La Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción (CGC) realizó su reunión mensual de asociados, un espacio que promueve el diálogo y la actualización sobre los temas más relevantes para el desarrollo urbano del país. En esta edición, la conversación se centró en La Antigua Guatemala, ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad reconocida por su valor histórico y por los esfuerzos de su administración municipal para impulsar un modelo de desarrollo innovador.

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Durante el encuentro participaron representantes de la Municipalidad de La Antigua Guatemala, quienes compartieron su visión y avances en torno a la planificación y gestión de la ciudad. Juan Manuel Asturias, alcalde municipal, presentó los avances de proyectos en ejecución dentro de su administración.

Javier Quiñónez, conservador de La Antigua Guatemala, destacó la importancia del Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala en la conservación de la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Por su parte, Miguel Ávila, jefe de la Sección de Información Geográfica de la Municipalidad, expuso sobre innovación en la planificación urbana.

Ciudades: Motor de Crecimiento y Sostenibilidad

Más allá del caso particular, la conversación reafirmó que las ciudades son el motor del crecimiento económico y social del país. En ellas se concentran las oportunidades, la inversión y el empleo que impulsan el desarrollo, y su funcionamiento depende de una planificación que combine densificación, infraestructura eficiente y protección de los espacios públicos. Planificar cómo y dónde crecen las ciudades permite construir entornos más habitables y eficientes.

En ese contexto, la planificación urbana busca aprovechar mejor el suelo existente y acercar a las personas a sus espacios de trabajo, educación y servicios, reduciendo desplazamientos y presión sobre la movilidad. Dentro de este enfoque, la vivienda vertical representa una alternativa que, integrada adecuadamente al tejido urbano, revitaliza áreas existentes, optimiza servicios y promueve un uso más eficiente de los recursos.

“Este espacio invita a reflexionar sobre cómo la innovación, la inversión y las normativas urbanas pueden avanzar juntas para seguir construyendo ciudades más ordenadas y humanas; donde cada proyecto —desde la vivienda hasta la infraestructura y los espacios públicos— contribuya a acercar la ciudad a las personas y fortalecer un modelo de urbanización sostenible”, afirmó José Andrés Ardón, director ejecutivo de la CGC.

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La Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción (CGC) presentó la edición número 72 de su Boletín Económico de la Construcción (BEC), enfocado en los resultados del Informe de Oferta y Demanda Habitacional 2025. El estudio confirma que la vivienda sigue siendo un desafío social y económico crucial, requiriendo una visión de largo plazo y políticas públicas integrales.

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El encuentro se centró en el análisis de la situación del mercado habitacional, abordando retos como el financiamiento inclusivo, los desafíos de planificación urbana (zonificación y permisos), la priorización de infraestructura en áreas estratégicas, la gestión de suelos y los esquemas de colaboración público-privada. También se discutieron nuevas tipologías de vivienda e innovaciones constructivas que optimizan tiempos y costos, así como la necesidad de incorporar criterios de resiliencia para la viabilidad de los proyectos a largo plazo.

Entre los hallazgos principales, se destacó que la vivienda vertical emerge como una solución realista y de largo plazo para satisfacer la demanda habitacional y promover un modelo de ciudad sostenible. Este tipo de desarrollo permite atender el déficit sin expandir la mancha urbana ni sacrificar áreas verdes, además de acercar a las familias a sus centros de trabajo, educación y servicios, mejorando la calidad de vida y reduciendo impactos ambientales.

“Atender la demanda habitacional no es solo una necesidad social, es una oportunidad para transformar nuestras ciudades. La vivienda vertical permite aprovechar mejor el suelo, responder a la presión del mercado y avanzar hacia un desarrollo urbano más ordenado”, afirmó José Andrés Ardón, director ejecutivo de la CGC.

El informe subraya que la creciente presión del mercado demanda soluciones integrales que equilibren la disponibilidad de suelo, los costos de construcción y el acceso a financiamiento. En este escenario, el desarrollo vertical no solo atiende la demanda acumulada, sino que se proyecta como una vía estratégica para construir ciudades más resilientes y con una mejor calidad de vida para sus habitantes.

