Una nueva tormenta tropical se desplaza en el Pacífico y se acerca a Guatemala. El Insivumeh advierte lluvias durante las próximas 48 horas.

Redacción Perspectiva

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó que la depresión tropical TRES-E se ha intensificado a tormenta tropical Celia.

El fenómeno se desplaza al sur de las costas del Pacífico de El Salvador y Guatemala y podría acercarse al territorio nacional. Aunque se prevé que en los próximos días cambie su rumbo al oeste por lo que no ingresaría a Guatemala.

Sin embargo, el sistema ocasione el ingreso de abundante humedad y nubosidad desde el océano Pacífico, lo que provocará lluvias intermitentes y posible actividad eléctrica en todo el país.

Se esperan mayores acumulados de lluvias sobre las regiones del Pacífico, Bocacosta, Occidente, Norte, Franja Transversal del Norte, Valles de Oriente y Caribe.

Ante la alerta de una tormenta tropical, el Insivumeh recomienda a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) tomar en cuenta los boletines que son emitidos y difundirlos en sus diferentes sedes.

Recomendaciones

• Teniendo en cuenta las condiciones atmosféricas que se pronostican, la CONRED recomienda:

• Reportar cualquier situación de riesgo, emergencia o desastre al 119 de CONRED.

• Mantenerse informado a través de canales de información oficiales de las instituciones del Sistema CONRED.

• Conducir con precaución evitando cruzar ríos o cuerpos de agua.

• No visitar playas, muelles y puertos.

• Mantenga preparada la mochila de las 72 horas en caso de evacuación preventiva.

• Prepare y practique su plan familiar de respuesta.

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En medio de un panorama sumamente confuso, un elemento hace coincidir a opiniones provenientes de todo el espectro ideológico: el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tiene un desempeño que socava una credibilidad que permanecía intacta desde que el ente electoral funcionó por primera vez, en 1985.

Roxana Orantes Córdova

Es difícil creer que personalidades tan opuestas como el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, y el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), Ricardo Méndez Ruiz, puedan coincidir en algún aspecto del panorama político. Sin embargo, ambos consideran que el TSE se extralimitó al emitir un polémico acuerdo que veda a los fiscales de mesa electoral el uso de dispositivos electrónicos durante el conteo de los votos.

Rodas Andrade ya interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), “esperando que deje sin efecto el acuerdo 319-2019, que restringe la libre emisión del pensamiento, derecho fundamental garantizado en la Constitución Política de la República”, informó el PDH en sus redes sociales.

El Mirador Electoral fue la primera voz crítica contra el acuerdo, a través de un comunicado emitido el 11 de junio. Según el texto, la medida ordena “el secuestro de los celulares y aparatos electrónicos de los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos, fiscales y observadores presentes al cierre de la votación y durante el escrutinio el día de las elecciones”.

En su comunicado, la mencionada organización solicita al TSE que derogue una disposición que atenta contra el artículo 35 de la Constitución Política de la República y demanda del ente electoral “apegarse a la normativa legal vigente y promover condiciones que faciliten la transparencia, el acceso a la información y la confianza en el proceso electoral”.

A la organización citada, se suman los comunicados del partido Semilla y de la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP), publicado en las primeras horas de esta noche y donde se demanda al TSE derogar la medida, lesiva a la libre expresión.

El segundo hecho que motiva dudas y cuestionamientos generalizados es la licencia por tres meses que la Fiscal General Consuelo Porras otorgó al fiscal de delitos electorales Oscar Schaad, quien denunció “amenazas tangibles” contra su vida y la de su familia. Al respecto, Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la FCT, señala que la situación es “tal como si el director de la CONRED se hubiera ido de vacaciones inmediatamente después del desastre del volcán de Fuego”.

Mientras tanto, Consuelo Porras no ha explicado a la ciudadanía el motivo de la licencia prolongada, en un momento crucial para la fiscalía que dirige Schaad, y el TSE decidió por mayoría que no analizará el polémico acuerdo, que se suma al 99-2019, derogado en marzo y que pretendió regular la labor de los medios sobre debates, entrevistas y foros con candidatos.

Al finalizar la tarde de hoy, se conoció que además de Schaad, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), también solicitó diez días de licencia, por lo cual no participará en el plan operativo de las elecciones.

