La Sala Tercera de Apelaciones ha emitido órdenes de detención contra varios exfuncionarios y abogados vinculados al escándalo de corrupción. Entre los señalados figuran Iván Velásquez, exjefe de la otrora CICIG, y Luz Adriana Camargo, exfiscal en la CICIG y actual fiscal de Colombia.

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De acuerdo con lo informado,  también se ordenó la captura de los abogados Alfonso Carrillo y Juan Pablo Carrasco, así como de los exfuncionarios del Ministerio Público, Thelma Aldana, Mayra Véliz y Juan Francisco Sandoval. Además, se incluye a varios representantes de la constructora brasileña Odebrecht.

2025: 153 días de trabajo fuerte y firme

El licenciado Rafael Curruchiche, Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, se refiere a nuevas acciones judiciales solicitadas por la fiscalía, en el #CasoOdebrecht.#MPfuerteYfirme #FECI pic.twitter.com/vk4ikOTj6Q

— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 2, 2025

El titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, informó que se acusa a los implicados de asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción de justicia, colusión y conspiración. La investigación revela una posible defraudación de casi GTQ3,000 millones, obtenidos mediante préstamos internacionales destinados a la construcción de una carretera que nunca se realizó.

Las órdenes de captura incluyen a David Gaitán, exmandatario de la CICIG, y a otros abogados y exfuncionarios que participaron en los acuerdos con Odebrecht. La FECI los acusa de favorecer a la constructora brasileña a cambio de sobornos y negociaciones irregulares. Pruebas presentadas por el fiscal Rafael Curruchiche incluyen correos electrónicos y comunicaciones que evidencian los acuerdos de colaboración eficaz con los empresarios brasileños.

Iván Velásquez, quien fue ministro de Defensa de Colombia y ahora es embajador en El Vaticano, cuenta con protección diplomática, lo que podría dificultar su extradición. A pesar de ello, el MP ha  manifestado su intención de continuar con las acciones legales en su contra y contra Luz Adriana Camargo.

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En redes sociales, el candidato a la Presidencia por el partido CABAL, Edmond Mulet, publicó un video en donde afirma que la otrora Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), es cosa del pasado; sin embargo, ha sido criticado por usuarios ya que, en 2019 el candidato hablaba de proponer de nuevo una CICIG.

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En el audio visual publicado este jueves, Mulet dice “La CICIG es pasado, no vamos a revivir algo que ya pasó, pero sí vamos a combatir la corrupción, la corrupción es un flagelo que está destruyendo a Guatemala”.

Horas más tarde, publicó otro tuit en donde aseveró “lo dije y lo sostengo, ni imponer la pena de muerte, ni revivir a la CICIG es posible. Los problemas de #Guatemala se resuelven con las leyes de #Guatemala, dependemos de nosotros mismos y así lo haré en mi gobierno”.

¿Qué dijo en 2019?

Las declaraciones del candidato contrastan con lo expresado en la campaña del 2019, en donde hablaba de la reinstalación de la Comisión si ganaba la Presidencia. “La lucha contra la corrupción debe seguir, yo voy a proponer una CICIG perfeccionada”, aseguró.

También afirmó en otra publicación de ese año que, Guatemala no podía seguir adelante sola y necesitaba de la asistencia y transferencia de capacidades, por lo que analizaba una Comisión conjunta, aunque remarcaba que Guatemala debía asumir sus responsabilidades.

“La corrupción en Guatemala está en toda la estructura del estado. NO vamos a salir adelante solos, necesitamos de la asistencia y transferencia de capacidades. Yo estoy pensando en una comisión conjunta: Guatemala debe asumir sus responsabilidades!”

De momento, el candidato no ha expresado por qué cambió de postura respecto a la Comisión que finalizó su gestión en 2019 y ha sido motivo de controversia entre diversos sectores del país.

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La exfiscal del Ministerio Público, Virginia Laparra, ha sido condenada por la Sala Segunda de Apelaciones por abuso de autoridad en forma continuada.

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Laparra, quien fue jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de Quetzaltenango, ha sido sentenciada a cuatro años de prisión conmutables a razón de Q10 diarios. La exfiscal anticorrupción fue condenada por haber denunciado a un juez en 2018 sin haber tenido autorización de Feci en Guatemala.