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La industria de la construcción desempeña un papel estratégico en el desarrollo económico de Guatemala, especialmente al habilitar infraestructura que facilita la instalación y operación de parques industriales, centros logísticos y zonas especiales que fortalecen la competitividad nacional. 

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Bajo esta premisa, la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción (CGC) realizó su Reunión Mensual “La construcción para el desarrollo industrial”, un espacio de diálogo que reunió a empresarios, autoridades y expertos para analizar el presente y futuro de estos desarrollos desde una visión pública, gremial y empresarial.

El objetivo de la jornada fue examinar cómo el sector construcción contribuye al desarrollo industrial mediante el diseño y desarrollo de parques industriales, zonas francas y espacios logísticos. Estos proyectos son catalizadores de inversión extranjera, promueven la competitividad y colocan a Guatemala en una posición estratégica para atraer nuevos negocios, generar empleo y sostener un crecimiento económico sostenible.

Como parte del encuentro, Alejandro Guillén, director de Synergy Industrial Park, presentó este proyecto de gran escala que ya atrae empresas de distintos sectores y se ha convertido en un referente para el futuro del desarrollo industrial guatemalteco. Posteriormente, Juan Esteban Sánchez, director ejecutivo de INVEST Guatemala, destacó que los parques industriales y las zonas económicas especiales funcionan como plataformas que facilitan la llegada de inversión extranjera y fortalecen la posición competitiva de Guatemala en la región, generando impactos directos en empleo y crecimiento sostenible.

El foro central reunió a INVEST Guatemala, INTUS, ZOLIC y Spectrum, quienes desde distintas perspectivas —política de inversión, ingeniería especializada, gestión de zonas especiales y visión empresarial— analizaron los retos y oportunidades que enfrenta el sector para fortalecer la infraestructura como motor de competitividad nacional.

«El desarrollo industrial de Guatemala necesita infraestructura moderna y competitiva. Cada parque, cada zona logística y cada espacio que construimos abre la puerta a más inversión, más empleo y más oportunidades para el país», afirmó José Andrés Ardón, director ejecutivo de la CGC.

El evento reafirmó el papel estratégico del sector de la construcción como un motor fundamental para el crecimiento económico sostenible de Guatemala.

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Ante los constantes sismos registrados en el país durante las últimas semanas, la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción (CGC) organizó un panel de expertos para analizar los riesgos estructurales y la preparación del país frente a la actividad sísmica. El evento abordó la pregunta clave de si los recientes sismos son una “alarma pasajera o riesgos estructurales reales”.

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David Monterroso, director de Mitigación de CONRED, señaló que la planificación del territorio y los estudios de amenaza sísmica deben estar plenamente integrados. Aunque existen avances, lamentó que «aún hay gobiernos locales sin planes actualizados de respuesta sísmica».

Juan Pablo Ligorría, geofísico, explicó que los enjambres sísmicos recientes en Sacatepéquez, Escuintla y el sur del país deben ser interpretados como una señal de alerta. Subrayó la importancia de considerar el tipo de suelo, la ubicación y la altura de las edificaciones, lamentando que «mucha infraestructura aún se construya sin considerar estos datos esenciales».

Héctor Monzón, especialista en sismorresistencia, advirtió que «más del 60% de las edificaciones en el área metropolitana presentan vulnerabilidades», especialmente en elementos no estructurales. Reiteró que el país no puede seguir ignorando estas señales de advertencia y que es fundamental construir con responsabilidad y conocimiento técnico.

Byron Paíz, presidente de AGIES, enfatizó que la normativa estructural ya existe, pero su cumplimiento es débil, tanto en el sector formal como informal. Afirmó que Guatemala necesita más profesionales y técnicos capacitados en diseño y supervisión estructural, y que la formación continua debe ser una prioridad nacional.

Por su parte, Carlos Fuentes, presidente del ICS, destacó la responsabilidad del sector privado en promover el uso de materiales certificados y el cumplimiento de normas. Subrayó que la construcción segura no puede ser una opción, sino un compromiso ético y profesional en todo el país.

“Impulsar espacios técnicos como este es esencial para enfrentar con responsabilidad los riesgos sísmicos del país. Desde la Cámara instamos al resto del país a priorizar la prevención”, comentó José Andrés Ardón, director ejecutivo de la CGC.

