El Centro de Investigaciones económicas Nacionales (CIEN) considera que el Ministerio Público (MP) es la institución con mayor eficiencia del sector seguridad y justicia, al lograr reducir la mora fiscal y mantener su efectividad.

Redacción Pespectiva

La Coalición por la seguridad Ciudadana, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala –FUNDESA- y el Centro de Investigaciones económicas Nacionales –CIEN- presentaron la sexta entrega del Flujograma de la Justicia Criminal actualizado al año 2020.

Durante la presentación del Flujograma, el CIEN reconoció los avances del MP especialmente en los esfuerzos por disminuir la mora fiscal de los años anteriores.

 “El Ministerio Público mantuvo su eficiencia individual sobre el 100% (111%), lo que significa que resolvió más casos de los que entraron, disminuyendo la mora fiscal de años anteriores”, indicaron los expertos del CIEN.

El Flujograma presenta las mejoras continuas de todas las instituciones del Sector Seguridad y Justicia en Guatemala que son evaluadas con base al desempeño de las mismas.

De acuerdo con el CIEN, el año 2020 se presentó con el reto de la pandemia debido a la Covid-19, sin embargo, las instituciones realizaron esfuerzos articulados para seguir prestando los servicios de manera propia y oportuna a la población guatemalteca.

En el caso del Ministerio Público, el trabajo continuo brindó las respuestas oportunas, es por eso que cuando se analiza el desempeño de la institución se obtiene una eficiencia arriba del 100%.

David Casasola investigador del CIEN destacó que: “Durante el 2020 las instituciones experimentaron una curva de aprendizaje de cómo prevenir contagios y continuar actividades, manifestando que el Ministerio Público mantuvo su efectividad por encima del 100%”

Por su parte, Fanuel García Morales, Director General de Inacif, resaltó que la presencia del Ministerio Público en todo el país va a traer mejores resultados en el Sistema de Justicia, por otra parte, Otto Recinos, director Ejecutivo de la Defensa Pública Penal argumentó que espera poder seguir los pasos del Ministerio Público con la cobertura total y presencia en todos los municipios del país, esperando que el presupuesto general de gobierno se los permita.

Durante su participación la Fiscal General y jefa del MP, Consuelo Porras resaltó que la institución se adaptó a una nueva forma de trabajo, desde el inicio de la pandemia instruyó la creación del comité de emergencia institucional de COVID-19.

Asimismo, enfatizó que el Ministerio Público ha logrado fortalecer el proceso de modernización tecnológica implementando la plataforma de atención victimólogica -Ayuda.GT-, la plataforma de denuncias electrónicas, así como mejoras al portal web con un asistente electrónico con atención 24 horas-

En el marco del esfuerzo de modernización tecnológica, en julio de este año se estará presentado el nuevo sistema informático para la resolución estratégica de casos y atención a víctimas del Ministerio Público, el cual será un modelo sin precedentes en el sistema de justicia latinoamericano, señaló Porras.

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El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), presentó la actualización de su Observatorio #COVID 19, financiado por el Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE), que tiene como objetivo transparentar la respuesta gubernamental a través de un seguimiento periódico al gasto público destinado para responder a la pandemia, indica el CIEN.

Roxana Orantes Córdova

El encargado del Observatorio, Jorge Lavarreda, investigador asociado del CIEN, mencionó que hasta septiembre de 2020 se habían presupuestado Q15,339 millones para responder al COVID-19. De este monto, se ha ejecutado el 65%.

Otro dato aportado por Lavarreda es que Q14,610 millones (95.2%), corresponden a programas creados por los Decretos 12, 13 y 20-2020, para hacer frente a la emergencia. Para explicar de forma sencilla y determinar cómo se priorizan los recursos, los programas fueron agrupados en cuatro categorías:

Apoyo a personas, Apoyo a empresas, Servicios de salud e Infraestructura, explicó Lavarreda. Entre agosto y septiembre se avanzó un 18.2% en la ejecución presupuestaria de esas categorías, resaltando que donde más se avanzó fue en Apoyo a Personas, con un 82.9% de ejecución al bono familia.

Sin embargo, en la misma categoría, el Programa de Agricultura Campesina lleva una ejecución de 0%, por contratiempos en el proceso de adquisición, y el Programa de Dotación Alimentaria muestra solamente un 3.3% de ejecución.

Apoyo a empresas fue un rubro que llegó al 17.8% de ejecución, gracias a las transferencias al Crédito Hipotecario Nacional para los Fondos de Protección de Capitales, Crédito de Capital de Trabajo y de Protección al Empleo.

