Los miembros de la Cámara Guatemalteca de Periodismo Mario Fuentes Destarac y Juan Manuel Rodríguez, mencionan la importancia de la libre expresión en las sociedades democráticas, mientras José Luis González Dubón expresó en una entrevista televisiva que los funcionarios deben tener capacidad para recibir críticas “fundadas e infundadas”. Esto, en un momento en que la pandemia ha llevado la censura a niveles de absurdo, en países con regímenes autoritarios, denunció Amnistía Internacional.

Roxana Orantes Córdova

Hace unos días, Amnistía Internacional publicó un artículo firmado por Olatz Cacho (responsable de países en esa organización), titulado Bulos y censura: la libertad de expresión ingresa a la Unidad de Cuidados Intensivos a consecuencia del coronavirus.

Según narra el activista, varios países de gobiernos dictatoriales han implantado medidas surrealistas de censura a la libre expresión. Por ejemplo, indica, en Turkmenistán, país del que poco se conoce, el presidente Bermujamédov prohibió el uso de la palabra “coronavirus” y quien la pronuncie, podría ser detenido. Este país tiene frontera con Irán, fuertemente afectado por la pandemia, y tiene como principal aliado comercial a China.

Según Cacho, China es un país “clásico en cualquier ranking sobre censura”. Palabras creadas para “nombrar lo innombrable” se usan en las redes sociales, mientras el gobierno elimina cualquier alusión que pueda ofender a las autoridades. “En Bolivia se ajustó la ley para encarcelar a quienes critican las medidas gubernamentales”, indica el texto citado, donde se agrega que en Hungría, Viktor Orbán logró modificar la ley para gobernar de forma indefinida y restringir ampliamente la libre expresión.

Camboya incluyó entre sus medidas de emergencia la vigilancia tecnológica y la censura. Y en Rusia, que según Cacho “merece párrafo propio”, el gobierno de Vladimir Putin prohíbe las fake news en su territorio, pero las promueve hacia el exterior. Por ejemplo, la Unión Europea dio a conocer que la pandemia era un arma biológica desarrollada en EE.UU.

“Aunque es positivo que cualquier gobierno luche contra las noticias falsas, no lo es si lo hacen en un lenguaje tan vago y amplio como para colar cualquier abuso y tampoco si ya han anunciado que permanecerán en vigor tras la pandemia. Este es el caso de Rusia, donde la excepcionalidad se va a quedar como norma”, señala el texto citado.

Lo más grave en cuanto a censura a la expresión es “matar al mensajero”, indica el artículo, donde se recuerda al médico chino Li Wenliang, quien alertó sobre el brote en Wuhan y terminó muriendo por coronavirus. Otros afectados en esta “pandemia de censuras” han sido: la doctora rusa Anastasia Vasilyevna, quien cuestionó la debilidad del sistema de salud; los periodistas Darvinson Rojas (Venezuela) y Mamne Kaka Touda (Nigeria), encarcelados en sus países por alertar de coronavirus y ambos actualmente libres.

El artículo concluye: “Estamos queriendo (llevamos tiempo ya) enseñar a nuestros mandatarios a defender y respetar la libertad de expresión. Nos costará, pero vamos a persistir”.

Guatemala en el contexto de la pandemia

El panorama anterior es de utilidad para poner a Guatemala en el contexto mundial. Por lo menos en dos momentos, se han producido hechos que podrían significar amenazas contra la libre expresión.

A mediados de marzo, el presidente Alejandro Giammattei expresó que “quien propague rumores y noticias falsas del coronavirus podrían ir a prisión hasta dos años”. Esta afirmación y la medida son totalmente comprensibles en un momento crítico, aunque tal como señaló el activista de Amnistía Internacional, se trata de medidas que por ningún motivo deberían mantenerse luego de la pandemia.

Recientemente, Vea Canal denunció que empresas telefónicas le restringieron el acceso a la frecuencia, con lo que no pueden transmitir. Según indicaron, esto es una represalia gubernamental.