El análisis concluyó que la actividad sísmica debe asumirse como un factor permanente de riesgo y que la única forma de reducir su impacto es fortaleciendo el cumplimiento de las normas técnicas y promoviendo una cultura de construcción segura. En este esfuerzo, la CGC reafirma su compromiso de aportar soluciones concretas ante los desafíos de Guatemala.

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La Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) celebró su cuarta reunión mensual del año, destacando la participación del alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez. En este encuentro, el alcalde presentó el Programa de Desarrollo Metropolitano 2025–2026 a los principales actores del sector de la construcción.

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La reunión brindó una plataforma esencial para el diálogo entre el sector público y privado. Los líderes de la construcción conocieron de primera mano la estrategia de la Municipalidad respecto a los proyectos de infraestructura, el estado actual de las obras y las futuras oportunidades de inversión que moldearán el desarrollo urbano de la capital en los próximos años.

Luis Castellanos, presidente de la CGC, señaló: “Esta reunión representa una valiosa oportunidad de diálogo entre el sector público y privado, permitiéndonos conocer directamente los planes de desarrollo que inciden en nuestra industria y en el crecimiento sostenible de la ciudad”.

La presentación del alcalde Quiñónez fomentó el análisis de los principales desafíos urbanos de la ciudad, identificando áreas cruciales donde el sector de la construcción puede ofrecer soluciones técnicas especializadas. Su intervención sirvió como enlace entre la planificación municipal y la ejecución por parte del sector privado, facilitando la alineación de esfuerzos, la anticipación de inversiones y la toma de decisiones informadas por parte del gremio, respondiendo así a las demandas del crecimiento metropolitano.

La Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción, como representante líder del sector en Guatemala, reconoce su capacidad para impulsar la economía y transformar las comunidades. La industria de la construcción es fundamental para el crecimiento de todos los sectores productivos, siendo la base del desarrollo económico a través de la infraestructura. El crecimiento y la construcción son intrínsecamente ligados, y cada construcción genera transformación. Por ello, la Cámara mantiene una activa participación en espacios de diálogo público-privado que contribuyen a definir el rumbo del desarrollo nacional.

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El próximo sábado 17 de mayo se llevará a cabo la Feria de Empleo CGC 2025 en la Plaza de la Constitución, una iniciativa liderada por la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción. Esta feria busca facilitar el acceso a oportunidades laborales en el sector de la construcción, reconocido por su capacidad de reactivación económica e inserción laboral inmediata en Guatemala.

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Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer numerosas oportunidades de empleo a los guatemaltecos en un sector con un alto potencial para absorber mano de obra e impulsar el crecimiento económico del país.

El sector de la construcción es estratégico para Guatemala, ya que genera una gran cantidad de empleos y mantiene una constante demanda de trabajadores. Su potencial de crecimiento es significativo, especialmente si se superan obstáculos burocráticos. Además, su naturaleza transversal lo convierte en un pilar fundamental para toda la economía, ya que ningún sector productivo puede crecer sin la construcción. Por lo tanto, acercar estas oportunidades laborales a la población no solo responde a una necesidad social, sino que también contribuye directamente a la reactivación económica nacional.

En este contexto, la Feria de Empleo CGC 2025 adquiere una gran importancia. Se estima que habrá más de 5,000 puestos de trabajo disponibles en áreas como albañilería, carpintería, tablayeso, electricidad, plomería, pintura y operación de maquinaria, entre otros. Se espera la participación de más de 2,000 personas, quienes también podrán asistir a talleres, conferencias y espacios de formación diseñados para facilitar su integración al mercado laboral.

Esta actividad se desarrolla en un momento crucial para Guatemala, donde existen desafíos como la migración y la necesidad de promover el empleo formal. La Feria de Empleo CGC 2025 representa una respuesta concreta que combina los esfuerzos del sector privado, las instituciones públicas y la cooperación internacional, con el objetivo de brindar oportunidades reales de empleo a la población, incluyendo a los migrantes retornados.

