La Corte Suprema de Justicia (CSJ), presidida por la Magistrada Silvia Patricia Valdés, emitió una postura ante los señalamientos contra magistrados integrantes de la Sala Sexta de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de dicho Organismo.  En el pronunciamiento, expresan su respaldo “total y absoluto” a las magistradas Juana Solís Rosales, Alba Susana López Racanac de Teni y Nadia Morales De León, integrantes de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Redacción Perspectiva

Cabe mencionar que dicha instancia otorgó un amparo provisional al partido Cambio en contra del partido Prosperidad Ciudadana (PC), con la que quedaron suspendidas las candidaturas del partido, incluida la de su presidenciable Carlos Pineda, decisión que ha llevado al candidato a interponer una apelación que está pendiente de resolver por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC).

En este contexto, la CSJ enfatiza que, es inadmisible que los fallos judiciales sean mediatizados de manera tendenciosa, ya que los procesos se ventilan en los tribunales de justicia y no por los medios de comunicación. “Para manifestar la inconformidad sobre los mismos, la ley admite los medios de Impugnación idóneos y no es aceptable que se opte por ataques personales”, señala el documento.

Además, manifiestan su rechazo ante las recientes acusaciones infundadas y los ataques dirigidos a menoscabar la integridad ética y profesional de las señoras Magistradas integrantes de dicha Sala, derivadas de la decisión adoptada con un caso concreto que ha recibido la atención de la opinión pública. “Condenamos cualquier acción dirigida a nuestros funcionarios que vulnere el principio de la independencia judicial y el Estado de Derecho”, agregan.

“Manifestamos nuestro total rechazo a cualquier injerencia en las resoluciones emitidas y expresamos nuestro pleno respaldo y solidaridad a las Señoras Magistradas”, recalca el Organismo Judicial.

Citan la Constitución

Asimismo, señalan que, de conformidad con lo que establece el Artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala “(… Los magistrados y Jueces son Independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución dela República y a las leyes. A quienes atenten contra la Independencia del Organismo Judicial, además de imponérsele las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público)”.

A la vez, destacan que la Corte Suprema de Justicia reafirma su compromiso inquebrantable con la imparcialidad, integridad y la legalidad en el ejercicio de la administración de justicia.

“Hacemos un llamado a la sociedad guatemalteca para que, en conjunto preservemos y fortalezcamos los pilares fundamentales de nuestro sistema judicial, promoviendo el respeto a la autonomía de los Jueces y la confianza con su delicada función de juzgar”, enfatizan.

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En primer lugar es importante saber que ilícito y anónimo no son lo mismo. Ilícito es el dinero que un partido recibe de grupos criminales, mientras anónimo son las donaciones de donantes desconocidos, que pueden ser fondos legales, aportados por empresarios, comerciantes o personas particulares.

El financiamiento electoral ilícito está tipificado en el artículo 407, literal N, del Código Penal, donde sin embargo no se menciona la sanción para un partido que haya recibido fondos anónimos pero no los haya declarado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Es decir, dos delitos diferentes se están juzgando con base en el mismo artículo. Por ello, la Corte de Constitucionalidad pidió al Congreso que se modifique este artículo del Código Penal.

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 “El país se encuentra en una de las más graves crisis institucionales que se han presentado en la época posconflicto armado interno”, con esta advertencia a Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para Centroamérica exponso que durante la próxima visita del titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, deberá asumir “la posición más contundente posible para obtener de las autoridades del Estado de Guatemala compromisos concretos, viables y verificables…” que permitan construir un auténtico Estado de derecho en el cual se respeten los principios fundamentales de todos los pueblos.

El pronunciamiento de la organización de profesionales por los acontecimientos ocurridos a partir del pasado 27 de agosto cuando el presidente Jimmy Morales Cabrera declaró persona “non grata” a Iván Velásquez Gómez,  jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, con lo que evidenció que su gobierno iniciaba una serie de actos arbitrarios hacia la CICIG.

La CIJ también alude a la “Agenda Legislativa a favor de la Impunidad” mediante reformas al Código Penal para facilitar la corrupción, favorecer a militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno y decretar una amnistía general.