José Luis González Dubón, constitucionalista, dijo en entrevista con ese canal: “como de una manera legal y constitucional es imposible acallar a un medio de comunicación, el gobierno urdió una maniobra en la que pudiera eventualmente decir que no tiene nada que ver, tirándole la carga a Claro y a Tigo. No sé quién lo asesora, pero las frecuencias son propiedad del Estado. Las empresas no son dueños de las frecuencias”.

González Dubón agrega que parte del ejercicio de la política es recibir toda clase de críticas fundamentadas e infundadas, y agregó:

“Creer que se puede  ejercer un cargo público sin ser criticado, es no tener los pies en la tierra”, dijo el jurista, quien añadió que en Guatemala los funcionarios tienen derecho de respuesta ante los medios, debido al derecho constitucional a cuestionar a los funcionarios (con o sin fundamentos). “Giammattei nunca ha hecho uso de su derecho de respuesta”,  agregó.

Mario Fuentes Destarac, quien ha presidido la CGP, enfatizó en que Guatemala es una democracia igual a todas las de Occidente, cuya base es la libertad de expresión. “Es lo que diferencia a las dictaduras de las democracias.

“La libertad de ideas y de expresión no pueden ni deben restringirse. Tampoco debe restringirse el derecho de los comunicadores a las fuentes de información, que deben ser abiertas”.

Sobre el caso de Vea Canal, expresó que hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial del gobierno sobre la restricción a este canal, el único en señalar que existe la restricción. Por ello, el panorama no está suficientemente claro, aunque:

“defiendo la irrestricta libertad de expresión para este y cualquier otro medio. Demando el respeto a la labor periodística y el cumplimiento del compromiso que asumió el Estado en 2012 sobre la protección a periodistas, que en Guatemala es un gremio muy vulnerable”.

Por su parte, Juan Manuel Rodríguez coincide en que es imprescindible respetar el derecho a la libre expresión, si bien considera que los comunicadores deben evitar cualquier expresión que atente contra la vida privada de otras personas, así como la calumnia, la injuria y difamación.

Rodríguez señaló: “no hay que traspasar de la libertad al libertinaje. No por ser un derecho se debe cometer un delito como calumnia o difamación. No es correcto”.

En el caso de Vea Canal, comentó: “sería muy grave si las telefónicas hubieran recibido algún tipo de presión gubernamental. El gobierno no tiene derecho a cerrar un medio, tampoco a presionar a las empresas. Incluso cuando el medio haya tenido expresiones impropias”, concluyó.

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Aunque Sandra Torres desistió de las medidas legales contra los editores de un diario nacional, su imagen de autoritaria y capaz de llegar a la censura podría restar la escasa popularidad que tiene entre la población urbana, señala el analista Edgar Ortiz. Entretanto, el “hashtag” #No nos callarás, podría convertirse en un lema similar al #No te toca, dirigido a Manuel Baldizón en 2015.

Roxana Orantes Córdova

Ampararse en la Ley de Femicidio para impedir que un medio de comunicación escribiera cualquier cosa sobre su persona, en plena campaña electoral, fue un error político de Sandra Torres, han comentado varios emisores de opinión. Pero más erróneo si se puede, fue retractarse luego del rechazo generalizado que amenazó con montarle una campaña de antivoto como la de Baldizón a la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Las dos gremiales de periodistas, Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP), diferentes columnistas y analistas políticos, así como el relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, coincidieron en rechazar el amparo otorgado a Torres.

Según el relator, los candidatos deben someterse a la auditoría social, así como a las críticas. Además, dijo a los medios que la censura previa está prohibida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En la legislación guatemalteca, el artículo 35 de la Constitución Política de la República garantiza la libertad de expresión.

El representante legal de la Fundación Libertad y Desarrollo, Edgar Ortiz, expresó que la actitud de Torres contra el medio que intentó censurar legalmente generó de forma inmediata un rechazo grande entre la población urbana, donde el “antivoto” contra Torres es elevado.

Según afirma Ortiz, la actitud de la candidata contribuyó a encender la mecha del rechazo entre el sector que no la favorece, aunque de forma similar a lo que sucedió en 2015 con la campaña “No te toca” contra Baldizón, el voto duro del candidato no fue afectado, como podría suceder con el de Torres.