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Cinco puntos del ente fiscalizador que pueden marcar la diferencia entre una Contraloría General de Cuentas (CGC) inoperante y tolerante con la opacidad y un ente que cumpla a cabalidad la función para la que fue creado. En octubre, un nuevo Contralor asumirá el cargo, y de su probidad dependerán muchas cosas en Guatemala.

Roxana Orantes Córdova

El licenciado Edwin Humberto Salazar Jerez, titular de la Contraloría General de Cuentas, concluye su mandato el próximo 12 de octubre. Recientemente, Salazar en representación de la CGC firmó un convenio de coordinación interinstitucional con el Ministerio Público y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).

El objetivo del convenio es fiscalizar y dar seguimiento a las entidades públicas con obras no finalizadas, deduciendo responsabilidad penal cuando corresponda, informaron los medios de comunicación.

Durante el evento, Salazar expresó:

“Las instituciones que firmamos compartimos objetivos estratégicos para cooperar y unir esfuerzos que permitan la fiscalización de la infraestructura y obras no finalizadas. Se fortalecerán los canales de comunicación interna en el marco de la legalidad con apego a los principios y valores éticos que cada institución signataria promueve, estamos convencidos que la lucha contra la corrupción la opacidad y la impunidad es asunto de todos”.

Carencias y vacíos en el ejercicio de la CGC 2018-2022

Como antecedente, la CCG ha tenido titulares muy cuestionados y otros que pasaron por la institución sin marcar diferencias. Los casos dramáticos fueron Marco Tulio Abadío, quien estuvo preso por un millonario desfalco, y Carlos Mencos, actual diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza quien recientemente perdió la inmunidad por un caso de presunta corrupción durante su gestión como Contralor, luego de que la Corte de Constitucionalidad fallara en su contra.

En la administración de Salazar, se observa un interés manifiesto en mejorar diversas situaciones, aunque aparentemente tuvo algunos frenos que impidieron al ente fiscalizador actuar de forma más enérgica.

Por ejemplo, en 2020, el informe de hallazgos de la CGC libró al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), de responsabilidades y hallazgos relacionados con la entrega de obra pública a constructores, diputados y allegados al Ejecutivo.

El caso, posteriormente, se destapó mediáticamente con la noticia de que Fredy Chojolán, director de Caminos, era parte de una red familiar y que sus primos dirigían más de 40 constructoras favorecidas por el Estado. En 2020, Chojolán fue destituido.

Sumado a ello, los medios informan que la CGC cuenta con pocos funcionarios para fiscalizar las más de 360 alcaldías, lo que podría dificultar su labor. En 2021 se realizaron 342 auditorías y algunas municipalidades no fueron revisadas.

Cinco puntos que otorgan especial importancia a la CGC

1. Es la institución rectora de la fiscalización de los recursos públicos y control gubernamental.
2. Su acción busca mejorar la eficiencia del gasto público, impactando positivamente en los guatemaltecos.
3. Regula el régimen de calidad y probidad de los empleados públicos y sus funciones.
4. Corrige hechos que afecten los intereses del Estado.
5. Instituye procesos modernos para fiscalizar y promueve la auditoría social.

En plena elección de Contralor

Actualmente, el proceso de elección está entrampado por una disputa ante la Corte de Constitucionalidad entre la Junta Directiva y el Tribunal Electoral. Esto podría incidir en que la elección, programada para el 12 de agosto, pueda retrasarse.

El tema cobra especial relevancia con la cercanía del año electoral y el retraso podría incidir en temas como la entrega de finiquitos a los candidatos, dijo a los medios Francisco Quezada, del CIEN.

En cualquier caso, la disputa interna podría incidir negativamente, y es de esperarse que la CC resuelva pronto para evitar que se empañe un proceso tan relevante como este.

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Auditor de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Pedro Luis Pocón usó su cargo para extorsionar al alcalde de San Martín Jilotepeque. Hoy fue capturado en delito flagrante.

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Esta mañana, en un restaurante de El Tejar, Chimaltenango, la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), coordinó con la Policía Nacional Civil la captura del auditor de la CGC Pedro Luis Pocón, aprehendido en flagrancia.

