Odebrecht es un caso con demasiadas aristas. Hoy, el Ministerio Público (MP), presentó diligencias de antejuicio contra la juez Claudette Domínguez Guerrero, por abuso de autoridad y prevaricato, al convalidar los tres acuerdos de colaborador eficaz firmados irregularmente en Brasil.

Redacción Perspectiva

La Fiscalía de Asuntos Internos del MP presentó la solicitud para que se retire la inmunidad a la juez de Mayor Riesgo Claudette Domínguez, por posibles delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

Ello, indica en sus redes el abogado Raúl Falla, por la convalidación de forma dolosa de tres acuerdos de colaborador eficaz. La denuncia, señala Falla, fue presentada por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT).

Los tres convenios fueron suscritos con varias ilegalidades, pero esto no fue obstáculo para que Domínguez los validara sin contar con los documentos originales cuando resolvió esto.

Odebrecht: ilegalidad cometida por Juan Francisco Sandoval no fue advertida por Domínguez

El comunicado del MP señala que la juez aceptó el convenio de colaboración eficaz y anticipo de prueba de Marcos de Cerqueira Lima Machado, Luiz Antonio Mameri y Eduardo Oliveira, quienes no estaban en su presencia sino en Brasil, lo que impedía a la juez aplicar el poder coercitivo del Estado.

Domínguez pareció no advertir que Juan Francisco Sandoval había cometido ilegalidades en la firma de estos convenios ya que su puesto de funcionario no lo facultaba para negociar a nombre del Estado, indica el ente investigador.

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De no presentarse a la próxima audiencia, Sandra Torres podría ser arrestada advirtió la jueza Claudette Domínguez,  titular del Juzgado de Mayor Riesgo A. Además, Oscar Argueta representante de la UNE declaró que solicitaron adherirse como querellantes en el caso de financiamiento electoral ilícito en contra de la exprimera dama.

Redacción Perspectiva

Claudette Domínguez,  jueza a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo A,  detalló que Sandra Torres debe presentarse a  comparecer en próxima audiencia o de lo contrario ordenará su detención.

La situación de Sandra Torres parece complicarse cada vez más y es que el representante del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Oscar Argueta, informó que solicitaron adherirse como querellantes en el caso de financiamiento electoral ilícito en contra de la ex presidenciable de la UNE.

Argueta, manifestó que de comprobarse los señalamientos que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI)  ha presentado en contra de Torres, afecta directamente al partido político al faltar a sus obligaciones, traicionar la confianza de los afiliados y sobretodo poner en riesgo a la institución, por lo cual considera una obligación del partido presentarse como querellante en el caso en contra de quien fuera la figura principal de la organización política.

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Por Redacción Perspectiva

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI)  argumentó a la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, la solicitud para ligar a proceso a la expresidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres.

Según Fernando Aldana,  representante de la Feci, la UNE no reportó al menos  Q27 millones 689 mil 304 al Tribunal Supremo Electoral (TSE), durante la campaña 2015 donde Torres participó por la Presidencia.

Aldana evidenció con más de cien interceptaciones telefónicas que la UNE incurrió en financiamiento electoral ilícito de forma dolosa, consciente y deliberada.  Por ello, solicitó que Torres sea ligada a proceso penal por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado, y para ello,

El representante de la Feci también señaló que “la fiscalía investiga sobre el órgano responsable, el TSE, para establecer si ocurrió una simple omisión o si de manera dolosa no fueron detectadas las irregularidades de las acciones de la UNE en la campaña de 2015”.

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Claudette Domínguez, jueza de Mayor Riesgo A,  resolvió revocar  la orden de captura en contra del general de brigada, Erick Fernando Melgar Padilla, al determinar que tenía derecho de antejuicio por formar parte del Tribunal Militar.

Por ser comandante de Primera Brigada de Policía Militar Ambulante de la Guardia de Honor, asumía  la presidencia del tribunal castrense automáticamente, por lo que tenía inmunidad y era necesario enmendar el procedimiento dejando sin efecto la orden de captura, según la defensa del general de brigada.

Por su parte la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)  aducen que la Constitución Política atribuye inmunidad a los jueces y magistrados del Organismo Judicial (OJ), y en ningún lugar contempla el derecho a antejuicio para los integrantes de los Tribunales Militares a cargo del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef).

A pesar de los argumentos del MP y la Cicig, la jueza les recomendó a los fiscales que realizaran las diligencias de antejucio contra Melgar Padilla, ya que “la Constitución Política no contempla que un juez militar tenga derecho a antejuicio, pero tampoco lo prohíbe”.

La Cicig informó que Melgar Padilla solicitó iniciar una investigación paralela sobre el asesinato de su padre José Armando Melgar Moreno, con el objeto de condicionar el curso de la misma ante el MP, caso por el cual está detenido  provisionalmente el exfiscal Rony López.

Fuente Fotográfica: Prensa Libre 

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En seguimiento a la investigación del caso “plazas fantasma”, en operativos coordinados entre la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, la CICIG y el Ministerio de Gobernación, el pasado miércoles y se capturó a dos diputados y dos excongresistas, quienes integraron las juntas directivas del Legislativo 2014-2015 y 2015-2016.

Las órdenes de captura fueron emitidas por la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción. Se les vincula con la contratación irregular de personal y creación de plazas fantasma en el Congreso de la República, lo cual facilitó la sustracción de fondos públicos en perjuicio del patrimonio de la institución.