Durante la última audiencia del caso, que tuvo lugar el 15 de diciembre, Laparra debatió las acusaciones que vertió en su contra el juez Lesther Castellanos. Según Laparra, el juez Castellanos la acusó por una revancha y afirmó que esto quedó en evidencia en noviembre de 2018. Laparra afirmó que la motivación del juez para acusarla fue en realidad una venganza contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Laparra enfrentó el proceso judicial porque en 2018 denunció en cuatro ocasiones al juez Castellanos, lo que llevó a su acusación de un supuesto abuso de poder. En su defensa, Laparra afirmó que cumplió con su labor y no buscó ganar protagonismo, declarando que ella «no hacía su trabajo por popularidad, sino por amor a su nación».

La defensa de la exfiscal había apelado la sentencia condenatoria contra Laparra, pero la Sala Segunda de Apelaciones la ratificó. Laparra también enfrenta otro juicio por un caso en el que se le señala de revelación de información confidencial.

El juicio iniciará el próximo 22 de mayo y estará a cargo del juez unipersonal Moisés de León. En este caso, Laparra fue ligada a proceso por el delito de revelación de información confidencial el pasado 4 de enero por parte de Carmen Acú. Además, los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones le negaron a Laparra las medidas sustitutivas que su defensa había solicitado.

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La solicitud de investigar a periodistas y emisores de opinión, realizada por la fiscal Cinthia Monterroso, parece un extremo contra la libertad de expresión, pero se basa en una normativa cuya reforma fue promovida por la CICIG y aplaudida por todos los aliados de ese ente internacional, explica Raúl Falla.

Roxana Orantes Córdova

Cinthia Monterroso acaparó la atención mediática y de las redes sociales luego de que solicitara al juez Jimi Bremer investigar a siete personas (seis de ellos, periodistas y columnistas de opinión).

Monterroso acusa a estas personas de “posible contubernio” con Jose Rubén Zamora, en la difusión de diversas informaciones que según afirmó, obstaculizan la justicia. La fiscal también mencionó que se divulgaron “informaciones maliciosas”, lo que considera delictivo.

Hasta hace unos años, Guatemala garantizaba la libre expresión irrestricta y no existía ningún tipo de penalización a quienes expusieran cualquier información relativa a funcionarios. Esto, garantizado en el artículo 35 de la Constitución Política de la República.

Obviamente, quienes los aludidos u ofendidos por determinada publicación, tenían derecho a solicitar aclaraciones e incluso a convocar un tribunal de imprenta. Esto cambió bajo el reinado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), explica Raúl Falla, quien menciona que esa entidad promovió la Ley contra la Delincuencia Organizada, que en su artículo 9, literal B, establece:

“Quien de cualquier forma amenace o coaccione a algún miembro del Organismo Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional Civil, auxiliares de la administración de la justicia, traductores, intérpretes, peritos, testigos y demás sujetos procésales, su cónyuge o familia que afecte la integridad física, el honor o bienes de éstos, con el fin de influir en su comportamiento u obstaculizar el cumplimiento de sus funciones en la investigación y persecución penal de los delitos comprendidos en la presente Ley”.

El anuncio sobre la posible investigación a periodistas y columnistas tuvo una reacción inmediata de indignación que ya trascendió hacia otros países y entidades. Por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se pronunció al respecto. En Guatemala, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), señaló el retroceso en materia de libre expresión.

Hace 10 años, la APG aplaudió cuando Ricardo Méndez Ruiz, columnista de el Periódico, fue condenado por el entonces PDH Jorge De León, quien pidió al Ministerio Público investigarlo «por el contenido de sus columnas».

Antecedentes cercanos

En 2020, fue capturado y posteriormente condenado a 12 años de prisión Rolando Pérez, a quien todos los medios calificaron de “operador de netcenter” al servicio del alcalde de Mixco, Neto Bran.

El delito de Pérez fue divulgar un comentario considerado amenaza de muerte contra Leopoldo Zeissig, ex mandatario de la CICIG que también fue querellante contra Pérez, acusado de obstaculización de la acción penal con base en el artículo 9, literal b, de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, explicó Falla.