Según informa el MP:

«De acuerdo con la investigación de la fiscalía, derivado de la auditoría financiera y de cumplimiento del periodo comprendido del 1 de enero al 12 de diciembre de 2021 realizada a la Municipalidad de San Martín Jilotepeque Chimaltenango, requirió al alcalde de dicha municipalidad, la cantidad de Q300 mil quetzales para no presentar denuncias por los hallazgos establecidos en dicha auditoría».

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El diputado Mario Taracena, pidió a la Contraloría General de Cuentas (CGC) iniciar una auditoría para detallar el uso de los fondos asignados a la Asociación de Dignatarios de la Nación (ADN) por parte del Congreso de la República.

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La Pesquisidora encargada de analizar la solicitud de antejuicio en contra del magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Francisco de Mata Vela pidieron a la Contraloría Nacional de Cuentas investigar un aporte entregado por el Congreso de la República el año pasado.

La comisión presidida por Mario Taracena recibió la denuncia de dos miembros de dicha asociación, quienes aseguran que el Congreso les gestionó un aporte económico con la condición de promover el antejuicio en contra varios magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

De acuerdo con los exconstituyentes Roberto Alejos y Víctor Hugo Godoy el antejuicio fue presentado por el exconstituyente Guillermo Pellecer, sin el conocimiento de los demás miembros de la asociación.

Además, Alejos denunció que “en su momento se les hizo llegar una solicitud para buscar una pensión vitalicia para los ex constituyentes de US$1 mil”, la cual rechazaron.

Taracena aclaró al medio La Hora que la auditoría especial fue solicitada por la bancada UNE “y la misma fue firmada por el jefe de bancada, Carlos Barreda y su servidor”.

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Mientras el abogado penalista Raúl Falla califica la gestión de Jordán Rodas como la peor desde que se fundó la PDH, el Procurador de los Derechos Humanos asegura que la denuncia de la Contraloría General de Cuentas (CGC), es parte de una estrategia para criminalizarlo porque no aceptó ser parte del “Pacto de Corruptos 2.0”.

Roxana Orantes Córdova

Más de una vez, el PDH ha evitado cualquier intento de investigación interponiendo recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), que los resuelve inmediatamente a favor del magistrado de conciencia. Jordán Rodas goza de “buena prensa” y ante un mínimo conato de investigación, surgen las denuncias sobre campañas de los corruptos en su contra.

Esta semana se conoció que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó investigar a Rodas, quien según la denuncia de la Asociación la Familia Importa (AFI), habría promovido contenido favorable al aborto, que en Guatemala es un delito. El PDH se “curó en salud” con un ocurso de queja ante la Corte de Constitucionalidad (CC), que cuestionaba a los 10 diputados que votaron para citarlo al pleno del Congreso para informar sobre su gestión.

A principios de agosto, la CGC presentó una denuncia contra el PDH y su jefe financiero, por “gastos realizados sin disponibilidad presupuestaria”. Según el informe de la CGC, un acuerdo del PDH modificó otro anterior, sumando Q20 millones al presupuesto asignado a la PDH en 2019. Estos fondos habrían sido comprometidos “sin disponibilidad presupuestaria”, dice la CGC.

El 17 de agosto, el PDH interpuso un recurso de amparo ante la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, y el viernes 21, luego de que se diera a conocer la denuncia de la CGC contra el PDH, interpuesta a principios de agosto, la PDH informó que :

“La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo concedió plazo de 48 horas a la @Contraloria_gt para remitir informe por amparo contra confirmación de hallazgos en mayo, en violación a amparo provisional que se encontraba vigente en ese mes”.

El PDH tiene derecho a un debido proceso, dice el abogado Raúl Falla, quien se pregunta por qué se ha negado sistemáticamente a cualquier intento de que su gestión sea investigada, o siquiera cuestionada.

“El que nada debe, nada teme, dijo aquella señora prófuga”, señala Falla

Según Falla, Rodas llegó a la PDH precedido por una serie de señalamientos por su actuación en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), donde está investigado por un faltante de más de Q350 mil que el funcionario justificó como “viáticos” cuando fue vicepresidente del CANG. Falla comenta que esos fondos provenían de las cuotas que todos los abogados tributan al colegio.