Sin embargo, con su acción mostró su carácter autoritario. Fue una afrenta a la libertad de expresión y sin duda, retractarse fue una respuesta ante la oleada de comentarios adversos, el inicio de lo que podría convertirse en una campaña masiva en su contra y sobre todo, a la posición de la CIDH.

“En lo legal, existe jurisprudencia con el caso Canese vs. Paraguay, donde se determinó que los límites de la libertad de expresión son más amplios cuando se trata de funcionarios y políticos, con quienes el escrutinio público debe ser mayor”.

El mensaje de esta situación es claro: los políticos que participan en campaña deben ser más tolerantes y los jueces, no deben inmiscuirse en temas como la libertad de expresión, que no les competen, concluye Ortiz.

Mañana, la Corte de Constitucionalidad (CC), resolverá sobre la solicitud del Ministerio Público (MP), para que se le retire la inmunidad a la candidata, señalada de financiamiento electoral ilícito. De ser así, Torres quedaría fuera de la contienda, pero si se mantiene la inmunidad, entraría a competir con una debilidad: su acción la señaló como una figura autoritaria.

Un antecedente que garantiza la libertad de expresión en época electoral

Ricardo Canese fue candidato a la presidencia de Paraguay. En los medios de su país denunció presuntas vinculaciones de otro candidato, Juan Carlos Wasmosy, con el ex dictador Alfredo Stroessner en hechos de corrupción. Canese fue condenado por difamación y el proceso en su contra duró más de 10 años, durante los cuales se le impidió salir de su país.

Finalmente, luego de presentar su caso ante la CIDH, fue absuelto y se condenó al estado paraguayo por violar el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. El referido tribunal enfatizó en que, “particularmente en contextos electorales, ese derecho debe garantizarse en el debate político. Es preciso que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, así como disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, de manera que los electores puedan formar su criterio para votar”, indicó la sentencia de la CIDH.

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Durante las primeras horas de la tarde, el Movimiento Cívico Nacional (MCN), acudió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para presentar un recurso de amparo contra un acuerdo recientemente aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que pretende regular las entrevistas y debates electorales que se transmitan en medios de comunicación. El intento de censura ha motivado una inmediata reacción ciudadana y si bien funcionarios del TSE afirmaron que “están abiertos” a revisarlo, es un hecho que la ciudadanía no aceptará un proceso donde la censura a la libre expresión sería uno de los indicadores. Aunque se conoció que el TSE habría suspendido la entrada en vigencia del reglamento, queda pendiente que el ente electoral informe a la ciudadanía la identidad de los responsables y que la normativa de censura sea derogada, no suspendida.

Roxana Orantes Córdova

La libre emisión del pensamiento podría convertirse en historia, si el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no recapacita y deroga un reglamento que, a criterio del candidato presidencial de Encuentro por Guatemala, Manfredo Marroquín, parece “cosa de locos” y que ha sido calificado cuando menos de inconstitucional por diversas voces airadas que reaccionan ante uno de los pocos puntales que sostienen la precaria democracia guatemalteca: el derecho a la libertad de expresión.

El abogado Giovanni Fratti dijo que el proyecto de censurar y regular la libre expresión en medios es una aberración, mientras el penalista Omar Barrios expresó en sus redes: “les dije que no era buena idea que la CICIG interviniera en el TSE”.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Industriales, Comerciales y Financieras (CACIF), reaccionó el 10 de marzo, con un comunicado en el que afirma:

“Se observa una clara amenaza contra la libre emisión del pensamiento, la libertad de asociación, la oportunidad de debatir ideas y el ejercicio de los derechos políticos, entre otras garantías.

Consideramos importante que dicho reglamento se deje sin efecto de inmediato para permitir que organizaciones civiles y medios de comunicación puedan cumplir con su rol a cabalidad en el marco de la campaña electoral”.