Ademas menciona que las jueces y los jueces honestos “continúan sufriendo campañas de difamación, recusaciones infundadas para ser apartados de los casos de alto impacto y litigios de mala fe de abogados defensores de funcionarios o exfuncionarios públicos procesados por corrupción».

Asimismo refiere al llamado  “Pacto de Impunidad” que existe entre políticos cuando está a las puertas, en el 2018, la elección del o la Fiscal General de la República y que el crimen organizado y sus estructuras pretenden controlar para apoderarse del Ministerio Público (MP).

Fuente Fotográfica: elPeriódico

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Miles de ciudadanos guatemaltecos participan en concentraciones en todo el país apoyando el Paro Nacional, con el con el objeto de unir fuerzas para dar su mensaje en contra de la corrupción y la impunidad.   Dentro de las demandas están la renuncia de diputados, del presidente Jimmy Morales y reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La Plaza Mayor de la Constitución concentra a cientos de ciudadanos, entre estudiantes e integrantes de la sociedad civil,  donde puede escucharse por sobre todo sonido, la consigna “Jimmy Morales a tribunales”

Cuando 107 diputados votaron a favor de las reformas al Código Penal para favorecer la corrupción, surgió la indignación de la ciudadanía.  Al  favorecer el financiamiento electoral ilícito y además reducir penas carcelarias para más de 400 tipos de delitos, muchos de los congresistas e incluso el mandatario, que son señalados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) también se favorecían porque ya no serían perseguidos por la ley.

El Palacio Nacional fue resguardado por varios policías que impide el paso, con quienes los guatemaltecos que comparten golosinas, agua y alimentos.

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El martes 19 de septiembre se llevarán a cabo una serie de bloqueos anunciados por la  Junta Directiva de alcaldes comunales de los 48 Cantones de Totonicapán.

Entre las solicitudes por las cuales se llevarán a cabo los bloqueos están:

• Que el Congreso retire la inmunidad al presidente Jimmy Morales.
• Que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) investiguen a los cuatro diputados de ese departamento que votaron a favor de las reformas al Código Penal.
• Que el Legislativo ya no autorice más préstamos internacionales, ya que las ayudas no llegan a las comunidades que realmente las necesitan.

Los bloqueos se realizarán en: 

• La ruta de Alaska
• Cuatro Caminos
• Salida a Quiché
• Morería
• Entrada a Xecanchabox
• Sesenta vueltas
• En el centro de Totonicapán

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Luego de que el Congreso intentó  favorecer la corrupción con la reforma al Código Penal, siguen las repercusiones internacionales.

La Organización Transparencia Internacional (TI), red global contra la corrupción, encargada de publicar el índice de percepción de corrupción,  emitió un pronunciamiento que rechaza el acto del Congreso de Guatemala por el intento de reformar el Código Penal.   Y señala la evidente intención del Congreso de “garantizar la impunidad, debilitar la justicia y darle un fuerte golpe a la lucha contra la corrupción”.

TI anunció públicamente que pedirá que se suspenda al Congreso de la República de Guatemala de los foros parlamentarios regionales y globales, entre ellos, el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) y Unión Interparlamentaria (IPU), y que el Organismo Legislativo se comprometa a evitar este tipo de situaciones.

“Los diputados tomaron partido a favor de la corrupción y eso es una ofensa contra el pueblo de Guatemala y un ataque a la labor del sistema de justicia”, dijo José Ugaz, presidente de TI.

TI es una organización mundial no gubernamental con sede en Berlin, Alemania, que promueve buenas prácticas a favor de la transparencia y la lucha y sanciones contra la corrupción.  El Índice de Percepción de Corrupción de TI, en conjunto con índice de corrupción del Banco Mundial, son las fuentes más consultadas para conocer los niveles de corrupción en los países.  El pronunciamiento de TI reconoce los avances de Guatemala en investigación penal de delitos de corrupción, pero califica de “leves” los resultados en temas de sanciones. También, insta a los guatemaltecos a seguirse manifestando pacíficamente en contra de la corrupción.

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Este miércoles, el Congreso aprobó reformas al Código Penal que permiten que el 89% de los delitos tengan una alternativa a la cárcel y libera de culpa a figuras políticas respecto al financiamiento electoral ilícito.

