Ismael Cala

Si hay algo que deberíamos tener en claro, aun cuando el frente entre rusos y ucranianos sigue vivo, es que en las guerras siempre pierden todos. Más allá de cómo terminen las historias, y que al final haya un bando de vencedores y otro de vencidos, la verdad es que nunca hay un triunfador.

Parece increíble que, a estas alturas de la vida, cuando se supone que somos ciudadanos más civilizados, en teoría, sigamos queriendo resolver conflictos, y más aún de índole religiosa, con bombardeos y asedios a civiles inocentes.

Si bien ha sido el pueblo israelí quien ha recibido el ataque en esta ocasión, no es justo acusar y perseguir a ciudadanos palestinos, que son tan inocentes en este juego de ajedrez como las vidas de los jóvenes que fueron asesinados y secuestrados en aquella celebración o de las víctimas de los bombardeos sufridos ese mismo día en la frontera con Gaza.

Ninguna lucha justifica el asesinato de civiles, sea cual fuere su religión o postura política, y acusar a unos por otros no nos hace un favor como humanidad. He tenido la fortuna de trabajar y convivir con palestinos e israelíes, o con personas con familiares en ambas naciones, y sé muy bien de la bondad que habita en los corazones de ambos pueblos.

No nos dejemos engañar: un grupo terrorista no representa ni será emblema de ninguna comunidad. Secuestrar y asesinar a mansalva sólo es el comportamiento de individuos que no saben convivir con el mundo que les rodea, y señalar a quienes comparten etnicidad con estas personas no ayuda en nada a las víctimas de todo este caos.

Mi corazón, lleno en estos momentos de dolor, se une a la pena de ambas naciones, porque Hamas no puede representar a nadie, sólo a sus propios intereses políticos y mezquinos. Esperemos que con el devenir de los días se detenga esta locura, porque, aunque ya no se pueda devolver la vida a las víctimas, al menos debemos anhelar y luchar para que la justicia internacional siente ante un tribunal a los grandes responsables de esta masacre.

Yo creo en un Dios que es amor, que es misericordia infinita, que es el obrador de milagros que, con paciencia, está allí para escucharnos y amarnos incondicionalmente, que no juzga ni es intolerante. En Él confío; una vez más, que se haga el milagro.

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Al menos 1.200 civiles han tenido que huir de sus hogares debido a los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los pistoleros del grupo criminal del Clan del Golfo en los municipios de Istmina, Medio San Juan, Litoral de San Juan y Bajo Baudó, departamento de Chocó, en el oeste de Colombia.

Por DPA

La diócesis de Istmina-Tadó ha denunciado este desplazamiento y ha hecho un llamamiento a las autoridades sobre la situación que están viviendo comunidades afrodescendientes, wounaán y mestizas. «Se están moviendo aguas subterráneas en este San Juan, anunciando verdaderos genocidios que podemos evitar», ha apuntado el ente religioso.

Durante el fin de semana se ha producido un «desplazamiento masivo» en estos territorios por la intensidad de los enfrentamientos entre ELN y Clan del Golfo, que se disputan el control del territorio, según el comunicado oficial de la diócesis, publicado en Facebook.

«Puerto Olave es ahora la comunidad receptora de 250 familias de las comunidades hermanas, para un total de 1.200 personas desplazadas. Se puede abrir un corredor humanitario acompañando el traslado hacia otros lugares más seguros de 584 personas wounaán, reunidas en 118 familias», ha relatado la diócesis católica.

Ante esta situación, «es inaplazable la acción inmediata, por las vías del diálogo y la concertación» en esta comunidad, que ha sido una de las más golpeadas por el conflicto armado y les «suplicó» al Estado y a instituciones nacionales e internacionales que «no dejen de ser indispensables en momentos de zozobra y crispación social como el que estamos viviendo actualmente en la subregión del San Juan y del litoral del Pacífico colombiano».

Esta crisis se suma a la que se vivió a finales de agosto, cuando unas 1.400 personas tuvieron que huir de este mismo territorio por la intensidad de los enfrentamientos entre estos grupos armados.

Además, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios reveló que entre enero y junio de este año fueron desplazadas 44.647 personas en todo el territorio colombiano. Solo en esos meses se registraron más desplazamientos que en todo el 2020.

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El convenio de cooperación entre la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), es percibido por algunos como un valioso instrumento para combatir los vicios electorales. Otro sector lo considera una franca injerencia, pero sobre todo, el inicio de una serie de maniobras de la CICIG para ubicar a su candidata en la Presidencia. Según el doctor José Luis González Dubón, el convenio es espurio, puesto que cualquier pacto de esta naturaleza debe ser firmado por el Presidente y aprobado por el Congreso de la República.

Redacción

El evento se perfilaba como uno de tantos en los que, luego de los discursos y firma, se realiza la “foto oficial” y se procede a la ronda de preguntas y respuestas. En su alocución, el comisionado Iván Velásquez recordó el informe de la CICIG sobre financiamiento electoral ilícito en el proceso electoral 2011, que esa comisión publicó en 2015.