La posición de la gremial de empresarios fue secundada el lunes con un editorial y dos columnas de opinión en medios escritos que se pronunciaron al respecto. Igualmente, entre domingo y lunes, el MCN, la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP), la Fundación Libertad y Desarrollo, Guatemala Visible, Guatemala Inmortal (GI), que presentó una acción de amparo por inconstitucionalidad, la Alianza Evangélica y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), coincidieron en denunciar que el acuerdo citado transgrede la Constitución Política de la República y normativas internacionales de derechos humanos. Probablemente, muchas otras agrupaciones y personas individuales se sumarán al reclamo para que se derogue el polémico acuerdo.

 Confusión y censura en las elecciones 2019

Poco antes de presentarse ante la CSJ para interponer el recurso de amparo, el presidente del MCN, José Echeverría, dijo a Perspectiva: “Ayer nos pronunciamos sobre ese acuerdo, que motiva gran preocupación porque pretende limitar y dirigir la libertad de expresión, que es un derecho constitucional que también consta en tratados internacionales de derechos humanos”.

Según afirma, la previa autorización de una entidad para emitir opinión, es sencillamente censura y restricción a la libertad de expresar opinión pero también a la libertad de informarse libremente. “La opinión jamás puede ser supervisada por un ente de gobierno”, expresó.

Otro aspecto que según Echeverría resulta preocupante, es la falta de reglas claras en este proceso. “El TSE no puede publicar un reglamento y luego esconderlo, quitándolo de su página. No es una conducta sana. El TSE debe publicarlo y luego anular lo reglamentado”, dijo.

En torno a la acción de inconstitucionalidad presentada hace varios meses a la Corte de Constitucionalidad (CC) por la CGP contra artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que fundamentan las violaciones a la libre expresión, Echeverría lamenta que la CC haya extendido tanto el plazo para resolver, considerando que “la libre expresión es un tema primordial para la democracia”.

El politólogo Ricardo Barreno, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), que es parte del Mirador Electoral, considera que la ambigüedad y la incertidumbre son características de este proceso electoral que cada vez están más marcadas. “Luego de los comunicados del CACIF y Mirador Electoral, el TSE anunció que revisarán el acuerdo”.

Según Barreno, es urgente que el TSE implemente una estrategia de comunicación interna, puesto que “no es posible que la unidad encargada de monitorear medios de comunicación no supiera que existía ese acuerdo”, concluye.

Cuando a la censura se agrega la opacidad

Uno de los hechos insólitos en torno a un acuerdo que parece una mala broma, es que la directora de la Unidad de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del TSE, Rosa María Bolaños, haya dicho a los medios: “Desconozco el acuerdo. No fue creado en la unidad de medios”.

A ello, la presidenta de la CGC, Sylvia Gereda, expresó en sus redes: “Ante un tribunal debe responder Bolaños si ella o quién fue la autora del reglamento censura. Es indignante…el peor @TSEGuatemala en la historia de Guatemala. Jamás, nunca renunciaremos al derecho de libertad de expresión, porque sin libertad de expresión, simplemente no hay libertad”.

Por su parte, la presidenta del TSE, María Eugenia Mijangos, dijo a los medios: “nosotros estamos abiertos y vamos a revisar”. Poco después, agregó que debido a que el reglamento levantó “tanta expectativa y críticas”, “no hará públicos los nombres de los asesores que presentaron el reglamento”.

A lo anterior, Ricardo Méndez Ruiz señala que Mijangos seguramente no conoce las leyes guatemaltecas, considerando que existe la Ley de Libre Acceso a la Información.

¿Censura y obligaciones de los medios por acuerdo?

Lo más probable es que un reglamento que motivó indignación y recelo social sea derogado. Un indicio es su eliminación de la página del TSE. Sin embargo, la intención de implantar un régimen de censura gubernamental a los medios de comunicación, es una característica de los regímenes totalitarios, sean fascistas o comunistas. Y, por el momento, Guatemala es un país democrático que se prepara para celebrar elecciones libres.

El acuerdo que motivó tantos descontentos consta de 22 artículos. En estos intenta reglamentar la forma en la cual los medios deberán realizar sus coberturas a los candidatos, incluyendo los espacios de debate.