Según explica el abogado, los ex fiscales de FECI Leily Santizo, Siomara Sosa y Juan Francisco Sandoval interpusieron denuncias contra él y Ricardo Méndez Ruiz por publicaciones en Twitter hechas “cuando estaba la CICIG”. Lo anterior, también con base en la ley citada.

“Que le agradezcan a la CICIG”, dice Falla

Según afirma Falla, los ataques mediáticos contra Cinthia Monterroso no son aislados, sino sistemáticos y perjudican a la fiscal. La periodicidad de las publicaciones inexactas u ofensivas contra la fiscal parecen parte de una campaña mediática y en esa línea, Monterroso habría pedido que se investigue la procedencia de los fondos que sostienen a los medios desde donde ha sido blanco de casi cualquier tipo de ataque.

Incluso, afirma, hay publicaciones que atentan contra el honor de la funcionaria, vinculándola sentimentalmente con hombres casados, además de que se le señaló de ser “topo” del Pacto de Corruptos y operadora de la Fundación Contra el Terrorismo, vulnerando su condición de mujer y afectando a su familia e hijos.

Todo esto, indica Falla, sin fuentes verificables ni más datos que el rumor, reiterado en más de una columna de opinión y reportaje, además replicado en otros medios y redes sociales. Pese al daño y a lo desagradable que la difusión de rumores, mentiras e infundios pueda tener en la vida de personas y funcionarios de justicia, la libertad de expresión era irrestricta, hasta que entró en vigencia la Ley contra la Delincuencia Organizada, instrumento que se aprobó el mismo año en que entró la CICIG y que tuvo algunas reformas por sugerencia de esa entidad.

Por ello, Falla señala que si hoy se puede investigar a quien emita comentarios afectando a operadores de justicia, esto es gracias a la CICIG.

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El subsecretario estadounidense para América Latina, Brian Nichols expresó su preocupación ante las recientes acciones de la FECI en contra de exoperadores de justicia y funcionarios.

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Estados Unidos presiona de nuevo al Ministerio Público (MP), al manifestar su preocupación por las órdenes de captura en contra de Juan Pablo Carrasco, Thelma Aldana, Mayra Véliz y Luis David Gaitán.

Además, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche se refirió a las acciones legales contra el actual ministro de Defensa colombiano, Iván Velázquez.

rremetió este martes contra las autoridades guatemaltecas por ordenar la captura de exfuncionarios de la Fiscalía y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que investigaron la corrupción en el país.

 Al respecto, el subsecretario estadounidense para América Latina, Brian Nichols, declaró a medios de comunicación.

“Tales acciones debilitan el Estado de derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala”, criticó Nichols en sus redes sociales.

“Nos preocupan las órdenes de captura del Ministerio Público de Guatemala contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala”, señaló el funcionario.

También el presidente de Colombia cuestionó las acciones del MP. Fue justamente, el presidente colombiano, Gustavo Petro, el primero en defender a su ministro de la Defensa.

 “Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala”: presidente de Colombia defiende a Iván Velásquez

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David Gaitán Arana, exmandatario de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), publicó un comunicado en el que asegura que las acusaciones en su contra son espurias y absurdas.

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El lunes 16 de enero, Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dio a conocer la orden de captura en contra del exmandatario de la CICIG, David Gaitán, Thelma Aldana, Mayra Véliz y Juan Pablo Carrasco por el caso Odebrecht.

Ante las acusaciones en su contra, Gaitán emitió un comunicado en el que asegura que lo persiguen por estar copiado en correos electrónicos y afirma que fueron los jueces quienes aprobaron acuerdos.

Gaitán reiteró su compromiso con la justicia y enfatizó que desde hace quince años ha dedicado su vida profesional “al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la lucha contra la corrupción”.

 “El día de hoy por medio de un video publicado en las redes del MP, me entero de una orden de aprehensión que ha sido girada en mi contra, únicamente por haber sido una parte procesal dentro del caso conocido como Odebrecht”, dice el comunicado de Gaitán.

“Los argumentos presentados por el Fiscal Curruchiche son espurios y absurdos. Mi participación en el caso corresponde exclusivamente a la intervención en las audiencias judiciales y jamás fui parte de la negociación de los acuerdos de colaboración suscritos”, detalló.