¿Democracia amenazada?

El 12 por la mañana, el partido Semilla dio a conocer su postura en conferencia de prensa. Un extenso comunicado de la agrupación inicia alertando sobre el riesgo que representa para la democracia la falta de confianza en las elecciones.

“De esta falta de confianza”, indica el comunicado, resultan procesos judiciales dudosos; una reforma inadecuada a la ley electoral y la implementación deficiente de dicha reforma por el TSE, que según Semilla, no ha dado certeza a las candidaturas ni ha garantizado la transparencia. “El TSE no instaló las capacidades requeridas para implementar la ley” ni tuvo fuerza y contundencia para contrarrestar las prácticas de los partidos tradicionales.

Como conclusión, Semilla expone tres hechos que considera retrocesos en el proceso democrático: 1. El pago a los ex patrulleros civiles, en el contexto electoral; 2. El permiso de tres meses a Oscar Schaad y 3. A cinco días de la elección, emite un acuerdo que restringe la libre expresión y viola la Constitución Política.

“Una medida inconveniente”

El encargado del área jurídica en la Fundación Libertad y Desarrollo, Edgar Ortiz, dijo a Perspectiva: “creo que no conviene tomar esa medida. Los medios electrónicos son una herramienta necesaria”.

Según Ortiz, la fundación que representa realizó un estudio de opinión según el cual el 20% de los consultados consideran que la elección no es imparcial. Además, un 31% manifestó temor ante posibles hechos de violencia política en el evento.

Para este analista, uno de los factores que inciden en el panorama electoral que se vive en este momento, es que se realizó un cambio de reglas muy importante que presentó retos complicados, los cuales generaron este caos, que “deteriora la imagen institucional del TSE”.

Celia Luna, politóloga de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), califica como “desafortunado” el tiempo en que el TSE salió con el acuerdo que se basa en la necesidad de resguardar la secretividad del voto. Sin embargo, en este aspecto también es desafortunada la temporalidad, puesto que la secretividad del voto se debe resguardar durante la votación, explica Luna.

Sin embargo, agrega, la respuesta de algunas organizaciones ha sido desproporcionada. Aparentemente, no hay una total comprensión sobre los alcances del acuerdo, que no afectará la presencia ni la labor de los observadores. El término secuestro tampoco es exacto,

Según Luna, la medida no es adecuada. Pretende evitar incidentes de violencia en centros de votación que tienen antecedentes de conflictividad electoral, pero finalmente resulta dañino para la fiscalización. “Los fiscales tienen que estar capacitados para saber qué hacer cuando existe algún indicio de irregularidad, y en ningún caso se esperaría que se comuniquen con sus respectivos partidos, sino con el jefe de mesa”, explica.

Una institución prestigiosa que pierde credibilidad

“Por primera vez en 34 años se critica al TSE con cuestionamientos tan serios. No recuerdo ninguna otra situación similar, aunque evidentemente se han producido algunos señalamientos”, afirma Méndez Ruiz, quien señala que “la guinda del pastel” en este proceso, es la reciente prohibición que impide el uso de dispositivos electrónicos a los fiscales de mesa.

“Es un resabio inaudito, que muestra las tendencias totalitarias que Iván Velásquez intentó implementar en Guatemala. Es la consecuencia de lo que inició cuando el TSE entregó la plataforma electoral a Velásquez, con un acuerdo espurio que no fue derogado. Hasta ahora, parece que el TSE no ha dado marcha atrás con el acuerdo que restringe el uso de celulares”.

En cuanto a la licencia de Schaad, Méndez Ruiz recuerda que

“Guatemala no es Colombia. No recuerdo la última vez que fue asesinado un juez. En 2011 fue trágico el asesinato del fiscal Allan Stowlinsky Vidaurre, pero estos hechos no son comunes en Guatemala, donde gracias a Dios, la violencia política se terminó hace mucho tiempo”.

Debido a que no existen antecedentes cercanos de hechos criminales contra operadores de justicia, Méndez Ruiz considera inaudito que Consuelo Porras otorgara ese prolongado permiso a Schaad. “Solamente podría explicarse en caso de una enfermedad grave. Si su integridad corre peligro, Porras debió asignarle a algunos de los 28 guardaespaldas que siguen protegiendo a la familia de la prófuga ex Fiscal Thelma Aldana. Si hay amenazas en su contra, debieran ser especificadas. Ya estamos cansados de que se denuncien falsas amenazas, como sucedió hace algunos años con el ex director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Fredy Peccerelli, quien denunció falsas amenazas más de una vez”, concluye.