Un elemento sorprendente del acuerdo, es que pretenda incidir en las líneas editoriales de los medios, al exhortarlos para que “fomenten la educación cívica, la cultura política democrática y la participación ciudadana” (tareas que evidentemente competen al TSE y nunca a empresas de comunicación).

En un universo totalitario, los medios de comunicación notifican al órgano censor del Estado sobre los contenidos que pretenden publicar. El reglamento fallido del TSE señala que esa entidad “aprobará la programación sobre las entrevistas y foros. Aparte de esa “aberración” (como la calificó Fratti), pretende regular el tiempo de los programas: no más de 120 minutos, y de las intervenciones: 10 minutos por candidato. El extremo de esta pretensión es que pretenden indicar los temas que deberán debatirse y exigirá que se sorteen las intervenciones.

El penalista y analista de medios Omar Barrios escribió un extenso análisis sobre el tema, en el que afirma: “De un «libertinaje electoral» ilegítimo pasamos a una «censura política» ilegal. Mala enfermedad, pésima la medicina y el TSE nos lleva a un resultado electoral sin legitimidad”.

El ente electoral está llamado a ejercer jurisdicción electoral sobre las organizaciones políticas, no sobre los ciudadanos, señala Barrios, quien añade que otro de los atropellos es que no permitirá a extranjeros ser moderadores en foros políticos.

“Lo peor es que el reglamento es tan mediocre que copia definiciones de Wilkipedia”, dice Barrios, quien recuerda que la Unidad de Medios nació controlada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esto consta en la cláusula segunda, literal C, del acuerdo entre la CICIG y el TSE.

A lo anterior, añade que la mencionada unidad no tiene capacidad para controlar la totalidad de los medios, por lo que el intento de censura pareciera estar dirigido a los medios independientes, “a los que perjudiquen a los protegidos”.

Finalmente, Barrios insta a los magistrados a enmendar la situación y señala: “Ojalá sus actuaciones fueran para que el RENAP funcione para empadronar a 1.5 millones de jóvenes que están fuera del padrón porque el sistema del RENAP fue un fracaso. Que organicen bien los comicios y que no sigan censurando un proceso electoral carente de información para la población”.

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Tres periodistas con amplia experiencia comentan el intento de cinco diputados para reformar dos artículos del Código Penal que pretenden castigar penalmente la libertad de emisión del pensamiento. Mario Fuentes Destarac, presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo; Estuardo Gasparico, director de noticias del Grupo A, y Carlos Menocal, ex ministro de Gobernación, señalan que el intento de los legisladores evidencia ignorancia de las leyes vigentes y pretende atentar contra el derecho más representativo de la democracia: la libertad de pensamiento y expresión.

Roxana Orantes Córdova

En la novela 1984, Georges Orwell habla de una sociedad en la cual los ciudadanos estaban divididos en castas. La mayoría vivía bajo el control de las “telepantallas”, que analizaban detalladamente hasta las palabras que las personas expresaban mientras dormían. El Estado orweliano tenía expertos en leer los labios. Escribir cualquier pensamiento privado era uno de los delitos más graves, que podía llevar a la pena de muerte.

Durante la década del setenta, en Cuba estaba prohibida la lectura de cualquier texto que no respondiera a los dictámenes de los censores oficialistas. Pero además, estaba prohibido escuchar música de José Feliciano, Julio Iglesias y otros, simplemente porque estos artistas no eran afines al régimen.

Esos son los extremos a los que la censura puede conducir a una sociedad basada en la intolerancia y la coerción del pensamiento. En 1994, la Declaración de Chapultepec, uno de los marcos referenciales de la libre expresión, señaló:

“Aún persisten países con gobiernos despóticos que reniegan de todas las libertades, especialmente las que se relacionan con la expresión”. Esta frase puede aplicarse a Venezuela, donde según un informe de Espacio Público (enero – abril 2018):

“La “Ley contra el odio” que, entre otras cosas, castiga las expresiones de odio hasta con 20 años de prisión, se empezó a aplicar este año. Entre enero y abril de 2018, este instrumento fue utilizado en al menos ocho oportunidades contra trabajadores públicos, manifestantes procesados judicialmente, miembros de la Iglesia Católica, y como una forma de hostigamiento contra comunicadores para exhortarlos a “suavizar” su línea editorial, sobre todo cuando abordan temas que evidencian la crisis social, en materia de salud y alimentación”.