“Me persiguen penalmente por estar copiado en correos electrónicos de lo que, por otra parte, son conversaciones transparentes, legítimas y en ley. El acuerdo de colaboración, además, fue ratificado en una audiencia convocada por la jueza contralora del caso y avalada por la Corte Suprema de Justicia”, detalló Gaitán Arana.

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A principios de noviembre, el escritor e historiador Carlos Sabino presentó el libro La CICIG ¿experimento o conspiración? Un recuento histórico de la Guatemala Contemporánea, que motivó interés en redes sociales y resulta un documento de relevancia para los interesados en conocer los hechos que conmocionaron al país en las últimas décadas.

Roxana Orantes Córdova

En poco más de 300 páginas, incluyendo documentos anexos, Carlos Sabino narra cómo la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pasó de ser una comisión de apoyo y asesoría a instituciones locales, a un actor decisivo en la política guatemalteca.

La obra de Sabino, además de tener el respaldo de su rigor académico, fue patrocinada por la Asociación de Amigos del País, institución de prestigio y larga trayectoria.

Las afirmaciones y datos que el historiador presenta en el texto están avaladas por documentos y diversas informaciones de medios, además de varias entrevistas que realizó a los actores fundamentales del proceso, desde que el ente internacional fue concebido como CICIACS, hasta el final de su gestión, varios años después.

Los entrevistados, actores clave

Para el libro La CICIG ¿experimento o conspiración? Un recuento histórico de la Guatemala Contemporánea, el autor entrevistó durante 18 años, a los principales actores alrededor del fenómeno CICIG.

Entre otros: Álvaro Arzú, Álvaro Colom, Edgar Gutiérrez, Eduardo Stein, Jimmy Morales, Sandra Jovel y otros, que suman 18 personas, entre los responsables y promotores de la CICIG y quienes de alguna manera fueron perjudicados por esta, así como los artífices de que dicha comisión concluyera su mandato, luego de varias prórrogas.

Un recuento histórico

La primera parte del texto detalla los antecedentes que concluyeron con la solicitud del gobierno guatemalteco para que se instalara la CICIG, desde la etapa final del enfrentamiento armado y la búsqueda por la instalación de la democracia, hasta el “serranazo” y los primeros pasos hacia la firma de la paz.

Cabe mencionar que en uno de los acuerdos de paz se estableció la creación de una comisión para investigar los “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad” a los que se atribuyeron diversos crímenes en el contexto del enfrentamiento armado.

Esta entidad se creó durante el gobierno de Alfonso Portillo, pero finalmente fue derogada ya que contenía varias inconstitucionalidades, dando pie a que Eduardo Stein, vicepresidente de Oscar Berger, promoviera la creación de la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala).

Inicialmente, la entidad se planteó como transitoria, pero fue prorrogando su mandato hasta llegar a 12 años, durante los cuales llegó a tener un enorme poder y protagonismo.

Venerada y denostada con igual pasión, la CICIG terminó su gestión en 2018, cuando Jimmy Morales decidió no renovar el mandato e impedir la entrada del comisionado Iván Velásquez a Guatemala.

El texto de Sabino documenta toda la historia de la CICIG con un enfoque académico y científico que lo convierten en un documento de innegable valor para los estudiosos de la historia contemporánea.

¿Dónde encontrarlo?

Costo: Q250

La CICIG ¿experimento o conspiración? Un recuento histórico de la Guatemala Contemporánea está en la librería Sophos.

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Virginia Laparra fue ligada a proceso y deberá permanecer en prisión por un segundo caso en su contra que permanece bajo reserva.

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Virginia Laparra, fue condenada a finales de diciembre por abuso de autoridad. Ahora enfrenta un nuevo proceso en su contra que permanece bajo reserva.

La exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en Quetzaltenango, fue ligada a proceso este miércoles 4 de enero por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, a cargo de la juez Carmen Acú Recinos.

Acú Recinos dictó prisión preventiva para Laparra, señalada de haber revelado información confidencial, en un segundo caso que presentó el Ministerio Público (MP) en su contra.

El caso permanece bajo reserva y por orden de la juez Acú, el MP tendrá un plazo de tres meses para desarrollar la investigación correspondiente.