De este fenómeno criminal se determinaron dos modalidades de contratación: La primera a través de nombramientos de personal bajo el reglón presupuestario 022, que no reunía los requisitos para cumplir con el perfil del puesto y sin justificar una estricta necesidad para nombrar a este personal, al margen de cualquier verificación de capacidad presupuestaria o de otra índole. Además se evidenció que los integrantes de dichas juntas directivas pactaron distribuir entre sus miembros un alto número de plazas para contratar personal con el presupuesto del Legislativo.

La segunda modalidad se realizó a través de la creación de plazas fantasma, en la cual se determinó que varias de las personas asignadas a cada diputado no se presentaban a laborar a la sede del Legislativo, ya que realmente prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o a empresas propiedad de los diputados.

Las capturas

Las aprehensiones de los sindicados se realizaron en diferentes lugares de la capital:

César Emilio Fajardo Morales (diputado independiente). La Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad en febrero de 2017. Como primer Secretario de la Junta Directiva 2015-2016 solicitó sin justificación la contratación de 20 personas para su oficina, en su mayoría asistentes y bajo el renglón 022, con salarios entre Q7,000 a Q15,000, aparte de las tres contrataciones que le faculta la Ley del Legislativo. Además se determinó que tenía bajo su cargo a tres personas que cobraban su salario y no asistían a laborar en el Legislativo.

Manuel Marcelino García Chutá (diputado del partido MR). La Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad en enero de 2017). Como tercer Secretario de la Junta Directiva 2015-2016 solicitó sin justificación la contratación de 22 personas para su oficina, en su mayoría asistentes y bajo el renglón 022, con salarios entre Q10,000 a Q15,000, aparte de las tres contrataciones que le faculta la Ley del Legislativo. Además se determinó que tenía bajo su cargo a ocho personas que cobraban salario y no asistían a sus labores en el Legislativo.

Selvin Boanerges García Velásquez (exdiputado del partido CREO). Como tercer Vicepresidente de la Junta Directiva 2015-2016 solicitó sin justificación la contratación de 13 personas para su oficina, en su mayoría asistentes y bajo el renglón 022, con salarios entre Q5,000 mil a Q15,000, aparte de las tres contrataciones que le faculta la Ley del Legislativo. Además se estableció que tenía bajo su cargo cinco personas que cobraban su salario y no asistían a sus labores en el Legislativo.

Amílcar Aleksander Castillo Roca (exdiputado del PP). Como primer Secretario de la Junta Directiva del Congreso 2014-2015 solicitó sin justificación la contratación de 16 personas para su oficina, en su mayoría asesores y bajo el renglón 022, con salarios entre Q7,500.00 a a Q20 mil. Además se determinó que tenía bajo su cargo tres personas que cobraban su salario y no asistían a sus labores en el Legislativo.

Programan audiencia

Los sindicados fueron trasladados al Juzgado de Mayor Riesgo A, donde la jueza les hizo saber los motivos de su detención, y programó para este jueves 23 de marzo la audiencia de primera declaración. Fueron enviados de manera provisional a la cárcel de Matamoros.

Sin localizar

También existe una orden de captura vigente en contra de  diputados y exparlamentarios, luego de nueve allanamientos en distintos lugares del departamento de Guatemala:

• Carlos Enrique López Girón, diputado del partido UNE y Quinto Secretario de la Junta Directiva 2015-2016.
• Julio César López Villatoro, exdiputado del partido  UNE y Segundo Vicepresidente de la Junta Directiva 2015-2016.
• Juan David Alfredo Alcázar Solís, exdiputado del PP y Primer Vicepresidente de la  Junta Directiva del Congreso 2014-2015.
• Pedro Gálvez Hernández (exdiputado del partido PRI), Quinto Secretario de la Junta Directiva del Congreso 2014-2015.

Antecedentes

Por este caso están ligados a proceso y en prisión preventiva los exdiputados Edgar Romeo Cristiani Calderón, Alfredo Augusto Rabbé Tejeda, Carlos Humberto Herrera Quezada y el exdirector General del Congreso, José Luis Mijangos Contreras, por su participación en la contratación irregular de personal y creación de plazas fantasma en el Congreso de la República.

 Están pendientes que la Corte Suprema de Justicia retire la inmunidad a los diputados: Arístides Baldomero Crespo Villegas y Christian Jacques Boussinot Nuila. Mientras que Luis Armando Rabbé Tejeda está prófugo de la justicia.

Fuente: MP

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En la audiencia realizada hoy dentro del caso denominado Las Dos Erres, en el Juzgado de Mayor Riesgo Grupo A, se conoció la solicitud de la defensa del acusado Efraín Ríos Montt, en cuanto a la suspensión de la persecución penal. Derivado de lo anterior la Jueza, Claudette Domínguez, declaró sin lugar la petición planteada, por lo cual la persecución penal debe continuar.

Además, durante la audiencia la defensa planteó el recurso de reposición, el cual fue declarado parcialmente con lugar, dejando sin efecto la parte de la resolución que se refería a evaluaciones médicas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses cada 30 días, lo que significa que en adelante médicos particulares evaluarán al sindicado.

Ríos Montt está ligado a proceso por genocidio y delitos contra deberes de la humanidad por la masacre ocurrida en el parcelamiento de Las Dos Erres, municipio de las Cruces, departamento, Petén, en diciembre de 1982, lugar donde fueron masacradas 201 personas.

Fuente: MP

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