Sin embargo, no se ha ejecutado el fondo para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a través de Banrural, dijo el experto, quien agregó que en Servicios de Salud, las adquisiciones se centran en tres renglones de gasto:

 1) Útiles menores, suministros e instrumental médicoquirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud (47.8% del presupuesto vigente),

 2) Elementos y compuestos químicos (28.6% del presupuesto vigente),

3) Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio (23.4% del presupuesto vigente).

La categoría de Infraestructura reportó avances por las adquisiciones en el programa correspondiente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), aunque tuvo “nula ejecución en las obras de infraestructura de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y los cinco proyectos de infraestructura del Ministerio de Salud”, explicó el experto.

Además, mencionó que los programas Caja Saldremos Adelante, Apoyo al Comercio Popular, Subsidio a la Energía Eléctrica y el Bono de Riesgo a Personal de Salud pueden categorizarse como “finalizados”, mientras que Alimentación Escolar y Bono Familia en “avanzados” y los programas de Protección al Empleo y Crédito para Capital de Trabajo en “etapa intermedia”. Resaltan el Programa Adulto Mayor y Dotación Alimentaria como “rezagados”.

“Sí es posible dar seguimiento a la ejecución presupuestaria de los recursos asignados por el Gobierno Central para responder a la pandemia del COVID-19” indicó Lavarreda y concluyó, no obstante, que “hay algunos programas que hacen transferencias o anticipos a otras entidades, por lo que es crucial que éstas proporcionen información adicional para determinar la ejecución presupuestaria de la entrega o prestación de esos servicios. El tablero de control del COVID-19 del Ministerio de Finanzas permite monitorear los diferentes programas, pero es necesario profundizar sobre las causas de los distintos niveles de ejecución en las diferentes categorías, con el fin de mejorar su desempeño y el diseño de los programas en el futuro”.

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Cerca de mediodía, la coalición por la Seguridad Ciudadana y su brazo técnico, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), presentaron vía zoom el documento llamado Flujograma de la Justicia Criminal, comentado por la Fiscal General Consuelo Porras como una herramienta útil para la aplicación de la justicia.

Redacción Perspectiva

Desde hace diez años, el sector privado organizado integró el tema de seguridad y justicia en el programa Mejoremos Guate. A partir de 2012, Mejoremos Guate y CIEN firmaron un acuerdo con el Estado guatemalteco para realizar un plan estratégico en dos etapas: eficiencia del gasto y un plan.

Esto incluyó la implementación de un Centro de Observancia. En 2014, como resultado de un Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE), se instaló la Coalición por la Seguridad Ciudadana y se nombró brazo técnico al CIEN.

En 2016, se firmó con las instituciones de seguridad y justicia del país el proyecto “Elaboración de una Estrategia Nacional de Seguridad y Justicia, en el marco de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala” con el fin de trabajar hacia un mismo rumbo.

Hoy, esta coalición, que integra a instituciones, empresarios y académicos, presentó el Flujograma de Justicia Criminal:

“Una herramienta que mide los niveles de eficiencia de las instituciones de seguridad y justicia (Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Organismo Judicial, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Instituto de la Defensa Público Penal y Sistema Penitenciario”.

Una herramienta de utilidad para el MP

La jefe del MP, Consuelo Porras, afirmó que: “elflujograma tiene como objetivo medir niveles de eficiencia de las instituciones que conformamos el Sistema de Seguridad y Justicia, a través de un abordaje integral y sistémico que identifica los principales obstáculos o “cuellos de botella” en nuestra labor.

La funcionaria agregó que el estudio es sumamente valioso para el MP, “ya que nos refleja una perspectiva objetiva, imparcial y ajena a la institución, lo cual nos brinda un parámetro real respecto al trabajo que realizamos día con día»

«En este sentido, quiero comentarles que en dos años de gestión al frente del MP, se ha logrado un aumento significativo en la eficiencia de la institución, lo cual es positivo para la justicia penal guatemalteca, y es una muestra de que vamos por el camino correcto».

«Este estudio, nos hace un llamado a intensificar el trabajo articulado y coordinado entre las diferentes instituciones que conformamos el sistema de seguridad y justicia, ya que la reducción de la violencia y criminalidad en el país es tarea de todos», dijo la Fiscal.

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Por: Roxana Orantes Córdova

En esta entrevista, el economista Jorge Lavarreda, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN),  explica las implicaciones de que el país se endeude sin aplicar los mecanismos necesarios para garantizar el manejo transparente de los fondos públicos.

Hace unos días, el Congreso aprobó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  por US$ 150 millones, que se destinarán a la educación. Se pretende construir dos mil aulas modulares, equipar bibliotecas y escuelas, capacitar maestros y remozar tres mil escuelas.