Mientras que la defensa de Laparra recusó a la jueza, al considerar que existen serias dudas sobre su imparcialidad. Según, argumentaron, la togada ha sido condescendiente con las declaraciones del exjuez Lesther Castellanos.

Abuso de autoridad

Virginia Laparra fue condenada a cuatro años de cárcel por abuso de autoridad en forma continuada. Laparra interpuso denuncias contra el juez Lesther Castellanos en calidad de jefe de la FECI. Un grupo de activistas apoyó a la ex fiscal en la sala de audiencias, mientras la FCT y los otros querellantes se congratularon por la sentencia.

Virginia Laparra recibió una condena de cuatro años por abuso de autoridad en forma continuada. Es ampliamente conocido que Laparra acusó más de una vez a Lesther Castellanos. Quienes se dicen aliados de la ex jefe de FECI aseguran que se trata de una venganza y que Laparra cumplió una «función fiscalizadora», según dijo la abogada de UDEFEGUA Wendy López, quien omite que la ex fiscal pretendió tapar un error de ella y de Flor de María Gálvez, ex mandataria de CICIG que huyó de Guatemala, señalando a Castellanos y a Omar Barrios.

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Hace un momento, el Tribunal de Mayor Riesgo B declaró inocentes al ex presidente y ex vicepresidente, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Aunque «el tribunal no duda que hubo enriquecimiento ilícito, en la acusación no hay prueba que lo pueda determinar», señala.

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Siete años después del llamado «despertar ciudadano» que llenó la Plaza de la Constitución y otros lugares del país con manifestantes indignados por un supuesto mega caso de corrupción, los principales señalados: el ex mandatario y su vicepresidente, podrían ser absueltos.

Al menos, ya fueron exonerados por el delito de enriquecimiento ilícito, no por dudas del tribunal sino por falta de pruebas fehacientes de la acusación, ya que el Ministerio Público (en ese entonces trabajando de la mano con la CICIG), no habría logrado aportar las pruebas.

Entre otros datos, se conoció que fue absuelto del delito asociación ilícita el ex jefe de la SAT Omar Franco, y que el tribunal no tomó en cuenta la declaración de Estuardo Salvador González, alias Eco, aparentemente la mejor carta de la acusación.

Además, tampoco tomaron en cuenta una intercepción telefónica a Otto Pérez, ya que en ese momento él como jefe de Estado tenía derecho de antejuicio y por ello, la intervención telefónica termina siendo ilegal.

Al momento no se conoce la sentencia final, pero ambos fueron encontrados culpables por casos especiales de defraudación aduanera y asociación ilícita.

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A minutos de dictar sentencia en el caso “La Línea”, la jueza Jeannette Valdés se refirió al abuso de la CICIG y fiscales de la FECI que mediatizaron el caso La Línea para presionar a los jueces. “Juez que no resolvía como ellos querían, era corrupto”, dijo la togada.

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Tras siete años, el caso La Línea está llegando a su momento final, este miércoles 7 de diciembre, el Tribunal de Mayor Riesgo B dictará la sentencia en el caso La Línea.  

Por el que el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti son acusados de liderar la red de defraudación aduanera. El Ministerio Público solicitó 30 años de cárcel para los exfuncionarios. Además, de condenas por múltiples delitos a otras 27 personas sindicadas.

Durante la resolución de la sentencia, la jueza presidenta Jeannette Valdés se refirió a las falencias del caso y la intervención de entidades extranjeras en el proceso.

“Creo que en Guatemala hay buenos fiscales, pero no necesitábamos de extranjeros que vinieran a hacer el trabajo que hicieron”, apunto la jueza.

A punto de dictar sentencia

Durante su análisis, Valdés señaló las fallas de los fiscales de FECI y la extinta CICIG y el excomisionado Iván Velásquez. “Este caso tuvo muchas falencias”.

Por otro lado, la jueza reconoció que se presentaron pruebas irrefutables sobre la red criminal como las escuchas telefónicas en donde hablan de sobornos. Valdés aseguró que las escuchas telefónicas fueron claras y acreditan la participación de algunas personas en el caso La Línea.

Sin embargo, mencionó que no se interceptaron los teléfonos de Otto Pérez Molina y  Roxana Baldetti, solo de otros implicados.

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