Algo similar a la “Ley contra el odio” es la propuesta de los cinco legisladores guatemaltecos: Delia Bac y su hija, Eva Monte Bac, de Alianza Ciudadana (grupo surgido del transfuguismo posterior a la elección de 2015); Dolores Beltrán (LIDER y MR); Karla Martínez, hija de la diputada Sofía Hernández, ambas electas por LIDER y actualmente en Alianza Ciudadana y Estuardo Galdámez (PP y FCN).

Los diputados proponen incorporar las literales P y Q al artículo 407 del Código Penal. En el primer caso, se pretende crear el delito de “acoso político”, que pena con prisión a quien realice actos de presión y hostigamiento a los postulantes o electos a puestos políticos.

La segunda literal propone crear el delito de “violencia política”, que pena con cárcel de entre dos y cinco años a quien “realice agresión física, psicológica o cualquier otro tipo de coacción contra postulantes o electos”.

Según dijo a los medios Monte, quienes critiquen sin fundamento o ataquen a un político a través de las redes, debieran ser rastreados para sancionarlos.  Diversos cuestionamientos han sido publicados en los medios contra estos cinco legisladores, pero la crítica más reciente, expresada por conocedores de la ley y periodistas experimentados, es que al parecer, no están familiarizados con el Artículo 35 de la Constitución Política de la República.

Las pretensiones de modificar el Código Penal seguramente quedarán en un intento por resguardar de la opinión pública los delitos de funcionarios y políticos. Sin embargo, en una sociedad democrática, la crítica y las denuncias contra estos personajes son un derecho y la libre emisión del pensamiento está blindada por diferentes leyes, coincidieron los entrevistados.

Aunque el tema se diluya y la propuesta de censura quede como una más entre tantas que se engavetan en el Congreso, vale la pena conocer el objetivo de este intento de censura generalizada, que abarca la penalización hasta los chistes y “memes” de las redes.

La opinión de los periodistas

“Aprendí que los periodistas somos almas salvajes que galopan junto a la libertad de expresión”, dice Menocal en su blog de Relato GT. Es decir, sin libertad de expresión, no puede haber periodismo.

Consultado por Perspectiva, afirma: “para empezar, la libre expresión y de pensamiento son dos derechos humanos universales. A todas luces, la libertad de expresión es un derecho garantizado en un artículo constitucional que a todas luces sería violado si se aprueba este aberrante proyecto, concebido como respuesta a los esfuerzos ciudadanos contra la corrupción y la impunidad. Es imposible imponer una coerción de esa naturaleza contra la libre expresión, no solo de los medios sino de la ciudadanía en general”.

Estuardo Gasparico señala: “muchos diputados actúan sin saber los fundamentos de lo que están haciendo. Este intento de instaurar la censura, solo muestra la profunda ignorancia de estos señores sobre la Constitución de la República, especialmente el artículo 35, donde se garantiza que cualquier funcionario o persona que reciba ingresos del Estado, está sujeta a la fiscalización de los ciudadanos y, por supuesto, de los medios.

Tratar de acallar la crítica, o simplemente limitar a los medios, es realmente un intento lamentable que seguramente no tendrá eco. Considero que estos entuertos no merecen atención. Sería el colmo que este intento de reforma pasara al pleno. En cualquier caso, denota la ignorancia o probablemente una intencionalidad malévola en un año electoral. Estos señores seguramente tienen mucho qué ocultar”.

Entretanto, la Cámara Guatemalteca de Periodismo denunció el intento de censura a través de un comunicado. Además, esta instancia accionó contra artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que también atentan contra ese derecho.

El presidente de esa cámara, Mario Fuentes Destarac, dijo a Perspectiva: “la libre expresión de las ideas posibilita a todos los habitantes de un país a externar su conciencia. Es un derecho fundamental. Paco Pérez de Antón dice que si bien no existe jerarquía en materia de libertades, la libertad de expresión de ideas es la más elocuente”.