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Aunque la consigna para el próximo proceso electoral es la nueva política, el hecho es que muchos de los actores relacionados con el evento son viejos conocidos de la ciudadanía porque, cuando no han sido candidatos, se han desempeñado como funcionarios o diputados. La mayoría de los que protagonizarán las elecciones han sido dirigentes de más de una organización política. Según concuerdan analistas del INCEP y ASIES, la experiencia previa en el quehacer político no es necesariamente un elemento negativo para quienes participarán. Mientras, Carlos Mendoza, de Semilla, asegura que su agrupación marcará la diferencia y es representante de la nueva política.

Redacción

Está muy en boga hablar de la “nueva política”. El término debe ser definido claramente, dice Celia Luna, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).

Según Luna, el término nueva política se generalizó a partir de 2015, bajo el impacto de las capturas por corrupción realizadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Aunque idealmente la nueva política debiera incluir “nuevas personas que ingresen a la arena política, esto no implica que todos serán nuevas figuras. Es importante oxigenar el sistema, pero la formación, el conocimiento y la capacidad, necesariamente derivan de la experiencia política”, señala.

Es importante definir ambos términos, menciona Luna. Vieja política es sinónimo de corrupción y esta, a su vez, es el beneficio privado o personal de la cosa pública o erario nacional. Igualmente, nueva, correspondería a una forma diferente de hacer las cosas, una forma diferente de manejar el gasto e incluir a la ciudadanía, concluye.

Carlos Mendoza, de Semilla, considera que: “estamos en una etapa de transición entre el modelo antiguo de hacer política y el actual, definido por nuevas reglas del juego. No tanto en el aspecto formal, sino en nuevas formas de ejercer la política”.

La principal expectativa de este nuevo modelo, afirma Mendoza, es la transparencia, una actitud más proactiva de los partidos. Las personas esperan más rendición de cuentas y es necesario que toda la ciudadanía se involucre en una fiscalización más estricta.

Las figuras políticas que provienen de ese modelo, derivado del statu quo, deberán aprender las nuevas modalidades, para competir en un clima de transparencia y sobrevivir, señala.

Según afirma, en Semilla hay nuevas caras y se promueve la participación de jóvenes. “Es tradicional que muchos jóvenes han trabajado arduamente para posicionar a determinados partidos y luego se han sentido decepcionados, porque se sintieron utilizados, desplazados por otras personas que no trabajaron en la articulación de organizaciones, pero que contribuyeron más con dinero que con trabajo. Esto es parte del clientelismo, una de las viejas prácticas de la política”, dice.

Otra situación que manifiesta la forma tradicional del quehacer político es que muchos afiliados nunca participan y poco tiempo después de las elecciones, se sienten defraudados por los partidos. Esto está relacionado con la democracia interna. Es deseable que los afiliados puedan tener voz y voto en las asambleas, lo cual es parte de las normativas existentes pero rara vez se pone en práctica. Que las dirigencias no impongan decisiones como la nominación de los candidatos, es otro de los retos que afrontan los partidos actuales para participar en un proceso que tiene como modelo ideal una forma de hacer política alejada de los moldes tradicionales, verticalistas y clientelares.

Finalmente, el analista del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), Ricardo Barreno, comenta que en principio, esperamos ver diferentes partidos y nuevos rostros. “Sin embargo, no existen nuevos liderazgos que tomen la batuta y el contexto exige un modelo nuevo, que implicaría nuevos actores y diferentes reglas del juego”.

Entre los muchos dirigentes de comités pro formación y partidos, predominan ex funcionarios de partidos que ya estuvieron en el gobierno y ex candidatos de organizaciones que se han desintegrado o han mutado. Al respecto, Barreno opina que si bien es importante renovar los cuadros, para ejercer la política es necesario tener experiencia. Y esta se obtiene ejerciéndola, señala.