Cuando Rodas entró a la PDH, su antecesor devengaba un sueldo mensual de Q31, 110. Muy poco después, esta suma se incrementó en Q19,665, con lo que el actual defensor de los guatemaltecos recibe un sueldo mensual de Q. 50,775.00, como consta en la página de la PDH, donde también consta que la entidad eroga poco más de cinco millones de quetzales mensuales en salarios de unos 700 trabajadores.

“Se ha demostrado que su gestión es opaca y no me extrañan los señalamientos de corrupción. Su gestión como procurador de los derechos para los más vulnerables ha sido deficiente y con un alto tinte ideológico. Por ejemplo, se ha negado a atender las demandas de los veteranos militares presos, aunque son personas de edad avanzada. Tampoco accedió a investigar las acciones de la FECI-CICIG contra la hija de la magistrada Heidy Tamara de León, una niña que fue investigada por esos entes, lo cual es ilegal. Sin embargo, Rodas y la procuradora adjunta Claudia Maselli, evitaron investigar esas denuncias”, dice Falla.

El jurista también menciona que la rendición de cuentas es necesaria y los ciudadanos tenemos derecho a conocer cómo ha sido la gestión de los fondos en la PDH. “Pero utiliza los recursos de amparo para evitar ser fiscalizado. “El que nada debe, nada teme, dijo aquella señora que está prófuga. Este es el peor PDH desde 1985”, concluye Falla.

Los defensores del defensor

Varios “defensores de derechos humanos” y políticos como el diputado Orlando Blanco (señalado por la CICIG de financiamiento electoral ilícito), han defendido al Ombudsman guatemalteco en diferentes momentos en que ha estado a punto de ser investigado o siquiera indagado.

Cuando Blanco asumió como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso dijo a los medios:

“Nosotros vamos a colaborar y a tener una comunicación estrecha con el Procurador de los Derechos Humanos, contrario a lo que hizo la anterior comisión, que se dedicó a hostigarlo y prácticamente a hacerle una persecución política”.

Rodas ha sido defendido por diversas organizaciones campesinas, de derechos humanos e incluso internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le otorgó medidas cautelares. En 2012, esa entidad falló para que su familia recibiera una indemnización por US$146.429,00 como “resarcimiento” por la desaparición de su hermano, militante guerrillero según el “Diario Militar” que dio origen a la demanda ante la CIDH.

Otro dato que vale la pena recordar es que algunos de quienes expresan su solidaridad al PDH e incluso uno de los magistrados de la CC que no se ha inhibido para conocer los amparos de Rodas, podrían tener conflicto de interés, debido a que tienen familiares laborando en la PDH y aunque no se trate de personas contratadas durante la administración actual, el conflicto existe.

Entre otros, Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), quien en 2019 afirmó que “quienes persiguen al PDH no tienen calidad ética”. Cristel Rodenas, hija del funcionario de la ODHA, trabaja en la PDH. Igualmente sucede con el magistrado Francisco de Mata Vela, cuya esposa Luvia Ruiz de Mata Vela trabaja hace varios años en la PDH, según datos de la institución que fueron sistematizados en la página Frente por la Verdad y los Hechos.

Más de un abogado ha señalado que, si bien no es un delito, los jueces y magistrados debieran abstenerse de fallar a favor o en contra cuando existen conflictos de interés, por un tema ético. Sin embargo, este no ha sido el caso.

De Mata Vela firmó la resolución de la CC que evitó la citación de Rodas al Congreso, cuando el PDH participó en la polémica “procesión de la vulva”, hecho que motivó la recolección de más de 20 mil firmas que pedían la destitución del PDH.

Actualmente, Rodas vuelve a esgrimir el argumento de una estrategia en su contra que busca defenestrarlo por no aliarse al “pacto de corruptos 2.0”. Muy probablemente en los próximos días circularán cartas públicas y otros documentos de organizaciones internacionales y políticos de izquierda pidiendo que termine el hostigamiento y persecución contra el magistrado de conciencia. Sin embargo, en medio de este “ping pong” de señalamientos y amparos, persiste una duda:

¿Por qué el PDH se niega a dar explicaciones a quienes considera sus enemigos políticos, cuando su función como Ombudsman es velar por todos los ciudadanos?

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