El pleno aprobó reformas a los artículos 50 y 51 del Código Penal, que se refieren a la conmutación de las penas y a los delitos inconmutables.  En el artículo 50 modificaron el párrafo que dice “La prisión que no exceda de cinco años. La conmuta se regulará entre un mínimo de cinco quetzales y un máximo de cien quetzales (…)”. En ese párrafo aumentaron de cinco a 10 años la conmuta de penas.

Según  Rootman Pérez,  secretario de Política Criminal del Ministerio Público, con esta decisión quedan al menos 404 delitos contemplados en el sistema penal guatemalteco, que  podrán evitar la cárcel con el pago de una caución económica.   «Nos preocupa como institución encargada de la investigación y persecución penal. ¿De qué le sirve al sistema de justicia fortalecer sus capacidades (…) si al final del día una persona que extorsiona o que roba» podría ser beneficiada?, dijo.  Es decir que de nada sirven los grandes operativos contra extorsionistas si al llegar ante los Tribunales serán beneficiados con una pena conmutable.

Pérez dijo «Desde luego que consideramos que son decisiones legislativas que debilitan, sin lugar a dudas, el sistema de justicia«, y agregó que las personas que ya fueron condenadas podrían optar al beneficio de multa por prisión ya que las normas son de aplicación retroactiva.

También explica que entre los delitos que podrán evitar la prisión están las extorsiones, robo agravado (robo de vehículos, robo de viviendas, robo de celulares), peculado, malversación, testaferrato, enriquecimiento ilícito, ciertas variantes del homicidio, entre otros.

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Otras fuentes analizaron que dentro de los delitos de la administración pública  serían conmutables: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, incumplimiento de prestar declaración jurada patrimonial, falsedad en declaración jurada patrimonial y desobediencia, cohecho pasivo, cohecho activo, malversación de fondos, asociación ilícita, chantaje y riña.

En el artículo 51, se eliminó la reserva que decía que son inconmutables los delitos “cuando así lo prescriban otras leyes”.  Con lo que eviten prisión los cargos contenidos en las leyes contra la Delincuencia Organizada, contra el Femicidio, Lavado de Dinero, Electoral y de Partidos Políticos, Acceso a la Información, entre otros. Además a los condenados por aborto en sus distintas modalidades, violación, entre otros.

Las reformas no benefician a los delitos: defraudación tributaria y aduanera, contrabando aduanero, apropiación indebida de tributos y resistencia a la acción fiscalizadora de la administración pública.   Tampoco a los que representen un peligro para la sociedad, los reincidentes y delincuentes habituales.

También reformaron el Código en lo que refiere al financiamiento electoral ilícito.  Existe el artículo 407 N y crearon los artículos 407 O y 407 P. Ahora en el financiamiento no registrado el responsable es el contador del partido y ya no los secretarios generales.   Caso por el cual el presidente Jimmy Morales y los diputados Orlando Blanco y Roberto Villate son señalados.

Expertos consideran que ellos son los que se beneficiarán directamente de dicha reforma, por que ya no serán perseguidos penalmente ellos sino el contador de la institución.

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El Senado de la República Dominicana aprobó el Código Penal con Penas para el aborto. La Cámara Alta presentó un informe rechazando las observaciones del poder ejecutivo y favoreció la posición de las iglesias.

El presidente Danilo Medina había pedido que se establecieran excepciones a la penalización del aborto cuando la vida de la madre corriera peligro, cuando el embarazo fuese producto de una violación o incesto o se compruebe que el feto tenga una malformación incompatible con la vida.

El artículo 110 del Código Penal se refiere al aborto y en ese se eliminó un párrafo que mandaba a crear una ley especial.

Ese párrafo expresaba: “La interrupción del embarazo por causa de violación, incesto o por malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley especial”.

Se específica que el aborto se castigará con penas de dos a tres años de prisión, y se incluye a la mujer que lo cause o a una persona que le ayude.  Del mismo modo al médico, enfermera, partera, cirujano, farmacéutico u otro profesional que ayuden a causar el aborto. La pena sería de cuatro a 10 años.

Fuente: CNN

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