Fuentes explica que cuando se conculca este derecho, “se está derrumbando la primera trinchera. Es fácil que todos los demás derechos se violen si se cae esta trinchera”. Y  agrega:

“Que se intente coartar es muy dañino para la sociedad. Estas modificaciones lo que hacen es resucitar el delito de desacato, abatido en 2006 por un fallo de la Corte de Constitucionalidad”.

Según dice, “Guatemala ha avanzado significativamente en materia de emisión del pensamiento, existen avances en cuanto al libre juego de opiniones, que era inexistente en la década del ochenta. La sociedad ya no es pasiva y silenciada. El juego de opiniones es la sangre de la democracia. Es insensato pretender volver al pasado, al oscurantismo. Defendemos a capa y espada esa conquista social”.

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Por: J. Roberto Dardón L.

Continuando la entrada anterior, intentaré responder y ampliar la pregunta dejada el finado historiador Ordoñez Jonama en su ya citada obra de crónica histórica, ¿habrá justicia detrás de la censura, ―a lo que agregaría― sea gubernativa o de grupos de interés?

En dicho sentido opino que hay peculiares patrones conductuales en la burocracia, particularmente la del sector público. Pareciera que sentarse tras un escritorio o mostrador los convierte en un elegido por la providencia.  Quizás por eso, sus actitudes migren rápidamente desde lo indolente, pasado por lo altanero hasta llegar a lo servil. Recurro a esta conjetura debido al reiterado habito de personajes de “cuello blanco” en servir de orejas para sus amos temporales ―los políticos o poderosos―; poniéndolos al tanto de cuanto medio de comunicación que se atreva informar sobre verdades incomodas de quien, de alguna u otra forma, ejerce el poder sobre las personas.

Hace más de dos semanas expuse una de tantas anécdotas, hoy históricas, que han marcado el tortuoso camino de la libertad de expresión. El siguiente hecho ocurrió en época más reciente, durante los años álgidos del enfrentamiento armado interno en Guatemala. De esa época hay muchos sucesos contra diversos medios de prensa, radio y televisión perpetrados tanto por el gobierno como los grupos de radicales fuera de la ley, tanto de izquierda como de derecha.

Según el archivo hemerográfico del matutino “Prensa Libre”, una víctima de este fuego cruzado fue el desaparecido telenoticiero “Aquí el Mundo” (1976-1989), que trasmitía por Radio Televisión de Guatemala (hoy conocido como “Canal 3”). Tengo vagos recuerdos tanto del mismo como de su contraparte “Tele-Prensa” del canal 11; pero a diferencia de este último, cuya línea editorial era moderada, quienes recuerdan el informativo del “3” declaran que “era uno de los medios preferidos por la población”.

Los, hoy, ancianos preferían “Aquí el mundo” siendo simpatizantes de derechas (entre agraristas, desarrollistas, conservadores y liberales), se identificaban con las duras críticas que hacía contra los gobiernos de turno el director y presentador ancla del noticiero. Hablamos del polémico jurista, economista y periodista Mario David García Velásquez (1946).

Por su militancia política en el Central Autentica Nacionalista, otrora plataforma política ―centroderechista― del Aranismo, se le ha juzgado, por años, de representar a la extrema derecha, cuando históricamente dicho adjetivo corresponde más al Movimiento de Liberación Nacional. A diferencia de otras derechas (estatistas por excelencia), el CAN fue el primer partido en recibir a aspirantes de tendencia política y económicamente liberal a un puesto público desde 1944. Por lo anterior “Aquí el mundo” tenía influencia en la opinión pública sobre el acontecer nacional.

Por eso este informativo fue blanco de agresiones directas de los poderosos. La primera fue el 10 marzo de 1981 a causa de la captura de un mensajero guerrillero perteneciente a la ORPA en sus instalaciones.  En un aparente acto de venganza, la respuesta de la subversión fue una bomba que explotó anexo a la vivienda de García Velázquez. Luego del suceso optó, junto con su familia, por el exilio. Pero la libertad de expresión de este medio volvió a ser truncada varios años después, sólo que en esta ocasión fueron las autoridades gubernativas quienes dispusieron darle una lección.

