posicionar la noticia en el país y con notas internacionales, además de que el boicot contra el café Dieseldorff surgió inmediatamente en las redes. El comunicado del CUC señalando a Montes apareció casi al mismo tiempo que la noticia. Montes se convirtió en un pasivo para estos grupos. Y no es primera vez que el CUC y el CCDA pelean entre ellos”.

“¿De qué cuenta la familia Dieseldorff iba a contratar a César Montes, cuando hay videos donde aparece insultándolos y ha dirigido invasiones a su propiedad? Es evidente que la intención es impedir que se cumpla la ley y no se realicen los desalojos. No se vale desprestigiar así a una familia”

Finalmente, el vicepresidente de ACDEPRO menciona: “lo más pavoroso es pensar que el crimen organizado pueda apoderarse de esta región. Cubilguitz está en un punto estratégico. Por un lado, se ubica en el cruce para Playa Grande, cerca de la frontera mexicana. Y por otro, hacia Chisec y la Franja Transversal del Norte. Es un sitio estratégico para toda case de criminales: tratantes de personas, madera, drogas y armas, entre otros”.

The post MP investiga quema de viviendas en aldea de Cobán appeared first on PERSPECTIVA.

Vandalismo, corrupción, falta de gobernación , falta de presencia autoritaria son algunas de las causas que han llevado el Comité de Unidad Campesina (CUC), el cual es liderado por Daniel Pascual y el Comité Campesino del Altiplano (CCDA),  al promover las invasiones en el Valle del Polochic, según las pancartas colocadas en los terrenos ocupados ilegalmente.

Los grupos invasores desarrollan una logística que intimida a cualquier persona que se acerca a las propiedades, no se sabe con exactitud si son miembros del CUC, CCDA u otro grupo, ya que también operan otras organizaciones vinculadas con grupos de izquierda y Organizaciones No Gubernamentales, que promueven los actos ilícitos.

“Con una mano agita las invasiones, mientras con la otra intenta legalizarlas”, comentan los afectados.

En el Valle del Polochic es tan grave la situación que los invasores han logrado el cierre de empresas como el ingenio Chabil Utzaj, que generó hasta tres mil empleos en el área, pero que no pudo seguir operando porque los terrenos fueron usurpados por grupos con respaldo de organizaciones como el CUC.

Los afectados han presentado las denuncias en el Ministerio Público y aunque comprenden los riesgos de los fiscales, esperan que se cumpla la ley y prevalezca el estado de derecho porque en caso contrario la situación empeorará en el Valle del Polochic.

Tras los disturbios ocurridos en El Estor, el casco urbano sigue tomado por la Policía, pero al salir del municipio no hay presencia policial y ello genera temor y zozobra.

The post Terrenos son invadidos ilegalmente por el CUC y CCDA appeared first on PERSPECTIVA.