Semilla apuesta por Aldana-Marroquín

“Hemos platicado con Thelma Aldana para evaluar la posibilidad de que participe como candidata con Semilla. Es muy conocida por su labor en la lucha contra la corrupción desde el Ministerio Público (MP). El movimiento Semilla surge como un comité pro formación de partido político, el primero en la historia del país en sacar su número de NIT. Otro elemento que nos alejó bastante de los partidos tradicionales es que no tuvimos la figura de financistas ni realizamos prácticas como la compra de paquetes de firmas a otras organizaciones. Nos llevó más de un año realizar un trabajo minucioso de recolección de firmas en todo el país y fueron miles las rechazadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), antes de llegar a los 22,700 adherentes que tenemos hoy”, comenta Mendoza.

Aunque Aldana no es una figura de la política partidaria ni ha participado en elecciones nacionales, su trayectoria la ubica como uno de tantos actores de la política, y en este caso, la política más tradicional. En mayo de 2014, cuando asumió la jefatura del MP, diferentes medios de comunicación la señalaron de resultar electa “en medio de un clima de presiones y especulaciones sobre los comisionados por parte de grupos paralelos”.

El director del diario elPeriódico, José Rubén Zamora, fue más lejos y mencionó que Aldana estaría relacionada con Gustavo Herrera, figura tenebrosa también asociada a Alfonso Portillo y al Frente Republicano Guatemalteco (FRG). En cuanto a nexos cuestionables, también se le vinculó con el “rey del tenis”, Roberto López Villatoro (ex esposo de Zury Ríos), de quien se ha mencionado reiteradamente que ofrecía prebendas a los juristas que se postulaban a diferentes magistraturas.

Al parecer, Aldana rectificó y se enfocó de lleno en la lucha contra la corrupción, de la mano del comisionado Iván Velásquez. Sin embargo, durante su gestión también se produjeron varios hechos que salpican la transparencia. Entre los más evidentes, la compra con varias irregularidades de un edificio para el MP en Q35 millones. Recientemente, se le cuestionó también por el cuantioso gasto en gasolina, guardaespaldas y varios vehículos, prebenda de la que goza gracias a una disposición firmada por ella misma.

Junto a la ex fiscal, podría participar el propietario del vespertino La Hora, Oscar Clemente Marroquín, quien desde 1986 ha participado esporádicamente en diferentes elecciones, con grupos de izquierda moderada.

Pollo ronco: un referente para la nueva política

Parecería una broma y en cualquier caso es paradójico, pero es parte de la coyuntura política actual. El ex mandatario Alfonso Portillo (2000-2004), primer ex presidente guatemalteco que fue extraditado a Estados Unidos y cumplió condena por corrupción, es uno de los actores más activos en la preparación de la campaña que se avecina.

Al mismo tiempo, el ex mandatario ha dado charlas públicas sobre su último libro: El nuevo pacto. Pacto ciudadano para una nueva política. El 8 de septiembre, dará una conferencia sobre el tema en Quiché, acompañado por su ex Canciller, Edgar Gutiérrez, y el ex alcalde de Quetzaltenango, Rigoberto Quemé.

En las redes se puede apreciar su actividad constante en la inauguración de diferentes sedes de Bienestar Nacional (BIEN), un partido que fue fundado por ex miembros de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Nineth Montenegro y su partido Encuentro por Guatemala (EG), son cuestionados por supuesto financiamiento irregular. Si se llegara a eliminar a este partido, cuya secretaria general se ha caracterizado por ejercer durante décadas una gestión como diputada enfocada en la fiscalización, el panorama electoral podría quedar “limpio” para organizaciones como la UNE o Semilla, potenciales favoritas de quienes enarbolan la transparencia como bandera.

Sin embargo, es necesario considerar que en política, todo puede mutar en un segundo. Y aunque la ex Fiscal General Thelma Aldana es presentada como la favorita de los adalides en la lucha contra la corrupción, para llegar a una segunda vuelta con Sandra Torres, un rumor comienza a circular: agotada la imagen de la ex fiscal, puede surgir una sorpresa.

Y este candidato sorpresivo, ¿por qué no?, podría ser una figura nueva, con discurso fogoso y apadrinado por Portillo, quien entre otros posibles aliados, podría contar con Mario Rolando Torres, del partido Unidos. Torres fue un miembro del gabinete durante el gobierno de “Pollo ronco”.

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