Entre 1982 y 1986 Guatemala experimento una transición de la democracia restringida, imperante desde 1966, hasta su reapertura plena entre 1984 y 1985, al ser aprobada la sexta constitución republicana desde 1847.  En este nuevo modelo, los militares cedieron su cuota de poder político al sujetarse a la Constitución y las disposiciones democratacristianas; siendo este partido de centroizquierda el elegido democráticamente por los pueblos de nuestra nación.

Pero tres años después la DCG caía en desgracia, pues a raíz de la pésima gestión pública, ―degenerada en corrupción sistemática― pero especialmente por las reuniones secretas entre el gobierno y los guerrilleros. Por estos hechos hubo dos intentos de golpe de Estado en mayo de 1988 y mayo de 1989 contra el gobierno.  Existía un ambiente de desconfianza entre personajes y sectores políticamente marginados desde 1985 quienes, no sin fundamento, veían con malos ojos los enfoques, inclinaciones y acciones del gobierno de Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Uno de estos personajes fue García Velázquez quien apoyó en forma abierta a los directamente implicados dándoles espacio de expresión en su telenoticiero.

Pero antes que pudieran seguir declarando los responsables de la asonada, el gobierno mandó suspender la frecuencia de canal 3 en mayo de 1989.  Los procesos judiciales contra los golpistas civiles y militares tuvieron resultados divergentes. Algunos de los militares recibieron condenas carcelarias, otros fueron transferidos de sus comandos y algunos más fueron diplomáticamente exiliados a países lejanos. En cuanto a los civiles, estos fueron vistos como héroes de la libertad tanto por los medios de comunicación como por la entonces sociedad civil, bastante más amplia y plural que hoy en día.

En la siguiente entrada seguiremos tratando sobre las implicaciones políticas y sociales que conlleva la expresión del libre pensamiento en los tiempos cercanos a la llamada “paz firme y duradera”.

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La Asamblea Nacional Venezuela aprobó este martes un proyecto sobre los actos de censura oficial a medios de comunicación independientes y a periodistas nacionales e internacionales, incluyendo la censura a CNN en Español.

El acuerdo tiene en cuenta los lo ocurrido con los periodistas de Transparencia Venezuela, Jesús Urbina y María José Tua, detenidos con corresponsales brasileños cuando investigaban el caso de corrupción Odebrecht en el país.

 El acuerdo además rechaza la decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) para que los proveedores de señal por cable sacaran a CNN en Español del aire, días después de que CNN emitiera una investigación sobre la presunta emisión fraudulenta de pasaportes y visas venezolanas.

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó a esta cadena de realizar la que definió como «una operación mediática imperial» contra su país por la emisión la semana pasada de «Pasaportes en la sombra».

El director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Andrés Eloy Méndez, señaló el jueves pasado que la decisión está sustentada en leyes venezolanas y dijo que CNN en Españól se «convirtió en un cañón de instigación de violencia en el país, al odio religioso y político».

La comisión acusó a CNN en Español de calumnias y distorsiones y dijo que la cadena estaba violando los derechos de libertad de expresión protegidos por la Constitución venezolana.  En un comunicado, CNN en Español rechazó el acto de censura y confirmó que seguirá cumpliendo su compromiso con el público de Venezuela, así como con la verdad y la transparencia.

La presidenta de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación, Adiana D’Elia, opositora, dijo este martes que el acceso a la información es un derecho.   La diputada opositora Larissa González dijo que es “muy malo” para el Gobierno que el mundo se entere que funcionarios están involucrados en narcotráfico y venta de pasaportes ilegales.

La semana pasada en Caracas, grupos oficialistas, así como gremios de periodistas y trabajadores de la prensa acudieron hasta la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Entre los partidarios del gobierno venezolano, un grupo de motorizados instó a Conatel a cerrar totalmente la señal de CNN en las cableoperadoras del país.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro,dijo que Venezuela refuerza «un régimen de censura previa incompatible con los instrumentos interamericanos que prohíben la censura para informaciones de notorio interés público«.

Fuente: CNN

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