Uno de los opositores al préstamo, Fernando Linares Beltranena, considera que idealmente, el dinero de la ejecución debiera salir del presupuesto del Estado. Aunque votó a favor, la también legisladora Nineth Montenegro coincide en que lo deseable es que el remozamiento y equipamiento de escuelas debiera salir de los gastos de funcionamiento.

Sin embargo, esto no es así y los gastos de funcionamiento del Estado nunca son suficientes para equipamiento de escuelas, hospitales o investigación científica. De ser gestionados con transparencia, los fondos resultarán un valioso apoyo a la educación.

Los campos de investigación de Lavarreda son: políticas de presupuesto y gasto público, políticas anticorrupción y transparencia, y políticas sociales. Según afirma, aunque “cada institución financiera tiene sus mecanismos para velar por la transparencia de sus operaciones crediticias, es nuestra propia institucionalidad la que debe velar por los intereses de los ciudadanos”.

Entre otros temas, el economista también explica las implicaciones de la emisión de bonos y las transferencias institucionales como una muestra de una débil capacidad de planificación institucional.

¿En qué consiste la deuda de un país?

En la suma de la deuda interna y la deuda externa de un país.  La deuda interna es la contraída con residentes del país en moneda nacional.  La segunda es la contraída con los no residentes del país y está denominada en una moneda extranjera.

¿Cuantos tipos de deuda puede contraer un país?

Dependiendo de quién emita la deuda la podemos clasificar en deuda pública o deuda privada.  La primera corresponde a todas las deudas de un estado con inversores nacionales o internacionales.  La segunda son las deudas que adquieren entes privados (hogares, empresas, etc.) sin ningún tipo de garantía pública.

¿Qué implicaciones tiene la deuda nacional para los ciudadanos, cuando estos fondos no se manejan con transparencia?

Si entendemos “deuda nacional” como deuda pública que se utiliza para financiar inversión pública sin transparencia podemos decir que los ciudadanos sufren un doble golpe: 1) Reciben inversiones públicas con baja o nula rentabilidad social; y 2) Generaciones futuras adquieren compromisos de pagar una deuda pública a través de sus impuestos.  Obviamente los ciudadanos más afectados son los que se encuentran en situación de pobreza.

¿Las instituciones financieras internacionales tienen mecanismos de verificación de transparencia en el manejo de los préstamos?

Cada institución financiera internacional tiene sus propias políticas y mecanismos para velar por la transparencia de sus operaciones crediticias pero en definitiva es nuestra propia institucionalidad la que debe velar por los intereses de los ciudadanos.

¿Qué es la emisión de bonos del tesoro, como funciona, y qué consecuencias tiene para la economía de un país?

El Ministerio de Finanzas Públicas ofrece dos tipos de títulos de valores públicos: Letras de Tesorería (corto plazo) y Bonos del Tesoro (largo plazo) como formas de endeudamiento público para financiar parte del presupuesto anual.

Las consecuencias para la economía de un país dependen de muchos factores.  Por ejemplo, dependiendo de las condiciones de los mercados financieros el costo de esta modalidad de endeudamiento (tasa de interés) podría ser mayor que a través de otras modalidades como la deuda multilateral o podría generar un efecto de desplazamiento de la inversión privada si ofrece intereses suficientemente atractivos.

En todo caso, el endeudamiento a través de Bonos del Tesoro permite mayor flexibilidad en su uso pero con mayor riesgo de manipulación política.  En fin, se debe analizar caso por caso a lo largo del tiempo para sacar conclusiones sobre el impacto que han tenido los Bonos del Tesoro en la economía.

¿Considera que la deuda de Guatemala es manejable y que el país puede seguir endeudándose?

Desde el punto de vista macroeconómico nos encontramos en una trayectoria de sostenibilidad financiera.  Sin embargo, me parece que la decisión de seguir endeudándonos no debe tomarse en función de nuestra capacidad de endeudamiento sino que en función de la calidad del gasto público; es decir, si lograríamos verdaderamente obtener una alta rentabilidad social con este financiamiento adicional.

¿Las transferencias de presupuesto de una institución a otra, o la inyección de fondos a Defensa, como sucedió recientemente, como incide en el funcionamiento del Estado?

Me parece que, en general, las transferencias interinstitucionales son el resultado de la debilidad en la planificación, los cambios de prioridades, de la capacidad de gestión institucional, y otros factores.  Para el caso particular del ejercicio fiscal 2018 tienen que ver con la no aprobación del proyecto de presupuesto por parte del Congreso de la República.  Por lo tanto, es más bien el funcionamiento del Estado el que genera estas transferencias.

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