Simultáneamente, representantes de Guatemala Inmortal y la Fundación contra el Terrorismo cantaban el himno nacional en las afueras del TSE. El nerviosismo de la mesa directiva ante esa acción fue evidente, pero la actividad se desarrolló tal como estaba planificada.

Después de que se firmó el convenio o carta de entendimiento institucional, inició la conferencia de prensa, interrumpida cuando el propietario de un canal televisivo intentó realizar una pregunta a Velásquez y fue interrumpido por los reporteros presentes, quienes argumentaron que el empresario “no es periodista”. Al escándalo se sumó la voz de una conocida “tuitera”, quien señalaba a los periodistas de “faferos”, mientras ellos la llamaban “corrupta”.

Los insultos subían de tono cuando representantes de Guatemala Inmortal y la Fundación contra el Terrorismo comenzaron a tocar la puerta, debido a que los agentes de seguridad no les permitían el ingreso. La puerta se abrió segundos después de que los agentes de Velásquez lo hubieran sacado por una puerta secundaria. Cuando los dos grupos civiles ingresaron al salón, también se dispersaron los funcionarios del TSE y los reporteros.

Un dato revelador y al mismo tiempo, simbólico, es que cuando salió el comisionado, alguno de los encargados de protocolo también retiró la bandera de la ONU, que solamente se expone en los actos promovidos por esa organización o donde la ONU participa activamente.

Las secuelas del convenio: acciones legales

Raúl Falla, uno de los que lideraba a los grupos que protestaron en el TSE, expresó su molestia porque se vedó el acceso de ciudadanos guatemaltecos al evento, lo cual es un derecho.

“Nos llevamos una sorpresa desagradable al saber que el TSE firmaría un convenio de asistencia con la CICIG. Esto parece implicar que dicha comisión tendrá injerencia en los comicios. Con este convenio se comienza a concretar el fraude electoral. Está claro que la intención es involucrarse en el proceso para apartar a los candidatos participantes que puedan dificultar la elección de su favorita: la licenciada Thelma Aldana”.

El entrevistado agrega: “estuve revisando el convenio y es ilegal. El acuerdo que estableció a la CICIG en Guatemala es claro en cuanto a que esa entidad debe asesorar al Ministerio Público en materia penal. La carta de entendimiento reciente, desnaturaliza el acuerdo marco que creó a la CICIG. Cooperar con el TSE no es su competencia. Por otra parte, el TSE no es una entidad con competencia como para firmar un convenio de cooperación con un ente internacional”:

Falla también informó que en breve, la Fundación Contra el Terrorismo presentará un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contra el convenio firmado. Al mismo tiempo, Guatemala Inmortal pedirá antejuicio contra los cinco magistrados del TSE.

“El convenio es un aporte valioso”

Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, afirma que el convenio se trata de un aporte valioso, puesto que permite que la instancia rectora de los procesos electorales cuente con mejores herramientas para garantizar la transparencia de los comicios.

Según Marroquín, estos cambios apenas comienzan, puesto que son derivados de las reformas a la normativa electoral y es importante que se construyan capacidades institucionales. “Es un mensaje fuerte para los competidores en el proceso, quienes ya saben que estarán bajo vigilancia”, señala.

Quienes se oponen a este instrumento son grupos defensores del status quo, señala. Sin embargo, agrega que se trata de una colaboración relevante puesto que contribuirá con la adopción de nuevas técnicas de investigación, lo que dotará al ente rector de los procesos electorales de nuevas capacidades.

Un convenio espurio

El doctor en derecho y constitucionalista José Luis González Dubón afirma que el acuerdo es espurio. En primer lugar, señala que la carta de entendimiento suscrita el 16 de agosto viola el artículo 41 de la Convención de Viena, donde se establece que: “Todos los asuntos oficiales de que la misión esté encargada por el Estado acreditante han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor por conducto de él, o con el Ministerio que se haya convenido”.

González señala que firmar un convenio de esta naturaleza está fuera de las facultades del TSE, que no es exactamente un tribunal ni un ministerio, sino una entidad administrativa.

Otra ley que resulta violentada por la referida carta de entendimiento, es el artículo 183, en su literal O, dice el jurista. Según este artículo, es atribución y facultad del Presidente: “Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución”.

Con lo anterior, el TSE habría cometido el delito de usurpar las atribuciones del Presidente, señala González, quien agrega que el hecho es “una nueva intromisión. Por ello, lo procedente sería que el mandatario reitere la declaración de non grato a este funcionario”, dice.

Según el comunicado de prensa de la CICIG: “Con la firma de dicho convenio de cooperación, la CICIG proporcionará apoyo a la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos y la Unidad Especializada de Control de los Medios de Comunicación y Estudios de Opinión ”.

Al respecto, González dijo a los medios: “Es inaudito que la CICIG quiera tener el control de los medios de comunicación ¿Para qué? ¿Qué pretende Iván Velásquez?

La suspensión de la conferencia por el ingreso de ciudadanos que manifestaban su inconformidad con el convenio, parece evidenciar cierta tendencia a la censura y coerción de la libertad de expresión. Si se llegara a instalar una dependencia encargada de “control” de medios, este podría ser el primer paso hacia un régimen de intolerancia, coincidieron en afirmar dos de los entrevistados.

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